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viernes, 29 de enero de 2016

La hipoteca valenciana de Rajoy y cía.


El afloramiento de parte de la escandalosa trama de corrupción organizada en torno al Partido Popular de la Comunidad Valenciana no podía haberse producido en peor momento para las aspiraciones de los populares de seguir en el Gobierno mediante acuerdos con otras formaciones políticas. Son muchos años seguidos de corrupción política y económica como para que al final no terminase por explotar la olla en la cara de los dirigentes nacionales del Partido Popular. A la trama Gürtel, hay que sumar ahora el asunto de Aquamed y el del Sr. Rus y su cuadrilla. Y no se trata sólo de que algunos desaprensivos utilizasen el poder para llenarse los bolsillos a costa de los contribuyentes, sino que, además, lo utilizaban para financiar al propio partido que los había encumbrado, sin el aval de los militantes, a esos puestos de poder. Muchos lo sabían y callaban. Muchísimos lo sospechaban, y salvo denuncias aisladas, también callaban. Y es que cuando un partido prescinde de la voluntad de sus afiliados a la hora de seleccionar a sus cargos públicos, cuando una maquinaria partidista endogámica y pesetera se nutre y nutre en parte a las instituciones públicas de amigotes, familiares, chulos, golfos, indocumentados, advenedizos, medradores e incompetentes pasa lo que pasa. No es un secreto que muchos han usado los cargos públicos para su beneficio personal y también para el beneficio político de la cúpula del Partido Popular. De lo primero estamos viendo estos días un pequeño botón de muestra. De lo segundo, se pudo ver y comprobar cómo se usaron los presupuestos de la Generalidad Valenciana para presionar a Alcaldes y Concejales populares para que avalasen la candidatura de Rajoy en 2008.

Señalan algunos medios de comunicación que en Génova están sorprendidos y escandalizados por las noticias que están apareciendo estos días sobre la corrupción en el PPCV. Pues será porque quieren o será una simple y obligada pose porque lo cierto es que mientras el PPCV era poderoso y aportaba avales y votos ignoraron, hasta la vulneración de sus propios estatutos, las denuncias y las firmas que algunos militantes de la Provincia de Alicante les hicimos llegar. Es más, la Secretaria General, Mª Dolores de Cospedal, ni siquiera se dignó a contestar a los escritos en los que se denunciaba la falta de democracia interna del PP alicantino, la mala imagen del mismo y la necesidad de una profunda regeneración. Y cuando un pequeño grupo de militantes iniciamos un modesto movimiento en pro de la regeneración, cuando pedimos el examen de las cuentas electorales alicantinas del 2007 y 2011 y fuimos fulminantemente expulsados del PP, tras un expediente instruido por un diputado imputado por corrupción, ni siquiera tuvo la decencia de contestar a nuestro recurso el Comité Nacional de Garantías del Partido Popular del Sr. Rajoy. En Génova, desde el Presidente Nacional, pasando por la Secretaria General hasta la última secretaría, sabían o debían saber, porque denuncias no les faltaban, que algo olía a podrido en el PPCV y en el PP de Alicante. Así que ahora mejor que no se hagan los sorprendidos, que los demás no somos tontos. No tocaron al PPCV porque tenían una deuda política con él.

Los populares presumen de que a lo largo de la pasada legislatura aprobaron decenas de iniciativas para combatir la corrupción. Pero olvidaron lo básico: empezar por limpiar su propia casa. Como señalaba hace poco un periódico basta recordar que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno fue defendida en el Congreso  por Pedro Gómez de la Serna, que ahora tiene una causa abierta en la Audiencia Nacional por cobrar comisiones ilegales presuntamente a empresas españolas para hacer negocios en el extranjero. Este señor dijo entonces desde la tribuna del Congreso: "con las 70 medidas que este Gobierno ha puesto en marcha habrá mucha menos corrupción en España de la que hubo después de que ustedes dejaran el Gobierno. No se trata señorías del y tú más, no se trata de ver qué partido ha padecido y ha sufrido más bochorno por hechos relacionados con la corrupción, pero sí se trata de ver quién cuando llega a las responsabilidades del Gobierno ha hecho más por combatirla. Y en ese tema, señores del Partido Socialista, lo digo con toda humildad, no nos llegan ustedes ni a la suela del zapato". Y se quedó tan fresco.

La corrupción no es un fenómeno exclusivo de gente del PP, ni ADN ni gaitas. Y, si no, que se lo digan a los socialistas y a los sindicatos de los ERES, a los convergentes catalanes y sus pujoles o a los nacionalistas vascos con el caso “De Miguel”. Pero es evidente que cúpula del PP no ha sabido ni querido reaccionar a tiempo en los casos que afectan al partido y que no ha dado ni un solo paso para democratizar internamente al partido y, con ello, legitimar el acceso y el control por las bases de sus militantes a los cargos públicos. Por negligencia y por omisión la cúpula del Partido Popular está tocada por estos casos de corrupción. Y deberá rendir cuenta por ello y, consecuentemente, por poner a España en una difícil situación de gobernabilidad.

Santiago de Munck Loyola


viernes, 26 de septiembre de 2014

El Muy Histriónico Jordi Pujol.


Es difícil imaginar la que se habría organizado esta tarde en Cataluña si un político no nacionalista hubiese comparecido ante el Parlamento catalán y hubiese actuado como lo ha hecho Jordi Pujol. Como mínimo, los independentistas estarían a estas horas rasgándose las vestiduras y se habrían echado a las calles para clamar contra los ataques y las ofensas al pueblo de Cataluña representado por su Parlamento autonómico. Pero nada de eso ha ocurrido ni va a ocurrir porque el compareciente era de los suyos el ex “Muy Honorable” Jordi Pujol. Que en esta comparecencia Jordi Pujol se iba a envolver en la bandera catalana, como hizo en los años 80 con ocasión del caso Banca Catalana, ya lo imaginábamos porque es la estrategia recurrente y victimista de los independentistas; que iba a alegar móviles patrióticos para intentar justificar su evasión continuada de impuestos era perfectamente previsible; que no iba a responder a ninguna de las cuestiones que le planteasen sus señorías también era de esperar y que no iba despejar ninguna duda en torno a los millonarios negocios de sus hijos o en torno a la financiación de CiU entraba en todos los pronósticos.

Jordi Pujol iba al Parlamento catalán a hablar de su libro y sólo de su libro, es decir,  del supuesto legado paterno amasado no se sabe muy bien cómo hace décadas en torno a la importación de algodón, que él heredo y del que su propia hermana no tenía conocimiento al parecer y para el que durante 34 años no supo encontrar el momento adecuado para regularizarlo ante la hacienda pública. Y punto. Pero lo que pocos o nadie se esperaba es que, además de lo anterior, el Sr. Pujol se permitiese el lujo de despreciar, abroncar y descalificar al pueblo de Cataluña representado en ese Parlamento. Y lo ha hecho sin cortarse un pelo. Pujol ha acusado a los miembros del Parlamento catalán de mentir, de infantilismo, de falta de audacia y de frivolidad, entre otras cosas. E, incluso, en medio de la bronca o regañina que estaba soltando a los parlamentarios se ha permitido el lujo, tal y como ha sido interpretado por muchos, de amenazar al señalar que si se corta una rama se pueden cortar todas.

No ha faltado nada, salvo conocer la verdad, en la comparecencia de Pujol. A sus mentiras por omisión, a sus descalificaciones a los parlamentarios, a su bien pagado papel teatral de abnegado político enriquecido misteriosamente en pro de un proyecto independentista ha añadido, además, toda una loa a sus 23 años de gestión pública y de su partido. ¡Vamos, que se vio obligado a forrarse y a evadir impuestos, como mínimo, por su amor a Cataluña!

La teatral actuación del ex presidente catalán, forjador del independentismo y paradójicamente elegido español del Año en 1984 por el Diario ABC mientras se lo llevaba “crudo”, no habría sido posible sin la imprescindible colaboración de CiU y de Esquerra Republicana de Cataluña que, no sólo han preparado las condiciones escénicas de esta comparecencia sino que, además, la han reforzado con su actitud política a lo largo de la sesión parlamentaria. Resulta llamativo que ni el número uno de ERC, el Sr. Junqueras, ni la número dos de esta formación, Sra. Rovira, han querido estar presentes en la comparecencia de Pujol. No han querido dar la cara seguramente para no incomodar a su más que probable próximo socio de gobierno. Y de la intervención del representante de CiU para qué hablar: un rato de incienso para el compareciente, autodenominado “no corrupto”, y mucho rato de “estopa” para los demás grupos de la oposición que no son más que unos carroñeros, unos impertinentes y unos enemigos de Cataluña. Patético.

Visto lo visto parece que se ha desvanecido un espejismo que llevaba décadas flotando en la atmósfera política española y, desde luego, en los subvencionados medios de comunicación catalanes, el oasis catalán no existía. Y en su lugar está dibujándose la realidad que se asemeja más a una pestilente charca institucionalizada llena de sucios negocios, de comisiones, de evasiones de capital, de paraísos fiscales, de financiación ilegal de partidos, de escuchas telefónicas ilegales, de espías de opereta, de coches de lujo, de bolsas negras rebosantes de billetes, de amenazas y atentados contra los discrepantes y demás cosas que seguramente descubriremos si, rota una rama, empiezan a romperse las demás, mientras los concejales del PSC siguen haciendo el juego a los independentistas pronunciándose, municipio tras municipio, a favor de la consulta ilegal. Al tiempo.

Santiago de Munck Loyola


martes, 16 de julio de 2013

Nuestro Bárcenas es su musa.


La incesante lluvia de noticias sobre el Partido Popular, sobre sus cuentas y sobre Bárcenas estará causando entre los votantes y, sobre todo, entre los militantes populares mucho desconcierto, desasosiego o indignación y más entre aquellos que llevan en el Partido Popular toda la vida, los que no provienen de otros partidos, porque seguramente se resistirán a creer lo que oyen o leen y porque no se identificarán con la imagen pública que se está creando. Hay que dejar cierto reposo y reflexionar bastante antes de otorgar credibilidad a lo que estamos escuchando.

Es cierto que esa supuesta contabilidad que se ha hecho pública y que nadie ha desmentido refleja gastos que no son acordes con lo que los populares hemos venido defendiendo como criterios de actuación política en el ámbito de las administraciones públicas. Esos gastos reflejados pueden desvelar muchas cosas, pero desde luego no se puede hablar ni de principios de austeridad ni de eficacia en el gasto cuando se analizan esas partidas: lencería, tabaco, ponis, comilonas, etc. No parece muy ético que la dirección provincial de Alicante se gastase tan sólo en el año 2011 más de 35.000 euros en comilonas, tal y como se ha publicado. Y más si se tiene en cuenta que un año después se pide un euro por afiliado para tapar un agujero de más de 100.000 euros sin explicarnos de dónde viene. ¿Qué militante daría el visto bueno a esos gastos? Más bien pocos. El dinero gastado de tan alegre forma provenía de subvenciones públicas, de donaciones y de cuotas de afiliados. Todo aquel que sienta que su dinero ha sido mal empleado, por usar un término suave, tendrá cuando menos el derecho a pedir las explicaciones que considere necesarias. Y el Partido Popular deberá darlas.

Pero el principal asunto que está ocupando las portadas y que tiene a todo el mundo en vilo es el asunto Bárcenas. Las últimas declaraciones del ex tesorero popular son de lo más inquietante y están siendo aprovechadas por la izquierda de forma bastante miserable, por cierto. Del asunto de los sobresueldos ahora se ha pasado a una presunta financiación ilegal del Partido Popular y se exige la comparecencia ipso facto del Presidente Rajoy tras cada nueva revelación, su inmediata dimisión y hasta la convocatoria de elecciones anticipadas. Bárcenas se ha convertido en el perfecto aliado de la izquierda  que da por ciertas todas y cada una de sus afirmaciones las pruebe o no, se contradiga o no con declaraciones anteriores. ¿De qué estamos hablando realmente? Hay dos asuntos importantes en todo este embrollo: de una parta las afirmaciones de Bárcenas relativas a que ha ido repartiendo en la cúpula popular sobresueldos, a que dichos sobresueldos han podido ser en B (es decir, engañando a hacienda) y a que algunos de ellos podrían haber sido percibidos por ministros de Aznar, entre los que se cita a Rajoy, teniéndolo prohibido y, de otra parte, relativas a la posible financiación irregular o ilegal del Partido Popular. Salvo el famoso cuaderno de Bárcenas reflejando una hipotética contabilidad B del Partido Popular no ha aparecido aún prueba alguna que sustente todas las acusaciones del “cabrón” de Luis. Se sabe que el Sr. Bárcenas posee una considerable fortuna y se sospecha que su origen no es el que él cuenta. Se sospecha, pero aún no se sabe, que ese dinero puede provenir de donaciones superiores a las legalmente permitidas que el Sr. Bárcenas podría haber repartido con un exceso de caridad hacia si mismo, ya se sabe, la mitad para él, la mitad para el partido. De momento hay declaraciones suyas contradictorias, un cuaderno con una supuesta contabilidad B que él ha fabricado y unos SMS que no comprometen legalmente, aunque puede que moralmente sí, al Presidente Rajoy. Y con estos ingredientes el PSOE la está montando. Hay que reconocer que el Sr. Bárcenas le ha venido muy bien a los socialistas. Y en esta ocasión, como en el 11M, el Partido Popular está gestionando muy mal, muy torpemente la crisis. Por cierto, Bárcenas no chantajea al Estado de Derecho, si está haciendo algún chantaje será, en todo caso, al Partido Popular y a sus dirigentes. Las cosas claras.

Con la munición de Bárcenas, el PSOE ha aprovechado para pedir que Rajoy comparezca, para pedir su dimisión, para romper relaciones con el Partido Popular (¡qué les importa el paro o la ruptura de España!) y para anunciar hasta una hipotética moción de censura condenada al fracaso de antemano. El PSOE con un candidato al que ni en su casa lo quieren como tal, sin acuerdos parlamentarios viables y creíbles y sin los votos necesarios para que prospere está dispuesto a usar el mecanismo de censura con total y absoluta irresponsabilidad, sólo para hacer ruido y para desgastar más al gobierno. No hace falta insistir, por cierto, que a los socialistas además de un candidato solvente, además de los votos, les falta legitimidad moral para poder articular una moción de censura y es evidente que los responsables y encubridores en estos momento del latrocinio de más de 1.000 millones de los ERES andaluces carecen de legitimidad moral alguna, al igual que sus cómplices encubridores de IU de Andalucía. Estos no quieren moción de censura, quieren elecciones anticipadas para aprovechar el tirón vaticinado por las últimas encuestas. Su motivación es sólo pragmatismo electoral.

No hay por ahora prueba alguna de la existencia de sobresueldos ilegales en la cúpula popular (hechos en B o estando vigente alguna prohibición expresa como en el caso de los ministros). Tampoco hay prueba de financiación ilegal. Pero aún en este supuesto no está de más alguna observación. La financiación ilegal de los partidos políticos no es un delito. Puede que la haya en el Partido Popular, aún no se sabe y habrá de demostrarlo, pero hasta el día de hoy sí ha habido partidos condenados por casos de financiación ilegal. Tenemos el caso reciente de Unión Democrática de Cataluña y tenemos el lejano caso del PSOE con FILESA, MALESA Y TIME EXPORT. ¿Dimitió Felipe González por aquello? ¿Dimitió por haber nombrado en los cargos orgánicos de su partido a los que organizaron aquel tinglado? Evidentemente no. No resulta por tanto muy coherente que quienes entonces defendieron la continuidad de González reclamen ahora con tanto teatro la doctrina contraria. Y esto no quiere decir, ni mucho menos, que quienes creemos en la regeneración democrática no pensemos ni vayamos a dejar de exigir que se depuren responsabilidades, caiga quien caiga, si se demuestran irregularidades en la financiación de Partido Popular. Pero haya que exigir cada cosa en su momento y hacerlo cuando se puede hacer, es decir, cuando se tiene legitimidad moral y política para hacerlo.

A pesar de la desazón, de la tristeza y de la incertidumbre que muchos puedan sentir desde sus ideales políticos, ahora puestos en cuestión, hay que tener la certeza de que de esta negativa experiencia, de esta oscuridad política saldrá algo positivo. Más luz, más transparencia y más democracia interna que digan lo que digan sigue siendo el mejor antídoto contra estas situaciones.

Santiago de Munck Loyola


domingo, 10 de marzo de 2013

Motivos para regenerar.



José Blanco, ex Ministro de Fomento, imputado por tráfico de influencias y sigue en su escaño. 38.000 millones de euros públicos inyectados a la banca en 2012 y ésta inicia más de 50.000 procedimientos de desahucio en el mismo año. Los diputados madrileños Bartlomé González e Isabel Redondo se dedican a jugar con sus iPad mientras se habla del paro en la Asamblea, el diputado autonómico valenciano Luis Díaz Alperi se hace la manicura en el Pleno mientras su compañera de escaño Milagrosa Martínez aprovecha para estudiar francés. Los ciudadanos deberán  tomar como referencia los últimos 25 años cotizados para obtener la cuantía de la pensión por jubilación, mientras que diputados y senadores pueden cobrar la pensión máxima con 11 años. Los sindicatos se rasgan las vestiduras por la reforma laboral y después se afanan en aplicarla en los despidos de sus propios empleados. Patrimonio Nacional se gastó más de 2 millones de euros en acondicionar la finca La Angorrilla en la que se alojó la entrañable amiga del Rey y éste nos habla de la necesidad de ejemplaridad sin inmutarse. La Alcaldesa de Novelda es procesada y ni dimite ni su Partido le pide públicamente que lo haga. Los españoles pagamos en cuatro viajes oficiales del Rey los gastos de su acompañante, la entrañable amiga de La Angorrilla. El PSOE, el día de la mujer, se hace con la Alcaldía de Ponferrada gracias a una moción de censura negociada con un acosador sexual. El ex Presidente de la CEOE, Díaz Ferrán, en la cárcel. El Vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, acusado de pagar en negro a sus empleados, se jacta de deber dinero a la Seguridad Social y a Hacienda. 

IU de Madrid debe más de 1 millón de euros a hacienda al destinar a otros fines las retenciones a cuenta del IRPF de sus trabajadores. La Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, tras ser imputada por cuatro delitos es homenajeada por la Dirección provincial del PP. El Secretario de Estado de la Seguridad Social falsea su curriculum afirmando ser médico sin serlo, en su ficha del Congreso no aparece la "Declaración de Actividades" ni tampoco "Declaración de Bienes y Rentas" a pesar de las 5 legislaturas que lleva de congresista y no dimite. La número 2 del PSOE, Elena Valenciano es embargada por no cumplir sus obligaciones tributarias tanto por la Agencia Tributaria, como por la Diputación de Alicante y tampoco dimite. Carmen Vela hace campaña a favor de Rubalcaba y dos meses después es nombrada por Rajoy Secretaria de Estado de Investigación para desprecio de votantes y afiliados del PP. La Generalidad Catalana recorta en Sanidad mientras se gasta 33 millones de euros al año en embajadas ilegales. Desaparecen en 2008 más de 100 kgs. de cocaína de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla y todavía no se sabe quienes son los culpables. Más de 1.400 millones de euros desaparecen en los EREs fraudulentos andaluces y no dimite ningún alto cargo andaluz. Jesús Sepúlveda fue contratado en Génova después de tener que dimitir de Alcalde y no se sabe aún quién y por qué le contrató. La  Fundación Ideas pagó 150.000 euros provenientes de subvenciones públicas  a Traducciones Políglota, la empresa de la hermana de Elena Valenciano, Paloma, por unos trabajos que nadie ha especificado en qué consistieron. Mientras falta dinero para el subsidio del paro, se siguen pagando sueldos con dinero público de 900.000 euros al año en Red Eléctrica, de 500.000 euros en bancos rescatados o de 150.000 euros en empresas públicas. Los partidos políticos recibieron en 2012 más de 64 millones de euros para sus gastos de funcionamiento. Urdangarín vendió humo a las administraciones públicas por varios millones de euros y los políticos que lo compraron siguen tan tranquilos. Bárcenas sigue chuleando al PP y éste no responde coordinadamente y con contundencia. La corrupción preocupa cada día más a los españoles según el CIS y el PSOE se abstiene en las resoluciones para combatirla aprobadas en el Congreso por el resto de los grupos parlamentarios. España está plagada de obras públicas millonarias y sin ningún uso y ningún político ha respondido por este despilfarro. Algunas televisiones privadas pagan a delincuentes para entrevistarlos. 

La pensión mínima de jubilación para un trabajador de 65 años es de  8.383,20 euros al año, mientras que Zapatero, tras arruinar al país, simultaneará una pensión vitalicia de 75.000 euros anuales con otros 80.000 euros al año como Consejero de Estado. Los Clubs de fútbol adeudan a Hacienda más de 750 millones de euros y a la seguridad social otros 11 millones. La familia del ex presidente Pujol se benefició durante años de las influencias del padre pero no se debe denunciar porque se podría interpretar como un ataque a Cataluña. El ex ministro socialista Julián García Valverde se va a llevar 335 millones de euros en comisiones por el Ave a La Meca gracias a las gestiones del ex ministro Blanco. Los españoles seguimos pagando la electricidad más cara de Europa. Un escaño por Soria cuesta 47.000 votos mientras que por Madrid 188.000 votos. Desde 2006 España dona a ONU mujeres 178 millones de euros y termina colocando a la ex Ministra Bibiana Aido con un sueldo de 6400 euros mensuales. Ana Mato se gasta 17.000 euros en un informe titulado “gobernando con amor”. El salto de Falete al agua rompe records de audiencia televisiva. Los madrileños sufrieron en 2012 una media de 10 manifestaciones diarias. El Tribunal de Cuentas tarda más de cinco años en fiscalizar las cuentas de los partidos políticos. Con más de 800.000 catalanes en paro, la prioridad de Mas es la independencia… El PSOE en San Sebastián vota a favor de galardonar a uno de los fundadores de ETA. Podría seguir escribiendo páginas y más páginas. ¿Todavía hay alguien que piense que España no necesita una regeneración?

Santiago de Munck Loyola

miércoles, 27 de febrero de 2013

Otro gatillazo: sin Pacto de Estado contra la corrupción.



Parece que, una vez más, la clase política en general no ha sabido estar a la altura de las circunstancias y del clamor social contra la corrupción y ha sido incapaz de alcanzar un gran Pacto de Estado contra la corrupción. A lo más que se ha llegado tras el debate sobre el estado de la Nación ha sido a un gran acuerdo, no respaldado ni por el PSOE ni por IU, aprobando una serie de Resoluciones promovidas en su mayoría por el Partido Popular instando a la adopción de un catálogo de reformas contra la corrupción. Así, el Congreso ha aprobado 16 Resoluciones al Debate sobre el Estado de la Nación, de las que 14 han sido impulsadas por el Grupo Popular, una por el PNV, y otra acordada sobre la base de tres propuestas del PP, CiU, UPyD y el Grupo Mixto (UPN).

Una de estas resoluciones expresa la necesidad de un acuerdo de las fuerzas políticas, con el fin de adoptar cuantas medidas de regeneración democrática, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción sean precisas para que los ciudadanos aumenten su confianza en las instituciones, emplazando a elaborar un pacto ético entre los partidos respecto al tratamiento de los casos de corrupción y de los encausados. Igualmente, se pide la creación de una comisión independiente formada por personas de amplio reconocimiento y prestigio social que elabore un informe para su remisión al Parlamento sobre la regeneración de la democracia y se emplaza al Gobierno a aprobar una serie de proyectos de ley para su remisión al Parlamento: una Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos, la Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas para articular más instrumentos de control, la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para fortalecer el régimen de las prohibiciones de contratación con el sector público a todas las personas físicas y jurídicas condenadas por corrupción, una Ley Reguladora del Ejercicio de las Funciones Políticas, como Estatuto del Cargo Público,  la reforma del Código Penal para endurecer la sanción de la corrupción, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en su caso, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incorporar a la Ley  de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, a los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales y aquellas entidades e instituciones que se financian esencialmente a través de dinero público, regular las organizaciones de intereses o "lobbies" y otras medidas como modernizar las campañas electorales.

Del examen de esta batería de medidas se deduce claramente que, al margen de la imposibilidad de lograr la unanimidad entre la clase política para combatir la corrupción, no se ha abordado el problema, salvo en lo relativos a los Partidos políticos (y habrá que esperar para ver con qué alcance), desde la perspectiva de las causas que facilitan o propician la aparición de la corrupción. Los grupos políticos se han decantado más bien por aumentar los controles y endurecer las sanciones sobre la corrupción, pero no por atajar las causas que la facilitan.

La inmensa mayoría de los casos de corrupción que afloran en nuestro país tiene su origen en tres ámbitos concretos: en el urbanismo, en las contrataciones públicas y en el funcionamiento de los partidos políticos. Y en el trasfondo está la discrecionalidad, la capacidad de decisión discrecional de técnicos y políticos, a la hora de ejecutar el urbanismo y de contratar obras, servicios y suministros con las administraciones públicas. Curiosamente, en las resoluciones aprobadas no se contiene ninguna mención a la necesidad de reformar la legislación del suelo o de las contrataciones con las administraciones públicas que permiten el uso y el abuso de la discrecionalidad, y por tanto de la arbitrariedad, a la hora de aplicar las diferentes normas que desarrollan esas materias. La primacía de criterios subjetivos sobre los objetivos en materia de urbanismo y de contrataciones es la que facilita que políticos y técnicos en algunos casos hagan un mal uso de las facultades que tienen otorgadas y que, por tanto, basen sus decisiones en intereses personales y no en intereses puramente públicos.

Todo hace pensar que siendo estas resoluciones un importante avance para castigar la corrupción no lo son tanto para prevenirla y ello permite poner en duda la existencia de una auténtica voluntad o de capacidad de la clase política para acabar con la lacra de la corrupción. Y lo que desde luego ha quedado patente es la falta de altura política de algunos para intentar aunar voluntades en algo tan importante para el conjunto de los ciudadanos.

Santiago de Munck Loyola

miércoles, 9 de enero de 2013

La impunidad de los chorizos.



Aunque lo diga el mismo Rey, eso de que todos somos iguales ante la Ley es una simple mentira, una frase barata políticamente muy correcta pero socialmente poco creíble. La resolución que acabamos de conocer del caso Pallerols, la trama de financiación irregular de Unión Democrática de Cataluña, lo ha puesto de manifiesto con absoluta claridad, añadiendo de paso una palada más de estiércol sobre la deteriorada imagen de la clase política. Aquí hay dos justicias, dos leyes, una para los ciudadanos y otra para la clase dirigente entre la que destaca la clase política. Aquí resulta que se pueden llevar ilegalmente cientos de miles de euros de la caja pública para financiar a un partido y tras veinte años de instrucción judicial no pasa nada, nadie va a ir a la cárcel y nadie dimite en ese partido político. No hay que ir muy lejos para encontrar casos de ciudadanos normales y corrientes que por mucho menos y para cubrir necesidades vitales terminan a la sombra durante una larga temporada.

Durante años, los conmilitones del Sr. Durán Lleida, el veterano e independentista político democristiano catalán que no hace mucho se permitía el lujo de calificar de cloaca a la política española, organizaron toda una trama para recibir dinero público, proveniente de los fondos europeos, a través de una empresa dedicada a la formación que después desviaba buena parte de ese dinero a la caja del partido del Sr. Durán Lleida. Pillados con las manos en la masa han pasado veinte años de proceso judicial, que se dice pronto, y ahora resulta que los acusados hacen un trato con la fiscalía para devolver 380.000 euros al erario público y evitar una condena. 380.000 euros que estos sinvergüenzas van a devolver con una mano mientras con la otra reciben subvenciones públicas pagadas con el dinero de los contribuyentes a los que previamente habían sableado. Nadie va a ir a la cárcel. Muy ejemplar. Ni a Felipe II se la ponían así. Será muy legal, no lo dudo, que la fiscalía llegue a semejante trato, será muy práctico, sobre todo si tras veinte años de investigación no se tenían pruebas suficientes para concluir un proceso judicial con garantías de éxito para la Justicia, pero es, se mire por donde se mire, un infumable pasteleo, un sospechoso trato que en nada beneficia a la Justicia, a la ejemplaridad y a la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento de nuestro sistema democrático.

Y si indignante es este trato de lujo recibido por estos miembros de la casta política, indignantes son algunas de las reacciones escuchadas en las últimas horas por la sencilla razón de que pocos ponen el dedo sobre la llaga y menos aún los que proponen soluciones para evitar que lo mismo vuelva a repetirse en el futuro. La primera reacción indignante es la del propio jefe de los “presuntos chorizos” que en el año 2000 se comprometió a dimitir si se demostraba que había habido financiación irregular de su partido y que ahora dice que de lo dicho no hay nada. Gracias al tecnicismo legal y al trato por el que se evita una condena los independentistas de Unión entienden que no se ha demostrado que se hayan financiado ilegalmente aunque sí irregularmente y por eso deben devolver el dinero. ¿Alguien lo entiende?

El ex Portavoz del Consejo General del Poder Judicial, en plan contemporizador a ver si se le promociona al Tribunal Constitucional, venía esta mañana a aleccionar a los oyentes de una emisora explicando que este tipo de trato de la fiscalía con los presuntos delincuentes es muy habitual en el entorno anglosajón. ¿Y qué? No estamos en un país anglosajón, sino que nos regimos por un modelo continental que poco tiene que ver con aquél. Podría explicarnos también si en ese entorno se tardan también veinte años en instruir un caso a políticos corruptos ¿no?

Por su lado el Fiscal General ponía “el grito en el cielo” porque a su juicio se ha tardado veinte años en instruir este caso. ¿Y se ha enterado ahora? ¿Por qué no nos cuenta cómo un subordinado suyo ha pactado con los “presuntos chorizos” esta salida política? ¿Quién, en una estructura jerarquizada como la fiscalía, ha dado el visto bueno a su subordinado para pastelear de forma tan repugnante?

Los independentista de ERC, socios parlamentarios de Unión Democrática, han pedido, con boca pequeña, la dimisión de Durán, pero eso sí sin cuestionarse el seguir siendo socios políticos de estos corruptos aunque no depuren las correspondientes responsabilidades políticas.

Y por último, desde el PP, su Secretaria General ha pedido la dimisión del Sr. Durán y ha cuestionado su permanencia como Portavoz de Exteriores del Congreso de los Diputados. Pero uno no tiene más remedio que preguntarse ¿por qué el PP con mayoría absoluta en el Congreso ha colocado al Sr. Durán, un independentista, un político que trabaja por la voladura de España, un señor que califica de cloaca a la política española como representante internacional del Congreso de un país al que quiere romper? Y siendo así ¿a qué espera el PP para destituirlo? Hay cosas que sinceramente no se entienden y que indignan día tras día.

Y lo peor de todo es que ningún responsable político ha salido a palestra para explicar qué medidas se van a tomar para que estos escándalos no se vuelvan a producir o qué reformas legislativas van a impulsar para que un procedimiento judicial que afecta a la corrupción política no vuelva a dilatarse durante veinte años. Nada, ni una palabra. Si tomamos como cierto que todos somos iguales ante la Ley aquí tenemos un claro mensaje: cualquier ciudadanos se puede llevar de las arcas públicas hasta 380.000 euros con la seguridad de que en caso de ser pillado tendrá un juicio que durará veinte años y que no irá a la cárcel si pastelea como es debido con el fiscal de turno. Aunque mucho me temo que va a ser que no, que lo cierto es que todos somos iguales ante la Ley, pero unos más que otros.

Santiago de Munck Loyola

lunes, 26 de noviembre de 2012

Cataluña: ir por lana y salir trasquilado.




Si una cosa ha dejado muy clara Artur Mas es su propia incompetencia como político. De una parte, ha demostrado su incompetencia para gobernar su autonomía en una situación económica desastrosa heredada del tripartito hasta el punto de adelantar dos años el fin de su mandato. Y, de otra, ha demostrado largamente su incompetencia como estratega a la vista de los pésimos resultados electorales que ha alcanzado. Trató de encubrir su incapacidad para lidiar con la crisis sacando a pasear el estandarte independentista y convocó elecciones autonómicas solicitando de los votantes una “mayoría excepcional”, es decir absoluta, para poner en marcha su proyecto secesionista y lo hizo en términos plebiscitarios.

Los resultados de esta doble incompetencia, como gestor y estratega, son evidentes:

1º Artur Mas ha conseguido que su partido pierda 12 escaños en el Parlamento catalán, de 62 a 50. Es decir, el logro de este “brillante” estratega ha sido perder un 20 % de representación parlamentaria.

2º Con su envite independentista, Artur Mas ha logrado que la representación parlamentaria de los partidos independentistas se reduzca en dos escaños pasando de 74 escaños a 72.

3º Ha conseguido radicalizar la posición del electorado independentista al propiciar un importante incremento de los radicales de ERC que pasan de 10 a 21 escaños y la aparición de la CUP con tres escaños, lo que contribuirá a dificultar la gobernabilidad y la estabilidad de la región.

4º Artur Mas ha logrado igualmente proyectar una imagen internacional negativa tanto para Cataluña como para el resto de España, transmitiendo una sensación de inestabilidad política sin precedentes lo que, sin ninguna duda, supone una pérdida de confianza de las instituciones internacionales y de los inversores extranjeros.

5º Ha hecho que el debate electoral sobre los graves problemas económicos y sociales que aquejan a Cataluña quede relegado a un segundo plano en beneficio del debate secesionista y en perjuicio del contraste electoral de diferentes opciones para resolver los graves problemas que diariamente afectan a los ciudadanos.

6º Ha dejado a Cataluña sin la aprobación de un Presupuesto para el próximo año cuya elaboración por el nuevo Gobierno que haya de constituirse tras estas elecciones se demorará muchos meses, precisamente cuando es más necesario que nunca comparecer ante las instituciones europeas con unas cuentas públicas rigurosas que avalen la recepción de fondos y ayudas para intentar salir de la crisis.

Éstos son algunos de los resultados obtenidos por la cobarde apuesta soberanista del Sr. Mas. En definitiva, no gobernar, no tomar decisiones solventes para solucionar los graves problemas de los ciudadanos a cambio de una aventura que se ha saldado con un estrepitoso fracaso electoral. Los sueños y los deseos no han podido con la dura realidad de la que intentaba evadirse el Sr. Mas. También ha conseguido poner sobre el tapete el espinoso asunto de la corrupción política, ésa que, de creer a la subvencionada prensa catalanista, no existe en el llamado “paraíso catalán”. Parece incomprensible que distintos informes policiales elaborados hace ya dos años en los que se alude a supuestas cuentas bancarias de dirigentes nacionalistas en paraísos fiscales no hayan salido a la luz hasta ahora. Es cierto que su filtración en estos momento ha respondido seguramente a intereses electorales, pero no lo es menos que resulta cuando menos curioso, sobre todo en un país como el nuestro en el que se filtran continuamente diligencias judiciales declaradas secretas, que hayan permanecido ocultos durante tanto tiempo. ¿A qué se debe este sigilo? ¿A que cuando se investiga a determinados políticos por supuestas irregularidades fiscales existe un mayor celo y sigilo que cuando se trata de ciudadanos normales? ¿No comunica la policía sus sospechas a los inspectores fiscales cuando se trata de políticos? ¿Hacienda no actúa con el mismo celo que con cualquier ciudadano cuando el sospechoso es un político? Se trata en todo caso de un grave asunto que no puede quedar en el anecdotario de una campaña electoral. Hacen falta luz y taquígrafos para que los ciudadanos sepamos la verdad. Tenemos derecho a conocer si se ha tratado de una simple sucia maniobra electoral o si, en realidad, existe una auténtica olla podrida, escondida durante tiempo por cierta prensa y determinados políticos, de la que se nutren partidos y dirigentes catalanes.

Como en todo proceso electoral, siempre hay consuelo para todos. Los socialistas aparentan cierto alivio por no haber perdido tantos escaños como pronosticaban las encuestas. Perder casi un 30 % de su representación parlamentaria y cosechar el peor resultado electoral de su historia es todo un éxito para algunos pensando que podía haber sido mayor la pérdida. Los populares catalanes satisfechos también porque, a pesar del desgaste producido por las duras medidas presupuestarias del Gobierno de la Nación,  han aumentado en un escaño su representación aunque ello signifique que no hayan alcanzado aún el porcentaje que en 1995 alcanzó Alejo Vidal Cuadras, el 13,1 %. Hay un dato curioso: en las generales del 2011, el PP obtuvo el 20,7 % de los votos en Cataluña (Ciudadanos no presentó candidaturas). Ahora, el PP ha obtenido el 12,99 % y Ciudadanos el 7,6 % de los votos. La suma de ambos porcentajes es casi idéntica al obtenido por el PP en solitario en las generales. En medio de tanta autocomplacencia popular no estaría de más que alguna cabeza pensante analizase este dato y realizase algún tipo de autocrítica para corregir o modular internamente determinados criterios porque hay un hecho evidente: más de un tercio del electorado popular en Cataluña no vota al PP en las autonómicas y prefiere hacerlo a un partido que no tiene complejo alguno respecto a su españolidad y a la crítica al actual sistema autonómico.

Ahora se abre un período mucho más difícil y posiblemente convulso que el terminado el pasado domingo. Ahora podremos comprobar cuales son las nuevas prioridades de la clase política catalana, si dan prioridad a la resolución de los graves problemas sociales y económicos de los ciudadanos o, por el contrario, la prioridad es otorgada a las metas secesionistas e identitarias. Es decir, si los políticos están con la gente o con su justificación existencial.

Santiago de Munck Loyola


domingo, 15 de enero de 2012

Ellos despilfarran, nosotros lo pagamos.

“El dinero público no es de nadie”  dijo hace unos años la inefable ministra de Zapatero, Carmen Calvo, y aunque parezca mentira semejante estupidez parece que es compartida, aunque nunca lo admitirían, por una buena parte de la clase política española, a la luz de los resultados y la forma en que lo manejan. El despilfarro del dinero público, del dinero de todos, estos últimos años ha sido evidente y generalizado, a pesar de que el exministro Sebastián sólo lo admitiese como una excepción en algunos casos de los Planes E. La realidad es muy distinta a lo que la clase política está dispuesta admitir y la responsabilidad en estos despilfarros está muy repartida entre todos los colores de las formaciones políticas, aunque algunos son más responsables que otros por la sencilla razón de que han tenido la oportunidad de manejar más y mayores presupuestos públicos.

Hace tan sólo dos días Antena 3 emitió un programa en el que se daba cuenta de algunos de los despilfarros en obras públicas más escandalosos de estos últimos años: aeropuertos cerrados, aeropuertos con 9 pasajeros al día, autopistas sin vehículos, trenes ruinosos, estaciones para el AVE sin usar o completamente infrautilizadas, gigantescos complejos culturales inacabados y ruinosos y un largo etcétera de obras públicas sin sentido. En los últimos diez años, nuestros gobernantes han dilapidado más de 15.000 millones de euros en este tipo de obras que carecen de rentabilidad económica y social y que constituyen un pesado lastre pues al coste de su construcción hay ahora que sumar los gastos de mantenimiento.

Un pozo sin fondo al que las arcas públicas deben seguir suministrando millones de euros para que dichas obras se mantengan en pie, aunque nadie las utilice.

Los famosos Planes E no sirvieron al objetivo principal para el que fueron diseñados: reactivar la economía y crear empleo. Su puesta en marcha significó para muchas corporaciones locales la oportunidad de dotarse de infraestructuras necesarias pero que, ahora, en tiempos de crisis, hay que mantener lo que supone un incremento de los gastos corrientes de dichas corporaciones precisamente cuando los ingresos corrientes han caído en picado.

El error de aquellos Planes fue rápidamente imitado por muchas Comunidades Autónomas. Nada menos que 5.000 millones de euros destinó la Junta de Andalucía a su particular Plan E y 2.500 millones de euros destinó la Generalitat Valenciana al suyo, el Plan Confianza. Ahora recogemos lo sembrado: muchas obras del Plan Confianza están paralizadas por la sencilla razón de que la Generalitat Valenciana no paga a los promotores de las obras aprobadas. Y no son pocas las empresas las que están en situación de quiebra por culpa de los impagos de las administraciones públicas.

Da la sensación de que como “el dinero no es de nadie” se ha venido gastando sin el cuidado y la responsabilidad que cualquier persona normal pone cuando se trata de su propio dinero. ¿Se han hecho estudios de viabilidad para todas estas inversiones? ¿O se decide construir, por ejemplo, un aeropuerto sin los estudios económicos que avalen y justifiquen la inversión? ¿No deberíamos conocer el nombre de la empresa o de los técnicos que informaron favorablemente para la construcción de un aeropuerto en Huesca que cuenta con sólo 9 pasajeros al día? Y si se decidió en su día acometer estas millonarias inversiones sin los pertinentes estudios de viabilidad ¿no deberían incurrir en algún tipo de responsabilidad los políticos que adoptaron tales decisiones? Habrá quien sostenga que esa responsabilidad se determina en las urnas. Pero no, no basta. Además de la responsabilidad política hay una responsabilidad económica que debería ser depurada.

No conviene olvidar que el montante de estas inversiones ruinosas es muy superior, sin sumar el coste de su mantenimiento actual, a los recortes que el Gobierno de la Nació se vio obligado a adoptar el pasado 31 de diciembre. La clase política nos sube los impuestos porque ha despilfarrado, así de sencillo. Sin estos despilfarros no sería necesario ni subir los impuestos, ni congelar salarios a los funcionarios, ni recortar en educación, sanidad, defensa, … Y, hablando de recortes, llama la atención que haya dirigentes políticos que prefieran recortar en la sanidad de sus ciudadanos antes que suprimir seudo embajadas en el extranjero o antes de eliminar canales de TV ruinosos. Pero eso es harina de otro costal que habrá que analizar en otra ocasión.

Santiago de Munck Loyola


martes, 22 de febrero de 2011

EJECUCIONES HIPOTECARIAS: LA CLASE POLÍTICA CON LA BANCA.

Me parece asombroso y me produce vergüenza que hoy el Pleno del Congreso haya rechazado por amplia mayoría la propuesta de IU e ICV para que las hipotecas puedan ser saldadas mediante la entrega de la vivienda al banco.

http://www.diarioinformacion.com/economia/2011/02/22/congreso-rechaza-saldar-hipoteca-entregando-piso/1098025.html

Tanto PSOE como PP y las minorías nacionalistas han unido su votos para rechazar esta loable y necesaria propuesta sin ofrecer una alternativa que venga a paliar o a solucionar el grave problema al que solo el año pasado se han tenido que enfrentar más de 100.000 familias. Para este año se esperan más de 300.000 embargos. Y lo han hecho argumentando cada formación política las más diversas y peregrinas razones. Para el Portavoz Popular esta iniciativa es rechazable porque vulnera las competencias autonómicas provocando "más gasto, más déficit y más intervencionismo". Y se ha quedado tan fresco este nuevo adalid del estado autonómico. Habría que replicarle que si la actual configuración del estado autonómico impide solucionar el problema de la vivienda de cientos de miles de familias españolas ahogadas por la crisis, a hacer gárgaras el estado autonómico. Con similares argumentos han rechazado la iniciativas los nacionalistas vascos y catalanes. Era de esperar. Y en cuanto a la Portavoz socialista resulta difícil entender sus motivos, pero baste señalar que también se ha opuesto. En definitiva, que los representantes de la banca, perdón, de los ciudadanos se han alineado claramente, con un pretexto u otro, con las instituciones financieras y una vez más han sido incapaces de ofrecer una solución a miles de familias.



El sentido común dice que la banca es un negocio y que, como tal, no está exento de riesgos. Unas veces se gana y otras se pierde. Ésa es la esencia de los negocios y en la existencia de riesgo se justifica la generación de ganancias. Cuando un banco presta dinero y pide como garantía de la devolución del dinero la vivienda, debería bastar con ésta para saldar la deuda. Pero no, no es así en nuestro sistema. Los bancos siempre ganan y lo hacen con la inestimable ayuda de los políticos. El más elemental sentido de la justicia señala a cualquier persona decente que debería ser suficiente con entregar la garantía del préstamo, la vivienda previamente tasada y valorada por el banco, para saldar la deuda en caso de una imposibilidad sobrevenida de pago. Si el banco ha sobrevalorado la vivienda es su problema. Si la vivienda se ha depreciado, es su problema. Unas veces se gana y otras se pierde. Es el riesgo que deberían asumir las instituciones financieras. Y como parece que no sólo no es así, sino que además de perder la vivienda muchos se ven con que siguen debiendo dinero al banco es evidente que nos encontramos con una legislación profundamente inmoral e injusta. Y ante ese tipo de leyes y ante unos parlamentarios alineados con la banca sólo hay una salida posible, la desobediencia civil. Y no hace falta remontarse a los clásicos del derecho para justificarlo. El sentido de la decencia es suficiente.



Santiago de Munck Loyola