Apurando los plazos al máximo e
imponiendo su voluntad a la mitad de su gobierno regional, el Presidente de la
Generalidad Valenciana, Ximo Puig, ha decidido adelantar las elecciones
autonómicas para que coincidan con las elecciones generales del 28 de abril.
Detrás de esta inusitada decisión, se intuye, no el interés general de los
ciudadanos de la Comunidad Valenciana, sino el más puro interés partidista. Se
trata en resumen de que el PSPV pueda ir a rebufo de las encuestas más o menos
favorables al PSOE y evitar así un hipotético progresivo descenso en la
intención de voto a las socialistas que podría tener lugar en mayo. En
definitiva, Ximo Puig ha optado por el 28 de abril en previsión de que en mayo
los resultados electorales pudieran ser aún peores para su candidatura. Y, de
paso, ha pillado con el pie cambiado a sus socios de Gobierno de Compromís que
temen que su discurso quede diluido en el fragor de un debate de ámbito
nacional.
El debate territorial va a ser
sin duda un importante elemento de la agenda electoral durante las próximas
semanas. Algo tan serio como una nueva posible aplicación del Artículo 155 va a
depender de la mayoría que se forme en el senado hasta ahora en manos del PP.
En muchas provincias, bastará un puñado de votos para que tres de los cuatro
senadores asignados a la misma caigan de un lado o de otro. Es evidente que
cuantos más senadores obtenga el PSOE más se alejará esa posibilidad de volver
a aplicar si fuera necesario el Artículo 155 pues está condenado
inevitablemente a volver a pactar, si los números así lo imponen en el
Congreso, con los podemitas, separatistas y filoetarras para reeditar un nuevo
gobierno sanchista.
Y si el debate territorial es
importante lo es aún más para los ciudadanos que vivimos en la Provincia de Alicante.
La inmensa mayoría de los partidos de nuestra provincia no han asumido que el
actual modelo, que el actual estatus de nuestra provincia en la Comunidad
Valenciana es la causa de la mayoría de los problemas sociales y económicos que
padecemos. Una provincia como la nuestra que lleva décadas, desde que fue
incorporada a la Comunidad Valenciana, siendo discriminada y ninguneada no
puede seguir igual, debe reivindicar su importancia, su singularidad y su
derecho a la igualdad.
No se trata de un problema de
derechas o de izquierdas, se trata de un problema de todos los alicantinos que
ven año tras año cómo los presupuestos de la Generalidad Valenciana la ningunean
y cómo los presupuestos del Estado la relegan en beneficio de Valencia. Tampoco
se trata de un problema sólo económico, sino también de un problema de
identidad: Alicante no es Valencia, ni una extensión de los inexistentes Países
Catalanes. Alicante es una provincia española, orgullosa de serlo, donde el
español no puede ser perseguido ni menospreciado, es una provincia plural en la
que no se deben seguir tolerando imposiciones ajenas a la cultura de la
mayoría. Alicante es una provincia con un potencial territorial y humano de primer
orden que no puede seguir siendo reprimido desde Valencia e ignorado desde
Madrid.
Es un hecho evidente que nuestro
sistema territorial, el sistema autonómico, tiene muchos defectos: es caro,
tiene duplicidades innecesarias, quiebra en ocasiones la igualdad entre los
españoles,… No se trata sólo del problema catalán, hay más. Demolerlo y
recentralizar todo no es la solución. Hay otras vías que pueden y deben ser
usadas si queremos preservar la convivencia entre todos los españoles. Las
autonomías pueden y deben ser reformadas para garantizar a todos los españoles
la igualdad de derechos y obligaciones y a la vez las mayores cotas de
bienestar social posibles. Por ello, frente al inmovilismo o conformismo de
unos y el antiautonomismo radical de otros hay una tercera vía que pasa
necesariamente por la asunción racional y desapasionada de la necesidad
imperiosa de promover su reforma.
Y en el caso concreto de nuestra
Provincia hay que asumir, y ninguno de los grandes partidos lo ha hecho, que su actual estatus en la Comunidad
Valenciana constituye un fracaso histórico. La Generalidad Valenciana ha hecho
con Alicante exactamente lo contrario de lo que se supone debería hacer un
gobierno multiprovincial: tras más de tres décadas ha logrado ensanchar la
diferencia de renta entre alicantinos y valencianos en perjuicio de los
primeros. Ante esta evidencia hay que plantear soluciones que inevitablemente
deberán pasar por un cambio de las relaciones entre la Provincia de Alicante y
la Comunidad Valenciana. No hay otra salida. Por ello, el 28 de abril, nos brinda
una doble oportunidad para decir en Valencia y en Madrid que las cosas no
pueden seguir igual, que Alicante no quiere seguir así.
Santiago de Munck Loyola
