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miércoles, 14 de enero de 2015

Con Sonia y Paco, por la dación en pago y la condonación de la deuda.

Desde el pasado 5 de enero, un matrimonio alicantino, Sonia y Paco con dos niños pequeños, permanecen acampados ante la oficina del BBVA de la Avenida Alfonso el Sabio, junto con los miembros de la Plataforma Stop Desahucios de Alicante, para exigir a esta entidad financiera la condonación de la deuda que les reclama a pesar de haberlos desahuciado y de haberse quedado con su casa y cuya cuantía exacta ha permanecido durante mucho tiempo en el limbo de inexactitudes y ocultaciones del banco a la pareja y a sus representantes.

La vivienda de esta pareja costó 119.000 euros, durante 7 años pagaron sus cuotas hipotecarias por importe total de 40.000 euros. Se quedaron en el paro, como tantos millones de españoles y renegociaron la hipoteca con el banco. Cuando ya no pudieron seguir haciendo frente a los pagos, ofrecieron la dación en pago y el BBVA rechazó esta opción. El banco ejecutó la hipoteca, se quedó con la vivienda por 34.000 euros y los puso en la calle. Después les reclamó una deuda de 105.000 euros y procedió a embargar la pensión de los padres de Sonia que habían sido avalistas en la hipoteca y que constituía prácticamente el único ingreso familiar para la subsistencia de 6 personas.



Se trata de una situación familiar dramática que pone de manifiesto, una vez más, que este Gobierno, al igual que el anterior, ha sido incapaz de prevenir y abordar estas situaciones con una profunda reforma de la legislación hipotecaria desde la perspectiva del interés del ciudadano y no de las entidades financieras. No se debería olvidar que la concesión de hipotecas es un simple negocio de los bancos que, en esencia, implica que ellos valoran y tasan la vivienda y sobre ese valor prestan el dinero. Y en caso de impago, es la vivienda la que garantiza el pago, la que debe responder por ese incumplimiento. Es evidente que siempre la vivienda vale o debería valer más que el dinero prestado y, por tanto, que adquiriendo la propiedad de la misma el banco está 0 debería estar más que saldada la deuda. Sin embargo, durante los últimos años es público y notorio que de una parte los bancos dieron en ocasiones más dinero del necesario realizando para ello tasaciones inmobiliarias por encima del valor del bien a hipotecar. Y de otra, la crisis y la recesión, en gran parte originada por las malas prácticas de las propias entidades financieras, han implicado una bajada importante del valor de los bienes inmobiliarios, de las viviendas. En todo caso, es evidente que la responsabilidad ante una posible pérdida de dinero por la diferencia entre el dinero prestado y el valor actual del bien es del banco, no del cliente, del ciudadano y por tanto tiene que ser la entidad financiera la que soporte la pérdida. Son así los negocios, unas veces se gana y otras se pierde. Lo que no es de recibo es pretender ganar siempre haciendo trampas. Porque por muy legal que sea usar un valor del bien hipotecado, el del momento de la concesión o el del momento presente, según convenga es una trampa moral y ética.

Estamos ante unas prácticas bancarias inadmisibles. Ni este gobierno, ni el anterior, han sido capaces de priorizar el interés del ciudadano. El drama de Sonia y de Paco es el drama familiar de miles de españoles que a la pérdida de la vivienda habitual tienen que sumar la losa de una deuda añadida que hará muy difícil que puedan volver a empezar una nueva vida.

Los ciudadanos tenemos la solución en nuestra mano. Los bancos no son nada sin nosostros, los clientes, al igual que los partidos no son nada sin nosotros, los votantes. Tenemos la obligación ética y política de traducir la indignación que nos provocan hechos como este en actuaciones individuales solidarias y concretas. "Usted, banco, sigue abusando y aplastando a sus clientes, pues no cuente conmigo, me cambio de entidad bancaria". "Usted, gobernante, sigue legislando a favor de los bancos, pues no cuente con mi voto". 

Hay que denunciar el abuso de situación dominante que las entidades bancarias ejercen de modo implacable sin ningún tipo de sensibilidad social y humanitaria. Y hay que denunciar a quienes consienten que las leyes, a pesar de las últimas reformas, sigan estando al servicio de los poderosos y no de los ciudadanos.

Hace falta una profunda reforma de la legislación hipotecaria y de los demás instrumentos legales pertinentes con el fin de establecer como opción al servicio del ciudadano la dación en pago con la consiguiente liquidación de la deuda hipotecaria y la asunción en  exclusiva por parte de las entidades financieras de los riesgos derivados de su mala praxis en las operaciones de tasaciones hipotecarias y de los riesgos de las posibles depreciaciones de los precios del mercado inmobiliario. Y hace falta igualmente, como en otros países de nuestro entorno, el establecimiento de una renta familiar mínima por debajo de la cual no se pueda producir un desahucio aunque el banco adquiera la propiedad de la vivienda tras la ejecución de la hipoteca.

Santiago de Munck Loyola
http://santiagodemunck.blogspot.com.es

viernes, 15 de marzo de 2013

Sobre los desahucios.



Ayer, día 14 de marzo, se celebró en el local del Foro Esperanza Popular una Mesa Redonda sobre “Los desahucios y las reformas legislativas”. Estaban invitados a participar tanto la Plataforma Stop Desahucios de Alicante como la Cruz Roja de Alicante pero, por diferentes razones, no quisieron exponer en público su posición sobre este auténtico drama social. Coincidió esta Mesa Redonda con la publicación de la Sentencia del Tribunal Europeo que cuestiona la compatibilidad de la legislación hipotecaria española con la europea y que ha abierto, en un primer momento, demasiadas esperanzas, tal y como señaló alguno de los ponentes.

La Mesa Redonda se inició con la intervención de D. José Joaquín Belda Gonzálvez, Agente de la Propiedad Inmobiliaria, Perito tasador judicial, Asesor hipotecario, Técnico Urbanista y Ex agente y delegado de la Sociedad Publica de Alquiler del Ministerio de fomento, quien hizo un análisis sobre las responsabilidades de la banca, las sociedades inmobiliarias y la clase política en el estallido social que vivimos en torno a la vivienda. Destacó la interesada falta de flexibilidad de los bancos a la hora de abordar los problemas de impagos de sus clientes así como la incongruencia que supone el rescate bancario frente a la desprotección del ciudadano. Subrayó la necesidad de apostar por la adopción de diferentes soluciones simultáneas como el reforzamiento de la ley concursal para los particulares, la ampliación de las recientes reformas para que alcancen a más ciudadanos, el desarrollo de una auténtica política de vivienda social que permita superar los intereses ocultos de sociedades inmobiliarias al servicio de las instituciones financieras o la reforma de la vigente Ley hipotecaria. Por último, denunció la ineficacia de la clase política para reaccionar en tiempo y forma ante una situación que ha terminado por estallarle en las manos.

A continuación, intervino D. Carlos Pérez Pomares, Profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Miguel Hernández, Socio de Cuatrecasas y director de Cuatrecasas Alicante hasta 2012 y abogado en ejercicio, quien empezó por señalar que estamos viviendo en número de desalojos más alto de la historia hipotecaria española. Destacó que la legislación hipotecaria española con más de 100 años de existencia a sus espaldas ha venido funcionando razonablemente bien y que ha siso y es considerada en muchos países como un modelo por lo que muchos de sus elementos están siendo importados en legislaciones extranjeras. Subrayó que de hecho nuestra legislación es la que ha permitido que la mayoría de la gente sea propietaria de su vivienda y que, a diferencia de otros países, más del 90 % de las viviendas pertenezcan a ciudadanos particulares y no a sociedades. Uno de los principales efectos de la crisis es la pérdida de empleo y, por tanto, de la capacidad del prestatario de cumplir con sus obligaciones frente al banco quien finalmente termina por quedarse con la garantía del préstamo, la casa, dejando además al ciudadano sin vivienda y con una enorme deuda. Subrayó que hasta hoy las diferentes soluciones aportadas por los políticos son débiles, que existe además una enorme dificultad por nuestro sistema legal para generar beneficios al consumidor con efectos retroactivos, que una Ley de Dación en pago es muy difícil y compleja para ser desarrollada y que habría que reformar la legislación hipotecaria permitiendo la convivencia de otras fórmulas como las anglosajonas.

Por último, intervino D. Emilio José Crespo Martínez, ex directivo de la CAM, quien aportó su vivencia y su visión del profesional de la banca que tiene que enfrentarse a diario a situaciones dramáticas con personas de su entorno. Subrayó que uno de los principales problemas con los que se enfrenta el sistema es el de la política del banco de España que exige a los bancos unas elevadísimas dotaciones lo que, al final, encarece de forma desorbitada los procedimientos hipotecarios y, con ello, las deudas finales de los prestatarios. Destacó que considerando que la mayor parte de los procedimientos de ejecución se centran en deudas no superiores a los 50.000 euros una política monetaria más flexible sobre las dotaciones implicaría una importante reducción de los costes beneficiando con ello a los deudores. Señaló que constituye un absurdo que se traduce en un enorme sobrecoste para el deudor el hecho de que las ejecuciones hipotecarias se alarguen durante cuatro o cinco años. Todos estos sobrecostes se repercuten en el usuario y en el precio del dinero.

Tras las intervenciones de los ponentes se abrió un interesante debate entre los asistentes que sirvió para clarificar y matizar muchas cuestiones que se fueron suscitando a lo largo de la sesión.

Santiago de Munck Loyola