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viernes, 15 de noviembre de 2019

¿Por qué dicen negociación cuando quieren decir claudicación?



Políticos de izquierdas, alguno despistado de derechas, comentaristas políticos y muchos ciudadanos repiten incesantemente que la solución al problema de los independentistas catalanes pasa por el diálogo. Parece que lo “progre”, lo molón, es repetir este mantra, el del diálogo. Y algunos lo matizan además, como el Presidente del Gobierno en funciones, que se trata de “diálogo dentro de la Constitución”. Una majadería, por mucho que se repita, no deja de ser lo que es una majadería. ¿Alguien ha prohibido dialogar en nuestro país? ¿Saben de verdad lo que significa dialogar? ¿Desde cuándo hay que hablar dentro de la Constitución o de las leyes? ¿Y qué significa eso?

La palabra diálogo no es otra cosa, tal y como lo define la Real Academia de la Lengua Española, que una “Plática entre dos o más personas, que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos”. Dicho en román paladino dialogar es hablar, conversar, platicar, departir y en España se puede hablar de todo esté dentro o no de la Constitución. Y los políticos además de poder hacerlo cuando, como y donde quieran tienen a su disposición no sólo un Parlamento Nacional (de “parlar”, hablar) sino 17 parlamentos regionales. Por cierto, cuando el demagogo presidente del Parlamento catalán afirma que no va a consentir que el Tribunal Constitucional impida que se hable de cualquier tema, incluida la independencia, en su cámara regional, miente como un bellaco. En el Parlamento catalán se puede hablar de todo de independencia o del racismo del Sr. Torra (salvo cuando lo prohíbe el Sr. Torrent), pero lo que no se puede hacer es adoptar resoluciones contrarias a la Ley. Ni en el Parlamento catalán ni en ningún otro.

Por tanto, va siendo hora de desmontar ese discurso buenista a la vez que torticero. Nadie impide en España que se dialogue sobre el independentismo o sobre los genes superiores de Torra. El problema de Cataluña no es que falte diálogo, como tampoco es la solución. Tampoco hacen falta mesas de diálogo en las que poder hablar de espaldas a los españoles. Las únicas “mesas” de diálogo, en un estado de derecho, se llaman Parlamento donde los políticos deben hablar y expresar sus opiniones en representación de los votantes con luz y taquígrafos.

Pero no contentos con intentar vendernos esta moto del diálogo, a la misma le añaden el sidecar de la negociación. Diálogo y negociación para solucionar el problema de los independentistas. El problema es que los independentistas catalanes, al igual que los, bilduetarras y demás nacionalistas vascos entienden por negociación la rendición y la cesión de la otra parte. Llegan a la “mesa” exigiendo o pidiendo lo suyo pero no se plantean que a lo mejor el de enfrente puede poner encima de la mesa también lo suyo. El diccionario de la RAE ofrece dos significados sobre la palabra negociar que pueden tener aplicación en el mundo de la política:

2. intr. Tratar asuntos públicos o privados procurando su mejor logro. U. t. c. tr.
3. intr. Tratar por la vía diplomática, de potencia a potencia, un asunto, como un tratado de alianza, de comercio, etc. U. t. c. tr.

De momento, descartemos la acepción segunda aunque signifique la fantasía de todo independentista. Nada impide a ningún gobierno, es más constituye una obligación, tratar asuntos públicos procurando su mejor logro. Sin embargo, los separatistas catalanes no buscan eso.
Por negociación entienden que ellos exigen la independencia y el Gobierno de España debe pactar con ellos cómo y cuándo otorgarla. No le demos más vuelta. No hay más. Los separatistas solo quieren “negociar” cuán y cómo van a conseguir la independencia.

Ahora bien, imaginemos por un momento una “negociación” de verdad. De una parte, tendríamos a los independentistas con su propuesta, la única, la independencia de Cataluña. De otra, al Gobierno de España pero no como hasta ahora sin propuesta alguna, sino con la lista de sus pretensiones que muy bien podrían ser: garantizar a todos los españoles los mismos derechos (fiscales, sanitarios o asistenciales) y obligaciones en todos los territorios de España, incluida Cataluña, (algo tan evidente como ejecutar un mandato constitucional, por cierto), establecer el mismo modelo educativo en todas las autonomías (como en cualquier país europeo), garantizar la educación en español en cualquier parte de España (como ocurre en Francia, Alemania o Gran Bretaña), establecer un mando único nacional sobre todas las Fuerzas y cuerpos de seguridad o suprimir los organismos autonómicos que duplican competencias estatales. Sería una lista de pretensiones absolutamente constitucional, incluso más, sería un simple cumplimiento en la mayor parte de los asuntos de los mandatos constitucionales ¿No? Y ahora a negociar ¿no?

Pues eso es lo que implica toda negociación, intentar acercar posturas y transaccionar. Lo que no nos pueden “vender” es su moto, ni imponer su monotema de la independencia. No, ni los independentistas, ni los que les compran su mantra de “diálogo y negociación” lo que en realidad quieren es en primer lugar que se hable solo y exclusivamente de su pretensión y, en segundo lugar, que la negociación sea una rendición, una claudicación del Estado ante su exigencia. Los independentistas no quieren negociar, solo imponer su objetivo. Que no nos vengan más con su cuento. Se han inventado un pasado inexistente para justificar su objetivo;
ocultan su pasado filonazi de los años treinta; santifican a asesinos como Companys;  se proclaman nación y nos niegan a los demás el derecho a serlo; se inventan un derecho a la autodeterminación que no existe en ningún país del mundo; agitan el espantajo de la independencia para tapar una profunda corrupción que empapa a todo el independentismo catalán y que durante décadas ha estado robando a manos llenas a los catalanes y, de paso, al resto de las españoles; se creen superiores genéticamente; postulan la existencia de dos clases de ciudadanos, de una parte, la clase política y, de otra, el resto otorgando a la primera la impunidad para vulnerar la ley, para delinquir, al usar la denominación de “presos políticos” en lugar de la simple realidad, políticos presos; participan por acción u omisión de la violencia y no sólo de la física, sino también de la violencia social que llevan décadas practicando. Su voluntad dialogante y negociadora no es más que una farsa porque solo quieren imponer su voluntad sin someterse a las reglas establecidas en la Constitución vigente, porque no creen en la democracia, ni en el estado de derecho y se pasan la soberanía del pueblo español por el arco del triunfo.

Si quieren negociación, que la tengan, pero que además de su carta, el Gobierno de España ponga sobre la mesa las suyas y que, para ello, pregunte al Parlamento español qué propuestas debe trasladar a la negociación. Mejor aún, que nos pregunte a los españoles. A ver si se atreve.

Santiago de Munck Loyola

jueves, 1 de marzo de 2018

La Constitución, el independentismo y Alicante (tercera parte).




Hay que repetirlo porque se trata de un hecho incontestable que, sin embargo, no es percibido por mucha gente: el balance de la pertenencia de la Provincia de Alicante a la Comunidad Valenciana es negativo. Las cifras no engañan. Hoy la provincia de Alicante es más pobre respecto a la Provincia de Valencia que hace 36 años por lo que sin ningún género de dudas se puede afirmar que la Generalidad Valenciana es, como administración pública, un fracaso. Y mientras los ciudadanos de Alicante no tengamos conciencia de ello seguiremos condenados a padecer una administración regional centralista y discriminatoria.

Pero es que, además, a esta sumisión de Alicante a los intereses socioeconómicos de la Generalidad hay que añadir ahora una peculiar situación política que está poniendo en riesgo la propia identidad libre y plural de la sociedad alicantina. La Generalidad Valenciana está presidida por un socialista, el Sr. Puig, que carece de un proyecto político propio y gobierna de la mano de otros grupos de izquierdas cuyas señas de identidad son pancatalanistas. Es el eterno problema del PSOE allí donde no alcanza la mayoría suficiente para gobernar, que se vende a cualquier grupo político por muy antiespañol que sea.

La Generalidad Valenciana, con el Pacto del Botánico, está desarrollando políticas impregnadas de pancatalanismo, contrarias a la identidad propia valenciana y más aún alicantina y de carácter excluyente. No hay más que repasar las hemerotecas para comprobar el origen ideológico de muchos altos cargos del Gobierno de la Generalidad que consideran a la Comunidad Valenciana como parte integrante de los imaginarios países catalanes y a la Provincia de Alicante como las playas del sur de Cataluña. Paso a paso, la Generalidad Valenciana está sembrando las semillas del odio hacia lo español, desde la lengua, pasando por las tradiciones hasta los símbolos, en un calco perfecto del proceso que se inició hace décadas en Cataluña y cuyas funestas consecuencias estamos viviendo estos meses. La nueva televisión autonómica ya está en manos de filoindependentistas catalanes, y la inmersión lingüística ya está en marcha para barrer la lengua materna de la mayoría de los alicantinos, el español. Todo está ya inventado. Usan la lengua y la educación como elementos de segregación y de neutralización ideológica, no es nada nuevo.

Ante todo ello, la discriminación económica permanente de nuestra provincia que se plasma en una deuda histórica de la Generalidad de más de 1200 millones de euros, la progresiva catalanización de las instituciones autonómicas y los permanentes y progresivos ataques a la escasa autonomía de la Diputación Provincial junto con una evidente voluntad de diluir las señas de identidad propias de nuestra Provincia es necesario ofrecer una respuesta, una solución para frenar este proceso. ¿Realmente queremos que dentro de unos años ningún alicantino pueda optar a un empleo público si no sabe el catalán? ¿Estamos dispuestos a que dentro de unos años los sanitarios tengan que marcharse por no saber catalán como está ocurriendo ahora mismo en las Baleares? ¿Queremos que se impida a los padres elegir el idioma en el que quieren que estudien sus hijos? ¿Nos resignamos sin más a que desde Valencia se señale cuándo deben abrir o no los centros comerciales de nuestra Provincia? ¿Nos conformamos con que se siga invirtiendo más en Valencia y Castellón que en Alicante? La respuesta es clara. Si no estamos dispuestos a todo ello, si creemos en la singularidad de Alicante, en sus propias señas de identidad, en su historia singular, en su pluralidad social, en su capacidad de gestión y en su absoluta lealtad e identificación con España es imprescindible reivindicar sus derechos y, llegado el caso, su autonomía en el marco de la Constitución.

Y no, no se trata de crear un nuevo monstruo autonómico. Se trata de transformar a la Diputación Provincial en gobierno autonómico, democratizándola, dotándola de aquellas competencias autonómicas que sirvan de verdad al progreso de nuestra tierra y devolviendo al Estado competencias cuya gestión quiebran la igualdad entre los españoles, como la sanidad, la educación o la justicia. Dos serían las consecuencias prácticas inmediatas: que los alicantinos tendríamos que sostener una administración menos y que el poder de decisión en muchos ámbitos se quedaría en Alicante.

Es un reto muy difícil, quizás un ideal de difícil consecución, pero el simple crecimiento y expansión de esta propuesta y su materialización en poder político servirá, sin duda, de acicate para que la voz de Alicante sea tenida en cuenta y para que sus justas reivindicaciones no sigan cayendo en saco roto. Si no nos respetan que al menos nos teman.

Santiago de Munck Loyola

jueves, 15 de febrero de 2018

La reforma de la Ley electoral.

El pasado jueves 9 de febrero dirigentes de Ciudadanos y Podemos se reunieron con el fin de llegar a acuerdos sobre la reforma de la Ley Electoral. Ciudadanos plantea propuestas como la doble vuelta, las listas abiertas o el fin del voto rogado, que no exigen una reforma constitucional y a estas ideas Podemos añade sustituir la actual ley D'Hont de reparto de escaños por la fórmula Saint-Lagüe que se aplica, por ejemplo, en Alemania lo que, según ellos, garantizaría una mayor proporcionalidad en la representación parlamentaria porque dicen “garantiza el principio de una persona, un voto”.

Hay que empezar por señalar que el principio “una persona, un voto” ya está plenamente garantizado en nuestro sistema democrático y que, en todo caso, lo que habría que garantizar es que ese voto tuviese igual valor con independencia del territorio donde se emita. O dicho de otra forma que el objetivo consiste en que cada diputado electo represente al mismo número de votantes independientemente de la circunscripción por la que haya resultado elegido.

¿Qué señala al respecto nuestra Constitución? Por una parte la Constitución establece la aplicación del sistema proporcional para la asignación de escaños en el Congreso y el mayoritario en el Senado. El sistema electoral (proporcional o mayoritario) es el conjunto de reglas que traduce el número de votos en escaños. Cuando se opta por el sistema mayoritario el objetivo es disminuir la fragmentación parlamentaria y la búsqueda de bloques estables que garanticen la gobernabilidad. Cuando se opta por el sistema proporcional el objetivo principal es que la cámara refleje lo más fielmente posible la fragmentación o la pluralidad electoral. Dentro de los sistemas proporcionales o distributivos hay distintas variantes: la variante Hare-Niemeyer, la variante Hare-Andrae, la variante d’Hont, la Variante Sainte-Laguë, la variante Imperiali, etc. La Constitución no impone una variante proporcional concreta. Lo hace la Ley Electoral. El Artículo 68 de la Constitución señala que  El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley.  La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un Diputado. La ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional”.

Por su parte, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en su Artículo 162, determina que “1. El Congreso está formado por trescientos cincuenta Diputados. 2. A cada provincia le corresponde un mínimo inicial de dos Diputados. Las poblaciones de Ceuta y Melilla están representadas cada una de ellas por un Diputado. 3. Los doscientos cuarenta y ocho Diputados restantes se distribuyen entre las provincias en proporción a su población, conforme al siguiente procedimiento:
a) Se obtiene una cuota de reparto resultante de dividir por doscientos cuarenta y ocho la cifra total de la población de derecho de las provincias peninsulares e insulares
b) Se adjudican a cada provincia tantos Diputados como resulten, en números enteros, de dividir la población de derecho provincial por la cuota de reparto.
c) Los Diputados restantes se distribuyen asignando uno a cada una de las provincias cuyo cociente, obtenido conforme al apartado anterior, tenga una fracción decimal mayor.”

En las propuestas de reforma electoral de los distintos partidos lo que subyace no es cómo se distribuye mejor el número de escaños en las Provincias de forma más justa, sino qué variante del sistema proporcional se elige en lugar del actual que les atribuya más escaños. Porque en realidad el primer problema que afecta a la representatividad de nuestro sistema es el número de escaños asignado a cada circunscripción, a cada distrito electoral, a cada Provincia. Al desarrollar la previsión constitucional que dispone que la ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción, la LOREG cumple asignando en su Artículo 162 a  cada provincia le corresponde un mínimo inicial de dos Diputados. Esta asignación inicial, que por imperativo constitucional no tiene en cuenta la población, es el punto de arranque de la desigualdad electoral: a más diputados iniciales por provincia peor representatividad. Por tanto, el punto de partida habría de ser rebajar de dos a un Diputado la representación mínima inicial, pasando de los actuales 248 escaños a distribuir con criterios poblacionales a 300 escaños.

Estos 300 escaños divididos entre 46.572.000 habitantes suponen un diputado por cada 155.240 personas.


Nombre
Población
Porcentaje
Nº Diputados
(2 mínimo por
Provincia) LOREG
PROPUESTA
(1 mínimo por Provincia).
1
Madrid 
 6 507 184
13,97 %
36
1+42=43
2
Barcelona
5 576 037
11,97
31
1+36=37
3
Valencia
2 540 707
5,46 %
16
1+16=17
4
Sevilla  
1 939 527
4,16 %
12
1+12=13
5
Alicante
1 825 332
3,92 %
12
1+12=13
6
Málaga
1 630 615
3,50 %
10
1+10=11
7
Murcia 
1 470 273
3,16 %
10
1+9=10
8
Cádiz    
1 239 435
2,66 %
8
1+8=9
9
Vizcaya
1 148 302
2,47 %
8
1+7=8
10
La Coruña
1 120 294
2,41 %
8
1+7=8
11
Baleares
1 115 999
2,40 %
8
1+7=8
12
Las Palmas
1 100 480
2,36 %
8
1+7=8
13
Asturias
1 034 960
2,22 %
8
1+7=8
14
S. Cruz de T. 
1 007 641
2,16 %
7
1+6=7
15
Zaragoza
953 486
2,05 %
7
1+6=7
16
Pontevedra
942 731
2,02 %
7
1+6=7
17
Granada
912 938
1,96 %
7
1+6=7
18
Tarragona
791 693
1,70 %
6
1+5=6
19
Córdoba
788 219
1,69 %
6
1+5=6
20
Gerona
755 716
1,62 %
6
1+5=6
21
Guipúzcoa
719 282
1,54 %
6
1+5=6
22
Almería
        706 672
1,52 %
6
1+5=6
23
Toledo 
686 841
1,47 %
6
1+4=5
24
Badajoz
         679 884
1,46 %
6
1+4=5
25
Jaén      
643 484
1,38 %
6
1+4=5
26
Navarra
643 234
1,38 %
5
1+4=5
27
Cantabria
580 295
1,25 %
5
1+4=5
28
Castellón
575 470
1,24 %
5
1+4=5
29
Valladolid
521 130
1,12 %
5
1+3=4
30
Huelva 
518 930
1,11 %
5
1+3=4
31
Ciudad Real
502 578
1,08 %
5
1+3=4
32
León     
468 316
1,01 %
5
1+3=4
33
Lérida   
432 384
0,93 %
4
1+3=4
34
Cáceres
         400 036
0,86 %
4
1+3=4
35
Albacete
390 032
0,84 %
4
1+3=4
36
Burgos 
358 171
0,77 %
4
1+2=3
37
Lugo     
333 634
0,72 %
4
1+2=3
38
Salamanca
333 603
0,72 %
4
1+2=3
39
Álava    
326 574
0,70 %
4
1+2=3
40
La Rioja
315 381
0,68 %
4
1+2=3
41
Orense 
311 680
0,67 %
4
1+2=3
42
Guadalajara
253 310
0,54 %
3
1+2=3
43
Huesca 
219 702
0,47 %
3
1+1=2
44
Cuenca
         198 718
0,43 %
3
1+1=2
45
Zamora
177 404
0,38 %
3
1+1=2
46
Palencia
163 390
0,35 %
3
1+1=2
47
Ávila     
160 700
0,35 %
3
1+1=2
48
Segovia
154 184
0,33 %
3
1+1=2
49
Teruel  
135 562
0,29 %
3
1+1=2
50
Soria     
   88 903
0,19 %
3
1+1=2
51
Melilla  
   86 120
0,18 %
1
1+1=2
52
Ceuta   
   84 959
0,18 %
1
1+1=2

Total
46 572 132
100 %
350
350

Con esta pequeña modificación de la LOREG mejoraría notablemente la representatividad de cada Diputado y disminuirían sensiblemente las actuales diferencias. Con la Ley actual en Madrid hay un Diputado por cada 180.755 habitantes, en Toledo por cada 114.634, en Orense por cada 77.920 y en Soria por cada 29.634 habitantes. Modificando la LOREG disponiendo que la asignación mínima provincial pase de dos diputados a uno, el resultado sería un Diputado en Madrid por cada 151.329 habitantes, en Toledo por cada 137.368, en Orense por cada 103.893 y en Soria por cada 44.451. Las diferencias siguen siendo notables, pero sin tocar la constitución, se reducirían y en la mayor parte de las Provincias la distribución sería mucho más justa.

La mejora de la representatividad de los ciudadanos debería ser el objetivo prioritario de los partidos y no, como han demostrado, la mejora de la representatividad de sus propias formaciones políticas. Y, una vez hecho esto, que se pongan de acuerdo para poner el acento en la proporcionalidad en la traducción del voto en escaños o en la gobernabilidad eligiendo al efecto la variante proporcional oportuna.

Santiago de Munck Loyola