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domingo, 3 de septiembre de 2023

Una amnistía dañina para España.


 

Todo parece indicar que Núñez Feijóo no logrará ser investido Presidente del Gobierno. El no inicial de la “derechona” racista vasca se mantiene: al PNV le produce alergia el apoyo sin condiciones de Vox a la investidura del candidato popular y prefiere un gobierno débil de la izquierda en coalición con la ultraizquierda. Por tanto, nos encaminamos, salvo un milagro de última hora, a una investidura fallida y, tras los oportunos trámites parlamentarios, hacia la investidura del perdedor de las últimas elecciones generales que contará con el respaldo de la ultraizquierda y de los independentistas a cambio, como mínimo, de una amnistía.

 

Si hay algo con lo que no se puede trivializar, ni minusvalorar es una amnistía. La venta de una Ley de amnistía para conseguir los votos de los enemigos de España encierra consecuencias muy peligrosas. Conviene, por ello, saber qué alcance y qué significa desde una perspectiva política y jurídica una Ley de amnistía.

 

Una amnistía (la palabra proviene del griego y comparte origen etimológico con la palabra amnesia) es el olvido por parte del estado de los delitos cometidos por una pluralidad de delincuentes y su perdón sin necesidad de que hayan sido juzgados como en el caso del indulto, donde lo que se perdona es la pena impuesta, tras ser juzgados, a personas concretas. Una amnistía borra los antecedentes penales y extingue también  su responsabilidad civil. Y, por regla general, se aplica a los delitos políticos.

 


El debate político sobre la constitucionalidad o no de una posible Ley de Amnistía está abierto. Y el principal escollo está en el Artículo 14 de la Constitución que proclama que: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. El texto y, por tanto, la voluntad de los constituyentes es clara, diáfana, cristalina y lo es hasta tal punto que no cabe interpretación alguna. Lo puede entender cualquiera, hasta Yolanda Díaz, Pedro Sánchez o los independentistas. Pero…a pesar de ello, están preparando el camino hacia una amnistía. Dice Pedro Sánchez que en el derecho cabe todo, pero no es así. No todo cabe en el derecho español, en Corea del Norte puede, pero en España no. Primero, porque en la cúspide de la pirámide normativa que diría Kelsen está la Constitución y ninguna Ley puede rebasarla. Segundo, porque por encima de la Constitución está la Nación española, la soberanía del pueblo español que es radicalmente incompatible con cualquier otra pretendida soberanía.

 

No obstante lo anterior, algunos juristas ya están intentando allanar ese camino hacía una amnistía porque, desgraciadamente, parece que todo está en venta (seguramente hasta la propia madre) para obtener un puñado de votos en el Congreso que permitan a Pedro Sánchez formar un gobierno en minoría. Leyendo el siguiente artículo del enlace

https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/politica/jurisprudencia-constitucional-avala-amnistia-exposicion-motivos-ley-justifica-como-fin-problema-politico/20230901113849629428.html ) lo podemos comprobar. Algunos nos quieren hacer creer que justificando debidamente en el preámbulo de una Ley de Amnistía su razón de ser se puede vulnerar constitucionalmente el principio de igualdad ante la Ley siempre que sea para obtener un bien social. Pretenden justificarlo en que la legislación vigente no es suficiente para resolver lo que llaman un conflicto político que no es otro que la negativa de los independentistas a someterse a las reglas de la democracia, a acatar el ordenamiento jurídico español que seguirán sin acatar tras ser amnistiados. Igual que lo han hecho con los indultos. Y ahí está la raíz del problema. No están perseguidos por ser independentistas porque en España, gracias a la Constitución, cada cual puede ser lo que quiera. Si no porque se niegan a usar los caminos legales, que existen en la propia Constitución, para hacer realidad sus deseos. Los independentistas proclaman que son una nación y, consiguientemente, nos niegan a los demás el derecho a serlo. Ellos no reconocen la soberanía del pueblo español, no.
Y, por tanto, están en rebeldía con el ordenamiento jurídico que el pueblo español se ha dado. Pretender que una amnistía va a resolver un problema que las actuales leyes no pueden resolver, además de una simpleza, es una falacia. Una Ley de amnistía en la que además pretenden los independentistas incluir a una tipeja como Laura Borrás, condenada por corrupción, y excluir de la misma a los policías encausados por obedecer órdenes el 1 de octubre, no arregla nada, solo beneficia a los delincuentes, a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz.
¿Incluirán en esta amnistía a los h. de p. de los CDR que estos días han intentado herir o matar a los deportistas que participaban en la vuelta ciclista a España a su paso por Cataluña?

 


Pero es que, además de vulnerar el principio de igualdad ante la Ley, una amnistía traslada a Europa y al mundo la idea de que en España nuestras leyes son injustas y que tenemos presos políticos y a gente perseguida por sus ideas políticas.
Es cuestionar la ejemplar actuación del Rey Felipe VI en aquellos días de octubre de 2017 y su modélico discurso. No se puede lanzar el mensaje de que aquí se puede delinquir y se puede vulnerar el ordenamiento jurídico con total impunidad porque a un aspirante a la jefatura del Gobierno le hacen falta los votos de los delincuentes. Lo que en otras circunstancias podría ser entendido como un signo de generosidad de nuestra democracia hacia sus enemigos, solo puede ser visto como una señal evidente de debilidad y como una muestra de la inexistencia de principios para defender el ordenamiento jurídico que garantiza la justicia, la libertad y la igualdad de todos los españoles. Se equivocan y mucho socialistas y comunistas pensando que con una amnistía se va a solucionar algo el problema independentista, si es que en verdad lo piensan, porque todo indica que ese problema les importa un comino, solo quieren sus votos para la investidura y si ese es el precio lo pagarán.

 

Santiago de Munck Loyola

  

miércoles, 26 de mayo de 2021

Sr. Sánchez, métase los indultos por donde le quepan.



Pedro Sánchez ya ha empezado a sacar la patita. Por fin, lo que muchos pensábamos se empieza a hacer realidad. Pedro Sánchez se dispone a pagar a los enemigos de España el precio por haberle hecho Presidente. El PSOE del indigno Sánchez se prepara a indultar a los delincuentes golpistas catalanes y, para ello, toda la batería mediática progre empieza a inundarnos con falsos mensajes y argumentos falaces sobre la bondad de semejante disparate y traición a la Constitución y a España.

 

Lo primero que hay que subrayar es que en España no hay ningún preso político, aunque lo diga el mismo Papa. Nadie está en la cárcel por sus ideas políticas. Lo que hay son políticos presos por haber cometido no uno, sino muchos delitos contra el estado, contra la hacienda pública y contra la pacífica convivencia entre los españoles. Sus delitos son gravísimos pues pretendían quebrar lo más sagrado para cualquier demócrata, la soberanía nacional, el derecho a decidir de todos españoles, no de unos pocos, y la unidad nacional cuya defensa en última instancia habría supuesto la quiebra de la pacífica convivencia y su aseguramiento finalmente mediante el uso de las armas.


No hay otra posibilidad. Hay miles de españoles en las cárceles condenados por delitos mucho menos graves y menos trascendentes y no se escucha a ningún político, ni a ningún comunicador andar pidiendo indultos, ni amnistías. Y muchos de estos ciudadanos están en la cárcel por haber quebrantado la ley para simplemente sostener a sus familias. Los indultos supondrían ante todo la quiebra de uno de los principios básicos de la Constitución, el de la igualdad de los españoles ante la Ley. Resulta paradójico que la izquierda, la misma que se llena la boca hablando de igualdad, se pase por el arco del triunfo esa sacrosanta igualdad: si cometes delitos por muy graves que sean, malversar fondos, prevaricar, rebelión, etc. con una excusa política ya puedes ser indultado. Y a los que no tengan un móvil supuestamente político, que les den.

 

En segundo lugar, el Sr. Sánchez y sus voceros deberían ahorrarse sus supuestas justificaciones. No nos las tragamos. Los indultos nada tienen que ver con la búsqueda de una solución para el problema de Cataluña, son simplemente el pago del precio por seguir en el gobierno. Nada más. Los indultos no sólo no van a suponer la desaparición de un problema ya que los separatistas y golpistas condenados han manifestado por activa y por pasiva no sólo que no están arrepentidos, sino que van a volver a hacer lo mismo en cuanto tengan otra ocasión, es decir, que en cuanto puedan van a intentar forzar nuevamente el enfrentamiento civil y el derramamiento de sangre si es necesario, con el añadido, además, de que van a suponer un incremento de la tensión política a nivel nacional entre los defensores de la Constitución y de la unidad de España con los defensores de la mercantilización de la Justicia.

 

Y en tercer lugar si hay algo especialmente repugnante es el uso de la Constitución para amparar y justificar una medida absolutamente inaceptable para cualquier persona con un mínimo de decencia. Es llamativo el hecho de que se intente justificar unos indultos apelando a la inexistencia de valores constitucionales como la venganza o la revancha. Pues claro que no son valores constitucionales, como tampoco lo son el amor o la abnegación. ¿Y qué? Pero la justicia y la igualdad ante la ley sí son valores constitucionales. Es más, son exigencias irrenunciables. Y unos hipotéticos indultos pisotearían ambos principios. Un presidente del gobierno serio y decente no puede "comprar" el discurso de los golpistas y asumir que las condenas de los golpistas y su cumplimiento conforme a la ley son actos de “venganza o de revancha” porque de hacerlo estaría deslegitimando a las más altas instancias de la Justicia del Estado, es decir, de hacerlo estaría promoviendo un auténtico golpe de estado judicial. Y tan llamativo como apelar a valores no recogidos en la Constitución es hacer lo mismo con la utilización de la palabra concordia. Sí, la Constitución de 1978 fue definida como la Constitución de la Concordia porque por primera vez España se dotaba de una Constitución apoyada por la inmensa mayoría de las fuerzas políticas de izquierdas y derechas, porque fue el fruto de un pacto de estado entre los herederos de los vencedores y de los vencidos en la guerra civil intentando así cerrar y olvidar los episodios más siniestros de nuestra reciente historia. Sí, concordia, término que significa conformidad y unión. Hay que tener cuajo y desfachatez para relacionar, como hace Sánchez, concordia con indultos a los delincuentes golpistas. ¿Dónde está la conformidad y con quién? ¿Dónde la unión?

 

Los indultos son un instrumento legal, pero en este caso no están ni política, ni jurídica, ni éticamente justificados. No cuentan ni con el aval de la Fiscalía, ni con el del Tribunal Supremo. Que no nos hablen del sufrimiento de los presos y de sus familias porque ese sufrimiento es común a todos los que delinquen. Que no nos hablen de venganza o revancha porque saben que en España hay Justicia. Que no nos hablen de los valores constitucionales porque conforme a dichos valores se han dictado las sentencias. Y, sobre todo, que no nos intenten engañar apelando a una concordia que los independentistas odian. El Presidente Sánchez puede, por una vez y sin que sirva de precedente, hacer caso al Sr. Junqueras y meterse los indultos “por donde le quepan” y todos sabemos que por ahí le caben muchos.

 

Santiago de Munck Loyola

domingo, 23 de febrero de 2020

Refundar el centro derecha: una necesidad inaplazable.




Desde que se celebraron las últimas elecciones generales y, en especial, desde la formación del gobierno social-comunista gracias al apoyo de los separatistas vivimos en un ambiente político bastante crispado y tenso. Es cierto que el nuevo gobierno ha puesto en marcha una agenda política y legislativa que no fue respaldada por la mayoría de los electores, pero que se ve convalidada por una mayoría parlamentaria más que suficiente. 

Como también es cierto que el Presidente del Gobierno mintió cuando solicitó el voto a los españoles en la campaña electoral al prometer actuar de forma opuesta a como lo está haciendo, pero, en todo caso, correspondería a los votantes socialistas exigirle responsabilidades por haber sido estafados. El papel de la oposición no puede ser en este asunto más que el de simple notario e informador de dichos incumplimientos.

Sin embargo, da la sensación y así se nos transmite de que nos encontramos ante una situación de excepcional gravedad, no tanto porque el nuevo gobierno vaya a aplicar una agenda radical e izquierdista, sino porque para poder hacerlo va a comprar el apoyo de los independentistas con cesiones que van a suponer el fin de la unidad de España y, por consiguiente, de la propia nación española. Y tal como van las cosas es muy probable que vaya a ser así. Pero de ser así ¿cómo está actuando la oposición? ¿qué está haciendo el centro derecha español? 
Hay que recordar, en primer lugar, que a la luz de los resultados electorales del pasado noviembre, las fuerzas políticas del centro derecha fueron las primeras responsables de que la suma de socialistas, comunistas y separatistas lograse la mayoría absoluta. No llegar a acuerdos preelectorales entre PP, Ciudadanos y Vox impidió que la mayoría de votos del centro derecha se tradujera en una mayoría parlamentaria. Es un hecho evidente que no admite discusión. Primaron los intereses partidistas sobre el interés general;  entre los dirigentes de PP, C’s y Vox se impuso una visión miope y cortoplacista que resultó suicida y esta decisión no se correspondía con los negros augurios que ya nos anticipaban sobre un hipotético triunfo socialista. Ante una amenaza tan grave para la soberanía nacional, para la unidad de España y para la supervivencia de determinados valores ¿dónde quedó el patriotismo de los dirigentes de los tres partidos? ¿Dónde su capacidad de acuerdo y su generosidad en favor de bienes superiores? 

Ahora estamos ante tres nuevos retos electorales en Galicia, País Vasco y Cataluña y parece que algunos siguen en sus trece, es decir, en su visión miope y egoísta de la política partidista. La necesidad de llegar a acuerdos preelectorales es más que evidente si se quiere mejorar resultados electorales y, sobre todo, si se quiere sentar las bases para la construcción de un amplio movimiento político que, aglutinando diferentes sensibilidades, sea capaz de ofrecer una alternativa nacional y constitucional al frente social comunista separatista. 

Somos muchos los ciudadanos que creemos en la libertad política, económica y social, en la soberanía nacional, en la unidad de España, en la igualdad de derechos y obligaciones de los ciudadanos, en el respeto a la Ley, en la solidaridad territorial y social o en la persona como centro de toda acción política que necesitamos un proyecto político plenamente democrático, abierto, participativo, de carácter nacional y con capacidad de integración territorial. Y, al contrario de lo que muchos analistas políticos afirman, no se trata de una competición para ver qué partido absorbe a otro. Se trata de una refundación del espacio de centro derecha, de una integración gradual y progresiva de los diferentes partidos que lo integran: coalición, confederación, federación y partido. Es cierto que a la vista del panorama actual y de los mini liderazgos que pueblan el centro derecha se antoja un objetivo inalcanzable. Pero, no cabe ninguna duda de que mientras “las derechas” sigan compitiendo entre si sus verdaderos adversarios políticos seguirán desguazando nuestra patria.

Santiago de Munck Loyola

lunes, 7 de mayo de 2018

Ni un paso más atrás.


Si hay un bien de incalculable valor que poseemos los ciudadanos españoles, ése es precisamente el idioma español. Es la segunda lengua del mundo por el número de personas que la hablan como lengua materna tras el chino mandarín, la hablan 572 millones de personas y puede ser considerada la tercera lengua del mundo por el total de hablantes tras el chino y el inglés. El español es la tercera lengua más usada en la comunicación internacional después del inglés y del francés, siendo la tercera lengua más utilizada para la producción de información en los medios de comunicación​ y también la tercera lengua con más usuarios de Internet, tras el chino y el inglés. 

Sin embargo, en España no sólo no cuidamos debidamente este tesoro especialmente maltratado en muchos medios de comunicación, sino que además en muchas Comunidades Autónomas determinados políticos han convertido al español en una pieza de caza a abatir.

A lo largo de las últimas décadas, los independentistas, los enemigos de la nación española, han ido construyendo un relato falso de la historia y presentan día a día una visión igualmente distorsionada del presente para inculcar en el imaginario colectivo la singularidad comunitaria, el victimismo y, consecuentemente, la necesidad de la independencia. Han sido décadas en las que, de una parte, el control de la educación, cedido por el Estado, ha sido determinante para moldear a las nuevas generaciones y, de otra, el control de los medios de comunicación regados con ingentes recursos públicos ha servido para difundir un mensaje permanente al servicio de su causa.

Y en este contexto el uso del idioma ha sido clave para construir un relato sectario y una nueva realidad acomodada a los objetivos políticos separatistas. La progresión en la existencia de unos más que discutibles conflictos lingüísticos ha sido perfectamente diseñada siguiendo una lógica y progresiva estrategia de reivindicación, confrontación y, finalmente, de exclusión del español como lengua común de todos los ciudadanos.  Mientras que el uso de los idiomas como instrumento de confrontación ha sido perfectamente instrumentalizado por los separatistas, las demás fuerzas políticas y la mayoría de la población han ido cediendo posiciones en aras de una malentendida corrección política e incluso de supuesto progresismo. Lo que ocurre en España en torno al español es inconcebible en ninguno de los países de nuestro entorno. Nadie en su sano juicio admitiría que en Francia, en Italia, en Portugal o en Alemania no se pueda estudiar en la lengua materna, que el estado, a través de las autonomías, imponga en los estudios el uso vehicular un idioma regional. Si le cuentas a un británico que hay territorios españoles en los que un médico no puede pertenecer a la sanidad pública si no habla catalán no saldrá de su asombro. Paso a paso, territorio a territorio, los separatistas avanzan. Primero Cataluña, Galicia, País Vasco, Navarra, luego las Baleares y ahora le toca a la Comunidad Valenciana.

Por todo ello, hoy más que nunca es necesario proteger el español y es necesario hacerlo no sólo frente a los separatistas que pretenden arrinconarlo, sino también frente a quienes por dejadez o por sumisión se pliegan a los dictados de los primeros. Y esa defensa pasa no sólo por exigir el derecho a elegirlo como lengua vehicular en cualquier parte de España o por impugnar las imposiciones legales que priman las lenguas regionales en el acceso a la función pública, sino también por combatir hasta los más pequeños detalles como puede ser la rotulación de las vías públicas e, incluso, el correcto uso del español por parte de los medios de comunicación. Nos hemos llegado a acostumbrar a que en el uso del español se incluyan palabras en catalán o valenciano no sólo en lo referente a los topónimos, sino también en la denominación de las instituciones. Los políticos podrán legislar que el nombre oficial de Guipúzcoa es ahora Gipuzkoa o el de Lérida Lleida, pero cuando uno se expresa en español seguirán siendo Guipúzcoa y Lérida. Del mismo modo, el Síndic de Greuges es el Síndico de Agravios, el Conseller es el Consejero y la Generalitat, la Generalidad. Y no puede servir de excusa el que las denominaciones oficiales sean en valenciano. Igual de ridículo debería ser que un periódico titule que la “Queen Isabel sale de London” a que titule que “La Consellera de Sanidad de la Generalitat desoye al Síndic de Greuges”. Es hora de levantar la cabeza, de abandonar complejos y de reivindicar el valor de nuestra lengua común.

Santiago de Munck Loyola


miércoles, 5 de octubre de 2016

Y, a pesar de todo, terceras elecciones.


Tras el entretenido y vergonzoso espectáculo que los socialistas han ofrecido este fin de semana a los españoles y a pesar de los cambios surgidos del mismo en el seno del PSOE, el fantasma de unas terceras elecciones generales no ha desaparecido del horizonte. Es evidente que la radicalidad de Pedro Sánchez y de su equipo solo llevaban a una alternativa: o gobierno del “cambio”, es decir, gobierno socialista con el populismo e independentistas o terceras elecciones, es decir, la constatación del fracaso de una clase política egoísta y sectaria a más no poder. Pero no sería justo achacar en exclusiva al defenestrado líder socialista la responsabilidad de esa posición imposible porque se trata de una responsabilidad compartida por el conjunto de una organización que desde hace tiempo ha ido alejándose del centro político y de la moderación para instalarse en los campos de la radicalidad. Un PSOE podemizado, tal y como acaba de declarar el presidente de la nueva gestora socialista, para el que todo valía y de la mano de quien fuera con tal de arrebatar cuotas de poder local o autonómico.

La organización socialista, como la popular cuando tocaba, ha evitado exigir responsabilidades políticas a su dirección y solo a última hora algunos han echado mano de ello para recordar que un político que ha cosechado seis derrotas electorales durante su corto mandato y que elección tras elección va empeorando los resultados electorales de su partido debería haber asumido responsabilidades y haber presentado su dimisión. Tarde se han atrevido a decir en voz alta lo que en cualquier democracia consolidada es una norma básica y ello, como es lógico, ha sido interpretado por muchos ciudadanos como una simple excusa. Es, cuando menos llamativo, que hasta el mismo día en que Felipe González no cargó contra Pedro Sánchez no se desató la tormenta que ha acabado con Pedro Sánchez y su equipo. Felipe González ha evitado, entre otras cosas, que el Rey se viera abocado a proponer a Pedro Sánchez como candidato a la Presidencia con un acuerdo bajo el brazo suscrito con Podemos que defiende el derecho a la autodeterminación y los independentistas. Menudo papelón habría tenido que asumir el Rey.

La nueva dirección socialista sigue transmitiendo un mensaje imposible, un mensaje que por mucho que pretendan no cuadra: NO a la investidura de Rajoy + NO a terceras elecciones + NO a un gobierno apoyado por independentistas. Las tres posiciones a la vez no son posibles, son incompatibles y lo saben. Es verdad que modificar el primer NO requiere tiempo, pero el principal problema es que éso es precisamente lo que no hay, tiempo. Y el segundo NO está íntimamente ligado a que se sustituya el primer NO por una abstención en la investidura del candidato popular.

Por su parte, en el Partido Popular conscientes de que el PSOE, dividido y sin candidato,  no puede permitirse ahora ir a unas terceras elecciones están dispuestos a subir el listón. Ya no quieren una simple abstención socialista, ahora reclaman cierta estabilidad para poder aprobar los próximos presupuestos y ciertas leyes. Se han hartado a decir que lo último que querían era unas terceras elecciones, que esas elecciones nos expondrían al ridículo internacional, etc. Y ahora, visto como está el PSOE y con un ojo puesto en algunas encuestas, parece que ya no les desagrada tanto esa posibilidad. No cabe la menor duda de que cambiarán el discurso como están cambiando la Ley Electoral. Dirán con toda seguridad que lo que en agosto les parecía de perlas, la abstención del PSOE, ahora es insuficiente porque no les garantiza la gobernabilidad, echarán mano de la imprescindible estabilidad y nos llevarán a esas terceras elecciones generales que, se supone, nunca han querido.

Deberían tener en cuenta, antes de aventurarse a ello, que las elecciones las carga el diablo y que, a la luz de las encuestas, podrán arañar diez escaños más si es que el calvario judicial que les toca no lo impide, pero con toda seguridad conseguirán que la oposición esté encabezada por un crecido Pablo Iglesias, cada vez más engreído y prepotente, que tras haberse comido y digerido a Izquierda Unida se comerá otra buena porción de voto socialista. ¿Es éso lo que le conviene a España? Como se dice ahora, si el PP fuerza esas terceras elecciones, si cree que es bueno para España hacerlo debería hacerselo mirar.

Santiago de Munck Loyola


sábado, 25 de junio de 2016

A reflexionar y a votar.


Terminan por fin los 15 días de campaña electoral. Lo cierto es que no hemos oído hablar mucho de las soluciones que los distintos partidos políticos ofrecen para acabar con los principales problemas que nos afectan a los ciudadanos. Y, sin embargo, nos han hartado con sus líneas rojas, con los posibles pactos de unos con otros, con sus vetos y sus “sorpassos”. Hemos visto un poco de todo, como casi siempre, aunque con algo más de participación de los candidatos en diferentes programas televisivos. Y como era de esperar, a dos días del cierre de la campaña un supuesto escándalo que afecta, como no, al PP con las grabaciones ilegales efectuadas al Ministro del Interior y al jefe de la Oficina contra el Fraude de la Generalidad Catalana. ¡Hala! A rasgarse las vestiduras los adversarios, a competir por quien se indigna más y quien pide responsabilidades por unos hechos que, la verdad sea dicha, no parecen ni graves, ni delictivos. Pero quien se ha llevado la palma ha sido el independentista Junqueras llegando a hablar de “Gal mediático” y lo ha llegado a comparar con los atentados del 11-M.

¿Pero de qué va este tipejo? Este sujeto ha llegado a afirmar que “Tenemos que protegernos contra estos criminales contra la ética y la moral. Unos ataques que no apelan a un partido, ni siquiera a una opción política, como el independentismo, sino a todos los demócratas. Y estamos a días de poder cambiar esta situación en las urnas”, añadiendo que los independentistas tienen que “acabar con este Estado y dotarnos de uno nuevo, limpio y donde esto no ocurra”. Pero ¡qué jeta!

Para criminales, Sr. Junqueras, los que se saltan continuamente la ley, el orden constitucional, para reventar el Estado; los que durante décadas al grito de “España nos roba” han estado saqueando las arcas públicas y extorsionando a los empresarios y a quien se pusiera por delante con su famoso 3%; los que han venido viviendo en ese famoso “oasis catalán”, oasis mediático comprado con el dinero de los contribuyentes que les ha venido garantizando la impunidad informativa mientras al amparo de comisiones y latrocinios alimentaban al monstruo independentista; los que falsean la historia y los que han venido cultivando hasta en el último rincón de Cataluña el odio a España y a los españoles, abonando el enfrentamiento y la fractura de la convivencia; los que conociendo la existencia de la extorsión institucionalizada del 3% o más han callado y consentido; los que se envuelven en la bandera catalana cada vez que son objeto de críticas o de denuncias por la corrupción generalizada en su región. La obligación de un Ministro de interior pasa, entre otras cosas, por perseguir el delito y a los delincuentes y la de su interlocutor grabado también. Somos los demás, los que creemos en la soberanía del pueblo español, los que repudiamos la corrupción los primeros que tenemos que protegernos de gente como Junqueras, los Pujoles y demás pandilla.

Pero además de este falso escándalo la campaña nos ha deparado algunas anécdotas que bien pueden servir para intuir por dónde van algunos personajes y lo que podría pasar si ganasen. Anecdótico ha sido el incidente montado por VOX con la colocación de una bandera de España en el peñón de Gibraltar y la detención de su autor, el presidente madrileño de esa formación política. Bien es cierto que la reivindicación de la soberanía española sobre la roca ha sido un simple reclamo publicitario para llamar la atención sobre la existencia misma de VOX, proyecto político frustrado por la ambición personal de su hiperlíder, Santiago Abascal, que lo ha convertido en su modus vivendi y que ha sido incapaz de dar la cara ante la denuncia contra su formación política por haber usado avales con la firma falsificada de vecinos de Alicante para presentar su candidatura en nuestra Provincia.

Y, hablando de Alicante, la campaña ha servido para que la izquierda radical enseñe “la patita” y sepamos los alicantinos que, si ganan, nos van a catalanizar. La coalición “A la Valenciana” (Compromis, Izquierda Unida y Podemos), ya el nombre de la coalición expresa el ninguneo de estos partidos hacia Alicante, se suma a las tesis imperialistas y expansionistas de los catalanes independentistas, no ocultan su intención de arrinconar a los hispanoparlantes ni su deseo de acabar con la libertad educativa.

Hemos podido ver en campaña cómo se puede evolucionar ideológicamente sin soltarse la coleta. Toda una lección de ciencia política. El Sr. Iglesias nos ha enseñado cómo se puede pasar de bolivariano a filodanés y de comunista a socialdemócrata y su colega Monedero como se puede soñar con una judicatura y una policía al servicio del gobierno para detener a cualquier que ellos consideren sospechoso de desafección a sus dictados.

Y para cerrar la campaña los británicos también han terminado por influir en la misma. No habían terminado de entrar en Europa y se salen. Es decir, estaban en el club pero con condiciones de privilegio. Pues bien, que se vayan. Es verdad que nos van a hacer bastante daño económicamente pero, al final, el lastre que venían suponiendo para la construcción de una Europa más integrada y solidaria desaparece y los actuales daños se repararán con mayores ventajas para el resto. Eso sí, ya ha dicho Pablo Iglesias que si PP, PSOE y Ciudadanos le hubiesen ayudado el Brexit no habría ganado. ¡Ahí queda eso!

En fin, que se ha acabado el postureo electoral. Toca reflexionar, meditar y, sobre todo, votar. Que hablen las urnas, que hablemos los ciudadanos a ver si esta vez somos capaces de enmendar la plana a unos políticos que han demostrado su incapacidad para escuchar y sintonizar con nuestras necesidades y con nuestros mandatos. Solo hay una cosas segura: cuando nuestros líderes hagan sus primeras valoraciones sobre los resultados seguro que todos han ganado.

Santiago de Munck Loyola


domingo, 29 de mayo de 2016

Más España, garantía de libertad y de progreso.



Si nuestra democracia tiene una asignatura pendiente desde 1978 es precisamente la configuración del modelo territorial del Estado. El estado de las autonomías diseñado en la Constitución ha demostrado después de décadas que ha fracasado y es que no se pueden calificar de otra forma sus resultados: ineficiencias, duplicidades, despilfarros, ruptura de la solidaridad territorial o potenciación de las fuerzas disgregadoras contra la propia Nación. El modelo que se planteó como una respuesta integradora a las fuerzas nacionalistas sólo ha servido para que éstas adquieran más poder y para que la supervivencia del propio Estado esté en peligro. El modelo que se construyó con el objetivo de acercar más la administración a los administrados ha servido no sólo para descentralizar sino para crear nuevos centralismos periféricos y para fragmentar buena parte de la soberanía nacional a través de los parlamentos regionales. El modelo que se diseñó para incrementar la cohesión entre los españoles ha servido finalmente para que los españoles no gocemos de los mismos derechos y obligaciones según el territorio en el que vivamos. Un camino que se inició desde la perspectiva de la descentralización administrativa se transformó en descentralización política y ha desembocado en la disgregación del propio estado.

Los nacionalismos siempre han tenido claro su objetivo final, la destrucción de España como Nación y la independencia de sus territorios. Y para conseguirlo han desarrollado estrategias similares, paso a paso, con modulaciones en sus discursos, cobijados en el victimismo y envueltos en sus banderas territoriales como defensa ante cualquier denuncia contra sus abusos o corrupciones. Las continuas cesiones ante las permanentes reivindicaciones de los nacionalistas sólo han servido para alimentar a estos monstruos y para que sigan creciendo. Hoy los independentistas son más fuertes gracias a los débiles mecanismos del Estado, a la falta de visión de la clase política constitucionalista y, sobre todo, a la ausencia de un objetivo nacional compartido por los partidos políticos que dicen defender la unidad de España con su consecuente estrategia de desarrollo.

Hay que decir las cosas claras. Aquí sólo hay dos posiciones, dos objetivos antagónicos: la defensa de la unidad de España y la defensa de la independencia de partes de su territorio. No hay posiciones intermedias. No puede haber soluciones de compromiso entre ambas partes porque los nacionalistas-independentistas han demostrado hasta la saciedad que cada compromiso alcanzado sólo ha sido una cesión más en favor de su proyecto independentista, que no tienen lealtad constitucional porque no creen en ella y que no aceptan tan siquiera la existencia del pueblo español y de su soberanía. Cualquier idea es defendible democráticamente y, por tanto, del mismo modo que se ha venido aceptando la defensa de las tesis independentistas es hora de dejar de satanizar la defensa democrática y pacífica de las tesis contrarias, las que defienden la unidad de España y el reforzamiento del Estado español, las que defienden la soberanía única del pueblo español en su conjunto. Les guste o no a los independentistas, la Nación española existe y sólo ella puede decidir su futuro.

Frente a los objetivos de los independentistas, existe el objetivo de salvaguardar, proteger y seguir construyendo nuestra Nación. Una Nación sustentada en la soberanía de todos los españoles, en la que se promueva la igualdad de derechos y obligaciones de sus ciudadanos con independencia de su lugar de residencia, con una Justicia, una Educación, una Sanidad, unas prestaciones Sociales o unas Fuerzas de Seguridad comunes a todos los españoles. Y para desarrollar este objetivo nacional es imprescindible romper con la estrategia que han venido desarrollando a lo largo de los últimos cuarenta años los partidos constitucionalistas y que sólo ha servido para alimentar y fortalecer a los partidos no constitucionalistas. La reforma del estado de las autonomías para corregir el rumbo disgregador seguido hasta ahora no puede pasar ni por más cesiones, ni por más autonomía, ni por el federalismo. Debe pasar, si no se quiere dinamitar definitivamente a España, por reivindicar y desarrollar la recuperación de todas las competencias en manos de las autonomías que quiebran el principio de unidad social o de mercado, de todas aquellas que limitan la igualdad entre los españoles o la solidaridad entre sus territorios. No hay otro camino. Desde el respeto a las reglas de la democracia, se puede y se debe defender la actualización del objetivo nacional de España y de una estrategia política coherente y decidida para lograrlo. Más España es más libertad y más progreso, no cabe ninguna duda.

Santiago de Munck Loyola





sábado, 16 de enero de 2016

La traición socialista.


Sin duda, la noticia política de la semana ha sido la decisión del líder del PSOE, Pedro Sánchez, de ceder senadores socialistas a dos formaciones independentistas, Esquerra Republicana de Cataluña y Democracia y Libertad, la heredera de la corrupta Convergencia Democrática del Sr. Mas, para que puedan formar grupo parlamentario propio en el Senado y, con ello, que puedan contar con más tiempo y más dinero para seguir atacando a la unidad de España. Esta decisión socialista, que debería marcar un antes y un después en la historia del PSOE, no puede analizarse fuera del contexto actual en el que nos movemos, un contexto excepcional en el que el desafío a la soberanía nacional y a la unidad de España es más fuerte que nunca y en el que la búsqueda de un gobierno estable, tras los resultados de las elecciones generales del 20 de diciembre, no puede justificar semejantes trapicheos con los enemigos de España.

Pedro Sánchez y algunos portavoces socialistas se han apresurado a justificar esta sorprendente decisión apelando a los antecedentes existentes y a la llamada "cortesía parlamentaria" que, en realidad, no es otra cosa que un fraude de ley, burlando el Reglamento de la Cámara Alta para conceder lo que las urnas no han concedido. Y la desfachatez llega a su cima con la justificación esgrimida por el número dos socialista, César Luena, cuando vincula esta decisión a los “anhelos de los españoles”. Pero ¿de dónde ha salido este individuo? ¿cómo se puede tener tanta cara dura?

El primer y gran reto que tiene España es la defensa de la soberanía del pueblo español, el fundamento de la legitimidad de todas sus instituciones democráticas, que está siendo sistemáticamente atacada por los independentistas poniendo con ello en juego todo lo demás, recuperación económica incluida. Resulta incomprensible que partidos políticos como el PSOE no sólo no sean capaces de subordinar sus políticas partidistas a esa defensa de la soberanía de los españoles, sino que además colaboren activamente con quienes quieren dinamitarla. Se trata de una traición en toda regla. No caben los matices.

Y ante esta espuria maniobra socialista no basta con su denuncia pública como reiteradamente vienen haciendo los dirigentes del Partido Popular, sino que hay que utilizar o intentar utilizar todos los medios y mecanismos legales de los que se dispone. El Partido Popular dispone de una amplia mayoría absoluta en el Senado y puede y debe usarla porque estamos ante una situación excepcional. Si una interpretación fraudulenta del reglamento del Senado es la que facilita que los socialistas consuman esta traición al electorado y a España, refórmese ese mismo Reglamento para impedir o, en su caso, disolver aquellos Grupos Parlamentarios que se constituyan con senadores prestados. Es una cuestión de decencia y de voluntad política que, además, se ajustaría mucho más a los resultados de las urnas que, con las reglas de juego vigentes, no otorgaron a los independentistas la posibilidad de tener Grupo Parlamentario propio en el Senado.

Los 124 senadores del Partido Popular tienen la obligación política y patriótica de anunciar e intentar la reforma del Reglamento del Senado para deshacer la inaceptable decisión de Pedro Sánchez. No basta con lloriquear ni con rasgarse las vestiduras, hay que transformar en decisiones políticas lo que es de sentido común y devolver así al Senado y a los votantes la dignidad que los socialistas les han arrebatado. Los principios se demuestran con hechos. Y, si no lo hacen, mejor que se callen.

Santiago de Munck Loyola


martes, 29 de septiembre de 2015

Menos para Mas.


Lo bueno de los escrutinios de cualquier proceso electoral es su capacidad de poner de acuerdo, por una vez, a todos los partidos políticos que participan en el mismo. Bueno, maticemos, a casi todos. A la hora de hacer balance parece que todos han ganado las elecciones, todos están casi satisfechos y algunos, incluso, eufóricos aunque la realidad sea bien distinta.

Buen ejemplo de ello han sido las últimas elecciones autonómicas de Cataluña. Y es que el que no se consuela es porque no quiere. Y el que bate todas las marcas es el Sr. Arturo Más. ¡Qué lince! Venga a adelantar elecciones y, con ello, a liquidar a su propio partido político, Convergencia Democrática de Cataluña. Por si no fuera poco tener las sedes del partido embargadas encima menos diputados autonómicos. En 2010 tenían los convergentes 62 escaños, en 2012 bajaron a 50 y ahora tras el 27-S se han quedado en 29 escaños. Un fenómeno Arturito. Si se aplicase con el mismo esmero a rebajar la deuda pública catalana otro gallo cantaría.

Otros que parece que andan muy contentos son los de Esquerra Republicana a pesar de que han pasado de tener 21 diputados obtenidos en el 2012 a quedarse en 18 escaños. Para aclararnos, en 2012 la suma de diputados de ERC y Convergencia era de 71 y tras el 27-S es de 47. Todo un logro. Así que a los 29 escaños de CDC y a los 18 de ERC hay que sumar los 13 de independientes y 2 de dos minipartidos para completar los 62 que ha obtenido la candidatura independentista de Juntos por el Sí. Es lo que se dice hacer un pan como unas ostias.

No importa. Echan las campanas al vuelo porque sumando los 10 de la CUP, independentistas, llegan a los 72 escaños y parecen olvidar que en 2012 la suma de Convergencia, ERC y la CUP era de 74 escaños. Si eso no significa que hay ahora menos diputados independentistas que hace tres años que venga Dios y lo vea.

Los socialistas también andan más contentos que unas castañuelas. Pensaban, y así lo decían las encuestas, que se iban a pegar un batacazo por la irrupción de los podemitas y, al final, solo han perdido cuatro escaños, pasando de 20 a 16. Exitazo. Ya se ven en la Moncloa pactando, si hace falta, hasta con el diablo, con o sin coleta.

¿Y los podemitas? Parece que el Sr. Pablo Iglesias no anda muy satisfecho. Han obtenido 11 escaños pero lo cierto es que pese a haber fagocitado a la versión catalana de Izquierda Unida, los podemitas no han sido capaces de alcanzar los 13 escaños que aquellos obtuvieron en 2012. La digestión ha debido ser demasiado pesada para tan escaso cuerpo político.

Por su lado, los populares son, dígase lo que se diga, otros de los grandes perdedores de la jornada electoral. Pasan de 19 a 11 escaños. Con todo, las encuestas les habían otorgado un pronóstico de 4 o 5 escaños. Algún motivo de consuelo les queda a algunos.

Y si hay alguien que sí ha triunfado el 27-S es Ciudadanos, un partido de centro izquierda que ha sabido atraer el voto del centro derecha español en Cataluña. Se ha erigido como referente de unidad para muchos ciudadanos que no han querido revalidar su confianza en un Partido Popular cada vez más enrocado en sus posiciones.

Tras tanto ruido, pocas nueces. Poco ha cambiado en el panorama político catalán (respecto al eje independencia – no independencia) en relación a las elecciones autonómicas de hace tres años. Hay 2 diputados independentistas menos y el independentismo no alcanza el 50 % de los votantes. ¡Qué casualidad, le falta el 3%!

Lo que sí ha cambiado es la distribución del voto en el centro derecha catalán al producirse un importante trasvase de votos populares hacia un partido de centro izquierda como es Ciudadanos. Y ello puede ser especialmente significativo de cara a las próximas elecciones generales.

Santiago de Munck Loyola


domingo, 6 de septiembre de 2015

CARTA ABIERTA DE UNA ABUELA A LA INDEPENDENTISTA CARMEN FORCADELL.

Subo un escrito de mi mujer:

CARTA ABIERTA DE UNA ABUELA A LA INDEPENDENTISTA CARMEN FORCADELL.

Sra. Independentista Carmen Forcadell:

Ayer le oí decir algo que me rechinó. Decía que con ustedes "las mujeres podrán hacer de mujeres, no de canguros en caso de las abuelas o de compañeras en caso de las cuidadoras". Disculpe, yo entiendo por canguro un trabajo, cuidar unos niños a cambio de dinero, algo muy normal. Pero resulta que dirigido a las abuelas me ofende.

Señora, las abuelas somos ABUELAS y MUJERES, nos mueve el amor y no el dinero. Un día tuvimos hijos, HIJOS, no amigos como se dice ahora. Les cuidamos, les dimos lo mejor que pudimos y supimos a la vez que sufríamos por lo que no podíamos darles. Les quisimos desde el primer día que les vimos. 

Después llegaron los nietos y ocurrió exactamente lo mismo (se llama la cadena del amor). Ahora dedicamos parte de nuestro tiempo libre a cuidar de nuestros nietos y nos pagan ¡sí! Nos pagan de la mejor manera, con su compañía, ingenuidad y alegría y nos hacen felices. No nos hacen mujeres, no, ya lo éramos y lo somos.

Nuestros hijos ya saben y pueden más que nosotros, pero aún les podemos ayudar de esa forma, sabiendo que cuando están trabajando sus hijos están en las mejores manos después de las suyas, claro.

Señora, lamento que usted no comprenda estas cosas tan sencillas. Tal vez tenga esa obsesión de los políticos de calificar y dirigir la vida de los demás. Verá, la vejez es una etapa más de la vida y cada uno debe ser libre para vivirla como más le guste. Unos querrán cuidar de sus nietos y otros preferirán otras cosas. Todo está bien, pero por favor no nos salve la vida, algunas queremos ser ABUELAS, ni cuidadoras ni canguros, ABUELAS. ¿Me puede usted explicar si en la sociedad ideal que usted plantea no habrá niños, enfermos o viejos? Y si no es así, ¿sólo podrán ser cuidados por hombres y mujeres a sueldo? ¿Estarán así mejor cuidados?

Señora, hay muchas abuelas entre las que me encuentro que cuidamos a nuestros nietos por amor, ni por obligación, ni por dinero, simplemente por amor. Verá, ahora y siempre la familia se ha movido y se mueve por amor. Las mujeres podemos ser muchas cosas y, a la vez, esposas, madres y abuelas.

Atentamente.

Antonia Boyer
Una Abuela.