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miércoles, 10 de enero de 2018

La Constitución, el independentismo y Alicante (Primera parte).

Este año se cumplirá el 40 aniversario de la aprobación de la Constitución española. Se puede y se harán toda clase de valoraciones sobre su desarrollo, su eficacia o su aplicación. Pero quizás, ante el problema catalán, hay un hecho incontestable: tras cuarenta años de desarrollo del estado autonómico, diseñado en principio para satisfacer las aspiraciones territoriales, hoy hay más independentistas en Cataluña que hace 40 años, hoy existe más riesgo de ruptura de la unidad de España que hace 40 años. La Constitución de 1978 no ha servido para solucionar la tensión centro-periferia sino que la ha agravado. Y lo ha hecho en calidad y en cantidad, los nacionalistas se han convertido en independentistas y su número se ha multiplicado exponencialmente. Cada transferencia competencial sólo ha servido para alimentar el independentismo. Se equivocan quienes tratan de explicar el crecimiento del independentismo por una supuesta falta de diálogo del Gobierno de la Nación o por las supuestas afrentas sufridas por la sentencia del Tribunal Constitucional anulando algunos artículos del Estatuto de Autonomía cuyo alcance ignora la inmensa mayoría de los votantes independentistas. Durante 40 años, los nacionalistas han elaborado y difundido un discurso basado en el victimismo, han logrado solaparse con Cataluña de modo que, al final, cualquier crítica a un político nacionalista, por muy torpe o corrupto que fuera, la vendían como un insulto a Cataluña.

La Constitución de 1978 ha sido y es el abono para el crecimiento del independentismo. Cada competencia transferida a la autonomía catalana se ha convertido en un hachazo más para derribar el tronco de la soberanía del pueblo español. Los nacionalistas del 78 siempre fueron independentistas. No querían la autonomía para buscar y asentar éso que algunos denominan un nuevo “encaje” de Cataluña con el resto de España, sino para alcanzar a largo plazo la independencia y, para ello, necesitaban los instrumentos económicos, legales y, sobre todo, educativos que el Estado de las autonomías les podía transferir. Durante 40 años los independentistas han construido un relato histórico falseado que han inoculado al conjunto de la sociedad catalana sin que se produjera una réplica o reacción por parte del conjunto de la sociedad española ni, por supuesto, de la clase política más interesada en la utilización partidista y coyuntural de los instrumentos del Estado. El denominado “oasis” catalán ha sido una realidad consentida por el conjunto de la sociedad española, por su clase política y económica y especialmente por los medios de comunicación. Y las consecuencias están ahí.

Hoy tenemos un gran problema como Nación. Un problema que ha crecido y se ha agravado gracias a la Constitución de 1978 y al diseño y desarrollo dela estructura del Estado establecida en la misma. Hoy, los españoles no poseen los mismos derechos y obligaciones con independencia del territorio en el que vivan. Hoy, podemos constatar que mientras los Estados de la Unión Europea han caminado hacia la armonización de sus legislaciones nuestra Constitución ha seguido exactamente el camino contrario. No es posible resolver el gran problema que tenemos como Nación sin reconocer y señalar claramente su origen. Ni el federalismo, ni alcanzar cotas más altas de autonomía van a solucionar el problema sino todo lo contrario. El federalismo porque es lo último que desean los independentistas ya que supondría la igualdad competencial para todas las regiones. Más autonomía tampoco porque el margen de cesiones es prácticamente inexistente y está demostrado que solo sirve para alimentar al monstruo.

Mientras tanto, mientras se mantiene el actual estado autonómico, el monstruo independentista no sólo se mantiene en Cataluña, sino que se está expandiendo a los territorios limítrofes que forman parte de esa ensoñación que constituyen los llamados Países Catalanes. Parte de Aragón, la Comunidad Balear y la Comunidad Valenciana están ahora mismo cultivando y abonando con los recursos proporcionados por el estado autonómico al engendro independentista y expansionista catalán.

Es un hecho, una realidad incontestable que requiere una acción política firme y decidida. Los que vivimos en la Provincia de Alicante estamos ya sufriendo esta situación, pero podemos intentar revertirla si, en vez de mirar hacia otro lado, somos capaces de usar los instrumentos que el estado autonómico tiene a nuestra disposición pero justamente en la dirección contraria a la que los independentistas han venido siguiendo. No es imposible. Se puede hacer y se debe hacer.

Fdo. Santiago de Munck Loyola

lunes, 2 de febrero de 2015

El PP sin propósito de enmienda.


Cuando de pequeños nos enseñaban el catecismo nos decían que para hacer una buena confesión, y por tanto para obtener el perdón de los pecados, era necesario y por este orden empezar por hacer examen de conciencia, sentir dolor de los pecados, hacer propósito de enmienda, confesarse y cumplir la penitencia.

El sábado pasado, la alegría de la huerta, el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se personó por fin, tras seis meses de retraso, en un acto con empresarios de la Comunidad Valenciana y líderes regionales y locales del Partido Popular. Los socialistas habían interpretado este acto como una “contraprogramación” del PP al cónclave socialista que los “barones”, excepción hecha de Susana Díaz, celebraban también en Valencia, pero en el fondo la comparecencia del simpático Ministro de Hacienda les ha venido bien, sobre todo a los socialistas valencianos.

Y es que parece que Cristóbal Montoro ha debido decidir que es hora de obtener el perdón de los ciudadanos de esta Comunidad que, dicho sea de paso, no están representados por los empresarios, ni mucho menos. Ha debido hacer examen de conciencia y hasta podría parecer que siente dolor por sus “pecados”. Por fin, se ha dignado a reconocer tarde y mal que la Comunidad Valenciana está “infrafinanciada” con el actual sistema de financiación autonómica. El ministro tras reconocer lo que todos sabíamos menos él y sus subordinados ha señalado que la obligación de un Gobierno es corregirlo y, a renglón seguido, no tuvo empacho alguno en admitir que el Gobierno del Partido Popular, conociendo esta injusticia, no lo ha hecho porque ha estado centrado en “salir de la crisis” y que, ahora, ya no hay “tiempo” para reparar el daño que se está haciendo a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Ya se sabe, el Gobierno del Partido Popular no puede hacer dos cosas a la vez, no puede trabajar por “salir de la crisis” y resolver las injusticias en la financiación autonómica, no puede ocuparse de la economía y hacer política simultáneamente y por ello ha aparcado promesas electorales como la de la reforma de la Ley del Aborto. No dan para más.

Es evidente que el Ministro Montoro y sus silentes acompañantes Fabra, Ciscar, Bonig, etc. quieren hacer trampa. Buscan el perdón de sus pecados pero sin propósito de enmienda alguno y, por supuesto, sin cumplir ninguna penitencia. Con ellos, los alicantinos no estamos de enhorabuena ni mucho menos. Porque a la infrafinanciación de nuestra comunidad, discriminación pura y dura, sumamos la infrafinanciación y discriminación que desde hace años recibimos desde Valencia. Gobierne el PPCV o el PSPV, Alicante sigue siendo la provincia que menos recursos recibe de la Generalidad Valenciana. Es un hecho cierto y constatado por numerosos informes que Alicante no percibe ni del Estado ni de la Generalidad Valenciana lo que, por su población y economía, en justicia le corresponde y es una realidad incontestable que nuestros paniaguados representantes no levantan la voz contra ello, no sea que pierdan el asiento. En Esperanza Ciudadana queremos acabar con ello y lo haremos si contamos con el respaldo de los alicantinos.

Santiago de Munck Loyola



viernes, 28 de marzo de 2014

Fabra: 'La Comunidad está lista para despegar y no nos van a parar'.

El que no corre vuela... o lo intenta. Ayer el Presidente Alberto Fabra declaró que 'la Comunidad está lista para despegar y no nos van a parar'. Esta asombrosa declaración demuestra dos cosas: que, de una parte, tanto él como el PPCV necesitan autoconvencerse de que pueden quebrar las tendencias de las encuestas y, de otra, que estan torpe con la palabra como con el gobierno de nuestra Comunidad.
 
Tanto dinero público empleado en asesores, en un 'entrenador' personal, en gabinete de imagen y comunicación y no se le ocurre al inefable Presidente Alberto Fabra otra cosa que hablar de 'despegues' teniendo, como tiene, la Comunidad Valenciana una perla del derroche y la ineficacia del PPCV tan evidente y escandalosa como el aeropuerto de Castellón, tres años cerrado, sin ningún avión a la vista y con millones de euros invertidos y por invertir en su mantenimiento. 
 
Si es que donde no hay, no hay... ¡Vaya liderazgo! Más vale que los votantes de centro derecha se apeen de un avión averiado cuyo comandante de vuelo, además, es el Sr. Fabra.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/03/27/53341e1422601d3f208b457f.html


Santiago de Munck Loyola
http://santiagodemunck.blogspot.com.es

domingo, 10 de noviembre de 2013

Al rescate de los valores traicionados.


El cierre de la RTVV es la constatación del fracaso, no de unas ideas ni de un proyecto político, sino de un determinado modo de hacer política que desde hace muchos años se ha ido instalando en buena parte de la clase política y, especialmente, de aquella que al acceder y perpetuarse en el poder olvida por qué y para qué está ahí. Y esa especial forma de hacer política consiste en olvidarse del objetivo fundamental de toda acción política, la vocación de servicio público de transformación del entorno de acuerdo con unos principios y programas, de acuerdo con una ética política concreta. Cualquier parecido entre la gestión del ente RTVV durante los últimos 18 años y los principios y programas del Partido Popular es pura coincidencia. Si esta gestión hubiese estado presidida por la austeridad, la eficacia, la ejemplaridad, la imparcialidad, la honradez o el respeto a las más elementales normas de transparencia democrática, conceptos todos ellos que se pueden leer y releer en infinidad de documentos y programas del Partido Popular, hoy la RTVV seguiría funcionando y lo estaría haciendo como un ente informativo de servicio público ejemplar. Pero no ha sido así y el resultado está a la vista, como lo está también en muchos otros ámbitos de la gestión pública en la Comunidad Valenciana. Es evidente que esa forma de hacer política que prescinde de los principios y los programas es la causa de tanto desacierto y de tantos errores que nadie asume como se hace en una democracia, dimitiendo.

No somos pocos los que, compartiendo esos principios y esos programas por los que, además, hemos trabajado durante años, nos sentimos profundamente desilusionados y avergonzados. Algunos hemos constatado que es imposible intentar desde dentro promover cambios que desde la regeneración permitan una recuperación de los valores y los principios en los que seguimos creyendo. Y también hemos llegado a la conclusión de que no podemos permanecer pasivos ante una situación política que nos produce rechazo. Ninguna organización política, por poderosa que sea, tiene el monopolio de las ideas y los valores en los que creemos. Cuando una bandera deja de representar nuestros valores y quienes la enarbolan son mercenarios de la política es mejor ir al rescate de esos valores y volverlos a situar en primera línea de la acción política.

Los ciudadanos que creemos en el valor de la persona, de la vida humana, de la libertad, de la unidad de España, de la igualdad de derechos y de obligaciones entre los ciudadanos de cualquier territorio; los ciudadanos que creemos que los derechos son de las personas y no de los territorios, que la economía debe estar al servicio de la política y no a la inversa, que la educación, la sanidad, las pensiones y la prestaciones sociales básicas han de estar garantizadas para todos y por igual con independencia de la región, que hay que promover vínculos de unión y no de separación; los ciudadanos que queremos que la clase política sea ejemplar, que no goce de los privilegios que hoy ostenta, que se regulen y limiten todos los sueldos públicos, que los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales vivan exclusivamente de las cuotas de sus afiliados y no de las subvenciones públicas, que se persiga la corrupción y que los corruptos no se beneficien de indultos; los ciudadanos que aspiramos a una paz con vencedores y vencidos, que exigimos más firmeza frente a los terroristas, que cumplan íntegramente sus condenas y que no se les beneficie con anómalas sentencias de Estrasburgo; los ciudadanos que creemos imprescindible una reforma fiscal que suponga el fin de la asfixia a la clase media, que queremos menos estado y más sociedad, menos impuestos y más crédito, menos recortes y mejor inversión pública; los ciudadanos que, en definitiva, creemos que hay una forma diferente de hacer política, una forma basada en la participación ciudadana, en la permeabilidad de los partidos a las corrientes de opinión, en la responsabilidad política del gestor frente a los administrados y en el respeto a los programas electorales y a los compromisos adquiridos, tenemos la obligación de ponernos en movimiento. Nada cambiará si no lo hacemos nosotros.

En nuestra Comunidad, el desencanto de los electores de centro y centro derecha ha ido propiciando la aparición de multitud de pequeños grupos y organizaciones de ámbito local o comarcal. Y al margen de la existencia de posibles personalismos, como algunos pretenden de forma maliciosa  justificar su aparición, lo cierto es que en la inmensa mayoría de estos grupos subyace una profunda sensación de decepción, de estafa política. Hoy por hoy, muchos electores de centro derecha, si tuvieran que votar, o bien se quedarían en casa o bien terminarían por votar, paradójicamente, a un partido de izquierdas como UPyD. Nada más absurdo. El rescate de los valores usurpados, abandonados o traicionados por algunos debería pasar necesariamente por un movimiento de convergencia y de coordinación de todos esos pequeños grupos y, además, con la generosidad política tan ausente en otro sitio.

Los ciudadanos en movimiento podemos rescatar esos valores y principios que los hechos han demostrado que no se aplican, que sólo son la tapadera de incompetentes y medradores de la política. No es tarea fácil, pero es ilusionante. Hay viento favorable y tenemos la ventaja de saber a qué puerto queremos llegar.


Santiago de Munck Loyola

lunes, 20 de mayo de 2013

Sin financiación justa no puede haber un reparto justo del déficit.



Estos últimos días ha estado muy agitado el patio autonómico a cuenta del reparto del déficit. Y si esta agitación la ha producido el reparto del déficit resulta inimaginable lo que habría sido si el reparto fuera de un superávit. Habrían volado los cuchillos y las navajas. Cada Presidente autonómico y en especial los del PP que para eso son la mayoría ha intentado hacer valer sus razones y argumentos sobre cómo debería ser ese reparto: igual para todos, asimétrico, penalizando a los incumplidores, premiando a los más cumplidores, etc. Cada cual, en su visión de reino de taifa, se encuentra asistido de poderosas razones con las que sostener sus argumentos. Muchas de las ideas que se han expuesto parecen bastante razonables.

No les falta razón a quienes llevan años apretándose el cinturón y claman contra una posible benevolencia hacia los incumplidores. Para muchos, el hecho de que Cataluña pueda verse beneficiada con un mayor margen de déficit que el resto sin haber hecho los deberes como los demás y sin haber renunciado a gastos inútiles y disparatados constituye una afrenta, no para ellos, sino fundamentalmente para los ciudadanos de sus respectivas Comunidades Autónomas que sí han sufrido los rigores de toda clase de ajustes y recortes en nombre de la tan cacareada austeridad y estabilidad presupuestaria. Señalan que otorgar a Cataluña un mayor déficit que al resto de las comunidades autónomas es facilitar, además, el proyecto independentista a costa del bolsillo de los demás. Y no es que los ciudadanos de Cataluña no hayan sufrido en sus carnes también muchos recortes de mano de sus gobernantes separatistas sino que lo han hecho a costa de mantener seudo embajadas superfluas o un entramado televisivo público insostenible, pero muy rentable políticamente para los fines separatistas.

Hay quien, como el Presidente Fabra, reivindica el establecimiento de un déficit asimétrico, o sea, desigual, para entendernos, justificado por un hecho indiscutible como es la gran diferencia de financiación entre las distintas comunidades autónomas; un hecho que viene perjudicando especialmente a la Comunidad Valenciana que tan sólo entre 2011 y 2012 ha recibido 5.500 millones de euros menos de lo que habría recibido en el supuesto de contar con la misma cantidad por habitante, por ejemplo, que Cataluña. La Comunidad Valenciana ha sido la autonomía que menos ingresos públicos por habitante ha tenido en estos dos últimos años. Por cierto, algo parecido le pasa a la Provincia de Alicante en cuanto a las inversiones de la Generalitat en la misma que, al igual que con las inversiones estatales, está discriminada. No se puede pedir a quien recibe menos financiación que disminuya sus gastos en la misma medida que quienes perciben mucho más por cada habitante.

A nadie se le escapa que el tema de la financiación es un tema espinoso cuya solución se viene arrastrando desde hace muchos años. A la hora de pedir dinero, cada región encuentra siempre un motivo diferencial con el que justificar una demanda mayor que la de su vecino. Cuando no se trata de las peculiaridades geográficas, se trata de el PIB o si no de la población estacional, el nivel de desempleo o la existencia de lengua propia. Lo cierto es que hoy el principio constitucional de la igualdad entre los españoles está más lejos que nunca de ser una realidad. Los españoles, en función del territorio de residencia, cuentan con un mayor o menor catálogo de prestaciones públicas, una fiscalidad diferente y una aportación estatal también distinta. Es evidente que seguir avanzando en la misma dirección sin antes proceder de una vez a abordar con decisión y con la legitimidad que otorgan las urnas a una profunda revisión de nuestro modelo sólo puede servir para seguir incrementando los agravios comparativos entre los ciudadanos españoles. Establecer un determinado criterio del reparto del déficit sobre la base de un injusto sistema de financiación que hace que valga más un ciudadano residente en Navarra que otro en la Comunidad Valenciana es profundizar en la injusticia y en la fragmentación de la cohesión social.

En todo caso y sea cual sea la solución que finalmente se adopte en este asunto, bienvenido sea el debate público entre los dirigentes autonómicos y especialmente entre los populares. Pese a lo que algunos afirmen, el debate público es siempre enriquecedor y, como muy bien ha señalado alguno, unidad no es lo mismo que uniformidad. Es posible que “el apoyo al gobierno no sea negociable” entre los Presidentes autonómicos populares, pero lo que es indiscutible es que lo que no es, ni debe ser negociable es la lealtad a los ciudadanos y la defensa de sus derechos frente a cualquier tipo de injusticia discriminatoria. No le falta razón al Presidente Fabra pero en política, en muchas ocasiones, no basta con tener razón. Deberá tener cuidado con lo que dice no sea que alguien termine por acusarle de intentar crear una corriente de opinión contraria a los intereses del partido si éstos, además, no coinciden con los intereses del ciudadano.

Santiago de Munck Loyola

lunes, 11 de abril de 2011

LAS LISTAS DEL PP, UN ESPECTÁCULO.

Ni la Comunidad, ni Alicante, ni los votantes, ni los militantes del PP se merecen el espectáculo organizado en torno al proceso de elaboración y proclamación de las listas del Partido Popular tanto para las autonómicas, como para las elecciones locales.

Un proceso largo y tedioso plagado de enfrentamientos, traiciones y conspiraciones que ha concluido con la aprobación de unas candidaturas que no han terminado de satisfacer, por lo visto, a ninguna de las partes enfrentadas en este procedimiento (http://www.diarioinformacion.com/alicante/2011/04/09/cien-candidatos-pp-alicantino-cercanos-ripoll-indignados-lista-autonomica/1114686.html ) y que está dando que hablar, y mucho, a los rivales del PP.

Sin entrar en la apreciación que pueda merecer la presencia de imputados en diferentes procedimientos judiciales en estas listas, pues es evidente la utilización sectaria y partidista que de la justicia y de los medios policiales se viene haciendo desde hace tiempo, lo cierto es que sirve para “echar carnaza” a los adversarios políticos, siempre dispuestos a acabar con la presunción de inocencia cuando no se trata de los propios conmilitones.

Hay un hecho indiscutible que afecta a todas estas listas recientemente aprobadas y que podrán satisfacer más o menos a unos y a otros: que estas listas se han hecho de espaldas de los militantes de Partido Popular. Y ello es así en virtud del procedimiento establecido en los Estatutos del propio Partido y que al final determina que los dirigentes de Madrid, miembros del Comité Electoral Nacional, saben mucho mejor qué candidatos convienen a los alicantinos, por ejemplo, que los propios afiliados del Partido Popular de Alicante. A los afiliados del partido Popular ni se les consulta ni se les deja opinar internamente sobre sus preferencias para la designación de los candidatos a la Alcaldía de la ciudad o a los escaños de las Cortes Valencianas. Es un hecho evidente e incontestable, como lo es también el hecho de que, pudiendo hacerlo, ningún candidato a la Alcaldía de las grandes ciudades tiene el valor de someterse a una asamblea informativa del Partido para medir el apoyo con que cuentan entre la militancia. Los militantes del Partido Popular solo cuentan para pagar la cuota de afiliación, para que los llamen para llenar las sillas de los actos electorales y para esperar ahora a que les llamen para hacer de apoderados e interventores el día 22 de mayo.

Otro hecho que denotan estas listas recientemente aprobadas es la pretensión de acumular puestos institucionales por parte de algunos candidatos. Los estatutos del PP regulan determinadas incompatibilidades para que esto no ocurra. Pero, hecha la norma, hecha la trampa: hay excepciones. Y, acogiéndose a la excepción generalizándola, hay quienes son candidatos a la Alcaldía de su ciudad, como en Alicante y Valencia, y al mismo tiempo candidatos a ser diputados por la Provincia en las Cortes. Seamos serios por favor ¿dirigir una ciudad como Alicante no exige una dedicación al cien por cien? Y ¿representar a la Provincia en las Cortes no exige también una dedicación permanente? Supongo que la respuesta a ambas preguntas sólo puede ser afirmativa. Entonces ¿cómo se puede hacer compatible ser Alcaldesa, por poner un ejemplo, de Alicante y al mismo tiempo diputada en las Cortes? ¿En cuál de los dos cargos no va a haber una dedicación al cien por cien? Que nos lo digan, porque los electores tenemos derecho a saberlo.

Los que hoy se sienten defraudados o indignados por esta forma de hacer las cosas deberían tomar buena nota de ello y actuar en consecuencia cuando llegue la hora de elegir a los dirigentes del partido en su localidad o cuando llegue la hora de apoyar, en el próximo Congreso, las enmiendas destinadas a devolver la palabra y el poder a los afiliados del Partido Popular y a reforzar el sistema de incompatibilidades para acabar con estos abusos.

Santiago de Munck Loyola