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lunes, 3 de diciembre de 2018

Elecciones andaluzas 2018.



Los resultados de las elecciones autonómicas andaluzas han sido sorprendentes en muchos aspectos. Lo más importantes es el cambio en la correlación de fuerzas de los dos bloques electorales: la derecha supera a la izquierda y, por tanto, por primera vez en 40 años es posible desalojar al PSOE de la Junta de Andalucía. Podrán añadirse cuantos matices se quiera sobre la composición de los dos bloques electorales, derecha e izquierda, pero en resumidas cuentas el resultado es el que es.

Si hay algo especialmente llamativo en las valoraciones de estos resultados es el mal estilo, casi podría decirse el antidemocrático estilo, del PSOE y Adelante Andalucía (el conglomerado podemita), los perdedores, quienes con una carencia absoluta de rigor intelectual y de decencia política tratan de deslegitimar la victoria de la derecha ante la aparición de 400.000 votos para Vox. Es evidente que los 12 diputados cosechados por Vox son la llave para acabar con el régimen corrupto de 40 años del PSOE en Andalucía y, por tanto, que tanto PP como C’s deben llegar a un acuerdo entre ellos y con Vox. No hay otra salida.

Los socialistas, desde Susana Díaz al Ministro Ábalos, repiten una consigna como un conjuro: hay que impedir que en Andalucía se forme un gobierno con o apoyado por un partido anticonstitucional o de ultraderecha. Y tienen la desvergüenza de decirlo ellos, nada más y nada menos que ellos, los que han formado Gobierno en España gracias al voto de partidos golpistas y de partidos defensores de la violencia de ETA. No hay partidos más anticonstitucionales que aquellos que han roto abiertamente el orden constitucional y han agredido a la soberanía del pueblo español cuya existencia misma se niegan a reconocer. Que un partido sea partidario de la república, de la independencia de una región o de la eliminación de las comunidades autónomas mientras asuma el respeto a la Constitución y acepte sus mecanismos legales de reforma no es anticonstitucional. No es tan difícil de comprender. Pero es que, además, quienes se apoyan y gobiernan con la ultraizquierda, con los comunistas, que es como técnicamente hay que denominar a los podemitas, carecen de legitimidad para censurar a quienes pacten o se apoyen en la ultraderecha, si es que cabe denominar así a Vox. Porque, hasta ahora se encasillaba en la ultraderecha a todos aquellos grupos políticos que añoraban o pretendían restaurar el modelo político franquista y rechazaban abiertamente el sistema democrático. Sin embargo, ahora se impone desde los medios de comunicación etiquetar como de ultraderecha a cualquiera que asumiendo como valor esencial la democracia parlamentaria no se pliegue o discuta cuestiones como el funcionamiento del sistema autonómico, la política de inmigración, la manipulación de la historia reciente o la imposición de las políticas de género.

Y qué decir de la reacción de los dirigentes de Unidos Podemos y su franquicia andaluza “Adelante Andalucía”, franquicia que sumando aparentemente más colectivos que los estrictamente comunistas y podemitas, ha perdido votos y tres escaños. La comparecencia de Iglesias y sus acompañantes no pudo ser más teatral, sus rostros circunspectos lo decían todo. Ayer ninguno recurrió al tópico de la “fiesta de la democracia”. Como unos auténticos golpistas, llamaron a la movilización ciudadana contra el mandato de las urnas. ¿Pero dónde se creen que están? ¿En Venezuela?

La izquierda andaluza y española debería reflexionar y hacer autocrítica. En muy pocos meses de gobierno ha reabierto viejas heridas, se ha entregado en cuerpo y alma al separatismo, ha usado miserablemente el drama de la inmigración, está tratando de adoctrinar a la sociedad con imposiciones lingüísticas, con ideología de género, con incursiones psicosexuales en la educación de los niños o con fobias religiosas, ha sacudido la estabilidad de miles de puestos de trabajo con explosivos anuncios medioambientales, ha cuestionado la transición, ha dirigido sus dardos contra la Monarquía, ha puesto en ridículo a España en el Brexit, ha resucitado al franquismo sin necesidad, ha aplaudido las ofensas a los símbolos nacionales, mantiene a nueve ministros más que tocados por sus falsedades patrimoniales o curriculares, etc. Quien siembra vientos recoge tempestades.

La victoria de la derecha es indiscutible pero su traducción en un cambio efectivo, en un desalojo de los socialistas de San Telmo exige prudencia, generosidad y patriotismo. Dentro de este bloque, el PP ha perdido muchos votos y escaños pero sigue liderando el bloque y ha remontado las encuestas lo que viene a confirmar que la recuperación de sus señas de identidad impulsada por Casado es el camino correcto. C’s ha crecido espectacularmente con 12 escaños más sobre los 9 que tenía y Vox ha sido la sorpresa con sus 12 escaños. No parece que tenga mucho sentido común, ni mucho recorrido la propuesta de C’s de encabezar el nuevo gobierno y ello por dos razones, porque ha sido el sustento durante los últimos tres años del PSOE andaluz y porque no lidera el bloque de la derecha. Pero si quieren cumplir con el mandato de cambio de la mayoría de los andaluces, tendrán que entenderse quieran o no. Ojalá lo hagan pronto.

Santiago de Munck Loyola


miércoles, 7 de noviembre de 2018

Hipotecas: negocio bancario y festín recaudatorio.



La insólita actuación del Tribunal Supremo sobre quién ha de pagar el impuesto de actos jurídicos documentados tras constituir una hipoteca a parte de provocar perplejidad y en muchos casos indignación debería servir para que nuestros dirigentes políticos actuasen con responsabilidad y abordasen de una vez los problemas de fondo. Sin embargo, tras conocer las primeras reacciones de los partidos políticos todo parece indicar que, una vez más, no va a ser así. Conviene analizar lo ocurrido en su contexto exacto para no sacar conclusiones precipitadas ni ceder ante propuestas engañosas y populistas. Porque el problema de fondo no es quién paga este impuesto, sino si dicho tributo tiene razón de existir.

El Tribunal Supremo, de forma muy chapucera evidentemente, no ha hecho otra cosa que mantener y ratificar la jurisprudencia de más de 20 años interrumpida recientemente por tres sentencias. No hay que olvidar que la Ley objeto de tanta controversia cuya interpretación lleva años desembocando en el Tribunal Supremo fue aprobada por un Gobierno del PSOE en los años 90 y ningún gobierno posterior, socialista o popular, la ha modificado a pesar de que se imponía al comprador de la vivienda correr con el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados. Este impuesto es recaudado por las Comunidades Autónomas y su gestión quiebra, una vez más, el principio de igualdad entre los españoles al fijar cada Autonomía la cuantía del impuesto. Una hipoteca en Madrid paga menos impuestos que en Andalucía, por ejemplo. Si este impuesto existe y si los obligados a su pago somos los ciudadanos no es responsabilidad del Tribunal Supremo cuya función es en este caso interpretar la Ley, sino los políticos, los legisladores que no han querido resolver la situación durante más de 20 años.

El contexto social y económico en el que vivimos obliga a plantearse otra cuestión muy importante cual es la consideración del derecho al acceso a la vivienda. De forma cíclica nos encontramos en la agenda de la actualidad las enormes dificultades existentes para acceder a la compra de la vivienda. En un contexto como el actual, salarios bajos y temporales, con dificultades para el acceso de los jóvenes a trabajos estables y justamente remunerados, con burbujas inmobiliarias, encarecimiento del suelo y escaso mercado de vivienda protegida es inadmisible que el Estado y las Autonomías aprovechen el acceso a la primera vivienda para hacer caja a costa del hipotecado. Lejos de favorecer el acceso a la primera vivienda, ningún dirigente político plantea la distinción entre la primera vivienda y las demás. Todas las viviendas, sea cual sea su finalidad, sólo es considerada como objeto de recaudación fiscal múltiple: el IVA, el ITP, el IAJD, el IBI, el IRPF, la plusvalía, etc. Todas las administraciones quieren sacar tajada dando igual la idea de progresividad fiscal, de doble imposición o la de cualquier concepto de justicia fiscal. De modo que al comprar la primera vivienda hay que añadir a su precio de compra entre un 10 y un 15 % en tributos.

Por eso llama mucho la atención la reacción de los distintos partidos con representación parlamentaria ante la situación creada por la decisión del Supremo de confirmar su jurisprudencia al respecto. Prácticamente todos se han apuntado a las soluciones fáciles y presumiblemente más agradables al oído de los ciudadanos, pero algunos especialmente se han apuntado a la demagogia populista de la peor especie y quieren incendiar las calles con una falta total de escrúpulos. El Doctor Sánchez ha anunciado hoy mismo un decreto ley para hacer que sean los bancos los que paguen este impuesto y apela a la “bondad” de los bancos para que no lo repercutan a los clientes. ¿Es tonto o qué? No existe mecanismo legal para impedir que las entidades financieras repercutan finalmente, de una forma u otra, esos costes en sus clientes. El hipotecado seguirá pagando el impuesto aunque sea indirectamente. Pero es que, además, es especialmente llamativo que los socialistas con el apoyo de los podemitas hayan subido este impuesto al tipo máximo en Aragón. Si te parece injusto que el ciudadano tenga que pagar el impuesto ¿Por qué aplicas el tipo máximo en vez del mínimo?

Si de verdad queremos en España facilitar el acceso a la primera vivienda hay que empezar por reducir la presión fiscal sobre la misma. Todo el mundo coincide en que la vivienda es un bien de primera necesidad y, por tanto, no puede seguir siendo una vaca lechera para cada administración pública. La primera vivienda adquirida con una hipoteca debe tener hoy un tratamiento fiscal absolutamente diferenciado: debe tener una fiscalidad igual en cualquier región de España, con un IVA reducido, con gastos constitutivos de la hipoteca tasados y sin impuesto de transmisiones patrimoniales o de actos jurídicos documentados en su caso.

Hoy en día no está sólo en juego el prestigio del Tribunal Supremo por su torpe actuación. Está en juego la credibilidad política de unos dirigentes políticos cuyos magnánimos propósitos para con los ciudadanos pocas veces coinciden con sus actos. Y así nos va.

Santiago de Munck Loyola


viernes, 26 de octubre de 2018

El impuestazo al diésel y el timo fiscal.



Dice la Wikipedia que una mentira piadosa es la afirmación falsa proferida con intención benevolente. Puede tener como objetivo el tratar de hacer más digerible una verdad tratando de causar el menor daño posible. Y recuerda que Platón ya se refería a este tipo de mentira en la República. “En política, la mentira noble es asociada con la falsedad de los gobernantes destinada a preservar la armonía social”. Habría que objetar que en política ninguna mentira puede ser calificada de “noble”, por muy elevada que sea su finalidad, porque el político, en democracia, solo tiene un aval que sustente su legitimidad y ese aval es el valor de su palabra, su credibilidad.

Estamos comprobando estos días, con ocasión de la presentación a la opinión pública del proyecto de presupuestos para el año 2019 del gobierno del PSOE, que tanto los socialistas, como sus socios podemitas, han elevado la mal llamada “mentira noble” a la categoría de norma permanente de conducta. La cascada de afirmaciones y rectificaciones inmediatas, de cifras y correcciones posteriores es alucinante e impropia de un gobierno de un estado moderno.

A la hora de explicar el proyecto de presupuestos empezaron por contarnos la mentira global y envolvente: que no supondrían un aumento de la presión fiscal para quienes menos tienen, que sólo habría más impuestos para los ricos y las grandes empresas. Socialistas y podemitas desplegaron todos sus encantos dialécticos para cantar las supuestas bondades presupuestarias. Sin embargo, a medida que estas cuentas empezaron a ser analizadas con detenimiento en los medios de comunicación la cruda verdad empezó a hacerse evidente: todos vamos a pagar más impuestos, no solo los más ricos o las multinacionales.

Comenzaron vendiendo el paquete con un reclamo bonito: la subida del salario mínimo hasta los 900 euros. ¿Quién se atrevería a decir que no a esa propuesta? Pero claro, enseguida se supo que esa subida salarial que beneficiaría a unos 500.000 contratados conllevaba un incremento de las cotizaciones, en muchos casos inasumibles, a más de tres millones de autónomos. Pablo Iglesias salió en tromba en un primer momento para llamar mentirosos a quienes aseguraban tal subida. Y después ha rectificado, sin retractarse, afirmando que él no había pactado esa subida con el PSOE. Ahora sabemos, además, que el proyecto de presupuestos prevé que los asalariados paguen más de 1.000 millones de euros el año que viene con otra subida del 10 % de las cotizaciones a la seguridad social.

Ahora bien, donde se llevan la palma es en el impuestazo al diésel. Aquí el timo fiscal es de libro. Se trata de una gran mentira de principio a fin que envuelta en “la lucha contra el cambio climático”, la limpieza del aire de las ciudades y cuantos adornos ecologistas se quieran esgrimir no es nada más que un estacazo fiscal con un afán exclusivamente recaudatoria que van a pagar quienes menos tienen. Hoy los nuevos motores diésel no contaminan más que los de gasolina, emiten menos CO2 que éstos y cada vez dispersan menos partículas contaminantes. Nada más llegar al gobierno la nueva ministra anunció que los días del diésel estaban contados. Las consecuencias de aquel anuncio y de su plasmación en el proyecto de presupuestos socialpodemita ya son visibles con la pérdida de puestos de trabajo en el sector del automóvil. No cabe más irresponsabilidad. Si hace años los gobiernos animaban a los consumidores a adquirir vehículos diésel, ahora nos animan a lo contrario sin grandes explicaciones que lo justifique. Decir que este proyecto de presupuesto no va a suponer más carga fiscal para los que menos tienen se desmonta sólo con el impuestazo al diésel. No hace falta ser un lumbreras para percatarse que quienes se mueven o nos movemos con un diésel lo hacemos porque es más económico y porque no podemos adquirir otro tipo de vehículo. 

¿Y las justificaciones medioambientales? Pues que son otra gran mentira. En primer lugar porque si fueren ciertas no habría lugar a excepciones: el diésel contamina igual o más si en vez de un particular lo usa una máquina de tren que entra hasta el centro de las ciudades, la maquinaria agrícola, la de obras, los camiones, las furgonetas, los taxis o las calderas de calefacción. Y siendo así, el impuesto debería ser igual para todo usuario independientemente de la actividad en la que se use y no más alto sólo para los particulares que no pueden permitirse un cambio de vehículo. Y, en segundo lugar, porque según el proyecto publicado tan solo el 30% de lo que se recaude con el impuestazo al diésel se va a destinar a fines medioambientales. El 70 % restante irá a otros nuevos gastos entre los que sin duda se encuentran los más de 2.200 millones de euros prometidos a los independentistas catalanes a cambio de su voto.

Estas pinceladas sirven para evidenciar que la innoble mentira se ha instalado cómodamente en la política diaria. Pero cuando las mentiras son tan burdas, tan flagrantes y evidentes resulta difícil no pensar que estos dirigentes políticos nos toman por tontos, por descerebrados sin capacidad crítica dispuestos a tragarnos cualquier sandez parida en los gabinetes políticos de comunicación. Si no hay más remedio que volver a apretarse el cinturón porque estos señores han decidido recortarnos la cartera, que sea al menos con la verdad por delante. Seguro que dolerá menos.

Santiago de Munck Loyola


miércoles, 24 de octubre de 2018

Penalizar la apología del franquismo. ¿Y después?



El gobierno del PSOE ha anunciado ayer que pretende penalizar lo que llama "apología del franquismo" y vete a saber lo que querrá incluir bajo ese concepto. Dice el diccionario de la RAE que apología es un “discurso de palabra o por escrito, en defensa o alabanza de alguien o algo”. Es decir que lo que pretende el gobierno del PSOE, evidentemente con el apoyo de comunistas, populistas, republicanos independentistas, separatistas vascos, etc. es tipificar como delito cualquier discurso de palabra o por escrito, en defensa o alabanza del franquismo. Y, sinceramente, no hace falta ser franquista para repudiar esta pretensión totalitaria del PSOE y de sus compañeros de cama.

Esta pretensión tiene todo el aspecto de ser un intento de acabar con el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Ni más, ni menos. Y, una vez más, la izquierda deja entrever su auténtico talante en torno a las libertades básicas y a los derechos humanos. La doble vara de medir de esta izquierda y la consiguiente aplicación de la “ley del embudo” es permanente. Son maniqueos hasta la médula y hacen gala de una hipocresía sin límites. Desde la restauración de la democracia gracias al Rey designado por Franco, a los jóvenes políticos franquistas y a los políticos de izquierdas “colaboracionistas” (espero que no se tilde esta afirmación de apología del franquismo) se han venido repitiendo una y otra vez, en todas las instituciones del Estado, condenas políticas del franquismo. Pero no hemos escuchado nunca a ningún partido de izquierdas pedir perdón o condenar el golpe de estado que dieron en 1934 o los brutales asesinatos de civiles en la retaguardia por razón de su ideología o religión.

Se han empeñado en reescribir la historia, tal y como también hizo el franquismo. Es verdad que hacía falta un reconocimiento público a los españoles que murieron por defender sus creencias, a todos los ciudadanos que murieron en la guerra e injustamente fueron sometidos al olvido. Pero la malparida Ley sobre la Memoria Histórica no se sustentó sobre la reconciliación y la concordia para lograr justicia y reconocimiento para los olvidados, sino desde la revancha y el odio. Borrar el recuerdo del pasado para alcanzar el reconocimiento de los injustamente olvidados no es el mejor camino. La historia es la que es, los crímenes fueron compartidos y las víctimas fueron todas. En aquella España nadie o casi nadie combatieron por las libertades de los ciudadanos. Y constituye un verdadero sarcasmo escuchar una y otra vez que aquel PSOE o los comunistas lucharon por la libertad.

Hace pocos días el nazi Joaquín Torra, el presidente del Parlamento catalán, Rogelio Torrent y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, rindieron homenaje al expresidente de la Generalidad, Luis Companys, responsable del asesinato de cerca de 9.000 personas en Cataluña durante la guerra civil y condenado a muerte y fusilado en 1940. Y no pasa nada. Aquí se puede hacer apología y rendir homenajes a golpistas como Largo Caballero o Indalecio Prieto y a comunistas como Carrillo o la Pasionaria y no pasa absolutamente nada. Llevan décadas construyendo una nueva verdad oficial que venga a sustituir a la establecida por el régimen de Franco.

A nadie con un mínimo de objetividad se le escapa que si en estos últimos 40 años un gobernante de centro-derecha hubiese propuesto penalizar la apología del comunismo o del marxismo-leninismo las calles ya habrían ardido. Y sí, digo del comunismo, una ideología en cuyo nombre se han cometido los más atroces crímenes contra la humanidad: 20 millones de muertos en la Unión Soviética, 65 millones en la República Popular China, 1 millón en Vietnam, 2 millones en Corea del Norte, 2 millones en Camboya, 1 millón en los regímenes comunistas de Europa oriental, 150.000 en Latinoamérica, 1,7 millones en África, 1,5 millones en Afganistán, 10.000 muertes provocadas por «el movimiento comunista internacional y partidos comunistas no situados en el poder» y entre 38.000 y 85.000 en España (represión en la zona republicana durante la Guerra Civil Española).

Nótese que de acuerdo con la actual redacción del artículo 510 del código penal que quiere reformar el gobierno de Pedro Sánchez, que presentó una moción de censura para convocar elecciones y que o piensa convocar, ya está penalizado enaltecer los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, como lo está enaltecer a sus autores, cuando se hubieran cometido contra un grupo o una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia al mismo, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias. 

Y, sin embargo, vemos cómo a diario se enaltece, se dedican calles, estatuas y se rinden homenajes a los autores de delitos contra las personas y contra grupos cometidos, por ejemplo, por razones ideológicas o religiosas. Es un ejercicio demagógico pretender concretar la penalización del enaltecimiento una determinada ideología o doctrina política.

Antes de proponer y abordar un reforma de este artículo del Código Penal no estaría de más que nuestros políticos repasasen y reflexionasen sobre el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión” y el Artículo 20.1. de la Constitución de 1978: “Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”.

Es posible que detrás de esta pretensión y de tantas otras iniciativas “guerracivilistas” exista un objetivo simplemente estratégico, una finalidad electoral. El resultado de todo ello a corto plazo es una polarización social que puede ser rentable para algunos de forma inmediata. Pero deberían saber que esta estrategia es peligrosa, que es jugar con fuego y que reabrir viejas heridas puede ser terriblemente perjudicial.

Santiago de Munck Loyola


miércoles, 8 de agosto de 2018

Alejandro Morant.



Hace unos días, Alejandro Morant del Partido Popular, Vicepresidente de la Diputación de Alicante y Alcalde de Bussot escribió en su muro de Facebook: “En unos años nos arrepentiremos. Solución: eliminación de ayudas y privilegios, endurecimiento de las leyes, nacer aquí no te hace español, más autoridad a jueces y policías como en Estados Unidos, poner en marcha un  plan de deportaciones masivas y cerrar las fronteras. Esto no es inmigración es una invasión silenciosa que acabará con el mundo occidental convirtiéndolo al islam. Tiempo al tiempo”. Acto seguido, la izquierda política y mediática, los pancatalanistas del Botánico, junto con la dirección provincial sorayista del PP, capitaneada por el liberticida José Ciscar y los pasteleros de Ciudadanos, se le tiraron al cuello. Todos a una en patética competición de descalificaciones y gruesos tópicos: que si extrema derecha, que si racismo, que si xenofobia,… Y todo por opinar en una página personal de una red social sobre un grave problema que nos preocupa a todos los españoles y ante el que la clase política no ofrece soluciones creíbles. No, Alejandro Morant, no ha opinado en nombre del Partido Popular, ni lo ha hecho en nombre de sus vecinos de Bussot, ni en el nombre de la Diputación de Alicante.

Pero no importa. Aquí todo vale si no te sometes al dictado de lo políticamente correcto, al dictado de la hipocresía política y de la ausencia de principios claros. Y lo verdaderamente llamativo es que la opinión expresada por Alejandro Morant haya servido a la cúpula provincial para incoarle un expediente disciplinario. Es evidente que esta opinión particular no es la postura oficial del Partido Popular sobre la inmigración porque, lo cierto, es que nadie sabe a ciencia cierta cuál es. Ésa es principalmente una de las causas de la desafección de tantos millones de votantes del PP: su permanente indefinición en asuntos capitales como las autonomías, la cuestión catalana, la inmigración o el derecho a la vida. Pero volviendo al asunto, incoar un expediente disciplinario a un militante del PP por expresar opiniones personales significa una vuelta a las peores tácticas caciquiles del Presidente provincial, Sr. Ciscar, acostumbrado desde hace años a expulsar del partido a todo aquel que se atreviese a opinar públicamente en contra del criterio “oficial”. Hace 5 años sin ir más lejos el Sr. Ciscar expulsaba sin ninguna garantía jurídica y ante el cómplice silencio de la mayoría de afiliados  a los militantes que pedían públicamente la regeneración del partido o denunciaban casos de corrupción. Ahora expedienta a Alejandro Morant. ¿Por qué? ¿Por decir lo que mucha gente piensa? ¿Por agradar a la patulea pancatalanista? ¿Para saldar cuentas por la derrota de los sorayistas entre los que él mismo se encuentra? Lo único que ha conseguido, hasta el momento, es echar más leña al fuego.

Alejandro Morant es un hombre de principios, que dice las cosas claras y cuyas opiniones pueden ser o no compartidas, pero que, en todo caso, merecen en caso de discrepancia un debate sosegado y constructivo, no un linchamiento público.

Los políticos están para liderar a la sociedad, no para acariciarle los oídos en pos de un voto. Deben expresar claramente sus posiciones y ofrecer soluciones a los problemas por muy complicados y sensibles que sean. Pero, ante todo, se deben a los ciudadanos españoles, al interés general, no al de una sociedad más o menos amplia sin perfiles concretos, sino al interés de la sociedad española, al conjunto de hombre y mujeres, titulares de derechos y obligaciones y depositarios de un legado cultural e histórico secular, que con su esfuerzo diario nos permiten a todos sostener al Estado y a los políticos.

Defender los intereses de la sociedad española implica necesariamente abordar el problema de la inmigración desde la perspectiva de los que es mejor para los españoles. Y éso no es ni racismo, ni xenofobia, es lealtad con el pueblo soberano y es, visto lo visto, puro sentido común. España no puede acoger a todo aquel que quiera venir aquí porque nuestros recursos son más que limitados. España no puede confundir a los inmigrantes con los refugiados porque la diferenciación entre unos y otros está bien delimitada por el derecho internacional. España tiene que regular el problema de la inmigración en el ámbito de una política común de la Unión Europea siempre que ésta no sea incompatible con los intereses generales y siempre que nuestra identidad cultural no sea puesta en peligro. Los ciudadanos necesitamos pronunciamientos claros y propuestas concretas sobre la base de datos reales y contrastados, no sobre simples eslóganes y demagogias hace tiempo obsoletas.

Santiago de Munck Loyola

sábado, 14 de julio de 2018

LA FISCALÍA CITÓ A DECLARAR COMO INVESTIGADO AL SECRETARIO ACCIDENTAL DE MONFORTE DEL CID JOSÉ FERNANDO MULLOR ORTIZ.


COMUNICADO.

Noticia publicada por el Diario Información. Mayo 2018.

"El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha condenado a una promotora a devolver 400.000 euros al Ayuntamiento de Hondón de las Nieves por un largo litigio basado en la no tramitación de un Proyecto de Actuación Integrada (PAI) en el término municipal. 


El promotor pretendía responsabilizar al Consistorio del retraso en la tramitación del expediente y reclamaba 340.000 euros en concepto de gastos. “Sin embargo ahora el fiscal ha visto indicios de un supuesto delito en el responsable de la promotora, en connivencia con el anterior secretario municipal (José Fernando Mullor Ortiz) y en relación al anterior PGOU que fue rechazado, y ha citado a ambos en el juzgado de Novelda”, según ha explicado el concejal de Urbanismo, el socialista Victurià Gonzálvez".
La Alcaldesa junto al Sr. José Fernando Mullor Ortiz.


El PAR de Monforte del Cid seguirá publicando próximamente más información sobre este asunto.

jueves, 12 de julio de 2018

EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE LA GENERALIDAD VALENCIANA CENSURA LA OPACIDAD DEL TRIPARTITO DE MONFORTE DEL CID.


NOTA DE PRENSA.
11-7-2018

El 14 de junio de 2018 la Comisión Ejecutiva del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de la Comunidad Valenciana dictó una Resolución estimando la reclamación del Presidente del Partido Alicantino Regionalista frente al Ayuntamiento de Monforte del Cid.

Según esta Resolución se constata que el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Monforte del Cid “adolece de importantes carencias en materia de información pública”. Estas importantes carencias son:

  •           Opacidad en relación a las subvenciones y ayudas públicas.
  •           Ausencia de información sobre los contratos menores y procedimientos abiertos.
  •           Falta de publicidad de los convenios suscritos por el Ayuntamiento.
  •           Inexistencia de cualquier información sobre los presupuestos (únicamente aparecen modificaciones presupuestarias del 2015).
  •           Inexistencia de información sobre el patrimonio municipal.


Por todo ello, el Consejo ha instado al Gobierno Municipal de Monforte del Cid para que en un plazo máximo de tres meses cumpla con las exigencias de la Ley en materia de publicidad activa recogidas en la Ley 2/2015 de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana.

Añadir leyenda
Con ello, el Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de la Comunidad Valenciana da la razón al Partido Alicantino Regionalista-Esperanza Ciudadana de Monforte del Cid que en numerosas ocasiones ha venido denunciando la falta de transparencia y el oscurantismo del Gobierno tripartito presidido por la alcaldesa comunista, Mª Dolores Berenguer, sobre todo en materia de contrataciones públicas, ámbito en el que la práctica de las contrataciones a dedo es la norma habitual.

El PAR se felicita por esta resolución porque evidencia las continuas falsedades de la Alcaldesa en los Plenos presentándose ante los vecinos como la “campeona” de la transparencia y porque consecuentemente impone un obligado cambio en la política del tripartito ya que la transparencia es el único camino para desterrar el amiguismo y para garantizar que cualquier candidato a licitar con el Ayuntamiento tenga oportunidad de hacerlo sin tener que ir mendigando información por los despachos.

lunes, 2 de julio de 2018

Al Sr. Sánchez, adalid del expolio fiscal.



Sr. Sánchez:

Acaba de hacer pública su intención de subir los impuestos en España para “mejorar el Estado del Bienestar” y se pregunta "¿Queremos tener un sistema fiscal de tercera para tener un Estado de bienestar de primera?, no es posible". Y uno no tiene más remedio que preguntarle a usted, para empezar, si cuando se presentó a las elecciones generales como candidato a la Presidencia del Gobierno y las perdió ¿Había prometido en su programa electoral subir los impuestos o lo contrario? Desde luego, lo que es patente, por reciente es que en sus intervenciones en el Congreso de los Diputados en la moción de censura no hizo la más mínima referencia a subir los impuestos de forma indiscriminada al conjunto de los ciudadanos.

Mire Sr. Sánchez es de manual: un incremento de la presión fiscal en un momento como el actual de recuperación económica y de precaria creación de empleo va a suponer un frenazo para la economía: a menos dinero disponible en la iniciativa privada, menos inversión, menos creación de empleo, menos recaudación fiscal y más gasto social. La calidad de un sistema fiscal, si es de primera, de segunda o de tercera, no se mide por la cantidad bruta de recaudación, sino por otros parámetros como son la eficiencia de la administración para recaudar, esto es lo que se gasta hacienda para recaudar el dinero de los ciudadanos (y es evidente que en el caso del IRPF la relación gasto ingreso denota una gran ineficiencia) o la simplicidad y equidad en las figuras impositivas. Un sistema fiscal en el que la clase media soporta el 70% de la recaudación del IRPF no es de primera. Y fíjese en EEUU, por ejemplo, el 1% de los contribuyentes más ricos aporta el 39% de la recaudación del IRPF mientras que en España ese 1% sólo aporta el 19%.

Sr. Sánchez, al día de hoy, cada trabajador español paga cerca del 65% de su salario en impuestos.  Es decir, que de cada 100 euros ganados el Estado se lleva 65 euros de los que 27 euros se dedican a pensiones, educación y sanidad mientras que los 38 euros restantes se destinan a mantener el chiringuito.

Todos los españoles queremos un Estado de Bienestar de primera, resulta obvio. Pero para mejorar nuestro estado de Bienestar no es preciso esquilmar más a los contribuyentes y en especial a la clase media con más impuestos. ¿No se ha planteado usted que, a lo mejor, lo que tiene que hacer el Estado es gastar menos y gastar mejor? Porque resulta evidente que existen muchos gastos públicos que no sólo no contribuyen a mejorar la calidad del estado de Bienestar, sino que además lo ponen en peligro de subsistencia.

A título de ejemplo lo que no contribuye a mejorar el Estado de Bienestar y lo pone en peligro es:

  • Mantener 17 administraciones autonómicas duplicando muchas competencias estatales, que rompen la igualdad de derechos y obligaciones de los españoles, que padecen diarrea legislativa dificultando el crecimiento económico y la unidad de mercado.
  • Sostener un sistema de privilegios de la clase política en materia tributaria y de seguridad social: pensiones privilegiadas, autoasignación de sueldos escandalosos, beneficios sociales.
  • Extender las prestaciones sanitarias a extranjeros irregulares mientras se mantienen las listas de espera o mientras prestaciones básicas como la atención buco dental siga siendo claramente insuficiente.
  • Oponerse como usted ha hecho a la existencia de una tarjeta sanitaria única y no 17.
  • Pagar pensiones no contributivas a 100.000 extranjeros.
  • El fraude de 3.000 millones de euros en los cursos de formación y los 1.200 millones de euros en el caso de los EREs, ambos responsabilidad de su Partido a los que hay que sumar varios cientos de millones de euros más de los casos de corrupción en los que el PP, Convergencia y Unió y otros partidos han estado implicados.
  • Mantener a cerca 15.000 delincuentes extranjeros en prisión en vez de expulsar a la mayoría de ellos a sus países de origen.
  • Facilitar ayudas económicas a inmigrantes ilegales que en ocasiones superan en cuantía a las ayudas que perciben los ciudadanos españoles.
  • Destinar anualmente cientos de millones de euros a subvencionar a los partidos políticos, sindicatos y patronales.


Y la lista de hechos y problemas que ponen en riesgo la permanencia del estado de bienestar puede ser muy larga. Así que no nos venga con cuentos, Sr. Sánchez. Para mejorar el estado de bienestar y para garantizar su existencia no hace falta que nos cobre más impuestos a los sufridos contribuyentes. Lo que hace falta es que la clase política tenga el valor y la decencia de trabajar seriamente para corregir todos los gastos y desequilibrios económicos, territoriales y sociales que generan tal cantidad de gastos que hacen inviable el sostenimiento del propio Estado. Simplezas las justas, Sr. Sánchez. No nos siga tomando por tontos.

Santiago de Munck Loyola


miércoles, 27 de junio de 2018

Más allá del Acuarius.



La decisión del Gobierno español de acoger en Valencia al barco Acuarius con 630 inmigrantes tras la negativa de los demás países europeos a hacerlo ha desatado la polémica en las redes sociales. Durante muchos días se han difundido muchas noticias al respecto algunas falsas y otras ciertas que evidencian que esta decisión no ha sido indiferente para la mayoría de los ciudadanos. No se trata de una cuestión baladí. Al contrario, sus implicaciones y consecuencias son muy complejas y, ante todo, es preciso analizarlas con la máxima objetividad y desde los principios y valores de cada cual.

El caso del Acuarius hay que enmarcarlo en el ámbito de la excepcionalidad, pero su tratamiento mediático por parte del Gobierno de España y de otras administraciones públicas deja mucho que desear.

En primer lugar porque es indudable, como han reflejado las cifras del último fin de semana, que ha provocado un efecto llamada, casi 1000 inmigrantes ilegales más en 48 horas.  En segundo lugar, porque el Gobierno de Pedro Sánchez se precipitó y expresó su intención de otorgar a estos inmigrantes del Aquarius el estatus de “refugiados”, lo que implica que éstos no sean enviados a los Centros de Internamiento, ni devueltos a sus países de origen y además tendrán acceso a otra serie de derechos recogidos en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.

Tras esa precipitación publicitaria resulta que al día de hoy aún no se sabe cuántos de los 630 inmigrantes del Aquarius recibirán tal condición, sobre todo después de que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) avisase al Gobierno de que no hay precedente de una concesión masiva como la que pretendía y subrayan que deben ser analizadas individualmente las necesidades de cada persona y las circunstancias de su país de origen. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados aquellos rescatados del Aquarius que reciban el estatus de “refugiados” podrán ser receptores de un empleo remunerado, una vivienda o de libertad de circulación, entre otras cosas. Sin embargo, las personas que salen de su país por pobreza o por motivos económicos no pueden ser considerados refugiados, tan sólo inmigrantes. Y es que, además, los países de origen de estos inmigrantes son Afganistán, Argelia, Camerún, Chad, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea (Conakry), Guinea Bissau, Costa de Marfil, Mali, Marruecos, Níger, Nigeria, Pakistán, Senegal, Sierra Leona, Sudán (Norte), Bangladesh, RD Congo, Liberia, Somalia, Sudán del Sur, Togo y Comoras, algunos de los cuales hacen muy difícil la posibilidad de conceder el estatus de refugiado. Y a mayor abundamiento hay que recordar que al día de hoy el Gobierno tiene pendiente de resolver 40.000 solicitudes de “refugiados”.

La llegada de inmigrantes ilegales sea en la modalidad de pateras o de barcos fletados por ONG’s debe ser considerada y resuelta en el ámbito de una política global sobre inmigración coordinada a ser posible con la Unión Europea y subrayo lo de “a ser posible” porque ante todo hay que defender los derechos de los ciudadanos españoles que son en última instancia quienes soportarán los costes y los beneficios y perjuicios de cualquier política inmigratoria.

No se trata de abanderar la solidaridad o  el aislamiento como únicos criterios para diseñar y establecer la política de inmigración, porque existen una serie de consideraciones a tener en cuenta:

- -  Los derechos y los intereses de los ciudadanos españoles deben primar ante todo.

- - Los españoles tenemos derecho a preservar nuestra identidad cultural. Existen líneas rojas que sectores de inmigrantes no están dispuestos a respetar (primacía de la legislación civil sobre las normas religiosas, igualdad de derechos entre hombres y mujeres, libertad de culto, etc.) y que, por tanto, no son integrables. La multiculturalidad es un fracaso tan evidente como la Alianza de Civilizaciones.

- - La escasez de recursos públicos que exige priorizar su destino en primer lugar hacia los contribuyentes y, en segundo lugar, hacia los españoles en general. Papá Estado no puede simultáneamente gastar 1.100 millones de euros en extender la asistencia sanitaria gratuita de forma universal, revalorizar las pensiones según el IPC, subir las pensiones mínimas hasta el SMI, pagar pensiones no contributivas a 150.000 extranjeros, garantizar vivienda pública para los españoles y a la vez para extranjeros, mantener a 25.000 delincuentes extranjeros en las prisiones sin quebrar la hacienda pública al mismo tiempo.

- - La ingente cantidad de recursos públicos destinados a atender a la inmigración ilegal deben ser invertidos en los países de origen de los inmigrantes.

- - Muchas ONG’s han convertido las ayudas públicas en un tremendo negocio. Y aquellas que se dedican a recoger barcos de inmigrantes están haciendo el juego a las mafias de traficantes. Es evidente que los inmigrantes deben ser rescatados pero una vez salvadas sus vidas, en lugar de ser traídos a Europa, deberían ser devueltos al puerto de origen. La Unión Europea debería abrir centros de acogida en los países-puertos de salida.

La inmigración ilegal constituye un auténtico problema para los países occidentales. Es un hecho indiscutible. Y no podemos olvidar que en su progresivo incremento influyen no sólo los conflictos armados en los países de origen y la pobreza, sino también y sobre todo la existencia de mafias de tráfico humano que la incentivan y alientan de forma incesante.

Sé que discrepar de lo políticamente correcto acarrea inevitablemente ser tachado de racista o de xenófobo. Pero no es así, de lo que se trata es de controlar y regular una inmigración que, hoy por hoy, es necesaria para el desarrollo de muchos países occidentales. Compartir nuestros recursos con los inmigrantes legales es beneficioso para ambas partes, pero los países de acogida, los ciudadanos españoles en nuestro caso tenemos derecho a priorizar a aquella inmigración que por razones culturales, históricas, sociales o religiosas garantice una integración real y no el desarrollo de guetos que pongan en riesgo nuestra identidad cultural y religiosa.

Santiago de Munck Loyola


viernes, 15 de junio de 2018

EL TRIPARTITO AUMENTA EN 3 AÑOS UN 220% EL GASTO EN ASESORÍAS Y TRABAJOS TÉCNICOS EXTERNOS.


NOTA DE PRENSA.
15 DE JUNIO DE 2018.

El presupuesto del Ayuntamiento de Monforte del Cid para el ejercicio 2018 aprobado en junio, es decir, a mitad de ejercicio a pesar de contar con mayoría absoluta en el pleno, ha puesto de manifiesto la indudable incompetencia de la Alcaldesa y Concejala de Hacienda para cumplir un año más con los plazos legales presupuestarios. Pero es que además un examen pormenorizado de algunas previsiones de gastos evidencia un retroceso en la transparencia y, sobre todo, en el mantenimiento del carácter público de algunos servicios municipales esenciales.

El tripartito (comunistas + socialistas + tránsfugas de Ciudadanos) está externalizando servicios administrativos derivando funciones públicas a empresas privadas. Comparando las partidas incluidas en el capítulo 2 con las del último presupuesto aprobado por el PP en 2015 se aprecia un incremento de las mismas de un 220 %.

-          En el año 2015 el capítulo 2 (gastos corrientes) la cuantía destinada a contenciosos, asesorías y trabajos externos fue de 87.900 euros.

-          En 2018 esta cuantía se eleva a 193.901,80 euros.

Esto significa una externalización de servicios públicos entre los cabe destacar: una asesoría de medio ambiente por importe de 29.101,80 € anuales, estudios y trabajos para la propia Administración General por 50.000 € al año, otra asesoría jurídica para urbanismo por 40.000 € o la partida de estudios y trabajos para urbanismo por 20.000 €. 

Es muy significativo el hecho de que en el capítulo I, gastos de personal, el gasto se ha duplicado precisamente en el área de secretaría al crearse una plaza de Vicesecretario con el nivel 30. Y a ello hay ahora que sumar otros 50.000 € anuales para contratos de asistencia técnica jurídica para la propia Secretaría, más otros 60.000 € anuales para asesoramiento jurídico y estudios de urbanismo. Si se tiene en cuenta, además, que el Ayuntamiento ha derivado en los servicios jurídicos de la Diputación de Alicante la mayor parte de los contenciosos, resulta muy extraña esta tendencia privatizadora.

En definitiva, el tripartito está derivando funciones públicas administrativas a empresas privadas contratadas a dedo y sin criterios objetivos, vaciando de funciones a la administración general.