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jueves, 30 de agosto de 2012

¡Peligro, cretinos sueltos!



A mediodía, mientras regresaba del trabajo, venía escuchando la radio y en los informativos locales relataban las movilizaciones promovidas por los sindicatos de Alicante que esta mañana, con muy poco seguimiento ciudadano, se han producido en algunos puntos de nuestra ciudad. Entrevistaban a los líderes sindicales y uno de ellos afirmaba que  "queremos que sea un final de verano muy caliente con un encuentro en Madrid para decir que las políticas de recortes nos llevan a la ruina social y nos llevan a los de siempre" y continuaba afirmando con una rotundidad absoluta que “el Gobierno del PP quiere acabar con todo, con el Estado del Bienestar y que va a arruinar al país”. Por último, para rematar sus palabras señalaba que su sindicato quiere que las medidas económicas que está adoptando el Gobierno sean sometidas a un referéndum "para que la ciudadanía pueda opinar sobre lo que está haciendo el Gobierno", "seguimos en pie de guerra y no vamos a dejar que arruinen el país y nos lleven a la pobreza como están haciendo".

Los líderes sindicales, en perfecta sintonía con el Partido Socialista, vienen repitiendo de forma machacona el mismo estribillo: “quieren acabar con todo, van a arruinar al país”. Y cada vez que repiten esta frase mienten y lo saben. Y si no lo saben deberían dedicarse a otra cosa.

Éste, como cualquier Gobierno, podrá adoptar medidas más o menos acertadas o equivocarse. Pero afirmar sin más que un gobierno quiere acabar con el estado de bienestar o con las prestaciones sociales que perciben los ciudadanos que mayoritariamente le votan es una estupidez y una simpleza impropia de quienes aspiran a ejercer cierto tipo de liderazgo y de quienes se arrogan una representación no otorgada por las urnas. Realizar tales afirmaciones es, sobre todo, atribuir intenciones a otros que no se corresponden con la realidad de la voluntad política de quienes se ven obligados a adoptar determinadas decisiones por muy impopulares que sean. Y proclamar tales asertos es, en definitiva, tomar por tontos al conjunto de los ciudadanos cuya capacidad de análisis y sentido común suele estar muy por encima de la media de la clase política y sindical. No es de recibo que tanto algunos políticos, como algunos sindicalitas, falten continuamente al respeto a la inteligencia de los ciudadanos repitiendo como cretinos consignas y proclamas dictadas por las cúpulas de sus organizaciones.

Y faltan a la verdad y mienten quienes afirman que este Gobierno y el partido que lo sustenta vaya a arruinar a “este país”, a España, por la sencilla razón de que es imposible: “este país”, España, ya estaba arruinado cuando el Gobierno del Partido Popular se constituyó en diciembre pasado. Este Gobierno está administrando una impresionante ruina económica y la miseria dejada por el anterior Gobierno cuya nefasta gestión fue avalada y apoyada con el cómplice silencio de los sindicatos que hoy se apresuran a mentir, una vez más, a la ciudadanía. Podrá cometer errores este Gobierno a la hora de gestionar la ruina heredada y desde estas páginas así se denuncia en muchas ocasiones y dichos errores podrán, seguramente, entorpecer la recuperación económica de la nación o supondrán, a veces, un injusto reparto de los costes de la crisis, pero de ahí a afirmar que va a arruinar lo que ya estaba arruinado existe un verdadero abismo.

Y el colmo del cinismo de algunos dirigentes sindicales se pone de manifiesto cuando piden que sean sometidas a referéndum las medidas económicas que el Gobierno se está viendo obligado a adoptar y para justificar tal pretensión alegan que estas medidas no estaban recogidas en el programa electoral que los ciudadanos españoles respaldaron mayoritariamente hace unos meses. Lo primero que cabe plantearse es ¿por qué los sindicatos no pidieron un referéndum similar cuando el Gobierno socialista adoptó medidas económicas y recortes que no había incluido en su programa electoral? ¿Por qué un referéndum ahora y no hace dos años cuando, por ejemplo, se bajó el sueldo a los empleados públicos? Y puestos a reclamar un referéndum ¿por qué no pedir que se nos pregunte a los ciudadanos si queremos seguir subvencionado a los sindicatos y a los partidos políticos?

Hay muchos políticos y sindicalistas en nuestra Nación cuya labor es ejemplar, que se merecen el reconocimiento social sin ninguna duda. Pero desgraciadamente su esencial papel se ve eclipsado por tanto cretino que anda suelto y cuyo afán de protagonismo diario rebasa con amplitud los límites del respeto a la inteligencia de los ciudadanos.

Santiago de Munck Loyola

lunes, 27 de agosto de 2012

Los 63 Diputados necesitados de "dietas".


Esta es la relación de los Diputados que, teniendo una o varias viviendas en Madrid, cobran una "indemnización por alojamiento" de 1.823,26 euros al mes, libres de impuestos (fuente: libremercado.com). ¡Pobrecitos!

Sin comentarios.
Santiago de Munck Loyola

jueves, 23 de agosto de 2012

¡Pobres banqueros! Sólo 500.000 € anuales de sueldo.



Mucho se ha hablado y escrito estos últimos días primero sobre la continuidad de la prestación de 400 € y después sobre su alcance y requisitos para su percepción. El Sr. Floriano, Portavoz Popular, hacía públicas sus reflexiones sobre la conveniencia de su concesión a desempleados que se ven obligados a vivir con la familia sin tener en cuenta la capacidad económica de dicha familia. Otros dirigentes gubernamentales han insistido en la conveniencia  o en la necesidad de vincular esta prestación de subsistencia a la consecución de un empleo. En fin, que como no hay dinero público se está mirando con lupa los pormenores y detalles de esta prestación excepcional que, por regla general, constituye para muchos ciudadanos el último y escaso salvavidas en medio de esta desoladora crisis económica.

Hoy hemos conocido que el Ejecutivo va a aprovechar la nueva norma sobre reestructuración y liquidación de entidades financieras con problemas para recortar otra vez las retribuciones de los directivos de bancos que perciben dinero público. Ya en febrero el Gobierno fijó el límite para la retribución fija anual, por todos los conceptos, de los directivos y consejeros con funciones ejecutivas, en 600.000 €, cifra nada desdeñable. Ahora se pretende rebajar esta cantidad en 100.000 € anuales y establecer el tope salarial en 500.000 €.

Hay que reconocer que se trata del primer Gobierno que se atreve a recortar los sueldos de los directivos de las entidades financieras que perciben ayudas públicas y que las rebajas impuestas son notables, pero no queda más remedio que preguntarse si esto es suficiente y, sobre todo, se esta decisión se moralmente aceptable cuando se está hablando de retribuciones que provienen de ayudas públicas, del dinero público que sale del bolsillo de los contribuyentes.

Es evidente que hay dos varas de medir a la hora de regular el uso salarial del dinero público y contrasta enormemente la minuciosidad y la preocupación de algunos dirigentes políticos a la hora de abordar la concesión de una prestación de subsistencia como la de los 400 € con su silencio y magnanimidad a la hora de regular las retribuciones de los directivos financieros que perciben dinero público para sostener las entidades bancarias que dirigen.

Ya en otras ocasiones desde estas mismas páginas se han puesto de relieve las anomalías que se detectan en el uso salarial del dinero público en nuestro país. Mientras que no hay dinero público para pagar, por ejemplo, la extra de Navidad a los empleados públicos o para extender la prestación de 400 €, resulta que sí hay dinero público para pagar retribuciones como las que aquí se detallan:

- Presidente del Red Eléctrica Española: 429.000 € de retribución fija + 199.000 € de retribución variable.
- Consejeros de Red Eléctrica Española: 1 consejero con 899.000 euros al año, 5 consejeros con 182.000 euros al año,  3 consejeros con 153.000 euros al año, 1 consejero con 170.000 euros al año,  1 consejeros con 165.000 euros al año.
- ADIF: 11 directivos con una media de 140.000 euros anuales.
- FEVE: director general 96.196,58 euros.
- Zapatero cobra 6.383 euros del Consejo de Estado por acudir a un pleno mensual e ingresa otros 6.515 € al mes como ex Presidente.
- RTVE: Presidente 220.000 euros al año. Las presentadoras Ana Blanco, Pepa Bueno, Ana Pastor y María Casado tenían sueldos que oscilaban entre los 150.000 a los más de 200.000 euros brutos anuales en 2009.
- El alcalde de Sabadell, Manuel Bustos Garrido, cobra un sueldo público del Ayuntamiento de 81.576,04 euros brutos anuales.
- El presidente de la Diputación de La Coruña/A Coruña, Diego Calvo Pouso, del Partido Popular, tiene un sueldo de 71.593 euros brutos anuales.
- Trece directivos de la funeraria del Ayuntamiento de Madrid, 130.000 euros cada uno.
- El Alcalde de Leganés 103.000 euros anuales.
- Sueldo base de directivos de grandes empresas públicas, 105.000 euros anuales.
- Directivos de empresas públicas medianas un sueldo base máximo de 80.000 euros anuales.
- Y cuando entre en vigor la nueva reforma, los directivos de las entidades financieras intervenidas sólo podrán cobrar, los pobrecitos, 500.000 € al año. ¿Y no se cuestiona el Sr. Floriano que cobren 500.000 € al año sin considerar la renta familiar?

En una situación económica como la de nuestro país el destino retributivo del dinero público no puede tener tratamientos tan dispares ni tan injustos. El dinero usado para las anteriores retribuciones nace en todo o en gran parte de los contribuyentes y debería, por tanto, ser usado con criterios públicos y objetivos. Es preciso aplicar un principio claro y único: con dinero público, salarios públicos. Tanto en las empresas públicas, como en las empresas privadas que perciben ayudas públicas, las retribuciones no deberían establecerse siguiendo las mismas normas que rigen en la Administración Pública y, por tanto, no deberían superar las máximas retribuciones que se perciben en las administraciones públicas. Y al que no le convenga que deje el puesto que seguro que habrá alguien con, al menos, tanta preparación como la suya para desempeñarlo y dispuesto a hacerlo con un salario público.

El punto de partida es fácil de encontrar: nadie debería poder percibir en este país y en estas circunstancias un salario con origen en los fondos públicos superior al del Presidente del Gobierno. No es posible ni tolerable que los más débiles sigan siendo “los castigados” por la crisis. En vez de tanta “reforma” sectorial, de tanto parche legislativo, el Gobierno debería de una vez abordar una reforma global de los sistema retributivos cuando está por medio el dinero público y, para ello, debería elaborar una Ley sobre Retribuciones Públicas. Por simple lógica y elemental justicia. Que haya dinero público para pagar sueldos de 500.000 € anuales a los directivos de los bancos intervenidos y que no lo haya para abonar la paga extra de los empleados públicos o los 400 € no lo entiende nadie.

Santiago de Munck Loyola

domingo, 19 de agosto de 2012

El Gobierno con Bolinaga y no con las víctimas.




El pasado viernes, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias concedió el tercer grado al asesino, secuestrador y torturador etarra Jesús María Uribetxeberria Bolinaga. Con esta clasificación penitenciaria, Bolinaga podrá solicitar la libertad condicional al juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, que decidirá la semana que viene.

El Director General de Prisiones, Ángel Yuste, ha adoptado esta decisión después de que el parte médico del centro sanitario pronosticase que el etarra tiene un 90 por ciento de posibilidades de morir en el plazo de un año dado el cáncer que padece. El ministerio de Interior apela en un comunicado a “razones humanitarias”, pese a “la entidad de los delitos cometidos”, tres asesinatos (Mario Leal Baquero, Pedro Galnares Barreda y Antonio López Martínez Colmenero)  y dos sonados secuestros por los que el etarra nunca ha pedido perdón.

El Gobierno ha basado su decisión en lo dispuesto en el artículo 104.4 del Reglamento Penitenciario que prevé la posibilidad de otorgar el tercer grado a un preso por razones humanitarias o por enfermedad grave. Es decir, nos encontramos ante una decisión del Gobierno absolutamente legal sustentada en el carácter discrecional de una norma: se puede otorgar el tercer grado en algunos casos, pero ello no significa que se deba otorgar. Tan legal habría sido otorgarlo como denegarlo y la opción entre ambas posibilidades depende de valoraciones subjetivas de las autoridades.

Con ello, la decisión de otorgar el tercer grado a este sujeto es, cuando menos, sorprendente y más si se tienen en cuenta las noticias hoy publicadas sobre el tratamiento que reciben otros delincuentes en la misma o peor situación que la del etarra. Según publica hoy el Diario el Mundo, entre los años 2005 y 2010, 799 presos enfermos de cáncer fallecieron en las prisiones españolas, es decir, que no se les concedió el mismo trato que a Bolinaga, no se les concedió el tercer grado y, por tanto, no pudieron acceder a la libertad condicional para terminar sus días fuera de prisión. Y si a este dato se suma además el hecho de que este asesino no se ha desvinculado de la banda terrorista, no ha pedido perdón a las víctimas, ni ha satisfecho sus responsabilidades civiles, tal y como exige la reforma del Código penal del año 2003, su probable puesta en libertad por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, constituiría una burla legal y una afrenta más a las víctimas.

Frente a las palabras de presunta firmeza del Ministro Interior parece que la realidad que se está abriendo paso no es otra que la de la claudicación y cesión frente a las presiones de los terroristas y, correlativamente, el olvido y la humillación a las víctimas del terrorismo. Es moralmente inaceptable que el denostado por tantos funcionarios de prisiones, el Director General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, con el beneplácito del Gobierno de España, haya adoptado una decisión legal, a la que no estaba obligado en modo alguno, que abre la puerta grande a la excarcelación de un terrorista no arrepentido, de un sanguinario asesino, de un implacable torturador como Bolinaga.  No es ésto lo que votaron los que eligieron al PP hace unos meses, ni mucho menos.

Si el Sr. Yuste o el Ministro de Interior fuesen capaces de explicar claramente por qué se le concede el tercer grado al Sr. Bolinaga y por qué no se concede a los demás delincuentes en situación similar, a lo mejor podría entenderse semejante decisión. Pero seguramente no lo harán porque la razón, como sospechan las víctimas, puede que sea inconfesable.

¿Por qué se esgrimen razones humanitarias en el caso de Bolinaga y no en el caso de los demás presos? ¿Por qué hay que ser compasivo con quien no lo fue con sus víctimas y con quien, además, no se ha arrepentido de los irreparables daños que ha causado? ¿Es más importante el bienestar de este tipejo que el de los demás presos con dolencias similares?

No concederle el tercer grado era también una decisión legal y, además, una decisión más justa, más ética y más comprensible para quienes detestamos la violencia y la historia de las ratas de la ETA y de sus cómplices. Hacer lo contrario se llama simplemente traición a las víctimas.

Santiago de Munck Loyola

viernes, 17 de agosto de 2012

Sánchez Gordillo: populismo chusquero.




La verdad es que el Alcalde Marinaleda y diputado autonómico andaluz por IU, el exfalangista y frustrado aspirante a Guardia Civil, Juan Manuel Sánchez Gordillo, está consiguiendo animar el aburrido panorama informativo estival. Este Robin Hood andaluz, político folclórico, de estética fusión entre palestino, bandolero serrano y progre años 70, ha logrado poner en el candelero una forma de hacer política populista y chusquera en la que todo vale.  Como político regional se estrenó en el Parlamento andaluz protagonizando una ridícula toma de posesión que levantó risas entre propios y extraños.

Hace unos días, en compañía de miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores asaltó dos supermercados, uno en Sevilla y otro en Cádiz, llevándose diez carros de la compra con alimentos sin pagar y empleando la fuerza contra algunos empleados de los mismos para destinarlos a un comedor social. Según el Sr. Sánchez Gordillo se trató de una expropiación forzosa.

Como consecuencia de esta acción, el sindicato Manos Limpias presentó el pasado día 10 de agosto una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el Sr. Sánchez Gordillo, por su participación en el asalto a varios supermercados y posteriormente decidieron convertir dicha denuncia en querella y presentarla ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Hace dos días, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, manifestó que la Fiscalía debía tener en cuenta que los asaltos a los supermercados andaluces en los que está implicado el alcalde de Marinaleda son un "robo con violencia fundamentalmente hacia mujeres". A lo que el Sr. Sánchez Gordillo ha respondido pidiendo la dimisión de la Defensora del Pueblo por haber realizado estas manifestaciones.

La mamarrachada del Sr. Gordillo y de su sindicato ha recibido estos días algunas adhesiones y la última en sumarse a las manifestaciones de apoyo al líder jornalero ha sido la diputada valenciana de IU Marina Albiol que, junto a varias decenas de personas, ha presentado este viernes en el registro de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana un documento en el que se declaran cómplices del asalto a los supermercados andaluces. Según esta diputada, se trata de un gesto de solidaridad y asume esta chusca forma de hacer política animando, además, a realizar más asaltos a supermercados.

Y la cosa no va a quedar aquí, al parecer, el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) se ha propuesto extender su lucha contra los recortes. Unos 700 miembros del SAT, con Sánchez Gordillo a la cabeza, iniciaron ayer una marcha a pie en la localidad de Jódar que desembocará mañana en un mitin en Jaén.

A todo esto, un vecino del Sr. Sánchez Gordillo, Mariano Pradas, portavoz del PSOE en Marinaleda, ha aprovechado estos días de notoriedad de su Alcalde para denunciar que el Sr. Sánchez Gordillo no quiere o no puede dar explicaciones sobre el destino de 226.000 euros aportados por la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía para construir unas viviendas sociales.

Como puede comprobarse, se trata de todo un culebrón veraniego que no ha acabado ni mucho menos. Podría incluso verse con cierta simpatía las acciones del Sr. Sánchez Gordillo y de sus seguidores sino fuera por algunos aspectos y consideraciones cuando menos preocupantes. Asaltar supermercados para repartir comida entre los más necesitados parece, a primera vista, una acción irregular pero perdonable por su supuesto fin altruista. Pero las apariencias engañan. En primer lugar porque el uso de la fuerza y de la violencia contra los empleados no está justificado en modo alguno. Los testimonios y las imágenes no engañan: hubo violencia y eso no es admisible. Y lo saben los que se autoinculpan y, por ello, hablan de hurto y no de robo, no sea que su solidario gesto se les vuelva en contra. Mojarse, lo justo y nada más. En segundo lugar, el apoyo y justificación de estas acciones se sustenta en la imposición unilateral de unos determinados sujetos que, por móviles puramente partidistas, deciden qué es bueno y qué no lo es, quién es culpable y quién no de esta tremenda crisis, quién debe pagar y quién no los platos rotos y todo ello prescindiendo de la voluntad expresada en las urnas hace muy pocos meses. Cabe cuestionarse ¿por qué debe ser socialmente aceptable robar en supermercados y no en las farmacias? ¿son los alimentos más importantes que los medicamentos? Si se pueden “expropiar forzosamente” alimentos para los hambrientos ¿se puede expropiar por el mismo método viviendas para los que carecen de ella? Si uno no tiene ni para comer ¿podría expropiar por el mismo método el sueldo del Sr. Sánchez Gordillo? ¿Quién determina lo que es expropiable y lo que no? ¿El Sr. Sánchez Gordillo? ¿Izquierda Unida? ¿No utilizaban los mismos argumentos los GRAPOS cuando asaltaban bancos?

El Sr. Sánchez Gordillo y quienes alientan nuevas acciones como éstas no creen en el estado de Derecho, único marco racional de convivencia pacífica, y pretenden imponer sus reglas poniendo en peligro la convivencia ciudadana. Acciones como éstas, sean simbólicas o detonantes de similares iniciativas, no son necesarias para llamar la atención sobre la realidad de la pobreza que asola muchas zonas de nuestro país. Las situaciones de necesidad o de emergencia social están a nuestro alrededor por lo que nos encontramos ante supuestos gestos reivindicativos inútiles.

Mientras el Sr. Sánchez Gordillo y sus secuaces montan sus numeritos hay miles de españoles y decenas de organizaciones humanitarias desarrollando callada pero eficazmente una labor impagable en favor de los más necesitados. Sin ir más lejos, Caritas, esa organización católica que el Sr. Sánchez Gordillos y afines quieren que pague el IBI, da de comer diariamente a decenas de miles de personas, atiende a enfermos y cubre urgentes necesidades de miles de familias. Y lo hace sin robar a nadie, sin golpear a nadie, sin exhibirse mediáticamente. De su ejemplo, algo podría aprender el Sr. Sánchez Gordillo y demás camaradas comunistas si quieren sinceramente ayudar a los más necesitados.

Santiago de Munck Loyola

lunes, 13 de agosto de 2012

A favor de una huelga de hambre abertzale.



Los palmeros de los asesinos de la ETA andan revueltos estos días y sus iniciativas están siendo, una vez más, noticia. Ya se sabe que el mes de agosto suele ser un mes más bien flojo a nivel informativo y esa circunstancia la aprovechan los etarras y sus colaboradores para obtener réditos informativos. El esquizofrénico mundo de la ETA ha encontrado su “causa” veraniega en el estado de salud del torturador y asesino frustrado de Antonio Ortega Lara. Parece que dicho delincuente, Josu Uribetxeberría Bolinaga, se encuentra enfermo de cáncer y exige ser excarcelado al margen de los procedimientos legales establecidos. Y para reforzar su exigencia se ha declarado en huelga de hambre quizás estimulado por el recuerdo de las tres huelgas de hambre que pocos años atrás protagonizó, con foto trucada en el The Times incluida, su conmilitón, el sinvergüenza y asesino en serie, José Ignacio de Juana Chaos, autor de 25 asesinatos por los que sólo cumplió 18 años de cárcel.

Y cómo era de esperar (el guión lo suelen seguir estos tipejos) a la huelga del torturador de Ortega Lara se están sumando poco a poco y bajo distintas modalidades los demás presos de la banda criminal. De momento se han sumado más de 159 etarras incluido el Sr. Otegui (el hombre de paz de Zapatero) que siguiendo los dictados de la banda confirma, una vez más, que Batasuna – Bildu - Sortu y la ETA son la misma bazofia digan lo que digan algunos magistrados sin vergüenza del Tribunal Constitucional.. Eso sí, en esto de las huelgas de hambre los etarras son muy sibaritas, las hacen a la carta: unos la hacen de un día porque tampoco hay que excederse, otros la transforman en huelga de patio (no salen al patio de la prisión y que se fastidien los carceleros), otros hacen huelga de comida del centro penitenciario pero se comen los productos de la tierra recibidos seguramente gracias a subvenciones de administraciones públicas gobernadas por su compañeros, Otegui por su parte inicia la huelga tras meterse un generoso desayuno entre pecho y espalda, en fin, un amplio catálogo de variedades huelguísticas para salir en los medios. Ya se sabe que la valentía nunca ha sido el punto fuerte de estos “gudaris” del tiro por la espalda o la bomba a distancia y que, por tanto, una huelga de hambre como es debido es un riesgo innecesario y no apto para ellos.

En definitiva, el mundo etarra, el del interior de las prisiones y el exterior de las administraciones vascas por ellos controladas, pretende con esta farsa presionar al Gobierno de España para que excarcele a este tipejo eludiendo las normas que regulan dichas excarcelaciones y aducen de cara a la opinión pública unos motivos presuntamente humanitarios. Es decir quieren que se trate al secuestrador de Ortega Lara con una compasión que él jamás se planteó con su víctima a la que retuvo en unas condiciones francamente infrahumanas durante 532 días y a la que estaba dispuesto a asesinar de hambre. Hay que recordar que en el momento de su rescate, Ortega Lara había perdido 23 kilos, masa muscular y densidad ósea. Sufría de trastornos del sueño, estrés postraumático, ansiedad y depresión.

Pues nada, pelillos a la mar y a excarcelar al “pollo” este que es un valiente “gudari”. Pero para conseguirlo, los abertzales deberían presionar mejor al Gobierno. Deberían ponerse todos, presos y políticos etarras, en huelga de hambre y sed de verdad, sin concesiones y con dos coj… Hasta el final. Ni lonchitas de jamón a lo “Chaos”, ni zumitos, ni agua. Nada de nada. Desde Garitano hasta Josu Ternera, desde el primero hasta el último por favor. Todos en huelga absoluta y solidaria hasta el final. ¡Anímense por favor! Se lo agradeceremos todos.

Santiago de Munck Loyola