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viernes, 23 de octubre de 2015

Consecuencias de los "dedazos" del PP.


Para entender muchas noticias que afectan al Partido Popular y a sus representantes institucionales es necesario saber cómo funciona internamente. La designación de quienes han de ser elegidos como parlamentarios o concejales no depende de los cientos de miles de afiliados del PP. Su designación como candidatos se hace a través de Comités Electorales nombrados desde arriba que se limitan prácticamente a designar a los que desde arriba les señalan. No cuenta el mérito, ni la capacidad, ni, por supuesto, el respaldo de las bases del partido. Cuentan las amistades, las influencias y, en no pocos casos, el servilismo. Existe un fuerte déficit de democracia interna que es el que termina generando problemas y, a veces, escándalos. Buena prueba de ello, es la trayectoria política de un diputado autonómico de Madrid con el que hace años colaboré, José Cabrera Orellana. Se podría decir que es prototipo del arribismo y del amiguismo en el Partido Popular.

Hace unos días, los medios de comunicación se han hecho eco de la renuncia al escaño del Diputado Popular en la Asamblea de Madrid, José Cabrera Orellana, tras 16 años como parlamentario, coincidiendo casualmente con la expiración del plazo dado a todos los diputados (el 15 de octubre) para que presentasen una declaración escrita describiendo todo el patrimonio que poseen. Según el Diario El País, Cabrera ha justificado su renuncia en que “no quiere poner en riesgo el vasto patrimonio que ha atesorado para él y sus hijos desde que arribó hace muchos años a Madrid procedente de su Extremadura natal” confesando que lo hizo “con una mano delante y otra detrás”.

El Diputado José Cabrera también fue objeto de atención por parte de los medios de comunicación en 2012 y no precisamente por su labor como parlamentario, prácticamente inexistente. En febrero de 2012, Metro de Madrid incorporó a su plantilla a un hijo del portavoz de Transportes del PP en la Asamblea de Madrid que casualmente era José Cabrera Orellana. Esta incorporación se hizo mediante un contrato "de relevo", como "subjefe de servicio" con un nivel salarial 3 y una retribución bruta anual de 46.000 euros. Y este fichaje tuvo lugar un mes después de que Metro redujera a la mitad su cúpula directiva y de que redujese a la mitad la composición de su Consejo de Administración dejando fuera a los representantes sindicales y de los usuarios.

También en 2012, José Cabrera fue objeto de críticas y denuncias por parte de grupos ecologistas por sus actuaciones en una parcela en Carabaña, junto al río Tajuña, en la que, ignorando la legislación, ajardinó toda la franja de policía y el dominio público hidráulico, arrasando el bosque y construyendo escolleras y un vallado para impedir el libre acceso al río.

¿Cómo llegó Cabrera a ser diputado autonómico del Partido Popular? Pues gracias al molino de la casa de Rodrigo Rato en Carabaña. En abril de 1994 Rodrigo Rato fue acusado por el alcalde de Carabaña, de Izquierda Unida, de haber desviado el agua del cauce del río Tajuña para llevarla al molino de su casa. A parte de muchas críticas, Rodrigo Rato recibió el apoyo de un vecino de Vallecas y veraneante en Carabaña que formaba parte del movimiento asociativo de la localidad, José Cabrera. Y este respaldo tuvo premio. En 1996, José Cabrera, comercial de venta de baterías, votante de izquierdas, sin experiencia ni formación política y recién afiliado al Partido Popular fue nombrado, nada menos, que Secretario de Pueblos del Partido Popular de Madrid.

Durante más de dos años colaboré, junto con dos concejales más de Rivas-Vaciamadrid, como asesor jurídico de los grupos municipales. Hay que destacar dos obsesiones de Cabrera en aquella época: de una parte que los miembros del equipo debíamos identificarnos como seguidores de Rato (“Cuanto mejor le vaya a Rodrigo mejor nos irá a nosotros”) y de otra que no debíamos poner el nombre del autor en los informes jurídicos que hacíamos, sino “Secretaría de Pueblos”. Eran épocas de etiquetas o te la ponías o te la ponían aunque no quisieras. Recuerdo que en una ocasión Cabrera me dijo “Santiago, no vales para la política porque eres un intelectual y aquí de lo que se trata es de vender”. Sin comentarios.

El caso es que en 1999, el converso Cabrera fue incluido en las listas del Partido Popular a la Asamblea de Madrid y así durante tres legislaturas más. Y de paso, Rodrigo le promovió para ser consejero de Bankia y de RTVE. Y en este tiempo pasó de ser comercial de venta de baterías a convertirse en “Técnico en Desarrollo Comercial y especialista en Mercado Internacional del Sector de Automoción”, ahí es nada, a ser dueño de seis empresas, por las que factura al año al menos 6,2 millones. Su esposa aparece además como administradora de las mercantiles Ecovega Máster y Mercabatería, cuyas ventas superaron entre 2011 y 2013 los ocho millones de euros. Las sociedades de Cabrera Orellana comparten domicilio social con las firmas de su mujer.

Es evidente, ante casos como éste, que el Partido Popular necesita una profunda reforma estatutaria para que los militantes tengan la capacidad de decidir quienes han de ser los candidatos en las instituciones y para controlar que su actividad parlamentaria y política sea la adecuada. Mientras siga primando el amiguismo, el compadreo, el padrinazgo y el nepotismo las instituciones públicas seguirán siendo un paraguas para medrar personalmente y un semillero de abusos. No es posible hablar de regeneración democrática de nuestro sistema si no se empieza por regenerar a los propios actores del mismo, es decir, a los partidos políticos. Y la mejor regeneración empieza por mayores dosis de democracia interna.

Santiago de Munck Loyola






domingo, 12 de febrero de 2012

Con dinero público, sueldos públicos.

Por mucho que se intente, suceden cosas a diario que escapan a la lógica más elemental y que no se comprenden. En los últimos días, con ocasión de los recortes que el nuevo Gobierno está aprobando se han hecho públicas las retribuciones que perciben algunos presentadores de RTVE a las que, al parecer, se va a meter un tijeretazo de un 25 % para gran disgusto de los afectados. Recorte que, por cierto, se nos vende como una gran medida cuando en realidad es claramente insuficiente. Mientras que los sueldos medios de los empleados de RTVE rondan los 44.000 € anuales, resulta que algunos distinguidos profesionales de la Casa cobran medio millón de euros al año como Mariló Montero o Jordi Hurtado. Otras presentadoras de RTVE como Pepa Bueno 250.000 €, Ana Blanco 240.000 € y Ana Pastor más de 175.000 € anuales. Poco o nada habría que objetar si RTVE fuese una empresa privada sin financiación pública alguna, pero no es así. RTVE sobrevive gracias al dinero de los contribuyentes, es decir, para que todos estos ilustres personajes televisivos cobren esos sueldos a usted, a mí y a todos los contribuyentes de este país nos lo detraen de nuestras modestas nóminas o de otros impuestos que nos gravan hasta el pan que comemos. Y, por si fuera poco, los directivos de esa Casa Pública, cuyos sueldos no han sido desvelados pero que son fácilmente imaginables, cuentan con coches oficiales porque, al parecer, o no tienen transporte privado, los pobrecitos, o no quieren usar el transporte público mezclándose con el vulgo de cuyos impuestos cobran. Si esto ocurre en la Televisión del Estado y conociendo el despilfarro de las autonomías, imagínese estimado lector lo que debe suceder en las televisiones autonómicas.

El caso de RTVE no un caso aislado en cuanto a la forma de gestionar el dinero de los contribuyentes. Un ejemplo más: RENFE. Los actuales once directivos de esta empresa pública perciben anualmente una media de 140.000 euros en concepto de remuneraciones. 140.000 euros al año mientras que el Presidente del Gobierno tiene un sueldo cercano a los 80.000 euros anuales. Surrealista. RENFE es también, como todo el mundo sabe una empresa pública, sostenida mayoritariamente con los impuestos de los ciudadanos. Imaginemos por un momento lo que debe estar ocurriendo también en las centenares de empresas públicas estatales o autonómicas en las que, por cierto, la transparencia de las retribuciones de sus directivos deja mucho que desear.

El nuevo Gobierno ha adoptado medidas concretas recortando retribuciones en el sector público que han alcanzado también a las entidades financieras que reciben ayudas públicas. Con ser loable esta voluntad de austeridad, el problema de los abusos en las remuneraciones con origen en el dinero público no se ha abordado ni resuelto de forma general. Hasta ahora se han puesto parches, pero el problema sigue ahí, falta un principio general que se traduzca en una norma de obligado cumplimiento en todo el sector público y en el sector privado que usa del dinero público a través de ayudas o subvenciones.

No se puede obviar que en las economías occidentales el uso de las subvenciones públicas para ayudar e impulsar la actividad del sector privado es una práctica generalizada. Pocos son los sectores económicos en los que no llegan ayudas públicas, beneficios fiscales o directamente subvenciones. Diferentes fórmulas que tienen un denominador común: el presupuesto público y, por tanto, una incidencia directa en los que los contribuyentes deben cotizar. No tiene sentido que haya empresas privadas, por muy estratégicas que sean, cuyas fuentes de ingresos se nutran principalmente de subvenciones públicas y que sus directivos perciban salarios muy por encima de los que percibirían en una administración pública. Tampoco tiene sentido que las empresas reciban ayudas o beneficios por contratar, pagando menos por ejemplo a la seguridad social, o cuando aprueban un ERE o jubilaciones anticipadas mientras en el seno de las mismas se estén percibiendo salarios muy superiores a los del sector público. Cada euro que esas empresas reciben de las administraciones públicas o cada euro que dejan de abonar salen del bolsillo de los contribuyentes.

Por tanto, si se quiere acabar de verdad con estos abusos es preciso aplicar un principio claro y único: con dinero público, salarios públicos. Tanto en las empresas públicas, como en las empresas privadas que perciben ayudas públicas las retribuciones no deberían superar las máximas que se perciben en las administraciones públicas. Y al que no le convenga que deje el puesto que seguro que habrá alguien con, al menos, tanta preparación como la suya para desempeñarlo y dispuesto a hacerlo con un salario público. Pero este abuso del dinero público debe acabarse ya porque no se trata de “el chocolate del loro”, no. Se trata de tanto dinero como el que va a recaudar ahora el estado con la subida del IRPF. Si hay lo que hay que tener para acometer una reforma laboral como la que se acaba de aprobar, debe haber lo mismo para administrar correctamente el dinero de los contribuyentes y acabar con la prodigalidad en el manejo del dinero de todos.

Santiago de Munck Loyola