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viernes, 12 de diciembre de 2014

Portal de Transparencia, sueldos públicos y Ley de Retribuciones Públicas.


Para muchos ciudadanos conocer los sueldos de los políticos publicados en el portal de la Transparencia recientemente puesto en marcha ha sido una auténtica sorpresa. Los datos no son nuevos, ya eran públicos pero eran de difícil acceso y no estaban agrupados en ninguna publicación. Pero si hay algo que sorprende es que bastantes medios de comunicación parezcan también “sorprendidos” por esos datos y, sobre todo, por el hecho de que haya centenares de cargos públicos que cobran mucho más de lo que cobra el máximo responsable de lo público, el Presidente del Gobierno. Eso lo sabían o debían saberlo los medios de comunicación pero, por la razón que sea, no  han puesto esta espinosa cuestión hasta ahora sobre el tapete del debate público.

No es difícil imaginarse o mejor dicho soñar con que en una empresa un empleado pueda cobrar dos o tres veces más que el dueño de la misma o que su jefe. La imaginación es libre y soñar lo es aún más. Pero solo es un simple sueño porque en el mundo de la empresa privada es absolutamente imposible que algo así pueda darse. Sin embargo, en este nuestro país, cuando hablamos de lo público, de las administraciones públicas cualquier cosa es posible incluso eso, que los empleados cobren hasta cuatro veces más de lo que cobra su jefe. Y no estamos hablando solo de la Administración del Estado central, sino también de las administraciones autonómicas y locales y, además, de entidades públicas y privadas cuyos ingresos provienen principalmente de la hacienda pública, de subvenciones o ayudas.

Es evidente que existe desde hace muchos años una absoluta anarquía en cuanto a la cuantificación de todas las retribuciones públicas, es decir, de las retribuciones que se pagan el dinero de los contribuyentes y que nadie ha sido capaz o ha tenido la voluntad política suficiente para poner orden y sentido común en este asunto. Desde estas modestas páginas se viene denunciando esta circunstancia desde hace tiempo, sin necesidad de portal alguno de Transparencia. Buena parte de nuestro dinero recaudado por las administraciones públicas se destina a pagar el sueldo de los empleados públicos (políticos y asimilados, funcionarios, funcionarios de empleo, laborales, etc.) y otra buena parte de ese dinero se destina a empresas privadas a través de ayudas o subvenciones, en las que como es lógico se pagan sueldos. En cualquier caso, se trata de dinero público que se destina al pago de retribuciones. Pues bien, tratándose de dinero público no tiene mucho sentido que en España, en medio además de esta situación económica que impone criterios de austeridad, no exista una norma que regule y unifique las tablas salariales que puedan aplicarse. Nos encontramos con una curiosa situación: el máximo jefe del dinero público, el Presidente del Gobierno, gana en muchos casos menos que muchos de sus subordinados. Una situación impensable en el ámbito de la empresa privada. Los reinos de taifas salariales son una realidad en España.

Por una parte, los Presupuestos Generales del Estado fijan anualmente los topes retributivos de los empleados públicos pero de esta limitación se escapan todos los cargos políticos (nacionales, autonómicos y locales) de modo que muchos Alcaldes y Presidentes autonómicos ganan hasta un 50 % o más que el Presidente del Gobierno. Por otra parte, los directivos de las empresas públicas y algunos empleados, como los de RTVE con contratos superiores a los 150.000 € anuales, también se escapan de las tablas salariales fijadas en los Presupuestos del Estado. Hay directivos de ADIF y de otros entes públicos que triplican el salario del Presidente del Gobierno, del “Jefe” de la “empresa”. Por último, nos encontramos que empresas privadas o semi-privadas que subsisten gracias a las ayudas o subvenciones públicas, es decir, al dinero de los contribuyentes abonan retribuciones de 500.000 € anuales como en el caso de las entidades financieras que reciben ayudas públicas. No tiene lógica, ni sentido común esta situación. Si para percibir subvenciones o determinadas ayudas públicas una empresa privada tuviese que ajustar las retribuciones de su personal a los baremos públicos el panorama cambiaría radicalmente.

A raíz de las noticias surgidas por la puesta en marcha del Portal de la Transparencia, el líder socialista, Pedro Sánchez, parece que ha encontrado la solución: que todos los cargos públicos se bajen el sueldo por debajo del correspondiente al Presidente del Gobierno. Resulta curioso que el líder socialista sólo sea capaz de lanzar una propuesta cuando saltan las noticias porque, como político profesional, hace tiempo que conocía esta escandalosa situación y nunca ha realizado ni él, ni su partido propuesta alguna para racionalizar el uso del dinero de los contribuyentes. Pero es que, además, su idea es simplista e insuficiente. No se trata sólo de que nadie gane más que el Presidente del Gobierno, sino que hay que evitar caer en la demagogia y el populismo. Seguramente habrá que empezar por asignar a la Presidencia una retribución razonable porque la actual es a todas luces insuficiente y a partir de ella establecer unos baremos hacia abajo que vinculen a las retribuciones de la administración central, de las autonómicas, de las locales y de cualquier entidad que perciba un solo euro proveniente de las arcas públicas. Y eso sólo se puede hacer con la aprobación de una Ley de Retribuciones Públicas, aplicando el concepto de público en el más amplio sentido posible.

Santiago de Munck Loyola


miércoles, 27 de febrero de 2013

Otro gatillazo: sin Pacto de Estado contra la corrupción.



Parece que, una vez más, la clase política en general no ha sabido estar a la altura de las circunstancias y del clamor social contra la corrupción y ha sido incapaz de alcanzar un gran Pacto de Estado contra la corrupción. A lo más que se ha llegado tras el debate sobre el estado de la Nación ha sido a un gran acuerdo, no respaldado ni por el PSOE ni por IU, aprobando una serie de Resoluciones promovidas en su mayoría por el Partido Popular instando a la adopción de un catálogo de reformas contra la corrupción. Así, el Congreso ha aprobado 16 Resoluciones al Debate sobre el Estado de la Nación, de las que 14 han sido impulsadas por el Grupo Popular, una por el PNV, y otra acordada sobre la base de tres propuestas del PP, CiU, UPyD y el Grupo Mixto (UPN).

Una de estas resoluciones expresa la necesidad de un acuerdo de las fuerzas políticas, con el fin de adoptar cuantas medidas de regeneración democrática, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción sean precisas para que los ciudadanos aumenten su confianza en las instituciones, emplazando a elaborar un pacto ético entre los partidos respecto al tratamiento de los casos de corrupción y de los encausados. Igualmente, se pide la creación de una comisión independiente formada por personas de amplio reconocimiento y prestigio social que elabore un informe para su remisión al Parlamento sobre la regeneración de la democracia y se emplaza al Gobierno a aprobar una serie de proyectos de ley para su remisión al Parlamento: una Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos, la Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas para articular más instrumentos de control, la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para fortalecer el régimen de las prohibiciones de contratación con el sector público a todas las personas físicas y jurídicas condenadas por corrupción, una Ley Reguladora del Ejercicio de las Funciones Políticas, como Estatuto del Cargo Público,  la reforma del Código Penal para endurecer la sanción de la corrupción, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en su caso, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incorporar a la Ley  de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, a los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales y aquellas entidades e instituciones que se financian esencialmente a través de dinero público, regular las organizaciones de intereses o "lobbies" y otras medidas como modernizar las campañas electorales.

Del examen de esta batería de medidas se deduce claramente que, al margen de la imposibilidad de lograr la unanimidad entre la clase política para combatir la corrupción, no se ha abordado el problema, salvo en lo relativos a los Partidos políticos (y habrá que esperar para ver con qué alcance), desde la perspectiva de las causas que facilitan o propician la aparición de la corrupción. Los grupos políticos se han decantado más bien por aumentar los controles y endurecer las sanciones sobre la corrupción, pero no por atajar las causas que la facilitan.

La inmensa mayoría de los casos de corrupción que afloran en nuestro país tiene su origen en tres ámbitos concretos: en el urbanismo, en las contrataciones públicas y en el funcionamiento de los partidos políticos. Y en el trasfondo está la discrecionalidad, la capacidad de decisión discrecional de técnicos y políticos, a la hora de ejecutar el urbanismo y de contratar obras, servicios y suministros con las administraciones públicas. Curiosamente, en las resoluciones aprobadas no se contiene ninguna mención a la necesidad de reformar la legislación del suelo o de las contrataciones con las administraciones públicas que permiten el uso y el abuso de la discrecionalidad, y por tanto de la arbitrariedad, a la hora de aplicar las diferentes normas que desarrollan esas materias. La primacía de criterios subjetivos sobre los objetivos en materia de urbanismo y de contrataciones es la que facilita que políticos y técnicos en algunos casos hagan un mal uso de las facultades que tienen otorgadas y que, por tanto, basen sus decisiones en intereses personales y no en intereses puramente públicos.

Todo hace pensar que siendo estas resoluciones un importante avance para castigar la corrupción no lo son tanto para prevenirla y ello permite poner en duda la existencia de una auténtica voluntad o de capacidad de la clase política para acabar con la lacra de la corrupción. Y lo que desde luego ha quedado patente es la falta de altura política de algunos para intentar aunar voluntades en algo tan importante para el conjunto de los ciudadanos.

Santiago de Munck Loyola

domingo, 25 de marzo de 2012

La Ley de Transparencia: un antídoto errado contra la corrupción.

Hace pocos días, la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, ha anunciado que en breve el Consejo de Ministros aprobará un nuevo Proyecto de Ley, la llamada Ley de Transparencia. Se trata, según el Gobierno, de uno de sus proyectos clave para regenerar la clase política y tratar, con ello, de limpiar la mala imagen de la misma a la hora de gestionar las entidades públicas percibidas por los ciudadanos como instrumentos de despilfarro el dinero de los contribuyentes. Este anteproyecto  obligará a los políticos a informar en qué gastan el dinero público y permitirá a los ciudadanos consultar a través de una web las subvenciones, los contratos o los sueldos de los cargos públicos. Establecerá como delito el despilfarro de dinero público y regulará los sueldos de Alcaldes y concejales.

El secretario general del Grupo Popular del Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, ha manifestado que  la nueva ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno es "muy positiva y necesaria" porque será el "mejor antídoto" contra la corrupción y el despilfarro de los recursos públicos. Y esta idea de que la nueva norma va a servir fundamentalmente para combatir la corrupción se ha extendido entre los comentaristas políticos y entre los medios de comunicación en general.

A falta de conocer con detalle el nuevo texto legislativo, lo cierto es que de los avances sobre el contenido del mismo no se puede deducir que vaya a ser una norma eficaz para desterrar la corrupción de la vida política, ni mucho menos. Una mayor transparencia en la gestión de los asuntos públicos es necesaria, eso es indudable. La nueva norma podrá servir para lograr esa finalidad si se articula de forma adecuada pero de ahí a afirmar que se va a convertir en un antídoto contra la corrupción hay un verdadero abismo. Es cierto que la falta de transparencia, la opacidad en la toma de decisiones, es consustancial a la existencia de corruptelas o casos mayores de corrupción. Cuando se delinque no se hace a la luz del día, con luz y taquígrafos, pero la falta de transparencia es un carácter accidental en los procesos de corrupción en el manejo de los fondos públicos.

Si se analizan los mayores casos de corrupción se puede apreciar perfectamente en qué ámbitos suelen producirse y encontrar, además, la causa por la que en un estado de derecho pueden producirse. Los principales casos de corrupción suelen estar encuadrados en tres esferas concretas de la actividad gestora de las administraciones: en el del urbanismo, en el de la contratación y en el de las transferencias o subvenciones de recursos públicos. Todos los casos de corrupción sin excepción se producen porque nuestras normas contienen posibilidades de toma de decisiones basadas en la discrecionalidad, en la adopción de decisiones dependientes de la voluntad de político sin necesidad de sujetarse a determinados criterios objetivos.

La Ley estatal y, por supuesto, las leyes autonómicas que regulan y ordenan el suelo contienen numerosas disposiciones que permiten a sus ejecutores adoptar decisiones con un amplio margen de discrecionalidad y que se traducen en la inmediata generación de enormes plusvalías. Recalificaciones y reclasificaciones de suelo no dependen de un elenco tasado y limitado de condiciones, sino de una serie de requisitos, más o menos objetivos, que finalmente sólo saldrán adelante por la voluntad del político de turno.

La contratación de obras, bienes o servicios por parte de las administraciones públicas es otro de los ámbitos en los que los casos de corrupción afloran. Si bien la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público supuso una mejora en la transparencia de dichos procedimientos, lo cierto es que creó un sistema y unos procedimientos mucho más complejos que los anteriores y dejó abiertas numerosas puertas al ejercicio de la discrecionalidad en la contratación pública.

Y un tercer ámbito en el que los casos de corrupción han venido aflorando últimamente es el de las subvenciones, el de las transferencias de recursos públicos al ámbito privado. En este campo, las subvenciones son otorgadas muchas veces en función de criterios absolutamente subjetivos y es evidente que, además, los mecanismos de autocontrol y fiscalización de las administraciones públicas no han funcionado correctamente.

Por tanto, otras virtudes podrán predicarse respecto a la nueva ley, pero no su capacidad para prevenir la corrupción. Acabar con la discrecionalidad en la toma de decisiones públicas y establecer modelos tasados y concretos para las mismas, reforzando además los mecanismos de fiscalización, es la única alternativa. Y en esa dirección, el Gobierno debería proponer reformas en las leyes sobre el territorio, en las Leyes sobre contratación y en las normas reguladoras sobre transferencias públicas. ¿Más transparencia? Sí, por supuesto. ¿Menos arbitrariedad en las decisiones de los gobernantes? Mejor. ¿Más fiscalización? Desde luego.

Santiago de Munck Loyola