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jueves, 6 de febrero de 2014

El olor a podrido.


Un nuevo informe de la policía judicial ha vuelto a poner de manifiesto la existencia de graves irregularidades en la financiación del PPCV. No se trata de ninguna novedad. Llueve sobre mojado y sorprende mucho la lentitud de la justicia a la hora de enjuiciar y depurar responsabilidades de toda una trama corrupta de la que ha formado parte el PPCV. El último informe de la policía judicial sobre el caso Gürtel añade más acusaciones sobre las irregulares transacciones entre la trama corrupta y la contabilidad del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Según el informe policial el Partido Popular ha manejado abundante dinero negro y con él pagó a las empresas de la trama Gürtel numerosos actos electorales. Este informe saca a la luz también varios regalos efectuados por los responsables de la trama corrupta a muchos políticos que no eran ajenos, desde luego, a la formalización de contratos con las empresas de esta trama. Es cierto que muchos de los hechos denunciados quedan ya lejos en el tiempo como los relativos al Congreso Regional de 2002 que costó  240.582 euros y por el que el PPCV abonó a la empresa Special Events más 150.000 euros en negro, que se dice pronto, o como los 17.429 euros también pagados en negro en 2002 por la Convención Regional celebrada en el Palau de la Música de Valencia. Pero no es menos cierto que la posible prescripción de hechos delictivos o simplemente irregulares no puede en modo alguno esgrimirse como excusa para no depurar las responsabilidades políticas a que hubiere lugar.


Pero sin irnos tan lejos en el tiempo todavía quedan muchas cuestiones que aclarar y es muy importante hacerlo, no ya por la cantidades económicas manejadas, sino porque muchos de los que han manejado dinero negro para pagar actos electorales del Partido Popular ostentan hoy importantes responsabilidades de gobierno. Ya en el informe de la UDEF de 2008 se realizaban importantes y graves acusaciones que, al día de hoy, no han sido respondidas adecuadamente ante la opinión pública. En aquel informe se mencionaban a una serie de personas como pagadores, como personas de contacto para las empresas de la trama corrupta, para los gastos de las campañas de las elecciones de 2007 y las generales de 2008. Entre ellos hay que destacar a los siguientes y por las cantidades en dinero negro que se relacionan:

Adela Pedrosa, Alcaldesa de Elda y Vicepresidenta 1ª de la Diputación: 13.997.- €.
Alfredo Castelló, Alcalde de Sagunto y Presidente del Comité de Derechos y Garantías del PPCV (¡Qué ironía!): 14.554.- €.
Miguel Peralta 5.067.- €.
Mercedes Alonso, Alcaldesa de Elche: 42.131.- €.
César Augusto Asencio, Alcalde de Crevillente y Vicepresidente 2º de la Diputación de Alicante: 39.900.- €.
José Ciscar, Presidente del PP de Alicante y Vicepresidente, Consejero de Presidencia y Hacienda y Portavoz del Consejo de la Comunidad Valenciana: 4.472.- €.
Y respecto a la ciudad de Alicante a la que se asignan en el informe 62.495.- € pagados en negro no figura el nombre del “pagador” de los gastos de la campaña de 2007, aunque todos conocemos quién era la coordinadora de la campaña electoral.

Desde luego tiene lo suyo que el actual Vicepresidente de la Generalitat Valenciana y Consejero de Hacienda, el Sr. Ciscar, pudiera haber manejado alegremente dinero negro para pagar actos electorales. Pues bien, como puede apreciarse del examen de los nombre de esta lista de políticos que manejaron dinero negro destaca el hecho de que la mayoría ostenta en la actualidad cargos de enorme relevancia. Se trata de personas que hoy en día manejan presupuestos públicos y el dinero de los contribuyentes, sin que hasta la fecha se sepa si es o no cierto lo que de ellos dice la policía. Son, en todo caso, políticos bajo sospecha y esa sospecha no despejada debería inhabilitarles, mientras no ofrezcan a la opinión pública una explicación plausible sobre la misma, para seguir ejerciendo responsabilidades públicas y, desde luego, les incapacita para exigir nada a los ciudadanos. ¿Cómo van a combatir estos señores por ejemplo la economía sumergida y el consiguiente tráfico de dinero negro si están acusados de manejarlo? Aquí sólo hay una alternativa: o la policía judicial miente o mienten los políticos.

Es cierto que la inmensa mayoría de los partidos políticos tiene sus “pecadillos” en cuanto a su financiación. Pero también es cierto que si los ciudadanos somos permisivos o tolerantes con estas prácticas la espiral de la corrupción será inacabable. Hace no mucho, algunos afiliados del PP de Alicante tuvimos conocimiento de denuncias de irregularidades en la campaña de las municipales de 2007: actos pagados por empresas, deudas impagadas al día de hoy, etc. Y como en el PP nunca se da cuenta a los militantes de la contabilidad, tuvimos el “atrevimiento” de pedir por escrito información al respecto. ¿Respuesta? Silencio sepulcral. Bueno, silencio del todo, no, algunos fuimos rápidamente expulsados mediante un procedimiento ilegal y leninista.

Mientras los partidos políticos no respondan ante sus afiliados y ante los contribuyentes que son los que ponen el 80 % del presupuesto oficial de los partidos políticos, las prácticas corruptas seguirán siendo el pan nuestro de cada día. Y mientras los partidos políticos sigan funcionando gracias al dinero público y no de las cuotas de sus afiliados seguirán viviendo por encima de sus posibilidades sin tener que responder ante nadie. Siempre vendrán con el cuento chino de que sus cuentas están fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas. ¡Claro! ¡Faltaría más! Y se quedan tan anchos. ¿Fiscaliza el Tribunal de Cuentas la contabilidad B, el dinero negro con el que, al parecer y según la Policía Judicial, el Sr. Ciscar y sus conmilitones pagaban a la trama Gürtel?

Una democracia sana necesita instituciones sanas y unas instituciones sanas necesitan partidos políticos sanos, partidos políticos democráticos, limpios y transparentes. Y desgraciadamente el PPCV hoy por hoy y con estos dirigentes no lo es. Un partido que hace trampa en las elecciones es como un deportista que se dopa. Su triunfo está viciado y cualquier análisis terminará por demostrarlo. Los ciudadanos no debemos mirar para otro lado, ni admitir prácticas semejantes bajo la excusa del mal menor. O somos firmes contra estas prácticas o seguirán arruinando nuestra democracia. Mirar para otro lado, minimizar estos problemas, colaborar con estas personas bajo sospecha o votarles es amparar y proteger la corrupción. Y viendo a dónde nos han conducido no nos lo podemos permitir. Va siendo hora de abrir las ventanas para que el olor a podrido desaparezca.


Santiago de Munck Loyola
http://santiagodemunck.blogspot.com.es/

domingo, 1 de diciembre de 2013

Ni un euro más para la casta dirigente.


Aquí el que no corre vuela. Da la sensación de que aquella desafortunada frase de una ministra de Zapatero afirmando que “el dinero público no es de nadie” está perfectamente asumida entre quienes dirigiendo partidos, sindicatos o patronales viven precisamente del dinero público, de las jugosas subvenciones públicas que obtienen de nuestros impuestos. Es tal la falta de escrúpulos y la inmoralidad reinantes que no pasa un día o una semana sin que aparezca un nuevo escándalo relacionado con el abuso que algunos hacen de nuestro dinero público, que es de todos. La inmensa mayoría de los partidos políticos, sindicatos y patronales perciben por diferentes vías inmensas cantidades de dinero público para sostener no sólo unas inmensas y superfluas estructuras, sino también un nivel de vida de muchos de sus dirigentes al que no podrían aspirar sin la rica ubre de las administraciones públicas. Y lo que es más grave, a pesar de esas ingentes ayudas económicas, según el Tribunal de Cuentas, 17 de los 25 partidos políticos fiscalizados están en quiebra técnica.

Los partidos políticos tan sólo reciben de sus afiliados 1 de cada 5 euros que ingresan, es decir, que el 80 por ciento de sus ingresos proviene del Estado, Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos. Y algo muy parecido ocurre con los sindicatos que, además, perciben sus cuotas de afiliación detrayéndolas de las nóminas directamente por los pagadores públicos. No hay ninguna razón lógica que justifique que todos los contribuyentes tengamos que poner dinero para que los partidos y sindicatos funcionen y menos aún para que lo hagan como lo hacen: despilfarrando y cometiendo toda clase de irregularidades. Lo que han logrado estas organizaciones con el dinero público es alejarse cada día más del ciudadano cuya solidaridad y adhesión ya no la necesitan pues su sostenimiento está garantizado a través de la exacción obligatoria de la caja pública.

Con nuestro dinero algunos pueden pagarse generosos sobresueldos, espectaculares campañas electorales, mariscadas, cursos en el Caribe y todo un sin fin de abusos que son especialmente sangrantes en medio de esta tremenda recesión. La clase dirigente de nuestro país, la política, la sindical y la empresarial, no ha sido, ni es ejemplar.

Con nuestro dinero, los sindicalistas de UGT han protagonizado uno de los espectáculos más bochornosos, más cutres y degradantes de nuestra democracia. No sólo montaron en Andalucía el expolio del dinero destinado a los desempleados con la trama de los falsos EREs, sino que además vamos conociendo día a día la existencia de un manual para realizar “mordidas” en las facturas del sindicato a las administraciones públicas y van saliendo a la luz las miserias humanas en forma de comilonas, viajes exóticos, bolsos falsificados, juergas en la Feria de Sevilla, sobresueldos, etc.

Y otro ejemplo destapado en las investigaciones judiciales es el protagonizado por el Partido Popular. El hecho de que en Alicante, la Dirección Provincial se gastase en el año 2011 35.000 euros en comilonas (o sea, 29.000 euros sacados directamente de los impuestos), no es nada si lo comparamos en la forma que la central de Génova 13 usa el dinero de los contribuyentes.

La Audiencia Nacional ha encontrado indicios de financiación ilegal del PP en las obras de remodelación de Génova 13, con reformas más que sorprendentes. Dejando al margen lo que pueda haber o no de financiación ilegal, lo cierto es que del examen de la documentación se desprende que los populares gastaron oficialmente casi 6 millones de euros en remodelar el edificio y que buena parte de dichas obras se hicieron con la crisis ya encima. Es decir, que el partido de la austeridad (para los demás) usó casi 4,8 millones de euros provenientes de nuestros impuestos en remodelar un edificio que, por cierto, estaba en muy buen estado y, por ejemplo, no tuvieron empacho alguno en gastar 28.121,37 euros en arreglar el “cuarto de la basura” (o tienen mucha basura o es basura de alto standing), 98.934,39 euros en la sala en la que se reúne la cúpula del Partido o  103.162,94 euros para el cuarto de seguridad y vestuarios (y se les escapa Bárcenas con los papeles bajo el brazo).

Cuatro de cada cinco euros que gastan los partidos son nuestros, de nuestros impuestos y lo cierto es que no los usan con decencia. Mientras que los ciudadanos tenemos que pagar cada vez más impuestos, mientras simultáneamente tenemos menos prestaciones sociales porque los recortes se imponen, la clase dirigente de España sigue tirando del cajón público para sostener unas estructuras de partidos y sindicatos que ni sus afiliados están dispuestos a sostener con sus cuotas. Han tratado de maquillar la situación haciéndose pequeños recortes pero lo cierto es que lo que dejan de percibir por un lado lo perciben por otro. Buena prueba de ello, ha sido el acuerdo entre PP y PSOE en la Diputación de Alicante para desviar el dinero de los Grupos Institucionales a sus propios partidos políticos. Y es que en cuestiones de dinero, siempre terminan por ponerse de acuerdo los grandes. Y siempre, los que finalmente pagan sus excesos, su despilfarro y sus lujos somos los sufridos contribuyentes. La regeneración del sistema pasa también por cortarles el grifo. Ni un euro público más para partidos, sindicatos y patronal.

Santiago de Munck Loyola

jueves, 17 de octubre de 2013

La contabilidad oculta del PP de Alicante.


Parece que lo que  hasta ahora era un insistente rumor se empieza a confirmar: la Agencia Tributaria, es decir el propio Ministerio de Hacienda, considera en dos informes remitidos al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana se financió irregularmente y cometió fraude en el pago del IVA, como colaborador, durante los años 2007 y 2008, por servicios realizados y no facturados por la sociedad de la trama Gürtel Orange Market. Según estos informes, insisto, del Ministerio de Hacienda, el dinero negro con el que se financiaron sobre todo actos electorales del PPCV asciende a 2.960.000 euros en 2007 y a 405.450 euros en 2008. Y, por tanto, el fraude en el pago de IVA cometido por Orange Market, con la necesaria colaboración del PPCV, en 2007 fue de 473.000 euros, es decir, un delito fiscal. Y el fraude en 2008 fue de 64.800 euros y, por tanto, una infracción administrativa.

No estamos hablando de especulaciones, de rumores o de infundadas acusaciones de la desnortada oposición, sino de informes elaborados por los inspectores de la Agencia Tributaria, del propio Ministerio de Hacienda. Tanto el Secretario General del PPCV, Serafin Castellano, como la Alcaldesa de Valencia se han limitado a señalar que las cuentas del PP están auditadas. ¡Faltaría más! Están auditadas las cuentas que se declaran, pero no, evidentemente, las que no se declaran, las que se ocultan, como ocurre en el caso de cualquier doble contabilidad. Por su parte, el Presidente de la Generalitat Valenciana y máximo responsable del PPCV, Alberto Fabra, negó rotundamente ayer que el Partido Popular en su comunidad funcione con una contabilidad B, añadiendo que “no tenemos nada que esconder”.

Pues bien, hay que hacer dos precisiones, puede ser que ahora no se funcione en el PPCV con una contabilidad B, pero eso no significa que en el pasado, tal y como informa la Agencia Tributaria, haya sido así. Y la segunda precisión se refiere a la afirmación de que “no tenemos nada que esconder”. O el Presidente Fabra miente o está equivocado porque alguien le está engañando. En Alicante sí que tienen algo que esconder y los Sres. Ciscar, J.J. Zaplana y Julio de España lo esconden. Y lo esconden a los propios afiliados del Partido Popular y a quienes legalmente tienen que fiscalizar las cuentas del Partido Popular de Alicante.

Es un hecho reconocido, que además ha obligado a Génova a intervenir directamente que en la Provincia de Alicante, que el Partido Popular en muchos pueblos ha eludido el control del Tribunal de Cuentas creando asociaciones fantasmas a través de las cuales canalizaba sus gastos e ingresos. Esta situación que se arrastraba desde hace años ha sido también consentida por la actual Dirección Provincial de Alicante y buena prueba de ello es que no ha adoptado ni una sola sanción, ni una sola medida contra los responsables de estas prácticas ilegales y contrarias a los Estatutos del Partido Popular.

Por el contrario, lo que sí ha hecho el Secretario Provincial J.J. Zaplana es impulsar la expulsión de los afiliados que promovemos la honradez y la regeneración en el Partido Popular y que desde el pasado mes de marzo le comunicamos reiteradamente por escrito la existencia de posibles irregularidades en las cuentas de la campaña electoral de 2007 del PP de la ciudad de Alicante, de posibles deudas electorales impagadas, del incumplimiento de las normas presupuestarias recogidas en los Estatutos del PP y nuestro deseo, al amparo de lo establecido en la legislación vigente, de proceder al examen de la contabilidad del partido local. La negativa de los dirigentes provinciales a rendir cuentas ante los afiliados es, además de ilegal, cuando menos sospechosa y, desde luego, contradice sin lugar a dudas la afirmación del Presidente Fabra de que no hay nada que esconder. Pues bien, Sr. Fabra, en Alicante todo indica que sí hay algo que esconder y que, de hecho, el Sr. Zaplana y demás dirigentes provinciales y locales lo esconden. Y si estos dirigentes creen que expulsando del partido a los que hemos pedido ver las cuentas se ha acabado el problema, se equivocan. Más afiliados van a pedir lo mismo: examinar las cuentas del PP, de las campañas electorales y poder así o bien despejar sus dudas o confirmarlas. Van a tener que expulsar a muchos más para poder seguir ocultando la contabilidad. Para que luego digan que no hace falta ninguna regeneración democrática.


Santiago de Munck Loyola

martes, 16 de julio de 2013

Nuestro Bárcenas es su musa.


La incesante lluvia de noticias sobre el Partido Popular, sobre sus cuentas y sobre Bárcenas estará causando entre los votantes y, sobre todo, entre los militantes populares mucho desconcierto, desasosiego o indignación y más entre aquellos que llevan en el Partido Popular toda la vida, los que no provienen de otros partidos, porque seguramente se resistirán a creer lo que oyen o leen y porque no se identificarán con la imagen pública que se está creando. Hay que dejar cierto reposo y reflexionar bastante antes de otorgar credibilidad a lo que estamos escuchando.

Es cierto que esa supuesta contabilidad que se ha hecho pública y que nadie ha desmentido refleja gastos que no son acordes con lo que los populares hemos venido defendiendo como criterios de actuación política en el ámbito de las administraciones públicas. Esos gastos reflejados pueden desvelar muchas cosas, pero desde luego no se puede hablar ni de principios de austeridad ni de eficacia en el gasto cuando se analizan esas partidas: lencería, tabaco, ponis, comilonas, etc. No parece muy ético que la dirección provincial de Alicante se gastase tan sólo en el año 2011 más de 35.000 euros en comilonas, tal y como se ha publicado. Y más si se tiene en cuenta que un año después se pide un euro por afiliado para tapar un agujero de más de 100.000 euros sin explicarnos de dónde viene. ¿Qué militante daría el visto bueno a esos gastos? Más bien pocos. El dinero gastado de tan alegre forma provenía de subvenciones públicas, de donaciones y de cuotas de afiliados. Todo aquel que sienta que su dinero ha sido mal empleado, por usar un término suave, tendrá cuando menos el derecho a pedir las explicaciones que considere necesarias. Y el Partido Popular deberá darlas.

Pero el principal asunto que está ocupando las portadas y que tiene a todo el mundo en vilo es el asunto Bárcenas. Las últimas declaraciones del ex tesorero popular son de lo más inquietante y están siendo aprovechadas por la izquierda de forma bastante miserable, por cierto. Del asunto de los sobresueldos ahora se ha pasado a una presunta financiación ilegal del Partido Popular y se exige la comparecencia ipso facto del Presidente Rajoy tras cada nueva revelación, su inmediata dimisión y hasta la convocatoria de elecciones anticipadas. Bárcenas se ha convertido en el perfecto aliado de la izquierda  que da por ciertas todas y cada una de sus afirmaciones las pruebe o no, se contradiga o no con declaraciones anteriores. ¿De qué estamos hablando realmente? Hay dos asuntos importantes en todo este embrollo: de una parta las afirmaciones de Bárcenas relativas a que ha ido repartiendo en la cúpula popular sobresueldos, a que dichos sobresueldos han podido ser en B (es decir, engañando a hacienda) y a que algunos de ellos podrían haber sido percibidos por ministros de Aznar, entre los que se cita a Rajoy, teniéndolo prohibido y, de otra parte, relativas a la posible financiación irregular o ilegal del Partido Popular. Salvo el famoso cuaderno de Bárcenas reflejando una hipotética contabilidad B del Partido Popular no ha aparecido aún prueba alguna que sustente todas las acusaciones del “cabrón” de Luis. Se sabe que el Sr. Bárcenas posee una considerable fortuna y se sospecha que su origen no es el que él cuenta. Se sospecha, pero aún no se sabe, que ese dinero puede provenir de donaciones superiores a las legalmente permitidas que el Sr. Bárcenas podría haber repartido con un exceso de caridad hacia si mismo, ya se sabe, la mitad para él, la mitad para el partido. De momento hay declaraciones suyas contradictorias, un cuaderno con una supuesta contabilidad B que él ha fabricado y unos SMS que no comprometen legalmente, aunque puede que moralmente sí, al Presidente Rajoy. Y con estos ingredientes el PSOE la está montando. Hay que reconocer que el Sr. Bárcenas le ha venido muy bien a los socialistas. Y en esta ocasión, como en el 11M, el Partido Popular está gestionando muy mal, muy torpemente la crisis. Por cierto, Bárcenas no chantajea al Estado de Derecho, si está haciendo algún chantaje será, en todo caso, al Partido Popular y a sus dirigentes. Las cosas claras.

Con la munición de Bárcenas, el PSOE ha aprovechado para pedir que Rajoy comparezca, para pedir su dimisión, para romper relaciones con el Partido Popular (¡qué les importa el paro o la ruptura de España!) y para anunciar hasta una hipotética moción de censura condenada al fracaso de antemano. El PSOE con un candidato al que ni en su casa lo quieren como tal, sin acuerdos parlamentarios viables y creíbles y sin los votos necesarios para que prospere está dispuesto a usar el mecanismo de censura con total y absoluta irresponsabilidad, sólo para hacer ruido y para desgastar más al gobierno. No hace falta insistir, por cierto, que a los socialistas además de un candidato solvente, además de los votos, les falta legitimidad moral para poder articular una moción de censura y es evidente que los responsables y encubridores en estos momento del latrocinio de más de 1.000 millones de los ERES andaluces carecen de legitimidad moral alguna, al igual que sus cómplices encubridores de IU de Andalucía. Estos no quieren moción de censura, quieren elecciones anticipadas para aprovechar el tirón vaticinado por las últimas encuestas. Su motivación es sólo pragmatismo electoral.

No hay por ahora prueba alguna de la existencia de sobresueldos ilegales en la cúpula popular (hechos en B o estando vigente alguna prohibición expresa como en el caso de los ministros). Tampoco hay prueba de financiación ilegal. Pero aún en este supuesto no está de más alguna observación. La financiación ilegal de los partidos políticos no es un delito. Puede que la haya en el Partido Popular, aún no se sabe y habrá de demostrarlo, pero hasta el día de hoy sí ha habido partidos condenados por casos de financiación ilegal. Tenemos el caso reciente de Unión Democrática de Cataluña y tenemos el lejano caso del PSOE con FILESA, MALESA Y TIME EXPORT. ¿Dimitió Felipe González por aquello? ¿Dimitió por haber nombrado en los cargos orgánicos de su partido a los que organizaron aquel tinglado? Evidentemente no. No resulta por tanto muy coherente que quienes entonces defendieron la continuidad de González reclamen ahora con tanto teatro la doctrina contraria. Y esto no quiere decir, ni mucho menos, que quienes creemos en la regeneración democrática no pensemos ni vayamos a dejar de exigir que se depuren responsabilidades, caiga quien caiga, si se demuestran irregularidades en la financiación de Partido Popular. Pero haya que exigir cada cosa en su momento y hacerlo cuando se puede hacer, es decir, cuando se tiene legitimidad moral y política para hacerlo.

A pesar de la desazón, de la tristeza y de la incertidumbre que muchos puedan sentir desde sus ideales políticos, ahora puestos en cuestión, hay que tener la certeza de que de esta negativa experiencia, de esta oscuridad política saldrá algo positivo. Más luz, más transparencia y más democracia interna que digan lo que digan sigue siendo el mejor antídoto contra estas situaciones.

Santiago de Munck Loyola


miércoles, 3 de julio de 2013

Contra la corrupción no valen las lágrimas de cocodrilo.


Durante las últimas semanas se han venido sucediendo distintas declaraciones de líderes del Partido Popular, Arantza Quiroga, Esperanza Aguirre, Ignacio González o Martínez Pujalte, por citar sólo a algunos, en las que manifiestan su asco, su vergüenza o bochorno por las continuas noticias relativas a presuntos casos de corrupción que afectan al Partido Popular. Todos ellos se hacen eco, de una forma u otra, del enorme disgusto o de la indignación que los casos de corrupción causan, no sólo entre los ciudadanos, sino también entre los militantes del partido que se sienten defraudados y, además, desorientados con las respuestas que estas informaciones reciben desde la dirección del Partido Popular.

Como decía Arantza Quiroga, el militante no puede comprender, ni acepta, que mientras su condición de militante exigía sacrificios económicos y personales, otros se lo estaban llevando crudo por el simple hecho de ostentar puestos orgánicos de responsabilidad, a saber, sueldos institucionales, más sueldos orgánicos en el partido más toda clase de gratificaciones o indemnizaciones. El militante no puede comprender, ni acepta, que compañeros del Partido que ostentan responsabilidades institucionales están incursos en diferentes procesos judiciales por corrupción sin que el Partido, en la mayoría de los casos, reacciones con firmeza apartándoles de los grupos populares institucionales alegando una supuesta defensa del derecho a la presunción de inocencia. Que se sepa, la defensa de este derecho no está reñida con la adopción de medidas cautelares como le ocurre a cualquier ciudadano no perteneciente a la clase política.

La falta de una reacción contundente y convincente por parte del Partido Popular sigue alimentando la desafección ciudadana en general y el profundo malestar en particular de los militantes populares. Bueno, lo de la falta de reacción no es del todo cierto, a algunos militantes se nos quiere expulsar del Partido por criticar conductas inadecuadas y por exigir más honradez. Y es que no basta con expresar públicamente sentimientos de indignación, de bochorno o de asco ante esta situación. La pública expresión de sentimientos está muy bien para copar los titulares de los medios de comunicación y para tratar de mostrar cierta empatía con el militante, pero no es suficiente. Los sentimientos deben traducirse en ideas y las ideas en acciones concretas que sirvan para corregir los problemas y para demostrar, con hechos, la firme actitud del Partido Popular ante el grave problema de la corrupción. Y eso solo puede lograrse combatiendo sus causas. Hacen falta hechos ejemplares, medidas eficaces y una eficaz comunicación ante los ciudadanos. El Partido Popular no es un partido de corruptos aunque haya en su seno algunos aprovechados y eso debería quedar bien claro. Pero ese mensaje no cuajará sin acciones concretas.

Algunos, además de denunciar este estado de cosas, no nos hemos venido limitando a ello, sino que hemos venido proponiendo la adopción de medidas concretas que podrían contribuir a combatir la corrupción y los negativos efectos que se están produciendo en la imagen del conjunto de la clase política. Tanto a título individual como desde el Foro Esperanza Popular Movimiento de Bases hemos defendido la necesidad de promover una regeneración democrática de las instituciones y de sus gerentes, los partidos políticos. Entre otras, proponemos las siguientes:

En el ámbito interno del Partido Popular: más democracia interna promoviendo el protagonismo que corresponde a los militantes e incluso la democracia participativa de los mismos a través de las redes sociales de modo que puedan elegir directamente a sus dirigentes territoriales y participar en la elaboración de las candidaturas; el establecimiento de rígidas incompatibilidades de los cargos públicos: una persona, un cargo; más transparencia de modo que los militantes conozcan las cuentas del partido, las fiscalicen y sepan en qué se emplea el dinero; la adopción de un nuevo código ético más concreto que las normas actuales; prohibición del acceso a cargos públicos de personas sin experiencia laboral previa; exclusión temporal del los grupos institucionales populares de todo cargo público imputado que voluntariamente no solicite su baja temporal de los mismos; limitación de los mandatos tanto orgánicos como de representación; más cauces de participación y debate internos; establecimiento de la figura del defensor del afiliado que impida las persecuciones políticas internas y garantice el libre ejercicio de los derechos políticos recogidos en la Ley de Partidos; rendición de cuentas de los cargos representativos en las instituciones ante los militantes del ámbito territorial respectivo; prohibición de percepción de retribuciones por el desempeño de cargos orgánicos.

En el ámbito externo:
  • Elaboración de un Estatuto del Cargo Público que elimine los privilegios de la clase política: reducción de aforados, establecimiento del régimen fiscal general a todos los parlamentarios y el mismo régimen general de seguridad social a efectos de cotizaciones para las pensiones, eliminación de indemnizaciones por razón de cese, limitación de mandatos, limitaciones retributivas, limitación de puestos de libre designación en todas las administraciones públicas, nuevo régimen de incompatibilidades más severo, etc.
  • Aprobación de una Ley sobre Retribuciones Públicas que afecte a cualquier retribución que tenga su origen en fondos públicos ya sea abonada por administraciones públicas o empresas y/o asociaciones subvencionadas y que suponga una limitación de las cuantías mediante el establecimiento de una tabla salarial cuya máxima cuantía corresponda a la Presidencia del Gobierno.
  • Reforma de la Ley de contratación de las Administraciones Públicas de modo que se eliminen de la misma los criterios de discrecionalidad en la adjudicación de contratos.
  • Reforma de la Legislación sobre el Suelo para reducir los criterios subjetivos o discrecionales en la tramitación de las aprobaciones del planeamiento.
  • Reforma de las leyes procesales para agilizar la tramitación de los procedimientos penales.
  • Reforzar la independencia judicial despolitizando la elección de los órganos de gobierno del poder judicial.
  • Reforma de la financiación de los Partidos Políticos eliminando las subvenciones públicas de modo que se sostengan según la voluntad de su militancia y limitación y publicidad de las donaciones a los mismos.
  • Reducción del límite de los gastos de campañas electorales y fiscalización inmediata de los mismos por una nueva Sección de las Juntas Electorales.


Éstas son algunas de las medidas que hemos venido proponiendo, pero hay aún más otras medidas que podrían adoptarse. No basta con lamentarse, no basta con quejarse. Es preciso actuar con medidas concretas si de verdad se quiere dar un paso más, si se desea convertir las palabras en hechos y volver a recuperar la confianza ciudadana. De lo contrario habrá quien piense que las lágrimas sólo son de cocodrilo.

Santiago de Munck Loyola


viernes, 29 de marzo de 2013

Las cuentas del PP de la ciudad de Alicante.



Durante las últimas semanas se han venido sucediendo noticias relacionadas con la financiación o la contabilidad del Partido Popular, de sus sedes locales o de las últimas campañas electorales. De una parte, el juez José Ceres, que instruye el caso Gürtel en Valencia, ha ordenado varias diligencias para desentrañar las cuentas de la campaña electoral de las autonómicas de 2007. El magistrado ha solicitado a nueve empresas, radicadas en Valencia, Castellón y Alicante, información detallada sobre la contratación de vallas publicitarias del PP durante las semanas anteriores a los comicios celebrados el 27 de mayo de 2007. Hay también, al parecer, dificultades para conocer los gastos electorales populares en las municipales de la ciudad de Alicante. De otra, parece que está bastante extendida en sedes del PP de Alicante la costumbre de llevar un sistema de "contabilidades paralelas" a nombre de particulares o de asociaciones y no la contabilidad oficial del Partido. Una anómala práctica a la que, tras hacerse público por los medios de comunicación, ha decidido poner fin la Dirección Provincial Alicantina quien lo venía consintiendo desde hace tiempo, incumpliendo los Estatutos Nacionales del Partido Popular (http://www.diarioinformacion.com/politica/2013/03/29/pp-regulara-finanzas-juntas-locales-atajar-descontrol-dinero/1358435.html).

Esta forma de proceder, conocida y consentida al parecer por la Dirección Provincial, resulta más que sorprendente para cualquiera que haya tenido responsabilidades en el Partido Popular en otras zonas de España. La ausencia de una contabilidad oficial del Partido en una localidad, la inexistencia de cuentas bancarias a nombre del propio partido, el manejo de fondos a través de asociaciones paralelas y la opacidad contable para los propios militantes no sólo vulnera los Estatutos del propio partido, sino que además constituye una práctica absolutamente fraudulenta que debería saldarse con la exigencia y depuración de responsabilidades, tanto de los autores como de los consentidores o encubridores. Un servidor que durante catorce años presidió una junta local en un municipio madrileño nunca conoció semejantes prácticas. El partido local contaba con una cuenta bancaria abierta con la presentación previa del apoderamineto de la gerencia regional (el equivalente a la provincial en Alicante). Los militantes eran informados anualmente de los ingresos y gastos de la sede local y aprobaban en asamblea el presupuesto anual. Periódicamente, el tesorero local se reunía con el gerente regional que fiscalizaba los libros y las cuentas de la Junta local. Un funcionamiento que nada tiene que ver con la práctica vivida en la Junta Local de Alicante durante los últimos diez años. 

Aquí no se da cuenta a los militantes de los gastos e ingresos de la Junta local, eso sí, desde la provincial se pide un euro por afiliado sin explicar nada a los interesados. ¿Será ésta una de las razones para acabar con la Junta Local de Alicante y sustituirla por Distritos? ¿No será multiplicar por diez el descontrol económico existente? Resulta lógico que estando tan ocupados en la provincial en perseguir a los militantes que pedimos transparencia, honradez y participación en el Partido no hayan tenido tiempo ni para cumplir ni para hacer cumplir los propios Estatutos del Partido, ni para poner en limpio las cuentas de las juntas locales de Alicante.

No necesitan inventarse nada, ni improvisar supuestas medidas de control para contentar a la prensa. Todo ya está inventado y previsto. El Artículo 54.2 de dichos estatutos señala que los recursos del Partido estarán constituidos por las cuotas de todos los afiliados y por las aportaciones voluntarias de éstos; por las contribuciones económicas de los cargos públicos en el porcentaje que se determine por el Comité Ejecutivo Nacional; por las subvenciones oficiales que las Administraciones Públicas aporten al Partido y a todos los Grupos Institucionales; por los rendimientos de su propio patrimonio, por el producto generado por las actividades que se organicen y por las donaciones, herencias o legados que reciba.
Y el Artículo 55 de los mismos Estatutos señala por su parte que 1.- Los ejercicios económicos de todas las organizaciones territoriales tendrán la duración del año natural y se cerrarán a 31 de diciembre con el visto bueno del Presidente, autorización del Secretario e intervención del responsable correspondiente de finanzas.
2.- El Presupuesto anual de cada organización territorial deberá ser aprobado por el Comité Ejecutivo de ésta dentro de los cuarenta y cinco primeros días hábiles del nuevo ejercicio. Cuando en el transcurso de un ejercicio corresponda la convocatoria de elecciones se elaborará también un Presupuesto Especial en el que se contemplen las previsiones de ingresos y gastos necesarios para la concurrencia del Partido a dichos comicios.
3.- Anualmente se someterán las cuentas del Partido a una auditoría externa.

¿Se han cumplido estas disposiciones en todas las Juntas locales de la Provincia? ¿Y en la Junta Local de Alicante? Si es así, nada que objetar. Y si no se han cumplido los Estatutos ¿se abrirán expedientes disciplinarios a los responsables o éstos sólo se reservan a los llamados críticos? Dado que en diez años de pagar puntualmente la cuota de afiliado un servidor nunca ha sido informado, a pesar del derecho que le asiste a ello según los propios Estatutos del partido Popular, sobre el estado de gastos e ingresos de su Junta Local, la de Alicante, ni de los presupuestos de la misma aprobados conforme a la norma antes citada, es por lo que el pasado 15 de marzo solicitó por escrito al Presidente local, D. Julio de España, la información económica pertinente. Y, a pesar de haber pasado quince días desde entonces, mutismo total, silencio absoluto, nada de nada. Luego dicen que les molesta tener que enterarse de estas cosas por la prensa. ¿Y cómo creen que nos sentimos los militantes cuando nos enteramos por la prensa de sus decisiones? ¿Cómo creen que nos sentimos cuando comprobamos, día a día, que se pasan por el arco del triunfo los Estatutos del Partido y que nos niegan a los afiliados los derechos de información y de participación? Pues nada, ahora le reitero en público, a ver si lo lee, la misma petición: copia de los presupuestos anuales, balances y acceso a la documentación económica de mi Junta local porque quiero saber cómo se ha gestionado mi dinero y porque me preocupan tantas noticias negativas sobre las cuentas de mi partido. ¿Hay algo de malo en ello?

Santiago de Munck Loyola

domingo, 3 de marzo de 2013

Bárcenas interno, externo o mediopensionista.



Desconcertados, confusos, desconfiados y asombrados es como nos encontramos la mayoría de los votantes populares ante el asunto Bárcenas y, sobre todo, ante las explicaciones que sobre el mismo vienen ofreciendo los diferentes portavoces del Partido Popular. No tengo la menor duda de que Mariano Rajoy, al igual que la inmensa mayoría de los dirigentes del Partido Popular son personas honradas, como tampoco tengo ninguna duda de que hay posibles irregularidades en torno al Sr. Bárcenas, a su papel en el Partido Popular, a la financiación del mismo y a la forma con que se está gestionando la crisis desatada por el ex tesorero del PP.

El asunto Bárcenas no se podía gestionar peor de lo que se está haciendo y prueba de ello es que la respuesta de los populares no está convenciendo ni a los propios militantes del partido. Da la sensación de que aquí cada dirigente va por libre, de que no saben muy bien a qué se enfrentan y de que, sobre todo, no existe una respuesta coordinada sobre el asunto. Cada semana aparece una sorpresa y siempre hay algo que matizar, puntualizar o corregir sobre la respuesta ofrecida en la anterior sorpresa. Primero nos dicen que el Sr. Bárcenas dejó de trabajar para el partido popular a raíz de su imputación en el caso Gürtel. Después resulta que estaba cobrando 250.000 € anuales, el sueldo más alto pagado por el PP. Más tarde que no era un sueldo, sino una indemnización pactada. Posteriormente resulta que seguía contratado y fue despedido el 31 de enero de 2013. Hace pocas horas Pons insistía en una entrevista en ABC Punto Radio que la relación laboral con el ex tesorero terminó en 2010, lo que evidentemente no cuadra con que siguiera dado de alta hasta el 31 de enero de este año. Si seguía contratado, entonces no podía estar cobrando una indemnización. Y si se le estaba pagando de forma fraccionada una indemnización pactada tampoco podía seguir estando de alta y cotizando a la Seguridad Social, salvo que se tratase de un fraude a la misma.

Con Bárcenas pasa lo mismo que pasó con Sepúlveda: primero que no se le podía despedir porque era “funcionario” de la casa, según el Sr. Floriano, después porque sería un despido improcedente y, al día siguiente, a la calle que ya sí se podía despedirle. Así no hay quien se crea nada. No es posible que lo que hoy es blanco, mañana sea negro y pasado gris. Al día de hoy, no se sabe si Bárcenas estaba contratado, despedido o era mediopensionista popular. Las contradicciones, las constantes rectificaciones no contribuyen a poner luz sobre un asunto tan turbio, todo lo contrario, no hacen más que acrecentar las sospechas de que aquí hay algo o muy “gordo” o pésimamente gestionado.

Hay cosas absolutamente incomprensibles e inaceptables que exigen una explicación pública como lo es saber por qué se contrata como asesor a un ex alcalde que tiene que dimitir por estar imputado en el caso Gürtel o al Sr. Bárcenas tras dejar su escaño en el Senado tras ser imputado también. ¿Quién decidió contratarlos? ¿Quién decidió que había que pagar o indemnizar al Sr. Bárcenas con 250.000 € salidos en su mayoría de los contribuyentes? ¿Quién considera ético tomar estas decisiones? La verdad, uno empieza a pensar que los códigos éticos o los manuales de buenas prácticas deben estar en blanco porque sino no se entiende esta forma de proceder que, a la postre, sólo sirve para manchar el buen nombre de los miles de afiliados del Partido Popular que no tienen nada que ver, ni aprueban, estas prácticas.

Al margen del enriquecimiento personal de algunos, las informaciones periodísticas sustentadas en informes policiales, parecen señalar que los mismos se han llevado a cabo al amparo de operaciones irregulares en torno a la financiación del propio Partido Popular. Hay que ponerlo todo en cuarentena hasta que los procedimientos judiciales en curso lo aclaren, de eso no hay ninguna duda. Sin embargo, también nos sorprende a los votantes que algunas de estas informaciones sólo tengan el silencio por respuesta. Por ejemplo, el informe de la UDEF de 2008 que analiza la contabilidad de Orange Market en relación a las campañas de 2007 y 2008 en la Comunidad Valenciana, sacado a la luz nuevamente estos días, es más que preocupante y exige una aclaración cuando menos.

La opinión pública necesita saber exactamente qué ha pasado y quiénes son los responsables del asunto Bárcenas y de la financiación del Partido Popular en todos sus niveles. Y los militantes, a los que nos intentan sacar los colores con ello, también. Queremos y tenemos derecho a saber, a que se den explicaciones veraces y concretas, a que se exijan y se depuren las responsabilidades a que hubiere lugar y, sobre todo, a que se acaben con unos modos y prácticas políticas indeseables. Queremos claridad y contundencia. Y no nos puede consolar lo que pase en otros partidos, que también pasa, queremos poder seguir sintiéndonos orgullosos de nuestro partido y no podemos seguir confiando en que mañana no aparezca ningún nuevo sobresalto, ninguna sorpresa que nos vuelva a hacer agachar la cabeza. No nos lo merecemos.

Santiago de Munck Loyola