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miércoles, 1 de marzo de 2017

Imaginemos.

Imaginemos por un instante una residencia de ancianos pública. Durante años, las cuidadoras se han limitado a trabajar lo imprescindible con los residentes, sin estimularlos, sin ofrecerles otra cosa que no sean los cuidados básicos y punto. Incluso sólo se han ocupado del aseo personal de los ancianos  cuando llegaba la hora de que los vieran sus familiares. De pronto se incorporan a la plantilla dos nuevas cuidadoras, llegan con ganas de trabajar, aman su profesión y empiezan a introducir cambios mejorando el cuidado y aseo personal de los residentes, sacándolos a pasear por los jardines de la residencia, organizándoles actividades novedosas para estimularlos, cuidando con esmero la calidad de su alimentación, etc. Pronto surgen las discrepancias entre las antiguas que defienden el “aquí siempre se ha hecho así y no hay por qué cambiar nada” y las nuevas. Poco a poco la envidia y el rencor se extiende entre las antiguas cuidadoras que se ven obligadas a seguir las técnicas de las nuevas para no quedar en evidencia. Aparecen algunos conflictos entre antiguas y nuevas y en alguna ocasión los responsables municipales de los que depende la residencia se ven obligados a poner orden. Poco más.

Imaginemos que se celebran unas elecciones municipales y cambian los responsables municipales. A los pocos meses, la nueva concejala de servicios sociales y el nuevo concejal de personal que en la primera reunión con las empleadas de la residencia les pide que le apeen el tratamiento de Don (como si alguien hubiera tenido intención de otorgárselo) deciden introducir cambios en los horarios de las empleadas, sin consensuarlos, que perjudican claramente a las cuidadoras innovadoras. Como no son del pueblo que se jo… Sin embargo, una de ellas protesta porque no puede conciliar su vida laboral y familiar con ese cambio de horario. ¡Sacrilegio! ¡Ha protestado! Se va a enterar.

Imaginemos entonces que al mes le abren un expediente sancionador por haber faltado presuntamente a trabajar un día. Ella alega que sí fue a trabajar pero que se dejó la tarjeta de fichar en el coche. Las compañeras dicen que sí fue a trabajar, aunque después dirán que se les obligó a decirlo. No obstante parece que nadie avisó de que los ancianos a cargo de esta cuidadora estaban desatendidos ese día lo que induce a pensar que efectivamente sí acudió a su trabajo. A pesar de todo, el Ayuntamiento le impone una sanción basándose en que en la hoja de control de fichajes de la citada cuidadora no aparece ese día. Y para colmo del disparate resulta que en personal tienen dos hojas de control con dos números distintos asignados a la misma cuidadora. ¿Por qué? Mientras ésto ocurre la concejala de servicios sociales llama a una amiga y le dice vete despidiéndote de tu actual trabajo que te voy a meter a trabajar en la Residencia.

Imaginemos ahora que a las pocas semanas, la cuidadora recibe una notificación de sus jefes: ahora la van a expedientar por presuntos malos tratos continuados a los ancianos a su cargo y a sus compañeras y preventivamente la suspenden de empleo y sueldo. Cuando consigue ver la documentación que figura en ese expediente resulta que se encuentra con una serie de testimonios de “sus compañeras” y de algún familiar de los ancianos diciendo que durante años ha maltratado a los ancianos obligándoles a comer, hablándoles mal o zarandeándolos. Pero hay cosas raras en el expediente: los testimonios están redactados por la misma persona, en un mismo ordenador, repitiendo las mismas frases y ningún testimonio ha sido recogido ante un fedatario público. Hay incluso un testimonio que acusa a profesionales del centro de salud del pueblo de no activar los protocolos ante unos posibles malos tratos a un anciano desvalido. Increíble. La psicóloga de la residencia, que ha sido la encargada de recabar esos testimonios y que resulta que antes de que se le encargase esa misión ya había hablado con gente sobre el asunto, emite un informe en el que especula sobre las consecuencias que podrían derivarse de ser ciertas las acusaciones y concluyendo que tras examinar esos testimonios no puede probar que sean ciertos. Con ese chapucero informe se abre el expediente sancionador, se nombra a la psicóloga que previamente había emitido su informe pericial como instructora, se tramita el expediente sin practicar ni una sola prueba y se propone sancionar a la cuidadora con el despido, declarando probados unos hechos que nadie ha ratificado. Y, para colmo, se traslada ese bodrio de expediente a la fiscalía que termina por citar a la cuidadora denunciada y a otra cuidadora, su amiga, en el juzgado. Todo ello ocultando que el Concejal responsable de la Residencia en las legislaturas pasadas declara por escrito que nunca nadie ha denunciado ningún hecho similar ante el Ayuntamiento y que el testimonio de la Directora del Centro es falso. Pero su testimonio no se incorpora al expediente. A alguien no le interesa.

Cualquier persona normal se preguntaría en un hipotético caso como éste ¿cómo es posible que, de ser ciertas las acusaciones, las denunciantes, “las compañeras envidiosas”, no hayan denunciado antes estos presuntos maltratos? ¿Cómo es posible que, de ser ciertos esos presuntos malos tratos, los hayan ocultado durante años? Si llegara a probarse que ha existido algún maltrato resultaría que las “compañeras” ahora denunciantes habrían sido durante años cómplices y encubridoras del mismo ¿No? Y, en consecuencia, el Ayuntamiento debería denunciarlas a su vez ¿No? Y si no se probasen los  presuntos malos tratos resultaría que las “compañeras” ahora denunciantes habrían cometido un delito de calumnias ¿No? Y, en este caso, también deberán ser denunciadas en el juzgado ¿No? La conclusión es meridianamente clara, tanto si han existido los presuntos malos tratos como si no, las “compañeras” ahora denunciantes han cometido un delito (o bien de encubrimiento o bien de calumnia) por el que deberán responder, sí o sí, ante la justicia y, evidentemente, no están en condiciones éticas y morales para continuar en sus puestos de trabajo. Claro que curiosamente, semanas después de haber presentado esas denuncias las “compañeras” ahora denunciantes pidieron por escrito al Ayuntamiento que las hiciera funcionarias. ¡Toma ya! ¿En pago de los servicios prestados?

Y como todo este relato imaginario lo estamos situando en un pequeño pueblo  imaginario podemos también imaginarnos fácilmente las consecuencias. Sería la comidilla del pueblo y se escucharían toda clase de versiones y sandeces. Hay quien por ejemplo diría que el Gobierno anterior eliminó las pruebas de los presuntos malos tratos, sin darse cuenta de que semejante majadería significaría para empezar que sin pruebas no se puede sancionar nada, aparte de significar una grave acusación que debería ser probada en los tribunales. Otros familiares no dirían nada, para qué meterse en líos. Y sólo unos pocos, valientes y sin tener que someterse a ningún poder, se informarían previamente y hablarían libremente negando, como no puede ser de otra forma, cualquier credibilidad a semejante montaje.

Imaginemos que en esta sociedad avanzada del Siglo XXI hay gente que actúa de forma tan miserable e irresponsable. Daría asco ¿verdad? Menos mal que cualquier parecido con la realidad sería sólo pura coincidencia ¿no?

Santiago de Munck Loyola.
https://santiagodemunck.blogspot.com.es