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miércoles, 4 de octubre de 2017

¡Sí a un Referéndum!


Los últimos acontecimientos ocurridos en Cataluña parece que vienen a certificar que ni nuestra Constitución de 1978 ni nuestra clase política son capaces de responder a las necesidades del conjunto de los ciudadanos españoles. La crisis del sistema político es ya endémica y lo ocurrido en Cataluña el 1 de octubre es sólo una prueba más de esa circunstancia, pero no es la única, ni la primera. Lo ocurrido el 1 de octubre tiene su origen inmediato en no haber aplicado el Artículo 155 de la Constitución y había sobrados motivos para ello. En días se producirá la declaración unilateral de independencia y ya dará lo mismo el Artículo 155 y sólo quedará el Artículo 8.1 “Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional” al que aferrarse. El Gobierno de España tenía y tiene la obligación legal de actuar antes de que se vuelva a perpetrar otro delito. No hay otro camino: aplicación del Artículo 155 y convocatoria de elecciones autonómicas y generales simultáneas porque la campaña ya está hecha y aquí ya se ha retratado todo el mundo.

Padecemos una crisis territorial y una profunda crisis institucional que ya afloró con ocasión del 15 M. La Constitución de 1978 fue el resultado de la voluntad mayoritaria de encontrar un punto de encuentro en el que la convivencia entre todos, izquierda y derecha, centralistas y autonomistas, fuera posible.

Es evidente que la Constitución dejó importantes flecos sin resolver e importantes carencias que con el paso de los años se han agravado. Al amparo de la misma y de las leyes emanadas de la misma (Estatutos de Autonomía, Ley electoral, ley de partidos políticos, etc.) se ha desarrollado toda una clase política que depende económicamente de los partidos y de sus intereses y de las cuotas de poder territoriales que ha impedido que el sistema político construido a partir de la Constitución contara con los elementos necesarios para establecer contrapesos a los distintos poderes y con los mecanismos legales imprescindibles para le propia regeneración del sistema.

El resultado es una clase política que, incapaz de ganarse la vida en el ámbito de la sociedad civil, ocupa el poder a todos los niveles no por méritos técnicos o intelectuales, sino por su sumisión a los intereses partidistas, a las estructuras políticas. Nunca la mediocridad había alcanzado tan altas cotas de poder. Otros, han hecho del conflicto territorial y del victimismo su modus vivendi. Los reyezuelos de las Taifas. Ni a unos ni a otros les interesa llegar a la raíz del problema porque supondría acabar con su propio medio de vida y viven mejor instalados en el conflicto.

El Estado de las Autonomías ha demostrado su incapacidad para asegurar la igualdad entre todos los españoles y su imposible sostenibilidad económica y financiera. Hay que recordar que desde el frustrado intento de armonizar el proceso autonómico a principio de los 80 con la LOAPA no se ha hecho ningún esfuerzo por racionalizar las autonomías y por ponerlas al servicio del ciudadano en lugar de al servicio de la clase política. Nuestros impuestos se destinan a sostener un sistema político caro e ineficiente y nuestros políticos anteponen su sostenimiento al aseguramiento, por ejemplo, de nuestras futuras pensiones. Es una realidad fácilmente constatable. En España se fabrican más leyes y reglamentos anualmente que en cualquier otro lugar del mundo porque, al final, la soberanía nacional, la soberanía del pueblo está fragmentada en 17 trozos.

El no acometer a tiempo las carencias y defectos de la Constitución nos ha traído hasta aquí. Muchos apuestan ahora como solución para el conflicto secesionista por el diálogo. Y se equivocan. A los secesionistas no les interesa dialogar porque su objetivo no es encontrar un modelo de encaje constitucional, su objetivo es la independencia y punto. No es posible además dialogar con los golpistas, con los delincuentes porque hacer supone no sólo quebrar los fundamentos del estado de derecho sino abrir la puerta a la insumisión ciudadana en cualquier otro ámbito. Sería tanto como consagrar el derecho exclusivo de la clase política a violentar la legalidad sin consecuencias penales.
Ya no vale que a partir de negociaciones y acuerdos entre los partidos alcancen un consenso temporal para confeccionar un parche constitucional y después preguntarnos a todos los ciudadanos si damos un sí, un no o nos abstenemos. No, no vale. Otro apaño de esta clase política para mantener sus privilegios, para prolongar la agonía de un sistema político y constitucional en estado terminal por culpa de sus intereses de casta no es de recibo.

Yo quiero un referéndum, un referéndum nacional antes de que los partidos, la casta, toquen la Constitución y que nos pregunten previamente si queremos un Estado, unitario, autonómico o federal, si queremos una monarquía o una república, si queremos la igualdad real de derechos y obligaciones para todos los españoles o preferimos el mantenimiento de privilegios según el territorio de que se trate, si queremos una Justicia verdaderamente independiente o si preferimos con el sistema actual y si queremos mecanismos de regeneración democrática o que todo siga igual. No hay otro camino que preguntar a todos los españoles sobre estos asuntos básicos si queremos evitar un nuevo pasteleo cocinado a espaldas del pueblo para que después nos lo presenten como un trágala. Yo quiero un referéndum nacional porque no hay otro camino para que esta gran Nación que es España siga siéndolo. Ya va siendo hora de que esta clase política incapaz, mediocre, cobarde o traidora quite sus sucias manos del presente y del futuro de España.

Fdo. Santiago de Munck Loyola


miércoles, 27 de enero de 2016

¿Cambio o timo?


Pasados ya seis meses de las elecciones municipales bien se puede ir esbozando un pequeño balance del cambio de gobierno producido en tantos y tantos ayuntamientos españoles. En mayo de 2015 muchos vecinos decidieron con su voto jubilar a partidos que llevaban años gobernando sus ayuntamientos y dar una oportunidad a otros que representaban un cambio de políticas y parecían satisfacer mejor las aspiraciones vecinales. En muchos municipios los vecinos apostaron por el cambio, a veces a través de dos o tres formaciones políticas diferentes que se vieron en la necesidad de llegar a acuerdos para poder formar los nuevos gobiernos municipales. Los Gobiernos de los perdedores. Es indudable que cuanto más pequeño es un municipio más fácil parece, salvo desencuentros familiares que tienen su peso en las localidades pequeñas, llegar a acuerdos de gobierno por encima de las divisiones ideológicas. Se suele anteponer el interés del pueblo a la política partidista y suele funcionar. Por ello, no es infrecuente encontrar ayuntamientos regidos por coaliciones variopintas que elevadas al ámbito nacional serían impensables.

En no pocos casos, esos deseos de cambio se están viendo frustrados por las actitudes y aptitudes de los nuevos gobiernos municipales. Muchos nuevos gobernantes han aterrizado en sus ayuntamientos haciendo gala de una escasa formación intelectual, de un pasmoso desconocimiento de la realidad de las instituciones que gobiernan y de su propio pueblo. Otros deben creer que el hecho de haber pasado la reválida de las urnas les confiere conocimientos técnicos suficientes, que por cierto se tardan años en ser adquiridos a través de estudios universitarios o de la experiencia, y se meten directamente a gestionar la cosa pública prescindiendo de la legalidad y hasta del sentido común. Al éxito electoral reciente le suele acompañar cierta soberbia y un peligroso exceso de confianza cuando lo que debería primar en su nueva singladura política es la humildad, la capacidad de escucha, el esfuerzo por sumar y por aprender para servir mejor a todos los vecinos y no solo a unos pocos. La sed de revancha, la desconfianza partidista y la altivez no son nunca buenas compañías y menos aún en los momentos iniciales porque marcarán una senda difícil de abandonar.

Muchos gobiernos municipales han perdido unos meses preciosos en los que deberían haber sentado los cimientos de un auténtico programa de cambio para toda la legislatura en, desde una perspectiva interna, reorganizar la administración a su gusto, sin criterios técnicos sino partidistas, en fiscalizar o perseguir (caza de brujas) a los empleados sospechosos de no ser adictos (en un pueblo se conoce todo el mundo), y, desde una perspectiva externa, en realizar gestos de cara a la galería que plasmen el cambio producido, es decir, mucho ruido y pocas nueces. Apelan a la herencia recibida para ir preparando al personal del previsible incumplimiento de sus promesas, intentan con esa supuesta herencia chantajear a la oposición para que no ejerza sus funciones y exhiben gestos (el uso de bicicletas, por ejemplo) o publicitan grandes logros (el cambio de nombre de calles) como ejemplos evidentes de que el cambio ha llegado. Y en no pocos lugares el supuesto cambio se ha traducido de forma inmediata en la colocación de amigos y familiares dentro y fuera de los ayuntamientos (“ya nos tocaba” dicen).

Seis meses deberían haber dado para mucho más. El supuesto cambio está empezando a ser más que decepcionante. El cambio profundo de políticas que tantos millones de ciudadanos respaldaron en las últimas elecciones municipales está, de momento, limitándose a un cambio de caras, de estilo, de proveedores o de discurso, muy plañidero por cierto. Y poco más. Desgraciadamente el cambio no se ha traducido en muchas localidades en el abandono y destierro de prácticas sectarias, en voluntad de integración, en vocación de servicio comunal o en la simple profesionalización de la administración para ponerla realmente al servicio de toda la ciudadanía. Muchos nuevos responsables siguen pensando que han sido elegidos para gestionar (algo para lo que no están preparados, ni tienen por qué estarlo) y olvidan que para lo que han sido elegidos es para hacer política, la política en la que sus vecinos han creído. Repiten los errores de sus antecesores y acabarán como ellos, sin duda.

Una sociedad como la nuestra, con tantos problemas pendientes de resolver necesita que también sus ayuntamientos se regeneren, algo imposible de conseguir sin voluntad política para ello. Nuestros Ayuntamientos, la administración pública más cercana al ciudadano, necesitan ese cambio real, no sólo de caras. Y es cierto que no todos los políticos son iguales pero cuando alcanzan el poder ¿a que se parecen?

Santiago de Munck Loyola




martes, 11 de noviembre de 2014

Otra de viajes y de tomadura de pelo.


Hay que ver la que se ha organizado a cuenta de los viajes a las Islas Canarias del Sr. Monago, Presidente de la Junta de Extremadura, realizados cuando era senador y pagados por los sufridos contribuyentes. Y a cuenta también de los viajes a la misma isla y para estar con la misma señorita realizados también por el diputado popular por Teruel, Carlos Muñoz, quien, por cierto, ha anunciado que va a dimitir como diputado y como secretario provincial del Partido Popular. Por su parte el Sr. Monago ha pasado, entre lagrimita y homenaje, del yo no he hecho nada malo y puedo justificar “documentalmente” cada viaje que he hecho al pagaré los viajes y devolveré hasta el último céntimo de los que no se correspondan con las labores propias del cargo.

Esto de los viajes pagados por los contribuyentes no es nada nuevo, ni nada raro. Es posible que se haya armado tanto revuelo por cierta morbosidad que las coincidencias han levantado entre algunos comentaristas pero hay otros gastos de sus señorías mucho más escandalosos y que parecen pasar desapercibidos. Los viajes forman parte de la larga lista de abusos y privilegios que nuestra clase política se dota a si misma para hacer más llevadera su abnegada función de representarnos a los ciudadanos. Aunque esté mal citarse uno mismo, no queda más remedio que hacer referencia a dos artículos publicados en estas páginas ya en el año 2012 a cuenta de los viajecitos y los demás privilegios de sus señorías. http://santiagodemunck.blogspot.com.es/2012/06/una-de-viajes.html
En estos artículos, escritos a raíz de los viajes del Sr. Divar, se ponía en cuestión la práctica de abonar los viajes tanto públicos como privados de sus señorías y se demandaba que les fuera aplicados a todos el mismo rasero que entonces se aplicó al Presidente del Consejo General del Poder Judicial. 


Un servidor presentó un escrito al Congreso de los Diputados denunciando la inmoralidad de ciertas prácticas, entre ellas las de los viajes, y recibió como respuesta un escrito cuya copia se adjunta en el que tan sólo se señalaba que “la Cámara sufraga exclusivamente los viajes previstos en el Artículo 8.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados”. ¿Y qué dice ese artículo 8.2? Pues lo siguiente: Artículo 8.2. (los Diputados) Tendrán igualmente derecho a las ayudas, franquicias e indemnizaciones por gastos que sean indispensables para el cumplimiento de su función. A lo que se ve, los viajes de los señores Monago y Muñoz a las islas Canarias eran indispensables para cumplir con sus funciones de senador y diputado respectivamente. Pero, no conviene cargar las tintas sobre estos dos ilustres parlamentarios porque si existiera la más mínima transparencia en las Cortes Generales y pudiéramos conocer la relación de viajes gratis total de sus señorías nos llevaríamos una tremenda sorpresa.

Parece mentira que en estos tiempos en los que se habla de regeneración, de ejemplaridad y de austeridad la página web del Congreso sea un ejemplo de burla a la transparencia. Sus señorías ni siquiera tienen la decencia de “colgar” el presupuesto detallado de la institución lo que, sin duda, constituye una prueba más de los múltiples privilegios en los que vive instalada nuestra clase política. Privilegios que pasan por:

- Sueldos muy por encima de la media. Un diputado cobra como mínimo 2.813,87 euros a los que hay que sumar dietas, ayudas y otra serie de complementos.

- Gastos por alojamiento. Todo diputado de una circunscripción fuera de Madrid recibe 1.823,86 euros en concepto de ayuda para pagar los gastos de hotel o alquiler en la capital y en comidas y los de Madrid 870,56 euros. Eso sí estas cantidades están exentas de tributación en el IRPF. Por cierto, cerca de 70 diputados cobran mensualmente los 1.823,86 euros pese a tener vivienda en propiedad en Madrid y aquí no pasa nada.

- Además de no pagar billetes de avión, tren o barco tienen 250 euros al mes para taxis. Si usan su propio coche se les paga el kilómetro a 0,25 euros previa justificación.

- El Congreso les sufraga además un plan de pensiones. La Cámara ingresa el 10% del sueldo base mensual de un diputado a un fondo de pensiones para que cuando se jubilen reciban un complemento de pensión.

- Los casi 3.000 euros de sueldo base se complementan con otras ayudas: los vicepresidentes del Congreso, portavoces, portavoces adjuntos, presidentes de comisión y otros altos cargos reciben un complemento de como mínimo 1.000 euros mensuales por gastos de representación y el Presidente del Congreso 3.327, 89 euros. También existe un complemento mensual por gastos de libre disposición que cobra el Presidente, el Vicepresidente, los Secretarios y Portavoces, entre otros,  ayuda que oscila entre los 600 y los 2.728 euros.

- Si viajan al extranjero en misión oficial reciben 150 euros por día y 120 euros si el viaje es dentro del territorio nacional.

- Además, sus señorías reciben un ‘kit tecnológico’ que les da derecho a que el Congreso les facilite, un teléfono, un Ipad y el pago de la conexión Adsl de su casa.

- Pueden además sus señorías compatibilizar varios sueldos públicos así como compatibilizar su escaño con algunas actividades privadas. Y todo ello sin control del absentismo laboral.

Todo ello parece indicar que el asunto de los viajecitos de marras puede que tan sólo sea “el chocolate del loro” o la punta del iceberg del coste de la casta. Lo cierto es que nuestros parlamentarios gozan de una situación de privilegio que pagamos todos los ciudadanos a los que nos han sometido a toda clase de recortes sin que ellos hayan sido capaces de hacer un mínimo ejercicio de austeridad y de ejemplaridad. Y visto lo visto, cuando sale a la palestra el vicesecretario general de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, para decir que los diputados y senadores pueden viajar, a cargo del contribuyente, por todo el territorio nacional y que cuando termina su jornada tienen el viaje pagado "al lugar donde tienen su vida privada ese fin de semana" da la sensación de que se está, sencillamente, burlando de los ciudadanos o tomándonos por tontos.

Santiago de Munck Loyola



jueves, 28 de agosto de 2014

Clase, casta y regeneración política.


Mucho se está usando y escribiendo sobre el concepto de “Casta política” desde que la gente de “Podemos” lo sacase del armario en la extensa y servil red de medios de comunicación que se ha puesto a su servicio. No hay que olvidar que dichos medios tienen propietarios y que, como en todas partes, hay empresarios dispuestos a todo con tal de obtener beneficios, incluso a suicidarse. Y tan de modo está el concepto que sin ir muy lejos, el Secretario General del PSPV, que acumula cuatro cargos entre los que paradójicamente se encuentra el de flamante Secretario del PSOE para la Regeneración Democrática, el Sr. Ximo Puig, ha descalificado recientemente el discurso de esa formación y el uso que hace de la idea de “casta política” calificándolo de viejo y atribuyendo su paternidad intelectual al italiano Gaetano Mosca, añadiendo de paso que "Gaetano Mosca por otra parte fue uno de los intelectuales a los que Mussolini en su momento acudió con frecuencia". Se trata, sin duda, de un fallido intento de vincular ideológicamente a Podemos y a cuantos usan el concepto de casta política con el fascismo. Ni que decir tiene que los “ramalazos” autoritarios y totalitarios de Podemos son más que evidentes, pero hay que tener más rigor a la hora de encuadrar las ideologías. ETA, por ejemplo, no es una banda fascista por mucho que algunos se empeñen, porque ideológicamente está y siempre ha estado en el espectro de las ideologías totalitarias de la izquierda que las hay y muchas.

La casta política es una idea vieja que desde el siglo XIX ha salido a la luz cada vez que en una sociedad política se entraba en una fase de profunda degeneración del sistema y en España se ha venido usando con profusión desde entonces de forma cíclica.

Políticos, clase política, casta política e incluso castuza son expresiones frecuentes en estos tiempos que sobrevuelan los debates políticos, que se emplean como armas arrojadizas y que, en definitiva, se han hecho presentes con fuerza en medio de un amplio rechazo ciudadano hacia todo lo que tenga que ver con la política, como respuesta al grave daño social que la crisis económica ha generado en muchos españoles. La imprevisión de los políticos ante la crisis y la propia gestión de la misma han provocado una profunda desconfianza ciudadana hacia el sistema político que ha entrado también en crisis.

Cada cual usa esos conceptos a su conveniencia e interés, pero no está de más recordar que las generalizaciones no son buenas y que cada uno de esos términos (políticos, clase política, casta política o castuza) es diferente y deberían ser usados con mucho más seriedad de lo que se viene haciendo. Hay quien como Felipe González se ufana de pertenecer a esa “casta política” que protagonizó la transición y quizás debería haber usado mejor el término de “clase política” al referirse al conjunto de políticos protagonistas de aquella época histórica pues, aunque él pertenezca a la “casta política”, no toda aquella clase política terminó transformándose en una casta.

Hace pocos días, ante la celebración de elecciones internas el próximo 20 de septiembre, un miembro de VOX escribió lo siguiente: “El futuro de este partido pasa sin ninguna duda por Santi Abascal. No es casta, tiene la cabeza bien amueblada, ideas claras, sabe expresarlas en el lenguaje que entiende la gente, se sabe rodear bien…”. Nótese la promoción a la defensiva: no es casta. Es evidente que para el defensor de Santiago Abascal como futuro líder de VOX éste no es casta. Sería interesante conocer su idea sobre su concepto de casta, pero a priori parece que dista mucho de la idea que tiene la mayor parte de la gente. Santiago Abascal, actual Secretario General de VOX, tiene 38 años. En 1999, con 23 años  ocupó su primer cargo público como concejal del PP en Llodio (Álava) y desde entonces ha ido saltando de cargo en cargo sin bajarse prácticamente de los presupuestos públicos hasta finales de 2013.

Nadie discute el valor, el sacrificio y el patriotismo de un joven de 23 años para en 1999 atreverse a ser concejal en el País Vasco, ni el suyo ni el de otros tantos miles de personas que allí y en otras partes de España se han jugado la vida por unos nobles ideales, sin que hayan tenido las mismas oportunidades de promoción y protección política gozando de iguales o mayores capacidades que él. Y tampoco se pone en tela de juicio su capacidad o no de liderazgo. Pero los hechos son tozudos por evidentes. Alguien que nunca ha sabido o querido ganarse la vida fuera del paraguas que proporciona un partido político es, se quiera o no, para bien o para mal, miembro de la llamada casta política. Como lo era el anterior Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que salvo un breve paréntesis de tres años como ayudante de cátedra universitaria, desde 1986 se dedicó plenamente a la política, es decir, se desarrolló personal y profesionalmente bajo el paraguas protector de un partido político a diferencia de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Y como ellos muchos otros que resulta ocioso citar ahora. No se trata de juzgar aquí como buena o mala esa circunstancia, sino de subrayar lo que es evidente y de enlazarlo con la coherencia o no de enarbolar un discurso regenerador de la política como el que proclama VOX.

Hablamos de clase política porque muchos políticos han construido un sistema que les privilegia frente a los auténticos soberanos de la democracia, los ciudadanos. La clase política goza de privilegios que todos conocemos: fiscales, retributivos, judiciales, en materia de pensiones, etc. Y dentro de la clase política existe, además, la casta política que a los anteriores privilegios suma unos rasgos específicos como pueden ser la cooptación en el origen de sus cargos, la ausencia de experiencia y de actividades profesionales previas a su dedicación política, su dependencia y protección, en su caso, de las redes partidistas, su profesionalización en la subsistencia política (es distinto un profesional político, un político profesional y un profesional de la política) y en no pocos casos la ausencia de la formación específica que la política y la gestión de las administraciones públicas debería requerir. La regeneración es ya una exigencia social y su desarrollo requiere ideas nuevas y audaces, coherencia política y, sobre todo, políticos que sean conscientes de que su valor y credibilidad política depende de su trayectoria vital y del valor de su palabra que es la que habrán de comprometer para firmar un contrato para el cambio con el ciudadano.

Santiago de Munck Loyola

martes, 6 de mayo de 2014

Alicante víctima del sistema político.


Del mismo modo que el Hércules C.F. no está en la división de honor, ni desgraciadamente se le espera, parece que tampoco lo está nuestra ciudad, Alicante, ni nuestra Provincia. Hablamos de la cuarta provincia más poblada de España, la más densamente poblada de la Comunidad Valenciana y la quinta de España. Estamos hablando de una provincia cuya población, si sumamos la de residentes extranjeros no empadronados, supera incluso a la de Valencia y que es uno de los territorios españoles con mayor grado de urbanización. Y, sin embargo, se trata de una provincia cuyo peso demográfico, por no mencionar otros factores, no se ve correspondido con las inversiones públicas necesarias e imprescindibles para su progreso y el bienestar de sus ciudadanos.

Hace pocas horas los medios de comunicación volvían a poner encima de la mesa un dato que ya fue objeto de polémica hace unos meses y que los representantes populares provinciales trataron de negar tomando por tontos a los ciudadanos: la falta de inversión del Gobierno central para el mantenimiento de las carreteras en la provincia. El hecho es que el Gobierno del Partido Popular relegó el pasado año a la provincia al puesto 26 de toda España en inversiones para el mantenimiento de carreteras. El Ejecutivo central apenas destinó 12,7 millones de euros en 2013 para la conservación y la mejora de nuestras carreteras, a pesar de que Alicante es la quinta demarcación nacional en población y que es una de las que más turistas recibe por carretera. Es decir, Alicante se situó en el puesto provincial vigésimo sexto en cuanto a este tipo de inversiones. Es evidente, como cualquier usuario puede comprobar, que el estado de la red de carreteras en la Provincia necesita más inversión en mantenimiento y que muchos proyectos de mejora necesitan financiación para poder ver la luz. Ni los ciudadanos de la provincia, ni los turistas que nos visitan pueden esperar, hoy por hoy, que la administración del Estado ni la arruinada Generalidad Valenciana aporten las inversiones imprescindibles para configurar una red vial acorde con la población existente y con una apuesta creíble por el desarrollo del turismo y del tejido empresarial. Y a todo esto, nuestros representantes y gobernantes calladitos y aparentemente muy satisfechos: José Císcar, Sonia Castedo, Luisa Pastor,… Ellos a lo suyo que no es, al parecer, lo mismo que lo de los ciudadanos.

Con ser relevante lo anterior no es, ni mucho menos, lo único que pone de manifiesto que Alicante no es tratada con justicia y que la falta de talante reivindicativo de nuestra clase política o la ausencia de proyectos ambiciosos nos sitúa muy por debajo del nivel que nos corresponde. Resulta a todas luces incomprensible la infrautilización de nuestro puerto al que la ausencia de enlace ferroviario para mover mercancías con el centro y norte de España hace perder la nada despreciable cifra de nueve millones de euros cada año. El Ministerio de Fomento cortó la conexión en 2010 a causa de las obras del AVE y no la ha repuesto aún. Situación que además podrá agravarse según los expertos ya que si se retrasa el enlace con el futuro Corredor Mediterráneo las pérdidas anuales se dispararán hasta los 11,4 millones de euros anuales. A este respecto, Joaquín Rocamora, Presidente de Ineca, coincide en que “Alicante ha dejado de contar tanto para la Generalidad como para el Gobierno, pese a que seguimos siendo una provincia importante”.

Es incomprensible que no haya una respuesta ni solución a la vista para conectar por tren el puerto y el aeropuerto al Corredor Mediterráneo y al AVE. Como lo es también la paralización de las obras del acceso sur a la ciudad de Alicante ofreciendo una imagen indigna de la capital de una provincia como la nuestra, la paralización de las obras del túnel se Serra Grossa, la lentitud en el desarrollo de los trabajos del paseo peatonal del Plan Bahía o la paralización de las obras en el túnel del AVE por los impagos de la Generalidad Valenciana.

Ni la ciudad de Alicante ni la provincia están siendo tratadas con justicia por las administraciones públicas ni por los políticos que las gestionan y que, teóricamente, nos representan. A la falta de inversiones públicas en nuestro territorio acompaña la ausencia de planes vertebradores del mismo y ello es extensible desde la ciudad de Alicante hasta el último rincón de la provincia.

Todo ello es fruto de un sistema de partidos y de una clase política instalada en sus privilegios que no se debe a los ciudadanos a los que debían representar sino al propio sistema partitocrático que los premia o castiga según su docilidad. No se trata de colores políticos, no, porque estamos hartos de ver cómo se tiran los trastos a la cabeza cuando el que gobierna en Madrid no es del mismo color que el que gobierna en Valencia. Da igual, azules y colorados comparten los mismos genes de una determinada casta política que debería ir pensando en jubilarse por el bien de los ciudadanos. El que se mueve no sale en la foto, el que alza la voz cuando los intereses ciudadanos no coinciden con los de su partido es silenciado y apartado perdiendo con ello la poltrona. Pocos son los políticos que anteponen los intereses de la provincia, de su pueblo o de su ciudad a los intereses de su partido o a los suyos personales. Por eso callan, por eso no exigen, por eso no reivindican lo que en justicia corresponde a los ciudadanos de Alicante. Y ya se sabe que “el que no llora no mama”. Y a lo que se ve, lamentablemente, nuestros representantes políticos se conforman con el chupete.

Santiago de Munck Loyola



miércoles, 16 de abril de 2014

Se puede si se quiere.


Si la política nunca ha sido una actividad especialmente apreciada por la mayoría de los ciudadanos hoy, desgraciadamente, lo es aún menos. Pocas cosas pueden resultar en nuestros días menos atractivas para mucha gente que la política. La conducta de buena parte de la clase política y los malos hábitos y vicios de los partidos y demás instituciones están en el origen de ello. Se palpa un absoluto desengaño y hastío hacia la política, los partidos, los políticos y las instituciones. Existe un hartazgo generalizado y, sin embargo, casi todo el mundo en un momento u otro del día habla de la situación política de nuestro país y opina sobre unos u otros. No es infrecuente escuchar frases como “todos son iguales”, “todo son mentiras” o “para qué molestarse, van a seguir haciendo lo que les dé la gana”. En los encuentros familiares, en las reuniones de amigos, en la compra o en el trabajo se escuchan estas frases que, en el fondo, no hacen otra cosa que expresar una desconfianza profunda hacia la política y sus actores. Mucha gente no quiere saber nada de la política, pero no puede sustraerse a sus efectos porque la política está presente, querámoslo o no, en todas las facetas de nuestra vida.

Y este estado anímico alcanza incluso a la gente más próxima de quienes aún creemos que la política, con todos sus defectos e imperfecciones, es una noble tarea por la que merece la pena luchar. Las advertencias o los consejos en los círculos más próximos se suceden: “no te esfuerces tanto que las cosas no van a cambiar”, “¿Para qué te molestas? ¿No has aprendido todavía que todos los partidos son iguales y que no quieren gente preparada y con iniciativa?”, “¿Para qué te esfuerzas? Sin padrinos o amigos no vas a llegar a ningún sitio…” Y me resisto a aceptarlo. Me resisto a tirar lo toalla a pesar de las muchas desilusiones que a lo largo de más de 30 años de activismo político he sufrido.

Es cierto que el mundo de la política y todo lo que en ocasiones le rodea no es muchas veces precisamente ejemplar, pero no es menos cierto que se diferencia muy poco del ambiente que puede existir en el mundo laboral, empresarial o sindical. El mundo de la política no es un mundo aislado, no es una burbuja desconectada de la realidad social, sino que se nutre de ella para lo bueno y para lo malo. Las lealtades personales cambiantes, la desconfianza, las meteóricas carreras de los medradores profesionales, las traiciones, el incumplimiento de los compromisos o de la palabra dada, el amiguismo, el favoritismo o el acoso son algunos de los comportamientos que, si bien se resaltan mucho cuando hablamos del mundo político, también están a la orden del día en el mundo de la empresa o en el de las relaciones personales. Se trata de conductas propias de la condición humana y sobre todo de conductas íntimamente relacionadas con los valores y principios rectores de las conductas individuales.

La corrupción, por ejemplo, no es un mal exclusivo de la política ni de los políticos, sino que se encuentra presente en todas las esferas de la vida social. Se tiende a magnificar y a subrayar sus manifestaciones en la política porque, al fin y al cabo, la política es una esfera pública y porque en un sistema democrático todos los ciudadanos somos o deberíamos ser los “dueños” de la política y, por tanto, estamos o deberíamos estar más que legitimados para denunciarla y exigir las responsabilidades a que hubiere lugar. Los ciudadanos somos los accionistas de una gran empresa que se llama España y como tales tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones que el accionariado de una empresa para exigir resultados y demandar responsabilidades.

Sin embargo, la política no es mala por si misma, son malos muchos de sus protagonistas y si conservan su protagonismo es porque la mayoría de los ciudadanos les dejan, por acción o por omisión. La política es una noble tarea, la única cuya razón de ser es la transformación pacífica de la sociedad. Es desde la acción política, desde el compromiso activo, donde el ciudadano puede invertir la situación. La vida política es patrimonio de todos los ciudadanos. Quejarse, lamentarse o conformarse dando por sentado que nada puede cambiar no conduce a nada, tan solo sirve para reforzar la situación de quienes con su conducta manchan diariamente la vida política. Abstenerse o votar a los de siempre tampoco servirá para que la política recupere la limpieza y el brillo que debería tener. Hoy más que nunca los ciudadanos disponemos de formación e información permanente para poder actuar, para poder influir de forma decisiva en la transformación de nuestro entorno. No hay sistemas políticos eternos, no hay poderes infranqueables, no existen partidos políticos imbatibles y los ciudadanos disponemos de más y mejores instrumentos para que nuestra voluntad sea la que haga de la política un bien al servicio exclusivamente de las personas. Si queremos, podemos.

Santiago de Munck Loyola



domingo, 17 de noviembre de 2013

Se busca gente valiente.


Corren tiempos difíciles para los políticos y para la política, en general. Siempre ha existido una cierta versión ciudadana hacia todo lo que tuviera que ver con la política y esta aversión se ha convertido en los últimos tiempos en rechazo. Así parece que lo señalan las encuestas cuando la clase política, los partidos políticos o las instituciones obtienen una baja valoración y adquieren la consideración de “problemas” a los ojos del ciudadano. A ello contribuye, sin duda, el hecho de que la corrupción, otro de los problemas señalados en dichas encuestas, esté vinculada inevitablemente a los repudiables comportamientos de algunos políticos que, por extensión terminan salpicando al conjunto de la clase política. Y, sin embargo, la política forma parte de nuestra vida, es algo inevitable. La política engloba toda una serie de reglas y comportamientos encaminados a la consecución del poder que es el instrumento con el que podemos dirigir y transformar nuestra sociedad. El ejercicio del poder sin una vocación transformadora carece de sentido, al igual que carece de sentido hacer política si no se aspira a la consecución del único instrumento transformador, el poder. Por ello, no se debe “estar” en política sin más, se debe “hacer” política para alcanzar el poder y quien carece de ambición transformadora, carece de auténtica vocación política. La vocación política es una vocación de servicio a los demás, a la sociedad.

Por ello, llama mucho la atención que ante el proceso electoral del PP de la ciudad de Alicante, todos los candidatos a presidir las distintas Juntas de Distrito hayan terminado por ceder a las presiones del la Dirección Provincial y hayan terminado por no presentar sus candidaturas. Es verdad que todo este proceso electoral interno ha sido desde el primer día una chapuza inmunda que, tal y como algunos habíamos vaticinado, ha terminado por convertirse en una farsa. Una farsa destinada a controlar al PP de la ciudad por los mismos que controlan un Ayuntamiento bajo sospecha judicial. Pero ello ha sido posible por la cesión, la sumisión, la obediencia indebida o la cobardía de muchas personas que han sido incapaces de decir en público lo que en privado murmuraban. Miente, una vez más, el Sr. Ciscar, el Presidente Provincial, cuando dice que el resultado de esta farsa ha sido fruto del consenso. Miente a la opinión pública sin ruborizarse a pesar de que, como señalan algunos medios de comunicación, la mitad del PP de Alicante no ha querido contribuir a esta pantomima. La mentira y la corrupción son términos equivalentes a la hora de calificar la ética del político. El corrupto es mentiroso y el mentiroso puede terminar siendo corrupto.  

Pues bien, la incomprensible retirada de quienes aspiraban a gobernar el troceado PP alicantino deja en evidencia la naturaleza de su propia ambición política, del deseo transformador, en este caso de un cadavérico PP, de los frustrados aspirantes. Con su renuncia han dejado claro su deseo de “estar” en política, de seguir aunque sea de forma bastante indigna en política y no de “hacer” política que es lo mínimo que se debe pedir a quien aspira a cualquier liderazgo. Todo parece indicar que han sacrificado su vocación política a cambio del mantenimiento de su cómodo estatus. Mejor no competir por temor primero a perder frente al aparato y después a perder su actual situación. En un partido auténticamente democrático nadie debería temer a competir por el liderazgo, ni nadie debería confundir la libre concurrencia con una hipotética división. Es significativo que ninguno de los cinco Presidentes de las Juntas de Distrito proclamados provisionalmente, y a la espera del fallo judicial que se conocerá dentro de unos días, ha sido capaz de presentar ni una sola línea, ni una sola idea del proyecto político que desea para su distrito y para el partido. ¿Para qué? Ni saben, ni pueden, ni quieren. No lo necesitan por venir de donde vienen ni para ir a donde van. Solo quieren “estar” en política para servir a lo que sirven, algo más bien poco edificante.

Son situaciones como éstas las que contribuyen al alejamiento y al rechazo de los ciudadanos hacia todo lo que huela a política. Se transmite la imagen de que todo es un pasteleo que se desarrolla entre unos pocos. Pero no debería ser así. No es bueno que sea así porque la política no es ésto. La política es algo mucho más noble y hermoso. La política es patrimonio del conjunto de los ciudadanos quienes debemos recuperar nuestro protagonismo y no dejar que siga siendo usurpada por cobardes, por paniaguados, vividores y parásitos. Los ciudadanos debemos, si deseamos cambiar las cosas, ponernos en movimiento, actuar con valentía y recuperar el protagonismo que nos pertenece. Los ciudadanos somos, cada uno a nuestra manera, políticos y podemos desplazar a quienes se valen de la política para que nada cambie, sobre todo sus privilegios. Lo que ocurre en los partidos importa; lo que hacen o dejan de hacer en nuestro Ayuntamiento, en nuestra provincia, en nuestra Comunidad Autónoma o en el Estado, importa y mucho. No debemos mirar para otro lado. No debemos conformarnos con criticar o con abstenernos cuando llegue la hora. Los ciudadanos podemos y debemos cambiar las cosas. Hay muchas opciones para ello y pronto habrá más porque cada día hay más ciudadanos valientes en movimiento.


Santiago de Munck Loyola

martes, 12 de noviembre de 2013

La indecencia política sobrevive en medio de la crisis.


Decididamente hay que rendirse a la evidencia, nuestra clase política, sea del color que sea, es muy especial. Sigue instalada en sus privilegios y pase lo que pase en el país no está dispuesta a modificar sus costumbres, ni siquiera por el “qué dirán”. Es evidente que no todos nuestros representantes políticos son iguales pero muy pocos se atreven a disentir y a expresarlo públicamente cuando se toman algunas decisiones, aunque no las compartan, no sea que por ello dejen de “salir en la foto”.

Mientras se habla de los recortes también en las becas Erasmus, del cierre de televisiones ruinosas, del cobro de medicamentos hasta en los hospitales, de la desnutrición de muchos niños en Cataluña, de los centenares de niños que acuden al colegio sin desayunar por falta de recursos o de la desaparición de cientos de plazas asistenciales, nuestros políticos siguen a lo suyo, como si no pasase nada y éso de apretarse el cinturón no fuera con ellos. Cuando se trata de dar ejemplo poco importa el color, coinciden en no darlo los que arruinaron al país y quienes para salvarlo están arruinando a las familias.

Ayer, sin ir más lejos, el Congreso de los Diputados escenificó como nunca lo anterior. Sus señorías dejaron claro que padecemos una casta política privilegiada, derrochadora e insolidaria. El Partido Popular, una vez más, rechazó la propuesta presentada por UPyD para suprimir en los Presupuestos Generales de 2014 la partida de 350.000 euros para los servicios de traducción de lenguas cooficiales en los Plenos del Senado. Para que nos entendamos, que el Partido Popular con el beneplácito de todos los grupos se opuso a dejar de gastar 350.000 euros en pinganillos para los caprichosos e inútiles senadores. ¿La excusa? Que como está así regulado en el Reglamento del Senado el Congreso tiene la obligación de dejar intacta esa partida. Vamos, que como el PSOE fue el autor de semejante despilfarro y estupidez, el PP que ahora tiene mayoría absoluta para poder cambiarlo no lo hace. ¿Puro seguidismo? ¿La habitual cobardía popular? ¿“Maricomplejines” en estado puro? ¿No estará pasando lo mismo con la hoja de ruta de Zapatero respecto al terrorismo? No cabe la más mínima duda de que más de un diputado popular o socialista no compartirá ese rechazo pero en éste, como en tantos otros asuntos, se callarán y acatarán lo que les manden a la hora de pulsar el botón de votaciones. Y tampoco cabe la más mínima duda de que los dirigentes populares saben perfectamente que decisiones como éstas molestan profundamente a sus votantes pero una vez más es evidente que la opinión de los mismos, hoy por hoy y dada la lejanía electoral, les importa un pimiento. Ellos a lo suyo.

Y es que tiene su miga que el sentido común, la lógica y la decencia política sigan ausentes de las instituciones. Tiene lo suyo empecinarse en mantener un guiño zapateril inútil y costoso a los independentistas que lo único que pretenden es la voladura de España a la que por negarle le niegan incluso el uso normal de su idioma, del idioma común hablado por más de 400 millones de personas, en una de las cámaras depositaria de la soberanía popular, el Senado. La Constitución no puede ser más clara. En su Artículo 3.1 señala que “el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. Y que se sepa, el Senado es una institución del Estado, aunque no sepamos muy bien para qué sirve, no de las Comunidades Autónomas en las que, además del castellano, pueden ser cooficiales las demás lenguas propias. Y que se sepa también los senadores, aunque a algunos les pese, siguen siendo ciudadanos españoles y, por tanto, también tiene el deber de conocer la lengua castellana. Y si no la conocen pues a su casa, que ya está bien de burlas, desprecios y humillaciones hacia todo lo que sea español. Todos sabemos que todos los senadores hablan y entienden perfectamente el castellano, entonces ¿a qué viene lo del pinganillo, lo de tener que usar traductores para traducir una lengua que conocen sobradamente? ¿Por qué entonces hay que seguir tirando a la basura todos los años 350.000 euros? 

Las cuentas públicas no están para pagar los caprichos de nadie, por muy senadores que sean y ésto no es otra cosa que un capricho indecente que no tiene, además, ningún efecto político para buscar acercamientos hacia quienes sólo quieren alejarse. Lo de los pinganillos, se mire por donde se mire, no sólo es una payasada que provoca risas más allá de nuestras fronteras, sino que, además, es un auténtico insulto y desprecio hacia los sufridos ciudadanos que ven, día a día, cómo sus recursos disminuyen y sus dificultades crecen. ¿Qué clase de políticos tenemos que son capaces de tirar así 350.000 euros al año mientras hay miles de ciudadanos, a los que presuntamente representan, pasando hambre? Sencillamente no tienen vergüenza y se están burlando de los ciudadanos y de lo español. Perdóneme el lector, pero ¡que les den!

Santiago de Munck Loyola


lunes, 28 de octubre de 2013

Va siendo hora de decir ¡ya está bien!


Hoy nadie puede negar que el número de ciudadanos que considera a los políticos y a los partidos políticos como un problema sigue creciendo. La desafección ciudadana, la desconfianza hacia la clase política sigue creciendo día a día y lamentablemente se traducirá, lo veremos pronto, en un incremento de la abstención en la próxima convocatoria electoral. La profunda recesión a la que nos ha conducido la clase dirigente española y los numerosos casos de corrupción que inundan los titulares de los medios de comunicación se asocian inevitablemente con los políticos, con los partidos políticos y con las propias instituciones. Y del mismo modo que es peligroso e injusto generalizar estas percepciones y meter a todos en el mismo saco también puede ser muy peligroso ignorar estos síntomas, confiar en que una aún lejana recuperación económica borrará estos recuerdos y no atajar las causas de fondo que originan este malestar ciudadano. Nuestro sistema está enfermo y así lo indica la fiebre, la desafección ciudadana, que poco a poco va aumentando. Si el paciente no obtiene un diagnóstico certero y un tratamiento adecuado es imposible prever hacia donde evolucionará.

Somos los ciudadanos, cada uno de nosotros, los responsables de hacer que las cosas cambien, de que la política recupere el noble sentido y la alta finalidad que le corresponde y de que, en consecuencia, nuestra sociedad recupere el vigor y la energía suficiente para ofrecer un futuro mejor a sus integrantes. Los ciudadanos no podemos quedarnos con la sensación de que todo da igual, de que no hay nada que hacer, de que todos son iguales y de que lo único que sirve es el “sálvese el que pueda”. La resignación, la sensación de impotencia o la indiferencia sólo sirven para que nada cambie, para avalar cualquier desmán, para que sigan los mismos, bajo unas siglas u otras, usurpando el noble concepto de la política y del servicio público como coartada de sus intereses particulares. La desafección y la desconfianza hacia esta clase dirigente política, económica o sindical no deben servir para alejarnos a los ciudadanos del objetivo de trabajar para transformar y mejorar nuestra sociedad, nuestro entorno más próximo. Todo lo contrario, podemos y debemos cambiar las cosas porque siempre hay alternativas, hay muchas y distintas maneras de hacer las cosas. En muchas ocasiones hemos escuchado de uno y otro lado que no había alternativas económicas, que solo había un camino para salir de una u otra crisis y la experiencia nos ha demostrado, una y otra vez, que era falso. Han terminado por convertir a la Política en la esclava de la economía y de tanto señalarnos con el dedo el PIB o la prima de riesgo no vemos la ruina de nuestro vecino o el deterioro de nuestro Centro de Salud. La macroeconomía ha eclipsado a la microeconomía y la contabilidad nacional a las personas.

Va siendo hora de que los ciudadanos, además de indignarnos, además de desconfiar de una clase dirigente que no ha sabido estar a la altura de las circunstancia y que no está dispuesta a perder sus privilegios, digamos ¡ya está bien! y actuemos. No bastan los lamentos, si queremos que las cosas cambien de verdad tenemos que actuar y hacerlo de la única forma posible en democracia, denunciando públicamente las injusticias, los abusos, los incumplimientos electorales y promoviendo y apoyando toda iniciativa encaminada a regenerar un sistema político que paulatinamente se ha ido alejando de los problemas de los ciudadanos y poniéndose al servicio de una casta endogámica que vive instalada en sus privilegios. Los ciudadanos debemos tener un papel protagonista auténtico que suponga algo más que el simple hecho de depositar una papeleta en la urna cada cuatro años y después, si te he visto no me acuerdo. Los ciudadanos debemos estar para algo más que para pagar impuestos sin que nadie responda del buen o mal uso que hagan de nuestro dinero. Los ciudadanos debemos estar para algo más que para tragarnos unas listas electorales cerradas y bloqueadas sin poder apartar de ellas a los enchufados, incompetentes o corruptos. Los ciudadanos debemos estar para algo más que para subvencionar a unos partidos políticos impermeables a la participación ciudadana y al diálogo social.

Hoy más que nunca el ciudadano no está sólo; podemos interactuar en las redes, movilizarnos y exigir y promover la transformación de un sistema que, a todas luces, no está sirviendo para mejorar la vida y solucionar los problemas que se acumulan. Lamentablemente hoy la política, en muchos lugares, está secuestrada por algunos profesionales de la política, que no por políticos profesionales, por vividores sin principios ni ideales que han encontrado en ella un lugar idóneo para sobrevivir pese a su incompetencia. Va siendo hora de decir ¡ya está bien! de recuperar principios, valores e ideales, de situarlos al frente de la actividad pública y de convertirlos en los motores de la transformación social.


Santiago de Munck Loyola.

martes, 2 de abril de 2013

La ejemplaridad pública.



Una de las características de nuestra sociedad es la gran velocidad con que se producen cambios en las corrientes de opinión. La rápida transmisión de noticias y la libre circulación de opiniones son facilitadas por los medios de comunicación y, en especial, por las redes sociales. Ello debería obligar a los partidos políticos a permanecer muy atentos y perfectamente conectados a los movimientos de opinión en la sociedad, a ser mucho más permeables a los problemas, a las necesidades y a las posibles soluciones que los ciudadanos demandan. En este sentido, parece que el Partido Popular quiere, o al menos así lo manifiesta, debatir con los ciudadanos cuestiones que diariamente están en la agenda de la actualidad social. El pasado 23 de marzo se celebró en Ciudad Real un primer debate sobre la situación del desempleo juvenil y sobre las propuestas de futuro que plantea el Gobierno, con la participación de la Ministra de Empleo, Fátima Báñez, junto con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. El próximo debate o foro, dedicado a la “ejemplaridad pública” se celebrará en Madrid y es probable que cuente con la presencia del Ministro de Industria y Turismo, José Manuel Soria. Siendo loable esta iniciativa y siempre que su formato sea auténticamente participativo y no se trate de un acto más de propaganda, parece francamente insuficiente. Un partido político con más de 700.000 afiliados en toda España, como el Partido Popular, cuenta ya con una estructura social muy amplia, con una red de personas extendida prácticamente por toda España que, además, penetra en todas las capas sociales. Su propia estructura territorial y social permitiría sintonizar mucho mejor con las corrientes sociales si sus afiliados fuesen tenidos en cuenta y fuesen llamados a participar en estos mismos debates desarrollándolos en cada sede local. Los afiliados populares no son personas aisladas de la sociedad y de los problemas que la aquejan, todo lo contrario. Son ciudadanos comprometidos políticamente que padecen exactamente lo mismo que la gente de su entorno y, por tanto, podrían, si hubiese voluntad política para ello, servir como una excelente correa de transmisión entre la sociedad y el partido.

Dicho lo anterior, la elección del tema de debate, la ejemplaridad pública, es muy acertada y da para mucho en estos tiempos tan difíciles y convulsos. Es precisamente la ausencia de ejemplaridad pública la que condiciona, como se ha visto recientemente en la última encuesta del CIS, la valoración negativa que los ciudadanos tienen sobre la clase política, sobre los partidos políticos y la corrupción. Hoy desde la Casa Real hasta el poder judicial, pasando por los partidos políticos, la patronal o los sindicatos, casi todas las instituciones u organizaciones públicas o sociales están tocadas. Es justo en los tiempos de crisis, en los momentos en que los problemas más agobian al ciudadano cuando éste vuelve sus ojos hacia quienes deberían aportar soluciones a su situación, en muchos casos dramática, y lo que ve no es que le guste precisamente. En muchos casos, quienes deberían liderar la sociedad, quienes tendrían que predicar con el ejemplo, quienes deberían aportar soluciones a los problemas de la sociedad no lo hacen o están inmersos en escándalos o en actitudes poco edificantes.

Y la falta de ejemplaridad no se manifiesta únicamente en la existencia de numerosos casos de corrupción que a diario llenan las portadas de los periódicos, sino también en un conjunto de actitudes y comportamientos en el uso de los mecanismos que la Ley otorga y que evidencia la existencia de dos mundos paralelos, dos realidades muy distintas: la oficial y la de la calle. No resulta ejemplar que en una época de crisis, de recortes y sacrificios que se imponen y se exigen a los ciudadanos, no exista un correlato en el mundo oficial o no, como mínimo, en la misma proporción. No es ejemplar que mientras suben los impuestos a los ciudadanos, los parlamentarios gocen de privilegios fiscales, como tampoco lo es que mientras se agravan las condiciones para la percepción de una pensión los parlamentarios sigan gozando de unos privilegios para ello fuera de toda lógica. No es ejemplar precisamente nombrar y mantener como Secretario de Estado de la Seguridad Social a alguien que durante años ha mentido sobre su curriculum atribuyéndose falsamente la condición de médico o nombrar y mantener a una Secretaria de Estado de Investigación a alguien que ha luchado por impedir en las elecciones la victoria de quien un mes después la nombra. En una sociedad donde millones de ciudadanos desempleados han agotado ya cualquier ayuda pública y no hay dinero para más, no sólo no es ejemplar sino profundamente inmoral que se sigan manteniendo retribuciones públicas en administraciones, empresas públicas o bancos nacionalizados de 100.000, 500.000 ó 900.000 euros anuales. No es ejemplar ni edificante que se nombren asesores con fabulosos sueldos a gente sin experiencia ni formación o que se las promocione a escaños en los parlamentos autonómicos o en el nacional por el simple hecho de ser parientes de alguien. Tampoco lo es que las candidaturas se hagan a dedo, sin contar con los militantes de los partidos, y se usen para colocar a gente que nunca a puesto un pie, ni lo va a poner, en la Provincia por la que resultan elegidos. No es algo que mueva a la alabanza el hecho de que los contribuyentes tengamos que pagar los gastos en viaje oficiales de una amiga del Rey o que le tengamos que acondicionar una mansión cerca de la Zarzuela. Como tampoco sirve de buen ejemplo que el máximo representante del poder judicial manifieste que tener que volar en clase turista supone un descrédito para la institución que preside mientras miles de españoles pasan hambre. No resulta ejemplar mantener a toda costa un modelo de estado insostenible mientras se recorta en prestaciones sociales esenciales. No constituye un buen ejemplo mantener en las administraciones públicas muchos más asesores y cargos de confianza que cargos electos o mantener en sus puestos a diputados que se duermen en las sesiones parlamentarias, que se dedican a estudiar francés en las mismas, a hacerse la manicura o jugar con sus iPad mientras que se habla de los problemas de los ciudadanos.

Hay, como se puede ver, un amplio surtido de actitudes y comportamientos que, sin tocar la esfera penal, no son precisamente ejemplares y cuyo mantenimiento entorpece cada vez más la relación de confianza que debería existir entre los ciudadanos y sus representantes, entre gobernantes y gobernados. Las situaciones de crisis convierten la crítica ciudadana en mayores niveles de exigencia hacia los gobernantes y ello debería servir para que la clase política, lejos de esconderse en justificaciones, reflexionase y abandonase muchas prácticas que la alejan del aprecio y consideración de los ciudadanos. Parece que con un solo día de debate sobre la ejemplaridad pública no van a tener bastante.

Santiago de Munck Loyola