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lunes, 10 de agosto de 2015

El melón constitucional.


Todo parece indicar que el Presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha decidido anunciar su predisposición a abrir el melón de la reforma constitucional. Es difícil saber si esta predisposición responde a una simple estrategia electoral de cara a los próximos comicios o si responde, tras casi cuatro años de gobierno, a la necesidad de “hacer política” una vez que ha considerado que ya se ha ocupado suficientemente de la economía. Es indudable que, sean cuales fueren los motivos, nuestra Constitución para algunos está necesitada de algunos retoques cuando menos y para otros de cambios más profundos que podrían afectar a la propia configuración territorial del estado.

Los socialistas y otros grupos se han apresurado a descalificar esta predisposición del Presidente aun cuando no ha anunciado qué temas quiere poner encima de la mesa de la reforma constitucional. Unos dicen que ellos ya habían propuesto iniciar un proceso de reforma hace tiempo y que el Partido Popular no había hecho ni caso y otros enseguida han sentido que se estaba aludiendo exclusivamente al poder autonómico. Cada cual, en definitiva, arrimando el ascua a su sardina.

Si finalmente se abre el melón de la reforma constitucional, sin duda, van a ponerse sobre la mesa de debate toda clase de propuestas, desde la abolición de la monarquía hasta la recentralización del Estado, pasando por el federalismo, el derecho de autodeterminación o la supresión del Senado. Aunque es obvio, no está de más recordar que la estabilidad y longevidad de un texto constitucional depende, sobre todo, del grado de consenso que se alcance entre los principales actores políticos y del nivel de arraigo que éstos tengan en el conjunto de la ciudadanía. A los principales partidos políticos corresponde, por tanto, un consenso inicial básico consistente en acotar de antemano aquellos aspectos de la Constitución que van a ser objeto de debate para su reforma. Y ello exige mucho sentido común, altura de miras, generosidad, sentido de Estado y, por qué no decirlo, patriotismo, cualidades difíciles de encontrar en el actual panorama político. La Constitución es reformable y cualquier propuesta de reforma es susceptible de ser analizada.

No faltarán los agoreros, los que pongan el grito en el cielo ante determinadas propuestas y los que, con más ignorancia que sentido común, se apresuren a gritar ante alguna de ellas que es inconstitucional o anticonstitucional, olvidando que solo las normas aprobadas y no las propuestas de nuevas normas pueden ser tachadas de inconstitucionales o anticonstitucionales. Una ley es inconstitucional cuando viola la Constitución y es anticonstitucional cuando, además de infringir preceptos constitucionales, pretende sustituir el actual ordenamiento jurídico por otro diferente. En todo caso hablamos de normas y no de propuestas de normas o de reforma constitucional.

Hace tan solo unos meses se armó algo de revuelo en torno al resumen, mal redactado, de una propuesta electoral de Esperanza Ciudadana que algunos se apresuraron a descalificarla tachándola de anticonstitucional sobre la permanencia o no y en qué condiciones de la Provincia de Alicante en el seno de la Comunidad Valenciana. Ante la constatación, por nadie rebatida, de que nuestra Provincia sufre desde hace décadas un maltrato presupuestario y una marginación política intolerable por parte de la Generalidad Valenciana, Esperanza Ciudadana proponía exigir el fin de esa situación, reclamar la deuda histórica de la Generalidad con nuestra Provincia y revisar su estatus en el seno de la Comunidad Autónoma reclamando, llegado el caso, la separación política y administrativa de la misma, preservando todos los vínculos históricos y culturales a que hubiere lugar. Es evidente que no sirve pasarse la vida lloriqueando porque el estado y la Generalidad nos maltratan. Hay que ofrecer soluciones y debatirlas. Si una administración pública como la Generalidad Valenciana no sirve a los intereses de los alicantinos y si, además, lejos de propiciar la convergencia social entre los habitantes de sus provincias lo que hace es ahondar las diferencias en perjuicio siempre de los alicantinos, es evidente que hay que dar un paso adelante y llegar hasta donde haga falta en defensa de la dignidad y el progreso de la gente de Alicante.

Y la propuesta de Esperanza Ciudadana era y es tan constitucional como pueda ser la propuesta de convertir a España en un estado federal o de suprimir el senado, por citar sólo algunas de las que ya se han puesto encima de la mesa.

No se puede olvidar que las administraciones públicas tienen un carácter instrumental, que en nuestro caso, además, se trata de una administración sin arraigo histórico o sentimental y que cuando una administración no sirve a los fines para los que fue creada o se reforma o se sustituye. Confundir el amor a la tierra, a la región con el amor a una administración, bastante inútil por cierto, es de una simpleza política que raya el ridículo. Nadie se rasga las vestiduras cuando se propone la supresión de las Diputaciones apelando al amor a esa institución y confundiéndola con el sentimiento de pertenencia a una determinada provincia. Y tampoco es posible olvidar que los vínculos culturales de la Provincia de Alicante con el resto de la Comunidad Autónoma solo son parciales y con diferente intensidad.

Hay que recordar que, de acuerdo a los Artículos 137 y 143 de la Constitución, la organización territorial del Estado en Comunidades Autónomas no es obligatoria y que la iniciativa del ejercicio del derecho a la autonomía corresponde a las provincias de forma también opcional.

Alicante debe exigir el sitio que le corresponde en el seno de la Comunidad Valenciana y la reparación de la discriminación presupuestaria que históricamente ha venido sufriendo. No hacerlo es seguir siendo ciudadanos de segunda y retroceder año tras año en los niveles de progreso y prosperidad que podría alcanzar. Alicante tiene capacidad y potencial de sobra para progresar y sus ciudadanos no necesitan soportar sobre su cabeza cuatro administraciones públicas diferentes. Menos seguir lloriqueando frente al Estado o a la Generalidad Valenciana se puede y se debe intentar cualquier iniciativa política.

Santiago de Munck Loyola


martes, 16 de junio de 2015

El Pacto del Botánico.


Pronto la administración autonómica cambiará de manos. Tras la desastrosa gestión del Partido Popular, la Generalidad Valenciana pasará a estar gobernada por un bipartito compuesto por el PSPV y Compromís, presidido por Ximo Puig, y apoyado parlamentariamente por Podemos. Estas tres fuerzas políticas han firmado el 11 de junio de 2015 un acuerdo, el Pacto del Botánico, que siendo desconocido por la mayoría de los ciudadanos marcará el rumbo político de los próximos cuatro años. Este acuerdo, que no llega a ser un programa de gobierno, fija una serie de directrices políticas que van más lejos, según algunos comentaristas políticos, de lo que el PSPV postulaba en su propio programa y obliga a este partido a asumir las propuestas de Compromís y Podemos.

El Pacto del Botánico se divide en cinco grandes grupos de propuestas: el Rescate de personas, la Regeneración democrática y lucha contra la corrupción, Gobernar para las personas, un Nuevo modelo productivo y una Financiación justa y auditoría ciudadana. En cada uno de estos apartados se enumeran una serie de propuestas y se hace, por regla general, de forma bastante imprecisa y, por supuesto, sin cuantificar. El trasfondo ideológico de este documento ya es conocido, llevamos meses escuchándolo en los medios de comunicación a los tertulianos de Podemos. Se promete establecer la renta garantizada de ciudadanía sin cuantificar, por supuesto su coste económico ni su alcance social; se promete “asegurar que todas las familias puedan acceder a un consumo mínimo” de luz, agua y gas y no cabe más remedio que preguntarse qué quieren decir con esto porque el derecho al acceso a un consumo mínimo de estos suministros ya existe y otra cosa muy diferente es lo relativo al pago de ese consumo mínimo. Cuando hablan de “todas las familias” ¿significa realmente todas?; prometen crear una “Oficina de lucha contra el fraude y la corrupción, que debe ser un organismo independiente con autonomía presupuestaria encargado de la investigación y la prevención”, es decir, más gasto público, otra poltrona innecesaria que pretende suplantar las funciones de la policía y la fiscalía; omiten, en el apartado de la regeneración, algo tan importante y elemental como potenciar las incompatibilidades para que nadie pueda ocupar simultáneamente dos cargos públicos; prometen una “auditoría ciudadana” de la deuda de la Generalidad pero no explican en qué consiste ese nuevo invento y proponen la “creación de una Agencia Tributaria propia, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Autonomía” algo que, por cierto, no está recogido como tal en el Art. 69.1 del Estatuto y olvidan o desconocen, además, que ya ha sido creado al amparo de ese artículo el Instituto Valenciano de Administración Tributaria.

Pero este documento que es de por si preocupante por la falta de consistencia de muchas de sus medidas lo es también, además, por lo que omite y que afecta de forma especial a la discriminada Provincia de Alicante. No se olvidan los del tripartito de mencionar la reclamación de la Deuda Histórica al Estado, pero sí se olvidan de la Deuda Histórica de la Generalidad Valenciana con la Provincia de Alicante a la que lleva décadas discriminando presupuestariamente. Se trata de una deuda real y cuantificable que ningún partido salvo Esperanza Ciudadana se atreve a reconocer y a exigir. Reclaman la dotación de infraestructuras estratégicas pero no dedican ni una línea a las infraestructuras hidrológicas que nuestra sedienta provincia necesita para su agricultura y su desarrollo empresarial. Y, para colmo, dicen que van a impulsar la integración de las diputaciones en la Generalidad asfixiando así la más mínima capacidad gestora de carácter provincial.

En definitiva, el Pacto del Botánico no augura nada bueno para nuestra provincia. Ni por las políticas de sobrecarga del gasto público que pretende desarrollar con una administración ya arruinada, ni por la deliberada omisión de las necesidades más elementales para garantizar el progreso de Alicante. Si la Generalidad Valenciana ya ha demostrado su inviabilidad económica, terminará con esta línea por demostrar su inviabilidad política. Y sorprende mucho el silencio sobre este documento de los dos principales partidos de la futura oposición, quizás porque uno anda aún noqueado y porque el otro no se sabe si sube o si baja.

Santiago de Munck Loyola