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viernes, 5 de abril de 2019

LA SENTENCIA SOBRE WALAIG Y LA INDECENCIA POLÍTICA DE LA ALCALDESA COMUNISTA DE MONFORTE DEL CID.


Comunicado del Partido Alicantino Regionalista de Monforte del Cid.

No nos corresponde a nosotros defender al PP, pero sí que nos toca denunciar las groseras mentiras de la multipropietaria, presunta economista y alcaldesa comunista de nuestro pueblo en torno a la sentencia última sobre el Walaig y la reclamación fallida de Intersa.

Las mentiras tienen las patas muy cortas y las de la Alcaldesa comunista aún más. Primero, en 2017 se ocupó de airear una absurda sentencia provisional que condenaba al Ayuntamiento a pagar 10,3 millones a Intersa, empresa urbanizadora del Polígono Walaig. Nadie que ame a su pueblo se ocupa y preocupa en airear una noticia desfavorable para su Ayuntamiento y para el municipio espantando así a posibles inversores, nadie salvo la alcaldesa comunista con tal de ensuciar la imagen de sus adversarios políticos.

Segundo, apelada esa sentencia, el TSJ acaba de anularla dando la razón a quienes en su momento dijimos que era absurda. Y le ha faltado tiempo a la alcaldesa para ponerse una medalla que no le corresponde a base de mentiras y manipulaciones. Dicen esta mentirosa patológica y sus conmilitones a propósito de la sentencia “Todo esto no tendría mayor trascendencia sino fuera porque el letrado (Se refiere a D. Lucio Rivas, asesor urbanístico y letrado del Ayuntamiento en época del PP) que asistió al ayuntamiento de Monforte del Cid hizo dejación de sus funciones, según afirma la propia sentencia, al ignorar el escrito de noviembre de 2016 en el que Intersa renunciaba a 6 de los 7 millones de euros que reclamaba.”

Primera gran mentira la sentencia no dice nada de eso y para probarlo invitamos a leer la sentencia cuya copia adjuntamos.

Pero lo más patético es la segunda mentira en el mismo párrafo que el letrado hizo dejación de funciones al ignorar un escrito de Intersa de noviembre de 2016. Vamos a ver ¿Cómo es posible que el letrado no ignorase un escrito en noviembre de 2016 si había sido despedido por el propio Ayuntamiento, en medio de un pleito tan importante, en 2015? Y no es que lo digamos nosotros sino que lo dice la propia embustera y sus secuaces un poco más adelante: “Lucio Rivas, funcionario en los noventa del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, ha cobrado desde 2005 hasta 2015, año en el que se prescinde de sus servicios…”  O sea, que despides a un abogado en medio de un importante pleito y le culpas de que año y medio después haya ignorado un escrito del que no tenía conocimiento alguno.

Resumiendo: que ni la sentencia dice lo que la alcaldesa pretende que dice, que ni el abogado al que se culpa representaba ya al Ayuntamiento y que, en definitiva, hay que deducir es que si alguien ignoró este escrito de Intersa fue el Secretario Accidental y el nuevo letrado traídos por la propia Alcaldesa. Una pirómana metida a bombera. No mienta más, Sra. Alcaldesa, usted es una perfecta ignorante en temas jurídicos (a no ser que también tenga un título de licenciada en derecho tan oculto como el de economista o como las propiedades que ha adquirido a lo largo de esta legislatura), no se arrogue méritos que no le corresponden y sobre todo deje de tomarnos por idiotas a los monfortinos.











jueves, 6 de abril de 2017

IU y PSOE DE MONFORTE DEL CID AVALAN EL TRANSFUGUISMO.

Los hechos.

Martes 4-4-2017. Diario Información:
Ciudadanos expulsa a sus dos concejales de Monforte por gobernar con EU y PSOE. María Teresa de las Nieves y José Carlos Martínez tienen hasta el viernes para recurrir la decisión de la dirección nacional del partido. “…En todo caso, si finalmente no prospera el recurso que tienen previsto enviar al Comité de Garantías de C’s antes del viernes, ninguno de los dos concejales tiene intención de renunciar a sus actas. No descartan en convertirse en concejales no adscritos y seguir en el Ayuntamiento”.

Miércoles 5-4-2017. Diario Información:
EU y PSOE mantendrán en el gobierno a los dos ediles de Cs aunque sean expulsados. La alcaldesa María Dolores Berenguer elogia la gestión de ambos y les muestra su apoyo tras criticar la decisión adoptada por el partido de Rivera. María Dolores Berenguer, de EU, como el primer teniente alcalde Vicente García, del PSOE, han querido mostrarles públicamente su apoyo sea cual sea la decisión que adopte Ciudadanos. 
Es decir, los mantendrán en el ejecutivo local si finalmente son expulsados y deciden mantener sus actas de concejal en el grupo (POR CIERTO, ES ILEGAL QUE LOS NO ADSCRITOS SE CONSTITUYEN EN GRUPO MUNICIPAL) de No Adscritos. Algo que, en principio, es lo que han anunciado que piensan hacer.

Definición:

“ACUERDO SOBRE UN CÓDIGO DE CONDUCTA POLÍTICA EN RELACIÓN CON EL TRANSFUGUISMO EN LAS CORPORACIONES LOCALES”.
ACUERDOS.

Primero.- A los efectos del presente Acuerdo, se entiende por tránsfugas a los representantes locales que, traicionando a sus compañeros de lista y/o de grupo -manteniendo estos últimos su lealtad con la formación política que los presentó en las correspondientes elecciones locales-, o apartándose individualmente o en grupo del criterio fijado por los órganos competentes de las formaciones políticas que los han presentado, o habiendo sido expulsados de éstas, pactan con otras fuerzas para cambiar o mantener la mayoría gobernante en una entidad local, o bien dificultan o hacen imposible a dicha mayoría el gobierno de la entidad.

Medidas a adoptar según el pacto firmado por PSOE e IU.

Tercero.- En consecuencia, los concejales tránsfugas no adscritos:
a) no podrán ejercer los derechos atribuidos por la regulación aplicable a los grupos políticos en el desarrollo de las sesiones plenarias, sin perjuicio de los derechos que constitucionalmente le corresponden como concejal.
b) no podrán mejorar su situación anterior al abandono del grupo municipal de origen en cuanto a su participación en las Comisiones, de tal manera que un nuevo reparto proporcional en la composición de las Comisiones ni puede perjudicar al grupo político que sufrió su disminución de efectivos por razón de transfuguismo, ni beneficiar al concejal no adscrito más de lo que suponía su situación anterior.

No existe, pues, un derecho del concejal no adscrito a participar en todas las Comisiones plenarias, y el grupo municipal que sufre merma por la acción del tránsfuga no deberá ver reducida su participación en las mismas, sin que, como en el apartado anterior, implique vulneración alguna de los derechos individuales del concejal.

c) no podrán participar en la Junta de Portavoces, pues la referida Junta sólo puede ser constituida por los portavoces de los grupos políticos municipales.

d) En cuanto a las asignaciones, medios económicos y materiales que se conceden a los grupos políticos, en modo alguno son reconocibles en favor del concejal no adscrito; toda asignación por concepto de grupo político no es aplicable bajo ningún concepto al concejal tránsfuga no adscrito, ni en su importe fijo, ni en su componente variable por razón del número de concejales.

Asimismo, el grupo político perjudicado o disminuido en su composición no deberá sufrir merma institucional alguna en los medios y asignaciones que como tal grupo le correspondiesen con anterioridad. Por tanto, no se asignará al concejal no adscrito otras ventajas económicas y materiales por el hecho de tener tal condición. La condición de concejal no adscrito no es equiparable en ningún caso al grupo político por cuanto comporta una violación de la Ley reguladora de las bases del régimen Local.

Igualmente, los Partidos Políticos se comprometen a no aceptar en sus equipos de Gobierno municipal a miembros de la Corporación que se hayan convertido en tránsfugas con respecto a sus grupos de procedencia, y rechazan la posibilidad de que por parte del Alcalde se efectúe cualquier nombramiento político que implique atribuciones de gobierno o delegación genérica o especial de las mismas, con los consiguientes derechos políticos y económicos, en favor de los tránsfugas.

Finalmente, se comprometen a no nombrar a los concejales tránsfugas representantes del Ayuntamiento en Entidades Empresariales o Financieras, Fundaciones, Cajas y demás Entidades de las que el Ayuntamiento forme parte.

Cuarto.- Suscrito este Acuerdo, los supuestos de incumplimiento o desobediencia por alguno de los grupos locales integrantes de los partidos firmantes, habrán de ser explícitamente rechazados. Para ello los partidos políticos firmantes asumen la obligación de, mediante la aplicación de sus propios Estatutos, incoar los correspondientes expedientes disciplinarios y expulsar de la organización al concejal tránsfuga, o a aquéllos que violenten el citado compromiso instrumentalizando o apoyándose, en su provecho, en los concejales tránsfugas.

A la vista de lo anterior, algunos podrán desarrollar toda clase de juegos florales y dialécticos para justificarse, pero la realidad es tozuda: todo parece indicar que se ciernen negros y sucios nubarrones sobre el horizonte de la ética política en Monforte del Cid.

Santiago de Munck Loyola


viernes, 22 de abril de 2016

TIC, TAC, TIC, TAC.


Las manecillas del reloj no se detienen y siguen su inexorable avance. Pasan las horas y los días y cada vez queda menos tiempo para que se agote el plazo para convocar nuevas elecciones generales. Entre las muchas cosas que parece que han quedado claras es que el sistema previsto en nuestra Constitución para la formación de un Gobierno tras unas elecciones no es operativo, no responde a las necesidades de una Nación y un Estado como el nuestro en medio de una sociedad y una economía tan volátil. Hay que revisar el sistema y sus plazos porque es evidente que nuestro país no puede y no debe permanecer sin Gobierno durante más de siete meses.

Y así las cosas, a punto de expirar el plazo legal para poder formar un gobierno, los principales protagonistas, los principales responsables de lograrlo siguen prácticamente enrocados en sus posiciones iniciales. Mariano Rajoy atrincherado en su pírrica victoria del 20 de diciembre quejándose inútilmente de las constantes negativas del líder socialista Pedro Sánchez a negociar una gran coalición constitucionalista, mientras que aguanta, semana tras semana, la aparición de nuevos casos de corrupción que salpican al Partido Popular.

Por su parte, el encargado por el Rey de formar Gobierno, Pedro Sánchez, sigue anclado a tres postes: su pacto con Ciudadanos, su “no es no” al Partido Popular y sus patéticas e indignas súplicas a los Podemitas para que le aúpen a la Moncloa. Y quién sabe, vista su propia dignidad política, hasta donde habrá llegado en sus secretas conversaciones con los independentistas catalanes.

Su socio, Alberto Rivera de Ciudadanos se apresuró a firmar un pacto con los socialistas de Pedro Sánchez que, al margen de una escasa rentabilidad electoral, puede suponer una pesada carga ideológica y programática de cara a las nuevas elecciones del 26 de junio. Se ha mantenido firme en su veto a Podemos al igual que éstos con su veto a Ciudadanos. Y a última hora se ha descolgado con la peregrina propuesta de que sea un “independiente” quien presida el próximo gobierno. Da la sensación de que aquí lo único que cuenta es el “quien” y no el “cómo” y sobre todo el “para qué”. ¿Un independiente? ¿Con qué programa de gobierno? ¿Con un programa que no ha pasado por las urnas? ¿Con un refrito de programas? ¿Con qué apoyos parlamentarios? Si la solución pasa por un independiente, por un tecnócrata, es evidente que se reconoce abiertamente el fracaso de la política y de la capacidad parlamentaria de sus señorías.

El cuarto principal protagonista de este pesadisimo sainete, el Sr. Iglesias, junto con sus mareas y confluencias mantiene desde el primer día varias propuestas destinadas en el fondo a que no se pueda formar un gobierno, a pesar de que le una con PSOE y Ciudadanos el objetivo de impedir que siga gobernando quien ganó las elecciones pasadas. Desde su veto a Ciudadanos, a su exigencia de un referéndum independentista pasando por su peculiar forma de marcarle el paso al PSOE con reparto de sillones y ministrables incluidos, Iglesias, aunque se está dejando plumas errejonistas por el camino, anhela unas nuevas elecciones para sobrepasar al PSOE de la mano de IU que, de aceptar, firmará su sentencia de muerte política.

A todo esto, cuentan los medios de comunicación que los partidos políticos, en el más que probable caso de que se repitan las elecciones generales, no van a modificar sus candidaturas y volverán a presentar a los mismos candidatos. Ni PSOE, ni Podemos, ni Ciudadanos celebrarán primarias para designar nuevos candidatos. Por supuesto que en el PP seguirá funcionando la dedocracia en las listas y solo se verá obligado a modificarlas para quitarse de encima a algún que otro imputado. O sea que casi todos los 350 diputados que en cuatro meses han sido incapaces de lograr un acuerdo para formar gobierno van a repetir candidatura como premio a su incompetencia y falta de patriotismo. Una burla más de esta partitocracia y de esta casta incompetente a los votantes. Mientras tanto, Tic, Tac, Tic, Tac el reloj no se detiene.

Santiago de Munck Loyola



miércoles, 17 de julio de 2013

Para la dignidad del Congreso nada mejor que una moción de censura en fraude de ley.


Vaya por delante que un servidor cree que el Presidente Rajoy debería haber comparecido de motu propio ante el Congreso de los Diputados para ofrecer las explicaciones que fueren precisas sobre las nuevas revelaciones o nuevas versiones que el Sr. Bárcenas anda divulgando. Bien es cierto que el Congreso está para legislar y para controlar la acción del Gobierno y no para dilucidar otras cuestiones, pero dada la relevancia que han alcanzado las nuevas versiones del ex tesorero del PP parece que las explicaciones ofrecidas por Rajoy en febrero ya no son suficientes y que, por tanto, aplicar las técnicas arriolistas es más bien contraproducente. Más vale una vez colorado que ciento amarillo dice nuestro refranero y con la doctrina Arriola parece que el color amarillo va a permanecer largo tiempo en la faz del Presidente. Pero de ahí a comparecer en los términos solicitados por el PSOE, es decir “admitiendo su culpabilidad y de forma previa a su dimisión” hay un verdadero abismo. El PSOE no quiere que el Presidente comparezca ante el Congreso para dar explicaciones y conocer así su versión, no. El PSOE no quiere conocer ninguna explicación, ni ninguna versión. El PSOE cree ciegamente a Luis Bárcenas y ya ha dictado su peculiar sentencia: el Presidente es culpable, no se sabe muy bien de qué, y por tanto debe dimitir. Por tanto, es perfectamente comprensible que una comparecencia presidencial establecida en esos términos, con dimisión incluida, sea inaceptable para el Presidente y, por supuesto, para la mayor parte de los representantes de la soberanía popular. Pero dicho esto, no hay nada que impida que el Presidente comparezca en los términos que le señale la mayoría de la cámara y esa comparecencia serviría para dejar de alimentar la posición de una oposición sin liderazgo, sin legitimidad moral y sin proyecto para sacar a España de la crisis a la que ella misma la condujo en la anterior legislatura.

Es especialmente significativo que el Sr. Rubalcaba y su partido anuncien la presentación de una moción de censura en el caso de incomparecencia de Rajoy y que para ello apelen a la “dignidad” de la Cámara donde reside la soberanía popular. Una moción de censura requiere la presentación de candidato alternativo, con un programa concreto, que debe ser sometido primero a examen y después a votación. La moción de censura no obliga al Presidente censurado a comparecer ante la cámara para responder a ninguna cuestión. El que ha de responder es el aspirante. Y lo que llama la atención es que, de una parte, se intente usar un mecanismo constitucional para lograr un efecto, la comparecencia presidencial, que no está asegurado y, de otra, que apelando a la dignidad de la cámara, la que elabora y aprueba leyes, se intente usar un mecanismo legal en auténtico “fraude de ley”. ¿Tienen patente de corso los parlamentarios, en este caso los socialistas, para institucionalizar el “fraude de ley” en el propio parlamento? ¿Ésa es la base de la ejemplaridad y la dignidad de la cámara que predican?

Una ventaja añadida que proporciona la peregrina ocurrencia de esta moción de censura fraudulenta es que permite retratar mejor a los actores e ir poniendo a cada uno en su sitio. Los comunistas de IU no quieren ni oír hablar de la dichosa moción. Lo que a ellos interesa son elecciones anticipadas que para ello las últimas encuestas les favorecen. Los nacionalistas miran para otro lado, de una parte porque los grupos independentistas catalanes están metidos de lleno en casos de corrupción y de financiación ilegal de sus formaciones políticas y, de otro, porque una hipotética moción de censura solo les interesaría si con ello aseguran su proyecto secesionista. Y finalmente tenemos a UPyD que se ha retratado perfectamente. Rosa Díez y los suyos están dispuestos a avalar a Rubalcaba como candidato a la Presidencia del Gobierno y por consiguiente sí apoyarían la presentación de la citada moción. Bueno es que se sepa, así todos los ex votantes del PP que según las últimas encuestas estarían dispuestos a transferir su voto a la formación de Rosa Díez saben ahora que significaría votar, en última instancia, al PSOE. Ya ocurrió en Asturias por lo que nadie debería llamarse a engaño. Y es que la cabra siempre tira al monte.

Por el bien de nuestra democracia, por su estabilidad y, sobre todo, por au tan necesitada regeneración es imprescindible que se aclare la verdad sobre el asunto Bárcenas y sobre la posible financiación ilegal del Partido Popular como también lo es que se aclare la verdad y se depuren las responsabilidades a que hubiere lugar en el otro escándalo, aún bajo investigación, y que afecta al principal partido de la oposición, el caso del ERES falsos que por su cuantía y por el origen de los fondos defraudados es de primera magnitud. No se trata de jugar al “y tú más” sino de que los dos principales partidos de España den la cara y asuman las responsabilidades que les corresponden. Porque así no se puede seguir.

Santiago de Munck Loyola

martes, 16 de julio de 2013

Nuestro Bárcenas es su musa.


La incesante lluvia de noticias sobre el Partido Popular, sobre sus cuentas y sobre Bárcenas estará causando entre los votantes y, sobre todo, entre los militantes populares mucho desconcierto, desasosiego o indignación y más entre aquellos que llevan en el Partido Popular toda la vida, los que no provienen de otros partidos, porque seguramente se resistirán a creer lo que oyen o leen y porque no se identificarán con la imagen pública que se está creando. Hay que dejar cierto reposo y reflexionar bastante antes de otorgar credibilidad a lo que estamos escuchando.

Es cierto que esa supuesta contabilidad que se ha hecho pública y que nadie ha desmentido refleja gastos que no son acordes con lo que los populares hemos venido defendiendo como criterios de actuación política en el ámbito de las administraciones públicas. Esos gastos reflejados pueden desvelar muchas cosas, pero desde luego no se puede hablar ni de principios de austeridad ni de eficacia en el gasto cuando se analizan esas partidas: lencería, tabaco, ponis, comilonas, etc. No parece muy ético que la dirección provincial de Alicante se gastase tan sólo en el año 2011 más de 35.000 euros en comilonas, tal y como se ha publicado. Y más si se tiene en cuenta que un año después se pide un euro por afiliado para tapar un agujero de más de 100.000 euros sin explicarnos de dónde viene. ¿Qué militante daría el visto bueno a esos gastos? Más bien pocos. El dinero gastado de tan alegre forma provenía de subvenciones públicas, de donaciones y de cuotas de afiliados. Todo aquel que sienta que su dinero ha sido mal empleado, por usar un término suave, tendrá cuando menos el derecho a pedir las explicaciones que considere necesarias. Y el Partido Popular deberá darlas.

Pero el principal asunto que está ocupando las portadas y que tiene a todo el mundo en vilo es el asunto Bárcenas. Las últimas declaraciones del ex tesorero popular son de lo más inquietante y están siendo aprovechadas por la izquierda de forma bastante miserable, por cierto. Del asunto de los sobresueldos ahora se ha pasado a una presunta financiación ilegal del Partido Popular y se exige la comparecencia ipso facto del Presidente Rajoy tras cada nueva revelación, su inmediata dimisión y hasta la convocatoria de elecciones anticipadas. Bárcenas se ha convertido en el perfecto aliado de la izquierda  que da por ciertas todas y cada una de sus afirmaciones las pruebe o no, se contradiga o no con declaraciones anteriores. ¿De qué estamos hablando realmente? Hay dos asuntos importantes en todo este embrollo: de una parta las afirmaciones de Bárcenas relativas a que ha ido repartiendo en la cúpula popular sobresueldos, a que dichos sobresueldos han podido ser en B (es decir, engañando a hacienda) y a que algunos de ellos podrían haber sido percibidos por ministros de Aznar, entre los que se cita a Rajoy, teniéndolo prohibido y, de otra parte, relativas a la posible financiación irregular o ilegal del Partido Popular. Salvo el famoso cuaderno de Bárcenas reflejando una hipotética contabilidad B del Partido Popular no ha aparecido aún prueba alguna que sustente todas las acusaciones del “cabrón” de Luis. Se sabe que el Sr. Bárcenas posee una considerable fortuna y se sospecha que su origen no es el que él cuenta. Se sospecha, pero aún no se sabe, que ese dinero puede provenir de donaciones superiores a las legalmente permitidas que el Sr. Bárcenas podría haber repartido con un exceso de caridad hacia si mismo, ya se sabe, la mitad para él, la mitad para el partido. De momento hay declaraciones suyas contradictorias, un cuaderno con una supuesta contabilidad B que él ha fabricado y unos SMS que no comprometen legalmente, aunque puede que moralmente sí, al Presidente Rajoy. Y con estos ingredientes el PSOE la está montando. Hay que reconocer que el Sr. Bárcenas le ha venido muy bien a los socialistas. Y en esta ocasión, como en el 11M, el Partido Popular está gestionando muy mal, muy torpemente la crisis. Por cierto, Bárcenas no chantajea al Estado de Derecho, si está haciendo algún chantaje será, en todo caso, al Partido Popular y a sus dirigentes. Las cosas claras.

Con la munición de Bárcenas, el PSOE ha aprovechado para pedir que Rajoy comparezca, para pedir su dimisión, para romper relaciones con el Partido Popular (¡qué les importa el paro o la ruptura de España!) y para anunciar hasta una hipotética moción de censura condenada al fracaso de antemano. El PSOE con un candidato al que ni en su casa lo quieren como tal, sin acuerdos parlamentarios viables y creíbles y sin los votos necesarios para que prospere está dispuesto a usar el mecanismo de censura con total y absoluta irresponsabilidad, sólo para hacer ruido y para desgastar más al gobierno. No hace falta insistir, por cierto, que a los socialistas además de un candidato solvente, además de los votos, les falta legitimidad moral para poder articular una moción de censura y es evidente que los responsables y encubridores en estos momento del latrocinio de más de 1.000 millones de los ERES andaluces carecen de legitimidad moral alguna, al igual que sus cómplices encubridores de IU de Andalucía. Estos no quieren moción de censura, quieren elecciones anticipadas para aprovechar el tirón vaticinado por las últimas encuestas. Su motivación es sólo pragmatismo electoral.

No hay por ahora prueba alguna de la existencia de sobresueldos ilegales en la cúpula popular (hechos en B o estando vigente alguna prohibición expresa como en el caso de los ministros). Tampoco hay prueba de financiación ilegal. Pero aún en este supuesto no está de más alguna observación. La financiación ilegal de los partidos políticos no es un delito. Puede que la haya en el Partido Popular, aún no se sabe y habrá de demostrarlo, pero hasta el día de hoy sí ha habido partidos condenados por casos de financiación ilegal. Tenemos el caso reciente de Unión Democrática de Cataluña y tenemos el lejano caso del PSOE con FILESA, MALESA Y TIME EXPORT. ¿Dimitió Felipe González por aquello? ¿Dimitió por haber nombrado en los cargos orgánicos de su partido a los que organizaron aquel tinglado? Evidentemente no. No resulta por tanto muy coherente que quienes entonces defendieron la continuidad de González reclamen ahora con tanto teatro la doctrina contraria. Y esto no quiere decir, ni mucho menos, que quienes creemos en la regeneración democrática no pensemos ni vayamos a dejar de exigir que se depuren responsabilidades, caiga quien caiga, si se demuestran irregularidades en la financiación de Partido Popular. Pero haya que exigir cada cosa en su momento y hacerlo cuando se puede hacer, es decir, cuando se tiene legitimidad moral y política para hacerlo.

A pesar de la desazón, de la tristeza y de la incertidumbre que muchos puedan sentir desde sus ideales políticos, ahora puestos en cuestión, hay que tener la certeza de que de esta negativa experiencia, de esta oscuridad política saldrá algo positivo. Más luz, más transparencia y más democracia interna que digan lo que digan sigue siendo el mejor antídoto contra estas situaciones.

Santiago de Munck Loyola


viernes, 5 de julio de 2013

¿Fin del sistema bipartidista?


La encuesta publicada hoy por el Periódico de Cataluña confirma las tendencias que han venido señalando otros estudios demoscópicos anteriores. Se confirma una gran caída en intención de voto de los dos grandes partidos nacionales, PP y PSOE (aunque llamar ahora partido nacional al PSOE sea inexacto) y un notable incremento tanto de IU y UPyD. Según las proyecciones de esta encuesta el PP seguiría siendo el partido más votado y obtendría en torno a un 28 % de los votos, es decir, un 16 % menos que en noviembre de 2011 y el PSOE, incapaz de aprovechar el desgate del partido del gobierno, se situaría de nuevo en el segundo puesto alcanzando un 25,5 % de los votos, el peor resultado de su historia electoral. La suma de los votos de ambos partidos que tradicionalmente se ha venido situando en torno al 80 % se derrumba hasta un 53,6 % lo que es interpretado por muchos analistas como el preludio del fin del bipartidismo en España.

Según esta misma encuesta y confirmando la tendencia apuntada en las anteriores, el derrumbe de PP y PSOE es aprovechado por los comunistas de IU que superarían el 15 % de los votos y por los híbridos de UPyD, el personalista partido de Rosa Díez, que rebasaría el 12 % de los votos. Y estas expectativas de voto en medio de una abstención record en la historia de nuestra democracia, el 40 %, que evidencia claramente una profunda desafección de una buena parte de la población hacia el sistema democrático vigente.

Desde la perspectiva de la gobernabilidad de nuestro país, el panorama no es muy alentador. Tenemos antecedentes históricos más que suficientes como para sospechar que un sistema de partidos tan fragmentado no es precisamente lo mejor para garantizar la imprescindible estabilidad gubernamental y, menos aún, cuando la propia supervivencia del Estado está puesta en tela de juicio por los desafíos de los partidos independentistas.

Parece claro que la fuga de votos del PSOE se dirige fundamentalmente hacia su izquierda, es decir, a favor de IU. Entre las causas de esta creciente pérdida de peso electoral seguramente estarán el recuerdo de la desastrosa gestión de la crisis por parte del Gobierno de Zapatero, la inexistencia de autocrítica, la ausencia de renovación dentro del socialismo, la falta de credibilidad en las labores de oposición lastradas por un clamoroso oportunismo, la debilidad del liderazgo de Pérez Rubalcaba, la desaparición del sentido nacional del PSOE siempre dispuesto a ceder terreno a los socialistas catalanes y escándalos tan graves como el caso de los EREs de Andalucía.

En cuanto al PP, la encuesta proporciona un dato importante: la mitad de los electores que se marchan votarían a UPyD. Este dato es muy significativo porque evidencia que una buena parte de votantes populares desencantados están dispuestos a otorgar su voto a un partido cuyos orígenes están en la izquierda y que, aunque ideológicamente confuso, mantiene posiciones alejadas del ideario político del centro derecha. Es muy probable que, aunque UPyD pueda ser caracterizado como un partido de centro izquierda, una buena parte del votante de centro derecho esté dispuesta a darle su voto porque encuentra en su discurso tres elementos importantes que no termina de distinguir con la suficiente nitidez en el discurso popular:
  • Una posición más beligerante y nítida a la hora de abordar el proceso para acabar con el terrorismo etarra.
  • Una posición más contundente frente a los nacionalistas y los diferentes procesos independentistas puestos en marcha.
  • Un discurso más radical respecto a la unidad del Estado y la reforma del sistema autonómico.

Si a esta peculiaridad se suma el evidente desgaste que toda acción de gobierno comporta y especialmente en una situación tan difícil como la que le ha tocado lidiar al Gobierno de Rajoy que ha derivado en graves incumplimientos del programa electoral y un profundo desencanto y bochorno por las continuas noticias sobre presuntos casos de corrupción que afectan al Partido Popular en todos los niveles y frente a los cuales no se transmite la imagen de una reacción contundente para acabar con los mismos, es fácil comprender esta fuga de votos. La política de comunicación del Gobierno no es buena y la del Partido Popular tampoco. Está pesando mucho más ante la opinión pública lo negativo que los logros del Gobierno que los hay y muy importantes. Es evidente que los resultados de la doctrina Arriola, “ponerse de perfil frente a los problemas”, no sirve o al menos así lo señalan las encuestas. El PP tiene delante una importante tarea si quiere seguir siendo un gran partido con capacidad de gobierno y en la casa deberían preguntarse quién se va, por qué se va y rectificar lo que haya que rectificar que no es poco.

Santiago de Munck Loyola

domingo, 10 de marzo de 2013

Motivos para regenerar.



José Blanco, ex Ministro de Fomento, imputado por tráfico de influencias y sigue en su escaño. 38.000 millones de euros públicos inyectados a la banca en 2012 y ésta inicia más de 50.000 procedimientos de desahucio en el mismo año. Los diputados madrileños Bartlomé González e Isabel Redondo se dedican a jugar con sus iPad mientras se habla del paro en la Asamblea, el diputado autonómico valenciano Luis Díaz Alperi se hace la manicura en el Pleno mientras su compañera de escaño Milagrosa Martínez aprovecha para estudiar francés. Los ciudadanos deberán  tomar como referencia los últimos 25 años cotizados para obtener la cuantía de la pensión por jubilación, mientras que diputados y senadores pueden cobrar la pensión máxima con 11 años. Los sindicatos se rasgan las vestiduras por la reforma laboral y después se afanan en aplicarla en los despidos de sus propios empleados. Patrimonio Nacional se gastó más de 2 millones de euros en acondicionar la finca La Angorrilla en la que se alojó la entrañable amiga del Rey y éste nos habla de la necesidad de ejemplaridad sin inmutarse. La Alcaldesa de Novelda es procesada y ni dimite ni su Partido le pide públicamente que lo haga. Los españoles pagamos en cuatro viajes oficiales del Rey los gastos de su acompañante, la entrañable amiga de La Angorrilla. El PSOE, el día de la mujer, se hace con la Alcaldía de Ponferrada gracias a una moción de censura negociada con un acosador sexual. El ex Presidente de la CEOE, Díaz Ferrán, en la cárcel. El Vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, acusado de pagar en negro a sus empleados, se jacta de deber dinero a la Seguridad Social y a Hacienda. 

IU de Madrid debe más de 1 millón de euros a hacienda al destinar a otros fines las retenciones a cuenta del IRPF de sus trabajadores. La Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, tras ser imputada por cuatro delitos es homenajeada por la Dirección provincial del PP. El Secretario de Estado de la Seguridad Social falsea su curriculum afirmando ser médico sin serlo, en su ficha del Congreso no aparece la "Declaración de Actividades" ni tampoco "Declaración de Bienes y Rentas" a pesar de las 5 legislaturas que lleva de congresista y no dimite. La número 2 del PSOE, Elena Valenciano es embargada por no cumplir sus obligaciones tributarias tanto por la Agencia Tributaria, como por la Diputación de Alicante y tampoco dimite. Carmen Vela hace campaña a favor de Rubalcaba y dos meses después es nombrada por Rajoy Secretaria de Estado de Investigación para desprecio de votantes y afiliados del PP. La Generalidad Catalana recorta en Sanidad mientras se gasta 33 millones de euros al año en embajadas ilegales. Desaparecen en 2008 más de 100 kgs. de cocaína de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla y todavía no se sabe quienes son los culpables. Más de 1.400 millones de euros desaparecen en los EREs fraudulentos andaluces y no dimite ningún alto cargo andaluz. Jesús Sepúlveda fue contratado en Génova después de tener que dimitir de Alcalde y no se sabe aún quién y por qué le contrató. La  Fundación Ideas pagó 150.000 euros provenientes de subvenciones públicas  a Traducciones Políglota, la empresa de la hermana de Elena Valenciano, Paloma, por unos trabajos que nadie ha especificado en qué consistieron. Mientras falta dinero para el subsidio del paro, se siguen pagando sueldos con dinero público de 900.000 euros al año en Red Eléctrica, de 500.000 euros en bancos rescatados o de 150.000 euros en empresas públicas. Los partidos políticos recibieron en 2012 más de 64 millones de euros para sus gastos de funcionamiento. Urdangarín vendió humo a las administraciones públicas por varios millones de euros y los políticos que lo compraron siguen tan tranquilos. Bárcenas sigue chuleando al PP y éste no responde coordinadamente y con contundencia. La corrupción preocupa cada día más a los españoles según el CIS y el PSOE se abstiene en las resoluciones para combatirla aprobadas en el Congreso por el resto de los grupos parlamentarios. España está plagada de obras públicas millonarias y sin ningún uso y ningún político ha respondido por este despilfarro. Algunas televisiones privadas pagan a delincuentes para entrevistarlos. 

La pensión mínima de jubilación para un trabajador de 65 años es de  8.383,20 euros al año, mientras que Zapatero, tras arruinar al país, simultaneará una pensión vitalicia de 75.000 euros anuales con otros 80.000 euros al año como Consejero de Estado. Los Clubs de fútbol adeudan a Hacienda más de 750 millones de euros y a la seguridad social otros 11 millones. La familia del ex presidente Pujol se benefició durante años de las influencias del padre pero no se debe denunciar porque se podría interpretar como un ataque a Cataluña. El ex ministro socialista Julián García Valverde se va a llevar 335 millones de euros en comisiones por el Ave a La Meca gracias a las gestiones del ex ministro Blanco. Los españoles seguimos pagando la electricidad más cara de Europa. Un escaño por Soria cuesta 47.000 votos mientras que por Madrid 188.000 votos. Desde 2006 España dona a ONU mujeres 178 millones de euros y termina colocando a la ex Ministra Bibiana Aido con un sueldo de 6400 euros mensuales. Ana Mato se gasta 17.000 euros en un informe titulado “gobernando con amor”. El salto de Falete al agua rompe records de audiencia televisiva. Los madrileños sufrieron en 2012 una media de 10 manifestaciones diarias. El Tribunal de Cuentas tarda más de cinco años en fiscalizar las cuentas de los partidos políticos. Con más de 800.000 catalanes en paro, la prioridad de Mas es la independencia… El PSOE en San Sebastián vota a favor de galardonar a uno de los fundadores de ETA. Podría seguir escribiendo páginas y más páginas. ¿Todavía hay alguien que piense que España no necesita una regeneración?

Santiago de Munck Loyola

miércoles, 27 de febrero de 2013

Otro gatillazo: sin Pacto de Estado contra la corrupción.



Parece que, una vez más, la clase política en general no ha sabido estar a la altura de las circunstancias y del clamor social contra la corrupción y ha sido incapaz de alcanzar un gran Pacto de Estado contra la corrupción. A lo más que se ha llegado tras el debate sobre el estado de la Nación ha sido a un gran acuerdo, no respaldado ni por el PSOE ni por IU, aprobando una serie de Resoluciones promovidas en su mayoría por el Partido Popular instando a la adopción de un catálogo de reformas contra la corrupción. Así, el Congreso ha aprobado 16 Resoluciones al Debate sobre el Estado de la Nación, de las que 14 han sido impulsadas por el Grupo Popular, una por el PNV, y otra acordada sobre la base de tres propuestas del PP, CiU, UPyD y el Grupo Mixto (UPN).

Una de estas resoluciones expresa la necesidad de un acuerdo de las fuerzas políticas, con el fin de adoptar cuantas medidas de regeneración democrática, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción sean precisas para que los ciudadanos aumenten su confianza en las instituciones, emplazando a elaborar un pacto ético entre los partidos respecto al tratamiento de los casos de corrupción y de los encausados. Igualmente, se pide la creación de una comisión independiente formada por personas de amplio reconocimiento y prestigio social que elabore un informe para su remisión al Parlamento sobre la regeneración de la democracia y se emplaza al Gobierno a aprobar una serie de proyectos de ley para su remisión al Parlamento: una Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos, la Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas para articular más instrumentos de control, la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para fortalecer el régimen de las prohibiciones de contratación con el sector público a todas las personas físicas y jurídicas condenadas por corrupción, una Ley Reguladora del Ejercicio de las Funciones Políticas, como Estatuto del Cargo Público,  la reforma del Código Penal para endurecer la sanción de la corrupción, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en su caso, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incorporar a la Ley  de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, a los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales y aquellas entidades e instituciones que se financian esencialmente a través de dinero público, regular las organizaciones de intereses o "lobbies" y otras medidas como modernizar las campañas electorales.

Del examen de esta batería de medidas se deduce claramente que, al margen de la imposibilidad de lograr la unanimidad entre la clase política para combatir la corrupción, no se ha abordado el problema, salvo en lo relativos a los Partidos políticos (y habrá que esperar para ver con qué alcance), desde la perspectiva de las causas que facilitan o propician la aparición de la corrupción. Los grupos políticos se han decantado más bien por aumentar los controles y endurecer las sanciones sobre la corrupción, pero no por atajar las causas que la facilitan.

La inmensa mayoría de los casos de corrupción que afloran en nuestro país tiene su origen en tres ámbitos concretos: en el urbanismo, en las contrataciones públicas y en el funcionamiento de los partidos políticos. Y en el trasfondo está la discrecionalidad, la capacidad de decisión discrecional de técnicos y políticos, a la hora de ejecutar el urbanismo y de contratar obras, servicios y suministros con las administraciones públicas. Curiosamente, en las resoluciones aprobadas no se contiene ninguna mención a la necesidad de reformar la legislación del suelo o de las contrataciones con las administraciones públicas que permiten el uso y el abuso de la discrecionalidad, y por tanto de la arbitrariedad, a la hora de aplicar las diferentes normas que desarrollan esas materias. La primacía de criterios subjetivos sobre los objetivos en materia de urbanismo y de contrataciones es la que facilita que políticos y técnicos en algunos casos hagan un mal uso de las facultades que tienen otorgadas y que, por tanto, basen sus decisiones en intereses personales y no en intereses puramente públicos.

Todo hace pensar que siendo estas resoluciones un importante avance para castigar la corrupción no lo son tanto para prevenirla y ello permite poner en duda la existencia de una auténtica voluntad o de capacidad de la clase política para acabar con la lacra de la corrupción. Y lo que desde luego ha quedado patente es la falta de altura política de algunos para intentar aunar voluntades en algo tan importante para el conjunto de los ciudadanos.

Santiago de Munck Loyola

lunes, 4 de febrero de 2013

Ataques irresponsables y defensas estúpidas.



Hay que lo que está dando de si todo el asunto de los supuestos papeles de Bárcenas tan aireados por el Grupo Prisa y tan aplaudidos los socialistas. Y lo que te rondaré, morena, como decía aquel. Acusaciones, desmentidos, pruebas caligráficas, contra pruebas caligráficas, ruedas de prensa, comparecencias, declaraciones, ruedas de prensa y lo que queda por venir. Hay que resaltar algunas cosas en medio de tanto lío, de esta ceremonia de la confusión y de este ensayo de deslegitimación y derribo callejero del Gobierno de España.

De una parte, la irresponsable actuación del principal partido de la oposición, el PSOE, y de su líder, con mando pero sin liderazgo, Sr. Pérez Rubalcaba. Hay lujos que se pueden permitir los líderes de los grupos minoritarios, siempre dispuestos a la algarada y a los exabruptos, como el Sr. Cayo Lara que no tiene sobre su formación excesivas acusaciones de corrupción por la sencilla razón de que no gobierna en muchos sitios pero que si lo hiciera le pasaría como en Rivas-Vaciamadrid, donde el dinero público se usa de forma poco escrupulosa y donde procesan a algún que otro concejal de su formación política por actitudes poco ejemplares y presuntamente ilegales, eso sí, con el silencio cómplice de la prensa local. Pero el Sr. Pérez Rubalcaba al que la presunta vacunación recibida con ocasión de Filesa no le ha debido hacer ningún efecto visto el caso de la Fundación Ideas y de los EREs andaluces (1.000 millones de euros saqueados por un entramado organizado en la Junta de Andalucía) no se puede permitir esos lujos, ni mucho menos. No se trata sólo de que no está libre de pecado, sino que, además, demuestra una baja catadura moral quien sobre la base de pruebas más que dudosas pone en cuestión la honorabilidad de muchas personas y, nada menos, del propio Presidente del Gobierno cuya trayectoria, en este campo, ha sido siempre ejemplar. La inocencia no hay de demostrarla. Al revés, quien acusa debe probar sus acusaciones y sin haberlo hecho no de puede ir pidiendo la dimisión de nadie cuando ni siquiera hay acusaciones o imputaciones sobre ninguna persona de la cúpula del Partido Popular. Hacerlo además cuando hay tanto en juego en el exterior, repito, sin indicios sólidos, es, además, una muestra del que “todo vale” con tal de volver a la Moncloa. Todo suena demasiado a lo ocurrido hace casi 9 años, fabricación de pruebas falsas, testimonios inverosímiles, agitación en las redes sociales, algarada callejera, asedio a las sedes de Partido Popular,… típico del “comando Rubalcaba”. Claro que quien no ha querido reabrir las investigaciones pendientes de aclaración, tampoco está ahora en condiciones de quejarse de que se repita, sin sangre esta vez, la historia. A lo mejor el Sr. Rubalcaba debería estar explicando ahora de donde proviene su fabuloso patrimonio ( 1.223.154.- €) amasado durante el mismo tiempo que Rajoy se ha dedicado a la política o cómo bajo su mandato algunos policías colaboraron con banda armada en el llamado caso “Faisan” o por qué bajo su mandato desaparecían cientos de kgs. de cocaína de la Comisaría de Sevilla o muchos otros interrogantes dejados sin responder tras su paso por la política y por diferentes Gobiernos.

De otra, hay que destacar que algunos estarían mejor calladitos en vez de decir estupideces a la hora de defender la actuación del Partido Popular. Si uno no sabe qué decir, mejor callarse, Si uno no sabe de qué se habla, mejor no abrir la boca. Y si uno tiene que mentir, mejor no hacerlo. Es el caso del Sr. Floriano. Hoy se ha cubierto de gloria y ha hecho un espantoso ridículo ante los medios de comunicación. Cuando le han preguntado por qué el ex marido de Ana Mato seguía estando contratado por el Partido Popular pese a estar imputado en el caso “Gürtel” no se le ha ocurrido otra cosa que decir que “es funcionario de esta casa” que tiene derecho a seguir cobrando un sueldo mientras no se le despida y que “a partir de ahí no podemos hacer más, los imputados no pueden ser despedidos legalmente”. Vamos a ver, Carlitos, ¿por qué mientes? El Partido Popular no es, por si no lo sabes, una administración pública y por tanto no tiene funcionarios, sino contratados laborales. Y como cualquier contratado puede ser despedido, esté o no imputado. Cuestión muy distinta es que dicho despido sea declarado procedente o improcedente y que en este último caso, y no readmitiéndole, se le hayan de abonar las cantidades que le Ley señala. Pero no cuentes películas, no tomes por idiotas a los ciudadanos. Si hay una cosa clara es que, en las actuales circunstancias, Jesús Sepúlveda debería haber sido despedido hace tiempo y si no lo ha sido es por puro amiguismo. Exactamente por la misma razón por la que fue promovido en 2003 a candidato a la Alcaldía de Pozuelo de Alarcón.

Haciendo memoria hay que recordar que Jesús Sepúlveda desplazó como candidato a Martín Crespo que llevaba 19 años como Alcalde de Pozuelo de Alarcón, mayoría absoluta tras mayoría absoluta, y que fue una imposición de las alturas de Génova pasándose, como suele ser habitual, la opinión de los militantes de Pozuelo de Alarcón  por el arco del triunfo. ¿Sus méritos? Ser el marido de Ana Mato, nepotismo puro, y pertenecer al llamado Clan de Valladolid, amiguismo puro. Los resultados de tan brillante elección a la vista están, imputado en el caso “Gürtel” y presunto beneficiario de pagos hechos por Bárcenas. Una vez más se demuestra que mientras no se abra paso la democracia interna en el seno del Partido Popular y en los demás partidos se seguirán repitiendo estos escándalos. Y si no que nos pregunten en Alicante qué militante pudo votar a los ediles que hoy nos representan en el Ayuntamiento de Alicante, cuya Alcaldesa también está imputada.

Lo dicho al principio, desgraciadamente ésto va para largo y cuando la tormenta pase, empezará otra porque nuestra clase política no parece estar por erradicar las verdaderas causas de la corrupción y porque para algunos todo vale cuando pierden el poder.

Santiago de Munck Loyola

domingo, 11 de noviembre de 2012

Democracia interna versus caciques.



La democracia, entendida como la forma de gobierno de una organización en función de la voluntad de la mayoría de sus miembros, es uno de los mayores logros del ser humano y su ejercicio auténtico constituye siempre un saludable y enriquecedor espectáculo. Es evidente que en las sociedades occidentales no todas las organizaciones o grupos humanos se organizan de forma democrática sino que su aplicación y alcance depende de los fines y naturaleza de cada entidad. Sin embargo, en un estado democrático lo que sí se espera y se exige es que los partidos políticos, es decir, los agentes y motores de las instituciones democráticas, tengan un funcionamiento interno democrático. Esta exigencia se eleva hasta tal punto que en nuestro caso la Constitución de 1978 la consagra en el propio texto constitucional y en un lugar privilegiado, en el Título preliminar, cuyo Artículo 6 señala que “los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. Como puede apreciarse se trata de un mandato constitucional claro y sin matices que exige la democracia interna de los partidos políticos.

Sin embargo, la experiencia que se repite una y otra vez señala, sin lugar a dudas, que se trata de una asignatura más aún pendiente de nuestro sistema de partidos. Es cierto que todos ellos poseen formalmente unos Estatutos que pasan el filtro democrático, pero no es menos cierto de del papel a la práctica existe, en la mayoría de los casos y con mayor o menor intensidad, un buen trecho.

Desde que se celebraron las últimas elecciones autonómicas que otorgaron la mayoría simple al Partido Popular en Extremadura, los problemas para los dirigentes de IU de Extremadura no han cesado. La decisión de los militantes extremeños de IU, tomada en las diferentes asambleas, de no aliarse con el PSOE, el partido perdedor de los comicios regionales, para impedir el Gobierno del Sr. Monago ha desatado las iras del Sr. Cayo Lara que no admite que las bases de la organización extremeña hayan optado por una estrategia radicalmente opuesta a la suya. El pasado 14 de octubre, el coordinador general de IU en Extremadura, Pedro Escobar, fue reelegido por la Asamblea de la formación en contra del criterio y las directrices del Sr. Cayo Lara, poco creyente de las bondades de los procedimientos democráticos. La consecuencia inmediata ha sido que la Comisión de Garantías Federal de IU ha decidido anular esa Asamblea y ordenar su repetición a ver si, con un poco de suerte, los partidarios del Sr. Cayo Lara consiguen echar al recién elegido Coordinador extremeño. Siempre se puede encontrar cualquier excusa, cualquier formalismo para dinamitar una decisión de la mayoría en un partido político contraria a los intereses de los que mandan y, lo más paradójico, es que siempre se hará apelando a la necesidad de preservar la democracia interna.

Tras el desastre electoral de los socialistas gallegos en los recientes comicios regionales, el hasta ahora secretario general de los mismos y candidato a la Xunta, sin primarias, presentó ayer su dimisión. En la reunión de los dirigentes socialistas se sucedieron distintas  intervenciones analizando los resultados y planteando posibles salidas a la profunda crisis de los socialistas gallegos. En medio de esta reunión, intervino el inefable José Blanco, Pepiño, ex responsable de organización del PSOE y autor directo de destituciones y nombramientos internos “a dedo”, para reclamar, sorprendentemente, la necesidad de democracia interna en su partido. Sus palabras provocaron el abucheo y los pitidos de sus compañeros que no podían olvidar las consecuencias del talante antidemocrático del otrora todopoderosos secretario de organización socialista.

El Partido Popular, en la Provincia de Alicante, está inmerso de lleno en el proceso de renovación de sus Junta Locales. Los afiliados de cada pueblo o ciudad tienen ahora la oportunidad de elegir a quienes han de liderar al partido durante los próximos tres años. Todo afiliado tiene derecho a presentar su candidatura. Sin embargo, un proceso que debía ser ejemplar, transparente y participativo se convierte, en no pocas ocasiones, en una fuente de conflictos y de titulares más o menos escabrosos en la prensa. ¿La razón? El uso y abuso de las reglas de funcionamiento internas para favorecer o perjudicar a determinados candidatos en función de su afinidad con la dirección provincial. Desde la dirección provincial se emiten mensajes cuando menos preocupantes: que no hay más de un candidato a Presidente por localidad, que se negocien listas únicas para evitar votaciones,… ¿Por qué tanto miedo a que los afiliados decidan y elijan libremente? 

Ayer, sin ir más lejos, el Presidente Provincial, José Ciscar, manifestaba su apoyo público a la actual Presidenta y candidata, Mercedes Alonso, en detrimento de los demás filiados y candidatos, y recordaba la necesidad de cumplir los Estatutos Nacionales que establecen que para poder votar es preciso estar al corriente de pago de las cuotas de afiliación, caballo de batalla en no pocas Juntas Locales. No se trata de una cuestión menor. Lo cierto es que en la inmensa mayoría de las sedes nunca se ha pagado la cuota y que prácticamente ninguna tiene establecidos de forma reglamentaria las excepciones que pueden contemplarse: ser jubilado o desempleado, por ejemplo. En otras ocasiones, como en el caso de las elecciones a compromisarios a los Congresos regionales o nacionales, la dirección provincial no ha invocado esta norma, entonces también en vigor, sencillamente porque no le interesaba. Ahora sí, ahora conviene cumplir los estatutos. Claro, que habrá quien se pregunte desde cuando hay que estar al corriente de pago para poder votar: ¿desde que se afilió? ¿de las cuotas del último año? ¿del último mes? Y no será que este problema ha surgido de repente pillando de improviso a los responsables provinciales porque un servidor hace ya más de dos meses se lo planteó al Secretario General Provincial.

Tiene razón el Presidente Ciscar, hay que cumplir los Estatutos Nacionales del PP, pero todos y siempre. Por eso, es conveniente que recuerde que, según esos estatutos, el Comité Provincial que él preside debía haber resuelto las decenas de afiliaciones que desde el pasado mes de junio no han tramitado. Por eso, sería bueno que no se tomen decisiones en contra de esos estatutos como la de suprimir la Junta Local de Alicante para impedir elecciones a la misma porque no hay un solo artículo en los estatutos Nacionales que ampare semejante decisión y, si lo hay, le reto a que lo demuestre.

La democracia interna no es una simple proclama estatutaria, es y debe ser una realidad permanente una práctica diaria que pasa inexorablemente por el respeto a las reglas de juego y por dejar que el protagonismo y la palabra la tengan siempre sus legítimos titulares, los afiliados.

Santiago de Munck Loyola