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viernes, 27 de junio de 2014

El PP de Alicante con “la polla insaciable”.


Bochorno, vergüenza o indignación son seguramente las sensaciones que tendrán muchos ciudadanos al leer estos días las informaciones relativas a las conversaciones que mantenían nuestros representantes políticos alicantinos, todos ellos del Partido Popular, con el empresario Enrique Ortiz, autodenominado en las mismas como “la polla insaciable”. Y a esa sensación se sumará el convencimiento de que los gobernantes de nuestro Ayuntamiento lo han puesto a los pies de los intereses de un particular. Una banda de políticos y empresarios han manejado a esta ciudad, a los colectivos ciudadanos y a su Ayuntamiento a su antojo amañando o apañando desde el Plan general de Ordenación Urbana hasta las contratas de los servicios públicos, logrando incluso que en tiempos de crisis sólo acudiera una empresa a la mayor licitación pública, 420 millones de euros, de la historia de nuestra ciudad. Y ya adivinará el lector a quién le tocó. Los jueces dirán en su momento si en todo ello hay o no delito, pero no hay quien pueda evitar que los ciudadanos digamos que todo lo visto y oído es cutre, repugnante y seudomafioso y que esta banda organizada, amparada en las siglas del PP y protegida por la dirección popular alicantina ha hecho un daño enorme al prestigio de nuestra ciudad y de nuestro Ayuntamiento.

Estamos ante un escándalo de enormes proporciones que refleja claramente la gran extensión de la podredumbre de parte de los actores del sistema político y que de haber sido conocido por la mayoría de los vecinos de Alicante habría supuesto un castigo electoral aún mayor que el recibido por el Partido Popular en las pasadas elecciones. Y los vecinos deben saber que los responsables de esta situación no son sólo los que aparecen en las grabaciones policiales, no, son muchos más y deben ser denunciados públicamente.

Hay que denunciar públicamente a la Alcaldesa Sonia Castedo y a su antecesor en el cargo Luis Díaz Alperi por poner el Ayuntamiento al servicio de los intereses del Sr. Oriz, “la polla insaciable”, y no al servicio de los intereses de los alicantinos que fueron quienes con su voto los encumbraron al sillón municipal.

Hay que denunciar públicamente a los concejales del Partido Popular, y que seún declaraciones del Sr. Barcala estarán con la Alcaldesa hasta el final, que han sido y son cómplices con su silencio y pasividad y que siguen apoyando a una Alcaldesa deslegitimada moral y políticamente, no sólo ya por su imputación en los procedimientos judiciales, sino también por la evidencia de sus  impresentables conversaciones publicadas con el Sr. Ortiz y de cuya veracidad nadie duda: apaños en el PGOU para el Estadio Rico Pérez, para IKEA, abuso sobre el Hércules para intentar colocar al Sr. De Gea y poder descabezar así a los comerciantes, etc.

Hay que denunciar públicamente a la Dirección Provincial del Partido Popular que se ha dedicado a perseguir y a expulsar a los afiliados que denunciábamos esta situación y que promovíamos el concepto para ella maldito, de la regeneración democrática, mientras toleraba y protegía a los responsables de este impresionante escándalo. Hay que denunciar públicamente al Presidente Provincial, José Ciscar, y al Secretario General Provincial, José Juan Zaplana, que desde el primer momento se han alineado con la Alcaldesa y en lugar de pedirle que abandonase el Grupo Municipal Popular al ser imputada, el segundo acudió raudo y veloz a presidir una cena de homenaje a la misma al conocerse su múltiple imputación y que, en vez de aplicar la línea roja de Alberto Fabra en virtud de la cual los imputados no podrían ostentar responsabilidades orgánicas en el PP, decidieron suprimir fraudulentamente el PP de la ciudad, trocearlo en distritos y nombrar a Sonia Castedo, nada menos, coordinadora de los mismos. Han preferido convivir con semejante panorama a correr el más mínimo riesgo ante una eventual pérdida de la Alcaldía. Han sacrificado los principios al materialismo y al más espurio pragmatismo.

Hay que denunciar públicamente a los militantes populares que, conocedores de toda esta situación, han preferido mirar para otro lado o han callado como siempre o han colaborado con su pasividad ante las maniobras de unos indignos dirigentes populares siempre encaminadas a mantener la red clientelar en la ciudad y a asegurarse el control del partido para que nada cambie y sigan ganado los mismos.

Y hay que denunciar públicamente a algunos medios de comunicación que han venido sacrificando la objetividad, imparcialidad e independencia periodística a la connivencia con el poder político y económico de la ciudad.

No nos engañemos, “la política de Sonia Castedo es la política del Partido Popular y por ello no puede ser criticada públicamente por los afiliados del PP”. Eso es lo que literalmente dice el Comité de Derechos y Garantías del PPCV y eso es lo que avala Madrid. Seguramente, en los próximos meses los dirigentes populares intentarán lavarse la cara. Podrán cambiar el nombre y los rostros de los carteles electorales pero eso no significará un cambio de política. La podredumbre actual es fruto del sistema de funcionamiento interno del PP. No se olvide que los alcaldes y concejales del PP en la ciudad de Alicante no fueron designados candidatos por las bases, sino impuestos desde arriba para ajustar los repartos de poder entre los clanes del PP. Y, por ello, los próximos candidatos populares al Ayuntamiento serán fruto también del dedazo, el mejor sistema para propiciar la corrupción.

Por higiene democrática este PP debe irse a su casa. Tras conocer todas las maniobras especulativas que se han llevado a cabo, este PP no está en condiciones de adoptar ni una sola decisión municipal sin que sea sospechosa. Y dado que este PP no tiene la más mínima intención de rectificar, de pedir perdón y de regenerarse es evidente que no debe volver al Ayuntamiento de Alicante en una buena temporada. Pero ello no significa que la solución esté en la izquierda ni que el votante de centroderecha se vaya a quedar huérfano porque hay opciones políticas dispuestas a no renunciar y a defender los principios éticos que el PP de Alicante hace tiempo que abandonó.

Santiago de Munck Loyola


martes, 10 de junio de 2014

El lodazal municipal del PP de Alicante.


Que hablen mal de uno aunque sea mal dicen con no poco cinismo algunos políticos que prefieren los titulares al ostracismo de los medios de comunicación aunque, con la que está cayendo, es posible que no sea esa precisamente la preferencia de los dirigentes del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y, en especial, de PP de la Provincia de Alicante. Y es que 127 cargos públicos del PPCV imputados o procesados por casos de corrupción dan para mucho.

En pocos días se han sucedido noticias relacionadas con las investigaciones judiciales que afectan al PP de Alicante en nuestra ciudad y, en concreto, en nuestro Ayuntamiento. Produce sonrojo y vergüenza que un día sí y otro también el nombre de nuestro Ayuntamiento se vea arrastrado por las salas judiciales como consecuencia de las acciones de unos políticos y las omisiones de otros, más prestos a ser tolerantes y complacientes con los imputados que con quienes exigen honradez y limpieza en la vida pública.

Así, en pocos días hemos sabido que el Vicealcalde de Alicante, Andrés Llorens ha sido procesado por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental por un supuesto caso de obras amañadas y que el fiscal acaba de pedir tres años de prisión por esos hechos. Y como era de esperar, la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada en el caso Brugal por cohecho, tráfico de influencias y revelación de secretos en el supuesto amaño o apaño, vaya usted a saber, del PGOU de Alicante, se ha apresurado a apoyar en el presente y en futuro al Sr. Llorens en su decisión de no abandonar sus cargos en el consistorio alicantino tras su procesamiento. 

Hay que subrayar que la actitud política de la Alcaldesa apoyando a su Vicealcalde pese a su situación procesal no es ninguna novedad en el PP alicantino ya que ella misma recibió el apoyo del propio secretario general provincial del PP, José Juan Zaplana, que presidió una cena de homenaje a la Alcaldesa cuando se conoció su imputación. Hoy por ti, mañana por mí. Actitud congruente también con la mantenida, por ejemplo, por el concejal popular Luis Barcala quien tras la imputación declaró que los concejales estarían del lado de la Alcaldesa pasase lo que pasase. Es evidente que para el PP de Alicante las líneas rojas de Fabra no existen, aunque ello le esté costando al PP alicantino un auténtico varapalo electoral como el recibido hace pocos días.

Y, por si fuera poco lo anterior, hoy un medio de comunicación ha publicado que “La Policía detecta una red para amañar contratos en Alicante” y ha hecho públicos extractos de los “pinchazos” telefónicos del caso que investiga sobornos en el Plan E. Nótese que cuando se habla de una red para amañar contratos en Alicante se está haciendo referencia, desgraciadamente, al Ayuntamiento de Alicante. ¿En qué han convertido estos “señores” nuestra Casa Consitorial? El informe de la Policía relata cómo se adjudicaban obras sin concurso y cómo se inflaba su precio. 

Según este informe los contratos se adjudicaban después de haberse empezado a ejecutar, los precios que se incrementaban arbitrariamente por los técnicos y se fraccionaban los contratos para no superar el límite legal de 18.000 euros y poder concederlos así a dedo. Todo ello forma parte de un sumario que investiga una presunta trama de sobornos en Alicante para amañar contratos millonarios, entre ellos tres del Plan E. Y en las conversaciones grabadas, además de algún técnico, aparece también el Vicealcalde de Alicante.

Y para completar las noticias sobre el panorama judicial que salpica a nuestro Ayuntamiento, los medios también se han hecho eco de la decisión de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad declarándose  incompetente para continuar con la causa abierta contra el ex alcalde de Alicante y ex diputado autonómico Luis Díaz Alperi por presuntos delitos fiscales, al no ser ya aforado, e inhibiéndose en favor de los juzgados de Alicante.

Se trata de un panorama desolador de nuestro Ayuntamiento que dura ya demasiado tiempo. La desesperante lentitud de la Justicia es inaceptable porque el daño a la imagen de las instituciones de nuestra ciudad es enorme. Es inaceptable porque, además, en el caso de que los acusados resultasen finalmente inocentes se les ha habría sometido a una larga presión injusta. Y es inaceptable porque, finalmente, si resultasen culpables habrían seguido manejando la administración demasiado tiempo. Pero aún aceptando que la Justicia en España tiene sus tiempos y que los implicados han podido contribuir intencionadamente a la prolongación de las causas, lo cierto es que el daño a la imagen de nuestro Ayuntamiento y a la de la clase política, en general, está hecho. Alicante no se merece tanto paseíllo judicial. Alicante se merece un Ayuntamiento transparente y libre de sospechas, un Ayuntamiento digno de confianza y unos regidores dispuestos a sacrificar sus intereses personales por los de la ciudad. Tan es así que los electores se han dado cuenta de ello y ya han dado un serio aviso al principal responsable de esta situación, al Partido Popular de Alicante, que ha sido castigado el pasado 25 de mayo con más fuerza que el resto del PPCV al bajar un 4 % más que la media.

La Asociación Esperanza Popular de Alicante, desde su nacimiento, ha venido denunciando esta penosa situación y ha reivindicado la necesidad de una profunda regeneración política que se traduce en más transparencia, más ejemplaridad, más honradez y más eficacia en la gestión pública. Y pronto dará un paso más pasando de la denuncia y la reivindicación a las propuestas concretas y a las alternativas, porque ni la Provincia de Alicante, ni la ciudad de Alicante, ni quienes han visto defraudado su voto se merecen este lodazal.


Santiago de Munck Loyola

jueves, 1 de mayo de 2014

El Grupo Popular en las Cortes Valencianas: un fracaso anunciado.


Anuncian los medios de comunicación que nuestra Alcaldesa y Diputada Autonómica, Sonia Castedo, ha firmado ante notario su renuncia al escaño en las cortes valencianas que ocupaba en representación de la provincia de Alicante y que dicha renuncia podría ser presentada en el registro de las cortes el viernes día 2 de mayo. Esta decisión no obedece a una repentina conversión de índole ética que le haya convencido de lo políticamente inconveniente que es ocupar dos cargos de responsabilidad sin poder atenderlos adecuadamente, no. Tampoco obedece esta decisión a una cesión ante la propagandística e ineficaz línea roja del Presidente Fabra en virtud de la cual ningún imputado del PP debe ostentar responsabilidades políticas o cargos políticos en el PP, pues de todos es conocido que los Sres. Ciscar, presidente provincial popular, su mano derecha, el incompetente JJ Zaplana, secretario provincial popular, y la propia Sonia Castedo se pasan esa famosa línea por donde todos sabemos. No en balde Sonia Castedo es ahora la Coordinadora popular de los mini PPs de la ciudad de Alicante, los “pepelitos” de distrito en claro desafío a las directrices del Presidente Regional Popular. Esta decisión obedece más bien a una clara estrategia para dilatar al máximo el procedimiento judicial en el que está incursa la Alcaldesa de Alicante. La pluriempleada alcaldesa y plurimputada por el caso Brugal que se está sustanciando en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana conseguirá con su renuncia al escaño que el sumario tenga que retornar a los juzgados ordinarios de Alicante al quedar más aforados en la causa.

Ya en su día, desde estas mismas páginas, se denunció la forma de elaborar las listas de los candidatos que el Partido Popular presentaba para la Provincia de Alicante. Al margen del hecho incuestionable de que el procedimiento de elaboración es profundamente antidemocrático pues los afiliados populares, como siempre, nada pueden decidir u opinar respecto a la misma, resaltaba también los criterios utilizados por el “dedazo” popular entre los que la defensa de los intereses de los ciudadanos alicantinos brillaba por su ausencia. Del examen de los componentes de aquella lista resaltaba, en primer lugar, la presencia de alcaldes y alcaldables, es decir, de personas que deberían simultanear dos cargos públicos, el de su municipio y el del escaño, con lo que a todas luces no podrían desempeñar con dedicación plena ninguno de los dos cargos y obviando cualquier referencia a las incompatibilidades. Destacaba también la presencia en dicha lista de parientes de políticos populares aportando así una curiosa interpretación del significado de la defensa de la familia como signo distintivo de la ideología popular, vamos, puro nepotismo. Y finalmente resaltaba también la presencia en dicha lista de personas que estaban siendo objeto de investigaciones judiciales, como el Sr. Alperi o la propia Sonia Castedo, con lo que parecía evidente que se les quería dotar de cierto blindaje con el aforamiento que su elección parlamentaria les habría de otorgar. Amiguismo, nepotismo, arbitrariedad, ausencia de democracia interna y búsqueda de blindajes judiciales primaron frente a la defensa y representación de los derechos y las necesidades de los ciudadanos de la Provincia de Alicante. Es tan evidente que sólo la ceguera partidista puede negar esta realidad: el PP una vez más ha sacrificado los intereses de Alicante a los intereses de su camarilla dirigente.

De los 55 diputados en las Cortes Valencianas que obtuvo el Partido Popular en las elecciones autonómicas quedan 54 porque el Sr. Blasco se ha convertido en tránsfuga largándose con su acta de diputado al grupo mixto generosamente subvencionado gracias al propio grupo popular. De los 55 diputados iniciales del Partido Popular 18, que se dice pronto, han tenido que renunciar a su escaño en la mayoría de los casos por estar salpicados por asuntos judiciales. Y de los 55 diputados populares iniciales, cinco están procesados o imputados y conservan aún su escaño. ¿No es esto la constatación de un sonoro fracaso? ¿No es un auténtico fraude a los votantes?

Esta situación no ha nacido de la casualidad, no se trata de un simple accidente político. Es el resultado de una determinada forma de entender la vida política dentro del Partido Popular que se caracteriza por desarrollarla al margen y de espaldas a la voluntad de sus afiliados y, por supuesto, de los votantes. Los responsables, los miembros del Comité Electoral que aprobó estas listas autonómicas, no darán la cara por supuesto, no dimitirán que es lo que haría cualquier político responsable y decente. Se pondrán de perfil y esperarán a su oportunidad para obtener su correspondiente premio si es que aún no lo han recibido por semejante tropelía.

Una vez más, los votantes alicantinos del centro derecha han sido estafados por el partido mayoritario. Estos días, andan los populares movilizando a sus cargos públicos y a algunos militantes para difundir las supuestas bondades de su gestión y las nuevas promesas electorales de cara a los comicios europeos. Una vez más se acuerdan de los afiliados, cuyo voto a la hora de hacer las listas ignoran y desprecian sistemáticamente, para que “vendan” lo buena que es la lista europea impuesta por el “dedazo” de Rajoy y lo malo que es todo lo demás. Ojalá que mucha gente no se vuelva a dejar engañar o que el miedo al cambio no les impulse a repetir el voto aunque sea tapándose la nariz. Ojalá que el votante alicantino de centro derecha sepa que hay alternativas, que se puede cambiar de siglas sin necesidad de traicionar ideales y principios.

Santiago de Munck Loyola



lunes, 1 de octubre de 2012

¿Castedo y Alperi con o contra Fabra?




Se quiera o no reconocer hoy se ha producido un agravamiento de la situación política de la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y de su antecesor, Luis Díaz Alperi, ambos, además, diputados alicantinos en las Cortes Valencianas. El juez instructor del caso Brugal en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana los ha citado como imputados por su supuesta implicación en el caso Brugal, que investiga supuestos amaños en el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante en favor del empresario Enrique Ortiz. La Alcaldesa y su antecesor deberán declarar por los supuestos delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho.

La imputación de los dos políticos populares supone el ascenso de un peldaño más en la escalera judicial. Es evidente que una imputación no supone lesión alguna del principio de presunción de inocencia, pero es incuestionable que implica consecuencias en el ámbito de la responsabilidad política. En todo caso, la imputación de ambos parlamentarios autonómicos y, en especial, de la Alcaldesa es una losa más para la imagen del Partido Popular de Alicante, para la agónica vida interna del partido en la ciudad y para la errática política municipal del consistorio alicantino.

Esta lamentable situación se añade a otros hechos que en los últimos tiempos han propiciado una más que cuestionable política municipal y que han puesto en entredicho la imagen y las políticas de regeneración impulsadas por el Presidente Fabra.

Retrocediendo en el tiempo hay que recordar la irresponsabilidad y la desmedida ambición que suponía ser candidata simultáneamente a la Alcaldía de una ciudad tan importante como Alicante, que requería una dedicación exclusiva, y a un escaño en las Cortes Valencianas. Y los hechos han confirmado lo desafortunado de esa elección. Después de las pasadas elecciones, los alicantinos supimos que no todos los concejales mayoritariamente elegidos por los ciudadanos iban a ostentar responsabilidades. La Alcaldesa usaba su cargo político para defenestrar a los compañeros no adictos a esas rocambolescas “familias” que se habían organizado en el seno del Partido Popular. Daba igual lo que los ciudadanos hubiesen votado.

Más tarde, en el mes de marzo, los medios de comunicación se hicieron eco de la curiosa forma en que el Ayuntamiento de Alicante entendía el objetivo de austeridad del Partido Popular: 47 cargos de confianza en una Corporación de 29 concejales, más de 1,4 millones de euros anuales, algo escandaloso. Y para más abundamiento que el Grupo Municipal Popular, con 18 concejales, contaba con 37 asesores y administrativos (personal de confianza). Un poco más tarde otra vez los medios de comunicación se hacían eco también de curiosos casos de nepotismo en el Ayuntamiento de la ciudad. Un Diario nacional denunciaba que “Ortiz tiene en nómina al cuñado de Castedo y a los hijos del técnico que le da contratos”  y que “trabajaban para la empresa de limpieza de la ciudad, la adjudicación más cara de Alicante”. Igualmente dicho Diario añadía: “Más casos: dos hijas de Alperi, parientes de concejales y el marido de la portavoz” con el siguiente subtítulo “el PP evita reaccionar contra los brotes de nepotismo en Alicante”. La noticia denunciaba que la empresa adjudicataria de la recogida de basuras y limpieza viaria, Inusa, mantenía en plantilla al cuñado de la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y a los dos hijos del técnico encargado de contratar este servicio en el año 2000, Víctor López,…los tres forman parte de los 600 empleados de Inusa y cobran más de 24.000 euros al año. Más adelante, el periódico añadía que “la primera edil tampoco ha negado nunca que se haya valido de sus influencias para emplear a gente… Castedo agregó desafiante: lo he hecho porque forma parte de mi trabajo como Alcaldesa, y lo voy a seguir haciendo”. Bajo el titular sobre las hijas de Alperi, el redactor de la noticia detallaba además los casos relativos a contrataciones no sólo de las hijas del exalcalde, sino también de la hija y de la sobrina del Concejal Miguel Valor, en puestos de confianza, o el caso del marido de la Portavoz Popular Marta García- Romeu.

El pasado mes de julio, un periódico denunciaba que la Alcaldesa de Alicante cobraba un extra de 584 € mensuales por liderar en las Cortes Valencianas la Comisión de Seguridad Nuclear a la que no asistía. Y nadie desmintió esa noticia. Y, finalmente, el pasado mes de septiembre se conoció el escrito del abogado defensor de la Alcaldesa tratando de justificar el injustificable, baboso y esperpéntico tono de las conversaciones entre toda una Sra. Alcaldesa y un empresario, entre Sonia Castedo y Enrique Ortiz. Para ello el Sr. Letrado acudía nada menos que a la semántica para intentar explicar, sin conseguirlo, que amañar un Plan General no es lo mismo que apañarlo. Sobran los comentarios.

Llueve sobre mojado. No se trata de un hecho aislado, sino de una forma de actuar, de una manera de hacer política poco estética y bastante alejada de los principios éticos que postula el Partido Popular. Sin prejuzgar culpabilidades, hoy no queda más remedio que citar al Presidente Fabra quien el pasado mes de abril manifestó que era necesario "aparcar" a las personas imputadas de la dirección de los partidos políticos para "retomar la confianza de los ciudadanos y marcar "una línea muy clara de lo que tiene que ser el servicio a los ciudadanos, la transparencia y, sobre todo, la responsabilidad". Hoy, los dos nuevos imputados tienen una ocasión de oro para demostrar o no su sintonía con el Presidente de la Generalidad Valenciana.

Santiago de Munck Loyola