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miércoles, 14 de enero de 2015

Con Sonia y Paco, por la dación en pago y la condonación de la deuda.

Desde el pasado 5 de enero, un matrimonio alicantino, Sonia y Paco con dos niños pequeños, permanecen acampados ante la oficina del BBVA de la Avenida Alfonso el Sabio, junto con los miembros de la Plataforma Stop Desahucios de Alicante, para exigir a esta entidad financiera la condonación de la deuda que les reclama a pesar de haberlos desahuciado y de haberse quedado con su casa y cuya cuantía exacta ha permanecido durante mucho tiempo en el limbo de inexactitudes y ocultaciones del banco a la pareja y a sus representantes.

La vivienda de esta pareja costó 119.000 euros, durante 7 años pagaron sus cuotas hipotecarias por importe total de 40.000 euros. Se quedaron en el paro, como tantos millones de españoles y renegociaron la hipoteca con el banco. Cuando ya no pudieron seguir haciendo frente a los pagos, ofrecieron la dación en pago y el BBVA rechazó esta opción. El banco ejecutó la hipoteca, se quedó con la vivienda por 34.000 euros y los puso en la calle. Después les reclamó una deuda de 105.000 euros y procedió a embargar la pensión de los padres de Sonia que habían sido avalistas en la hipoteca y que constituía prácticamente el único ingreso familiar para la subsistencia de 6 personas.



Se trata de una situación familiar dramática que pone de manifiesto, una vez más, que este Gobierno, al igual que el anterior, ha sido incapaz de prevenir y abordar estas situaciones con una profunda reforma de la legislación hipotecaria desde la perspectiva del interés del ciudadano y no de las entidades financieras. No se debería olvidar que la concesión de hipotecas es un simple negocio de los bancos que, en esencia, implica que ellos valoran y tasan la vivienda y sobre ese valor prestan el dinero. Y en caso de impago, es la vivienda la que garantiza el pago, la que debe responder por ese incumplimiento. Es evidente que siempre la vivienda vale o debería valer más que el dinero prestado y, por tanto, que adquiriendo la propiedad de la misma el banco está 0 debería estar más que saldada la deuda. Sin embargo, durante los últimos años es público y notorio que de una parte los bancos dieron en ocasiones más dinero del necesario realizando para ello tasaciones inmobiliarias por encima del valor del bien a hipotecar. Y de otra, la crisis y la recesión, en gran parte originada por las malas prácticas de las propias entidades financieras, han implicado una bajada importante del valor de los bienes inmobiliarios, de las viviendas. En todo caso, es evidente que la responsabilidad ante una posible pérdida de dinero por la diferencia entre el dinero prestado y el valor actual del bien es del banco, no del cliente, del ciudadano y por tanto tiene que ser la entidad financiera la que soporte la pérdida. Son así los negocios, unas veces se gana y otras se pierde. Lo que no es de recibo es pretender ganar siempre haciendo trampas. Porque por muy legal que sea usar un valor del bien hipotecado, el del momento de la concesión o el del momento presente, según convenga es una trampa moral y ética.

Estamos ante unas prácticas bancarias inadmisibles. Ni este gobierno, ni el anterior, han sido capaces de priorizar el interés del ciudadano. El drama de Sonia y de Paco es el drama familiar de miles de españoles que a la pérdida de la vivienda habitual tienen que sumar la losa de una deuda añadida que hará muy difícil que puedan volver a empezar una nueva vida.

Los ciudadanos tenemos la solución en nuestra mano. Los bancos no son nada sin nosostros, los clientes, al igual que los partidos no son nada sin nosotros, los votantes. Tenemos la obligación ética y política de traducir la indignación que nos provocan hechos como este en actuaciones individuales solidarias y concretas. "Usted, banco, sigue abusando y aplastando a sus clientes, pues no cuente conmigo, me cambio de entidad bancaria". "Usted, gobernante, sigue legislando a favor de los bancos, pues no cuente con mi voto". 

Hay que denunciar el abuso de situación dominante que las entidades bancarias ejercen de modo implacable sin ningún tipo de sensibilidad social y humanitaria. Y hay que denunciar a quienes consienten que las leyes, a pesar de las últimas reformas, sigan estando al servicio de los poderosos y no de los ciudadanos.

Hace falta una profunda reforma de la legislación hipotecaria y de los demás instrumentos legales pertinentes con el fin de establecer como opción al servicio del ciudadano la dación en pago con la consiguiente liquidación de la deuda hipotecaria y la asunción en  exclusiva por parte de las entidades financieras de los riesgos derivados de su mala praxis en las operaciones de tasaciones hipotecarias y de los riesgos de las posibles depreciaciones de los precios del mercado inmobiliario. Y hace falta igualmente, como en otros países de nuestro entorno, el establecimiento de una renta familiar mínima por debajo de la cual no se pueda producir un desahucio aunque el banco adquiera la propiedad de la vivienda tras la ejecución de la hipoteca.

Santiago de Munck Loyola
http://santiagodemunck.blogspot.com.es

martes, 26 de marzo de 2013

El fin no justifica los medios.



Siempre me he manifestado desde estas páginas muy crítico con la actuación de la clase política en torno a la dación en pago de la vivienda, a su actitud ante a las entidades financieras y al drama de de los desahucios, Nuestra clase política ha reaccionado tarde y mal ante una situación que afecta gravemente a miles de ciudadanos españoles y no ha sabido ni prevenir, ni corregir a tiempo los graves problemas sociales que su propia ineptitud e insensibilidad ha venido generando durante los últimos años. Dicho esto no queda más remedio que denunciar también determinados comportamientos totalitarios promovidos por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y su representante mediática Dª Ada Colau.

Hace unos meses la Sra. Colau ya anunció en su comparecencia en el Congreso de los Diputados que su organización iba a hacer que sus Señorías se enterasen bien de lo que su organización pretendía, de sus objetivos, y que, para ello, les iban a “informar” detalladamente. ¡Y vaya que se están enterando! A nadie se le escapaba que ese anuncio no era otra cosa que la señal de partida de una campaña, no de información sino de coacción para intentar determinar el voto de los representantes de los ciudadanos en las instituciones. Y esta campaña informativa se ha convertido, como era de esperar, en la coacción sistemática y el acoso personal y familiar que están sufriendo los representantes del Partido Popular por parte de grupos de la Plataforma. Ahora bien, el desarrollo de esta campaña coactiva lo que plantea, en primer lugar, es el interrogante sobre su oportunidad. ¿Por qué ahora y no hace unos meses o unos años? ¿Simple casualidad? El 22 de febrero de 2011, con un Gobierno Socialista, el Pleno del Congreso rechazó por amplia mayoría la propuesta de IU e ICV para que las hipotecas pudieran ser saldadas mediante la entrega de la vivienda al banco ( http://www.diarioinformacion.com/economia/2011/02/22/congreso-rechaza-saldar-hipoteca-entregando-piso/1098025.html ) y no queda más remedio que preguntarse dónde estaba la Sra. Colau y sus partidarios y por qué no iniciaron entonces una campaña de acoso y coacción sobre todos los diputados, incluidos los socialistas, que se opusieron a la dación en pago. ¿Movilizarse contra un gobierno “progresista”? Pues fue que no. En marzo del mismo año, el Presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero volvió a oponerse a la dación en pago (http://youtu.be/1jS637PH82Q) y en repetidas ocasiones manifestó que la aprobación de la misma en los términos defendidos por sus promotores pondría en peligro la estabilidad del sistema financiero. ¿Y dónde estaba entonces la Sra. Colau y sus partidarios? ¿Se movilizaron para “informar” en los domicilios de los dirigentes socialistas? ¿Los acosaron con la misma violencia verbal con que acosan hoy a los diputados del PP? Evidentemente no.

En segundo lugar, cabe también preguntarse sobre la validez y la naturaleza democrática de estas “campañas informativas” promovidas por la Sra. Colau. Es evidente que la finalidad de estas campañas no es la de informar. Por más que lo repita la Sra. Colau es una burda mentira. Los diputados están sobradamente informados. El objetivo es señalarlos, criminalizarlos y coaccionarlos para que modifiquen su intención de voto en torno a las propuestas de la Plataforma, propuestas que, incluidas hace poco más de un año en el programa electoral de algunos partidos, no alcanzaron en las urnas el voto mayoritario de los ciudadanos españoles. Admitir la validez de estos métodos coactivos sería admitir que cualquier otra causa pudiera ser promovida y defendida con métodos idénticos para conseguir que los parlamentarios se dobleguen por miedo a las pretensiones de sus promotores. Por muy noble que pueda ser un determinado fin no se puede alcanzar a través de cualquier medio. Es un principio elemental que define la esencia de la democracia.

Hay quien defiende estas actitudes coactivas argumentando que no pasa nada, que la gente tiene que desahogarse, que los afectados sufren más violencia institucional y financiera que los diputados, etc. Pero son argumentos falaces. La violencia estructural, como ellos la definen, no se combate con otro tipo de violencia, ni la soberanía popular puede expresarse a través de otros medios distintos a los constitucionalmente señalados. No entran en el fondo del asunto que no es otro que el de admitir o no el uso de cualquier medio, incluido el uso de la coacción y de la violencia moral, para la consecución de un determinado fin. Admitirlo es abrir una peligrosa puerta para la ruptura de la convivencia y del estado de derecho. Y quien no quiera verlo así, creo, sinceramente, que se equivoca.

Santiago de Munck Loyola

lunes, 5 de noviembre de 2012

Paro y desahucios: dos caras de la misma moneda.



Estos días se están cruzando dos noticias, dos datos íntimamente ligados que reflejan claramente la dramática situación por la que atraviesa nuestra sociedad: el aumento del paro y el incremento de los desahucios, causa y consecuencia, cara y cruz de esta crisis. Al respecto y en torno a las diferentes reacciones que ambos datos provocan, merece la pena hacer algunas reflexiones. 

El aumento del paro no da tregua alguna. Mes tras mes los datos siguen siendo malos, ya se analicen los de la EPA o los del paro registrado. Intentar vislumbrar signos esperanzadores en las ligeras variaciones que dichos datos puedan ofrecer no desvirtúa lo esencial, la persistencia de un auténtico drama social, la extensión de la pobreza, el mantenimiento de una tendencia destructora de las vidas de millones de españoles que han de afrontar el futuro en condiciones cada vez más penosas. En la Provincia de Alicante el paro ha subido un 1,51% durante el mes de octubre, 3.359 desempleados más lo que supone 225.796 personas sin empleo en la Provincia de Alicante. Son casi 44.000 los hogares alicantinos en los que no se percibe ningún ingreso, ningún subsidio o ayuda. La pobreza se sigue extendiendo inexorablemente. Y si utilizamos como dato de referencia la EPA las cifras aumentan notablemente. En paralelo, las ejecuciones hipotecarias y los desahucios siguen creciendo de forma alarmante. Es verdad que un buque transatlántico, como la economía española, no se detiene, ni varía su rumbo de forma automática, sino que necesita un largo espacio para invertir el rumbo, pero no parece que las diferentes medidas adoptadas durante el último año hayan variado la inercia heredada, entre otras cosas, probablemente porque no están siendo todo lo correctas que debían haber sido. Una cosa está clara, las medidas hasta ahora tomadas no se corresponden con buena parte del programa y la filosofía política del PP. Más impuestos, supone menos consumo, más paro, más gasto social, más déficit y mayor deuda pública a acumular al inmenso agujero negro dejado por el PSOE.

Una de las consecuencias más dramáticas del creciente y prologado paro es la pérdida de la vivienda. Y en la inmensa mayoría de los casos no se trata sólo de que se pierda la vivienda, sino de que, además, el deudor permanece como tal durante años impidiéndole cualquier expectativa razonable para rehacer su vida. No está de más recordar que en el año 2011, los dos grandes partidos, PP y PSOE, se opusieron en el Congreso a tramitar una proposición de ley para que la deuda hipotecaria de las familias que no pudiesen hacer frente a sus obligaciones económicas con el banco pudieran ser saldada con la entrega de la vivienda, con la dación en pago. El nuevo Gobierno aprobó hace unos meses un código de buenas prácticas bancarias que sólo ha servido para paliar la situación de unas 800 familias mientras que han seguido su curso decenas de miles de procedimientos de ejecución bancaria. Este año, más de 150.000 familias habrán perdido su hogar y, además, seguirán endeudadas con el banco que se queda con su casa. Hace pocos días, un ciudadano se suicidó tras recibir la notificación del desahucio lo que ha servido desgraciadamente para poner el asunto en la agenda de los políticos.

Hoy, el PSOE, que el año pasado se opuso a la dación en pago “porque podría desestabilizar el sistema financiero”, ha anunciado a bombo y platillo una ofensiva publicitaria en toda España para presentar la iniciativa que ha planteado el Congreso para frenar los desahucios. La portavoz socialista de Vivienda en el Congreso de los Diputados, Leire Iglesias, ha resaltado que la proposición de ley de Medidas contra el Desahucio, el Sobreendeudamiento y la Insolvencia pretende "cambiar la ley", porque "trata de mirar a las personas, se trata de un rescate de ciudadanos". Bonita frase, pero ¿por qué ahora sí y hace un año no? Y, como ahí no puede quedar la cosa, los socialistas, fieles a sus costumbres, se van a dedicar a presentar mociones en los Plenos de los Ayuntamientos que no tienen competencia alguna en la materia para utilizarlos, sin ningún tipo de escrúpulos, como simples cajas de resonancia política.

Por su parte, también hoy, la Secretaria General del PP, Mª Dolores de Cospedal ha subrayado que "hay que diferenciar" entre los bancos que lleven a cabo ejecuciones hipotecarias tras haber recibido ayudas del Estado de los que no han recibido dinero público, por lo que aboga por que los primeros den "un tratamiento distinto" a estas ejecuciones ya que "el dinero que les viene es público" y que hay "muchas cosas que se pueden hacer, no solo la dación en pago" para "limitar la sangría y el drama social" de los desahucios, y ha abogado por "trabajar en buscar vías que puedan flexibilizar esta situación". Pues bien, si hay que diferenciar entre los bancos que han recibido dinero público en el tema de los desahucios ¿por qué no extender esta “diferenciación” a otros ámbitos como el de las retribuciones de sus directivos? La realidad, al día de hoy, es que bancos sostenidos con dinero público, de los contribuyentes, están ejecutando las hipotecas de esos contribuyentes como cualquier banco y que sus directivos llegan a cobrar hasta 750.000 € anuales de ese dinero público. ¿Es moralmente aceptable? Claro que la dación en pago no es el único instrumento legal que puede ponerse en marcha, pero el tiempo sigue pasando y, hasta ahora, es la única propuesta socialmente aceptada encima de la mesa y ya está tardando el Gobierno en plantear soluciones rápidas y eficaces a este drama.

Se mire por donde se mire, los casi 500 desahucios diarios que se están produciendo en nuestro país son una drama colectivo y una inmoralidad absoluta, por muy legal que sean, que exigen una respuesta inmediata del conjunto de la clase política que no está, una vez más, a la altura de los retos de nuestra sociedad.

Santiago de Munck Loyola