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martes, 4 de diciembre de 2012

El idioma en la reforma educativa: loable objetivo, errónea solución.



Sinceramente, lo que pasa en España ocurre en pocos países de nuestro entorno. ¿Se imagina alguien que en Francia o en Gran Bretaña los niños no puedan recibir su educación escolar en francés o en inglés? ¿Alguien ha sabido de algún padre alemán que haya tenido que llegar hasta el Tribunal Supremo alemán para lograr que su hijo pueda recibir la educación escolar en alemán dentro del territorio alemán? A que no. Pues eso es lo que ocurre en nuestro país en medio del silencio de buena parte de los medios de comunicación, de la mayor parte de la clase política y, por supuesto, de los sindicatos. Algo tan normal y tan lleno de sentido común como el que un chaval pueda estudiar en español, en su lengua materna, si así lo desea, es imposible en ciertas partes de España. Algo tan lógico como poder trasladarse de una parte a otra de España y seguir los estudios con normalidad, sin traumas y con continuidad tampoco es posible porque los contenidos o el idioma pueden variar sustancialmente. La movilidad de los españoles dentro del territorio nacional se va restringiendo cada vez más merced al progresivo fraccionamiento de la mayor parte de los elementos que caracterizan a una sociedad cohesionada. Las particularidades territoriales se traducen año tras año en fronteras invisibles, pero reales.

Hoy, el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha presentado a los consejeros autonómicos una nueva propuesta de reforma educativa que pretende, entre otras cosas, garantizar a los alumnos que lo deseen poder recibir la enseñanza en castellano en las comunidades con lengua cooficial. Para ello, las autonomías que no garanticen este derecho en los centros públicos o concertados tendrán que pagar la matriculación en centros privados que enseñen en castellano, según consta en el borrador. Ante esta propuesta, la consejera catalana en funciones, Irene Rigau, ha manifestado que el proyecto es "el mayor ataque al catalán desde 1978" y ha añadido que atenta contra el modelo de escuela porque autoriza a los padres a escoger la lengua vehicular.

Dejando a un lado el hecho de que resulte asombroso que el Gobierno de una Nación tenga que legislar para que pueda ser usado el idioma oficial en la educación en determinadas partes de su territorio, lo cierto es que la reacción de la consejera catalana era más que previsible. Es normal que alguien que odia tanto las libertades individuales y que forma parte de un gobierno regional que se pasa las sentencias del Tribunal Supremo por el arco del triunfo, demostrase su respeto institucional y su talante democrático marchándose de mala manera de la reunión que esta tarde mantenían el Ministro y los consejeros de educación autonómicos. Una prueba más de que es necesario reformar la educación, aunque carezca de efectos retroactivos para determinadas personas. Lo cierto es que al día de hoy, no una, sino muchas sentencias del Tribunal Supremo (http://www.elmundo.es/elmundo/2012/06/26/barcelona/1340715538.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20120626/54316682030/supremo-anula-vehicularidad-catalan-educacion-infantil.html) han amparado el derecho de los padres a elegir el idioma en el que quieren que sean educados sus hijos y, no sólo eso, sino que, además, han anulado diferentes preceptos de la legislación catalana. ¿Y cual ha sido la respuesta de las autoridades catalanes? Pues decir que no piensan cumplir las sentencias del Supremo (http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/604278/mas-dice-que-mantendra-la-imposicion-del-catalan-caigan-las-sentencias-que-caigan). Así de sencillo. Aquí hay patentes de corsos. A algunos les basta con envolverse en su bandera regional para vulnerar reiteradamente, con premeditación y alevosía, las leyes o las resoluciones judiciales y no pasa nada. Hay ciudadanos de segunda y políticos. Y lo mismo les da que el máximo órgano de la soberanía legisle en un sentido o en otro, si no es a su gusto estos demócratas de postin rompen la baraja.

Siendo más que loable que el Gobierno de España trate de preservar la igualdad de derechos de todos los españoles en todo el territorio nacional en el ámbito de la educación, lo que constituye un desatino es que para conseguirlo, para solucionar el problema generado por los incumplidores de la ley, los delincuentes políticos, haya que poner dinero público con matriculaciones en colegios privados. ¿No sería más sencillo obligar a cumplir la Ley y las sentencias igual que se nos obliga al resto de los ciudadanos? ¿Para qué están los fiscales? ¿Por qué si un cargo público prevarica hay que poner dinero de los contribuyentes? Mucho me temo que los complejos y la cobardía están detrás de esta pintoresca propuesta. La Ley debe ser igual para todos. Dura lex, sed lex. Y si no se está dispuesto a cumplirla, cámbiese la Ley pero no sigan tirando del dinero del contribuyente. Bastaría con que recordasen y aplicasen alguno o todos los siguientes artículos del Código Penal:

Artículo 404.
A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.
Artículo 410.
1. Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
Artículo 511.
1. Incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años el particular encargado de un servicio público que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía.
2. Las mismas penas serán aplicables cuando los hechos se cometan contra una asociación, fundación, sociedad o corporación o contra sus miembros por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía.
3. Los funcionarios públicos que cometan alguno de los hechos previstos en este artículo, incurrirán en las mismas penas en su mitad superior y en la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a cuatro años.

Y los contribuyentes nos ahorraríamos un dineral, sí señor, además de limpiar algo la clase política.

Santiago de Munck Loyola

miércoles, 9 de mayo de 2012

Sanidad para todos.


La falta de dinero para poder sostener el conjunto de las administraciones y, por tanto, el conjunto de las prestaciones públicas se traduce en una serie de medidas de ahorro camufladas bajo distintas denominaciones que en muchas ocasiones ponen los pelos de punta. Los anuncios, los globos sonda, las rectificaciones o las matizaciones se suceden a diario ya se hable de educación, de pensiones, de sanidad o de infraestructuras. Unas veces nos anuncian que nos van a cobrar por usar las autovías que ya estaban pagadas y amortizadas, otras que vamos a tener que pagar más por los medicamentos, antes nos dijeron que los años que habíamos cotizado para cobrar una pensión ya no valían y que había que cotizar más años, después nos quitaron el cheque bebé y así sucesivamente. Anuncios, amenazas, amagos, reformas y contrarreformas constituyen el pan nuestro de cada día. Eso sí, si hay que salir corriendo a salvar a Bankia, no se corre, se vuela.

Lo cierto es que no hay dinero para todo. Lo cierto es que hay más de cinco millones de parados en nuestro país y que el siguiente en engrosar la larga lista puede ser cualquiera de nosotros. Lo cierto es que cada año 200.000 familias se quedan sin vivienda. Lo cierto es que casi dos millones de personas ya no reciben ayuda pública alguna. Y lo cierto es que estamos donde estamos porque la mayor parte de la clase política, de todos los colores, no ha sabido estar a la altura de las circunstancias y no ha sabido hacer bien su trabajo ni en ayuntamientos, ni en las comunidades autónomas, ni en el Estado. Puede haber muchas causas que hayan propiciado que hayamos llegado hasta aquí en estas condiciones, pero es evidente que nuestra clase política debería haber estado lo suficientemente preparada y capacitada para haberlo previsto y para haber sabido mitigar o paliar los efectos de esas causas externas o internas. Y no lo ha hecho.

Hace tiempo ya que la clase política renunció a “hacer política” y se transformó en una casta gestora, desplazando a los profesionales, sin estar lo suficientemente preparada para ello y ajustando su comportamiento a los dictados del marketing político. Los políticos nos han venido contando lo que queríamos oír para lograr nuestro voto. El relativismo social y moral imperante ha producido un relativismo político igual de ambiguo y acomodaticio. El ser humano, la persona hace tiempo que, pese a los discursos ideológicos, ha desaparecido de la agenda y del centro de toda actuación política. El poder y su conquista o conservación es el centro real del pensamiento y de la acción política por encima de cualquier otra consideración. Los gobiernos adoptan medidas y programas con tenues e imperceptibles fronteras ideológicas perfectamente intercambiables.

Si la persona, si el ser humano estuviesen en el centro de la acción política a nadie se le ocurriría adoptar medidas que pudieran suponer poner en riesgo la salud y la vida de los individuos. Bien está que se racionalice el sistema sanitario; bien está que de una vez se diseñe un catálogo de prestaciones sanitarias para todos los ciudadanos con independencia del territorio de España donde residan; bien está que se acabe con el turismo sanitario y con el abuso que supone, por ejemplo, el empadronamiento fraudulento de 140.000 vecinos portugueses para beneficiarse de nuestra sanidad; bien está, si no queda más remedio, que se paguen por quien tenga capacidad económica para ello determinadas prestaciones sanitarias.

Pero plantearse la posibilidad de dejar sin asistencia sanitaria a los llamados “sin papeles” es inmoral. Si durante años hemos permitido que cientos de miles de personas se instalasen en nuestro país de forma irregular no podemos ahora dejarles sin prestación sanitaria. Regúlese la inmigración de una forma lógica y racional, adóptense las medidas a que haya lugar respecto a los inmigrantes irregulares, legalizando su situación o repatriándoles a sus lugares de origen si fuere preciso, pero mientras sigan viviendo con nosotros no podemos dejarlos sin atención sanitaria. Es una cuestión de principios, de derechos humanos, de sentido común y de ética elemental.

Santiago de Munck Loyola

martes, 24 de abril de 2012

Injusticias de la Administración de Justicia en Novelda.

Señala el dicho popular que en ocasiones la realidad supera la ficción y es cierto. Nuestra Constitución recoge un amplio catálogo de derechos fundamentales y lo hace de manera especial al otorgarles una especial protección que se pone de manifiesto, incluso, en los propios mecanismos de reforma constitucional. Sin embargo, la realidad diaria evidencia que, no sólo muchos de estos derechos fundamentales no pasan de ser un simple deseo u objetivo a cumplir sino que, además, otros derechos, más fáciles de tutelar y proteger, son sencillamente ignorados o directamente vulnerados por algunas administraciones públicas.
Dentro del Capítulo II, sobre los derechos y libertades” de la Constitución española el Artículo 17 señala, por ejemplo, que todas las personas tienen derecho a la seguridad y el Artículo 24.1 dice textualmente que “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.” Por su parte, el Artículo 53 establece que: 1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. 2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo II ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.”
 
 
Parece que estos Artículos ofrecen pocas dudas sobre su contenido y alcance al lector. El ejercicio de los derechos recogidos en el Capítulo II, incluido el derecho a la seguridad y al honor, deben ser protegidos, vinculan a los poderes públicos y deben ser tutelados por los Tribunales. Pues algo tan meridianamente claro parece que se lo pasa por el “arco del triunfo” el Juzgado de Instrucción nº 1 de Novelda. Esta apariencia se sustenta en los siguientes hechos.
 
 
El 18 de noviembre de 2009, D.ª M.ª José Romero Murias, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Novelda, dictó la sentencia nº 159/09 en la que condenó a J.A.V. como autor criminalmente responsable de una falta de amenazas (Art. 620.2 del C.P.) contra un funcionario público. El condenado recurrió dicha sentencia y más de dos años después, el 3 de abril de 2012, la Audiencia Provincial de Alicante dicta la sentencia 000167/2012 en la que dice lo siguiente: “En el presente supuesto dictada sentencia con fecha 18 de noviembre de 2009 e interpuesto recurso de apelación en tiempo y forma, tras dar traslado a la parte contraria, con fecha 28 de enero de 2010 se dictó providencia acordando la remisión a esta Audiencia Provincial, quedando la causa paralizada sin remisión efectiva… Es claro y evidente que la causa ha estado paralizada por período superior a seis meses, y por ello debe revocarse la sentencia de instancia y absolver al denunciado por prescripción de los hechos”. ¡Toma ya!
Es decir, que como el Juzgado de Instrucción de Novelda, deliberada o accidentalmente, no cumple con su deber procesal de enviar la documentación a la Audiencia y han pasado más de seis meses, ésta, de oficio, en vez de desestimar el recurso del condenado, lo estima y sin discutir los hechos por los que fue condenado, que quedan como probados, le absuelve y deja sin tutela judicial efectiva al ofendido y amenazado, es decir, a la víctima. Eso sí, será cosa del corporativismo, pero ni una palabra en esta sentencia de la Audiencia sobre las responsabilidades que pudieran corresponder a los funcionarios del Juzgado de Novelda por no haber cumplido con sus obligaciones legales y por haber vulnerado los derechos fundamentales de la víctima y provocar con ello la indefensión de la misma.
 
 
¿Qué pensar de todo ello? ¿Que el condenado tenía amigos en el juzgado de Novelda que han retrasado intencionadamente el envío de la causa a la Audiencia para que prescribieran los hechos, que están tan saturados de trabajo en Novelda que no les ha dado tiempo a enviarlo en plazo, que los expedientes se pierden en el Juzgado o algo mucho peor? El responsable o la responsable del envío a la Audiencia que ha incumplido su deber ¿tendrá nombre y apellidos, no? ¿Se podrán exigir responsabilidades, no?
 
 
Muchos de nuestros derechos fundamentales (derecho al trabajo, a la vivienda,…) son desgraciadamente papel mojado ante una realidad como la que nos toca vivir, pero si a ello sumamos que incluso los derechos fundamentales fáciles de proteger y tutelar son ignorados por la administración de justicia en los escalones más primarios, vulnerando con ello de forma evidente la propia Constitución, vamos listos. Así nos luce el pelo.
 
 
Santiago de Munck Loyola

miércoles, 21 de marzo de 2012

La “procesión laica”.

La autodenominada “Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores” ha convocado una manifestación o “procesión laica” (tiene guasa) el próximo Jueves Santo para, según su Presidente D. Luis Vega, protestar "contra los privilegios económicos de la Iglesia, en un momento en que se están produciendo recortes en Sanidad, Educación y pensiones”. La Delegación del Gobierno de Madrid, vistos los antecedentes judiciales y los incidentes del año pasado, ha decidido no autorizar la celebración de esta manifestación, decisión que no ha sido aceptada por los convocantes quienes a través de su portavoz han anunciado no sólo que van a recurrir sino que, además, no la van a acatar. Hay que recordar que en 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó la prohibición gubernativa y desestimó los argumentos de los convocantes que finalmente pudieron realizar su protesta un mes después y no en Semana Santa. Por su parte, El Sr. Vega ha justificado que el día elegido para la manifestación sea el Jueves Santo porque según dice las protestas "se hacen en los días que tienen significado y el día que uno quiere manifestarse lo decide aquel que quiera protestar y no sobre el que se centra las protestas".

Si no fuese porque un servidor conoce personalmente a D. Luis Vega podría creer que se trata de una inocente manifestación que casualmente coincide con las manifestaciones religiosas más significativas y más enraizadas en la conciencia de los católicos y que, por tanto, no hay intención alguna de ofender los sentimientos religiosos de nadie. Podrá engañar a quien no le conozca el Sr. Vega con su aparente tono bondadoso y conciliador pero no a quienes conocen su trayectoria política, profesional y su talante sectario, excluyente y agresivo. Hay quienes le hemos visto acudir a un Pleno municipal a insultar, a amedrentar y a tratar de coaccionar a los legítimos representantes de los ciudadanos que no compartían su totalitaria ideología. Hay quienes conocemos cómo su trayectoria profesional en el ámbito de la comunicación se ha desarrollado a la sombra y bajo la tutela de Izquierda Unida en Rivas-Vaciamadrid y cómo bajo el mismo paraguas hizo sus incursiones en el mundo del ladrillo. Que sea el Portavoz o Presidente de una Asociación de “Librepensadores” constituye un auténtico sarcasmo porque el Sr. Vega no admite ni tolera más pensamiento libre que el que cabe en el más rancio estalinismo.

Convocar una manifestación o una “procesión laica” el mismo jueves Santo, conociendo al personaje convocante, sólo puede ser interpretado como una provocación, no a la Iglesia Católica, sino a la conciencia de los Católicos, a la propia libertad religiosa. Los convocantes buscan notoriedad con la provocación, no hay duda de ello porque, si no fuera así, sus legítimas protestas podrían desarrollarse cualquier otro día. Pero no, la finalidad es evidente y se compadece perfectamente con una ideología totalitaria, excluyente, de corte estalinista en la que no caben los derechos humanos más elementales, como son los que afectan a la conciencia y a las creencias religiosas.

Si se tratase de la convocatoria de una manifestación para protestar, por ejemplo, de las facilidades que un Ayuntamiento hubiese otorgado para la construcción de una mezquita no faltarían voces y medios de comunicación que pondrían el grito en el cielo ante semejante ataque a la libertad religiosa y, con toda seguridad, el Sr. Vega y sus Librepensadores estarían en primera fila. Sin embargo, parece que contra los católicos vale todo, incluso, más de uno encontrará gracioso que se ridiculicen los símbolos más sagrados para millones de personas.

Es indudable que todo el mundo tiene derecho a manifestarse sobre lo que le parezca bien pero también el derecho de manifestación tiene sus límites y éstos están en el respeto a los derechos fundamentales de las personas, sean los religiosos, los políticos, los sindicales, los de conciencia o los relativos a su orientación sexual.

Menos mal que el ejercicio de nuestros derechos humanos reconocidos y amparados por nuestra Constitución no depende de personas como el Sr. De la Vega y sus conmilitones. Y que sea sí por mucho tiempo.

Santiago de Munck Loyola.

lunes, 21 de marzo de 2011

UN EJEMPLO DE IZQUIERDA ESCATOLÓGICA.

D. Ricardo Royo-Villanova, antiguo Jefe de Comunicación del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y autor del Blog “A sueldo de Moscú”, acaba de publicar un artículo titulado ¡Me cago en Dios! (Y en la Virgen María). Soy asiduo lector del mismo aunque no comparta sus ideas. Suele ser ingenioso, divertido y políticamente incorrecto. Pero tengo que reconocer que no me esperaba un titular tan ofensivo para mis creencias y las de tantos millones de personas. No comprendo que el ingenio y la gracia habitual hayan podido ceder su espacio a la ordinariez escatológica, a la chabacanería y a la provocación.



Para expresar sus ideas, el contenido de su artículo, D. Ricardo no necesitaba ofender a nadie salvo que con ese titular buscase llamar la atención como ha hecho) lanzando una innecesaria provocación y una gratuita ofensa a los sentimientos de muchos creyentes. No me considero un puritano, pero ese titular me ha dolido y ofendido profundamente.



D. Ricardo quiere, al parecer, expresar de una parte su rechazo a la detención (http://www.abc.es/20110318/local-madrid/abci-detencion-complutense-201103181051.html) y posterior puesta en libertad de los estudiantes acusados de profanar la capilla de la complutense y de haber podido cometer delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos, recogidos en el Capítulo IV del Código Penal relativo a los delitos contra el ejercicio de los Derechos Fundamentales y Libertades públicas. Y, de otra, su desacuerdo con el destino de parte de sus impuestos. Y para justificar su desacuerdo con la existencia y aplicación de esta norma del Código Penal señala, refiriéndose a los Católicos, “…contrasta además la actitud que mantienen estos grupos ahora, con la pasión con que defendieron en su día los valores democráticos, cuando el integrismo musulmán quiso evitar que en occidente se pudieran publicar caricaturas de Mahoma…” Hombre, no, los musulmanes no se limitaron a intentar evitar la publicación de las caricaturas, sino que directamente condenaron a muerte a los autores, como en su día hicieron con Salman Rushdie. Hay un abismo e intentar minimizar esas amenazas de muerte no clarifica el asunto.



Señala también D. Ricardo que quiere ofender expresamente a “…aquellas personas que profesan la religión católica que son incapaces de comprender que yo, como ciudadano, no tengo por qué sufragar con mis impuestos las capillas católicas que hay en las universidades públicas y en algunos hospitales públicos…” Sin embargo, puede devolverse el argumento “…aquellas personas que no profesan la religión católica que son incapaces de comprender que yo, como ciudadano, no tengo por qué sufragar con mis impuestos los abortos, las subvenciones a asociaciones anticatólicas, los libros y profesores de Educación para la Ciudadanía, las películas y obras de teatro antirreligiosas, etc…” Y sin necesidad de acudir a la ofensa gratuita. ¿O es la Ley del embudo la que prima? Objeción de conciencia para todo y para todos, ¿no?



Lo cierto es que lo que ha levantado la indignación de D. Ricardo con su consiguiente exabrupto no ha sido otra cosa que la aplicación de una Ley democrática que defiende y tutela el ejercicio de derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución y en la Declaración de Derechos Humanos. En definitiva, el funcionamiento del estado de derecho. Se podrá o no ser creyente pero una y otra cosa han de estar protegidas. No sé si existe Dios, a diferencia de la certeza que D. Ricardo mantiene sobre su inexistencia, por eso tengo Fe o, mejor dicho, intento tenerla. Con la certeza de su existencia resultaría innecesaria la Fe. Pero, en todo caso, las creencias religiosas constituyen un derecho inherente al ser humano que debe ser protegido. Y la historia está repleta de tristes páginas de lo que la intolerancia y las ofensas religiosas terminan acarreando.



Sin respeto no hay convivencia y sin ésta no hay democracia.



Santiago de Munck Loyola