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viernes, 18 de junio de 2010

LA BANCA SIEMPRE GANA.

A finales de 2008, el Gobierno decidió crear un fondo para ayudar a las entidades financieras por valor de 30.000 millones de euros ampliable hasta los 50.000 millones, con la particularidad de que los nombres de los bancos o cajas que acudieran al mismo permanecerían en el anonimato, al menos, durante un determinado tiempo. Es decir que, con cargo a los contribuyentes se decidió ayudar secretamente a los bancos cuya gran mayoría había obtenido en los tiempos de bonanza económica unos beneficios espectaculares repartidos entre sus accionistas.

Mientras tanto y según los datos últimos publicados por el Consejo General del Poder Judicial las ejecuciones hipotecarias se han disparado de forma espectacular en los últimos años. Los datos son los siguientes:
Año 2006: 17.622 ejecuciones hipotecarias.
Año 2007: 25.943 ejecuciones hipotecarias.
Año 2008: 58.686 ejecuciones hipotecarias.
Año 2009: 93.319 ejecuciones hipotecarias.
Queda claro que las subastas se han disparado desde que la crisis económica y financiera empezó. Y es el desempleo la causa fundamental y principal de los impagos hipotecarios. Además, conviene señalar, que cada expediente judicial puede tener más de un inmueble embargado ya que muchas hipotecas están concedidas globalmente por más de un inmueble, pero se tramitan judicialmente en un único expediente.
Lo que resulta evidente es que cada día 255 familias españolas pierden, al menos, su vivienda habitual y que en la mayoría de los casos son los bancos quienes se están quedando con la mayor parte de las viviendas, atesorando un stock de viviendas de difícil salida.
Pero es que, además, se da la circunstancia de que en muchos casos los propietarios que han perdido la vivienda resulta que aún siguen debiendo dinero a los bancos quienes, como nunca pierden, no utilizan las tasaciones que en su día usaron para conceder el préstamo, sino que hacen una nueva tasación siempre muy por debajo de la anterior. Así, por ejemplo si la tasación de la vivienda en el 2004 fue de 200.000.- €, la hipoteca concedida de 160.000.- € y el propietario adeuda al día de hoy 140.000.- €, el banco vuelve a tasar la vivienda por 130.000.- €, se queda con la casa y el ex propietario aún le debe 10.000.- € además de haber perdido la casa. Y todo ello con la Ley en la mano y, por supuesto con el beneplácito de Gobierno y oposición que no han legislado prácticamente nada para proteger a los ciudadanos.
¿Es tan difícil que la clase política se de cuenta del drama que supone para miles de familias perder la casa por no tener trabajo y, por tanto, una remuneración con la que hacer frente a los pagos hipotecarios? ¿Hay tanta distancia entre representantes y representados como para que los primeros sean insensibles ante la situación de los segundos?
La diferencia de tratamiento por parte de los políticos entre los problemas de la banca y los problemas de los ciudadanos es más que evidente. Le faltó tiempo al Gobierno para crear un fondo de ayuda a la banca a finales de 2008 y a la oposición para aplaudirlo, pero el problema de los contribuyentes, con cuyo dinero por cierto se creó ese fondo, que no pueden pagar su hipoteca por estar en el paro y que pierden su casa no ha encontrado una respuesta ni tan rápida, ni tan eficaz.
No debería ser muy difícil legislar sobre el tema y proteger circunstancialmente a los ciudadanos en estos tiempos tan difíciles. No debería ser muy difícil establecer medidas para, por una parte, impedir que los bancos ejecuten las hipotecas con nuevas tasaciones inferiores a las que sustentaron la concesión del préstamo en su día. Los bancos son sólo negocios, empresas en un mercado libre, y, por tanto, deben asumir los mismos riesgos que todo empresario. Unas veces se pierde, otras se gana. Y, si el bien ejecutado, vale ahora menos que cuando fue tasado inicialmente debe tocarles perder. Ni más, ni menos. Y, por otra, establecer moratorias y/o minoraciones en las amortizaciones hipotecarias en función de la situación de desempleo y de las percepciones que tenga el prestatario.
No es mucho pedir. Tan sólo que nuestros políticos tengan la misma sensibilidad con los contribuyentes de a pié que la que han tenido con los bancos. Al final, desgraciadamente, va a resultar que, como en EEUU, la diferencia entre socialistas y populares solo estriba en los segundos que tardan en doblar el espinazo para besar la mano de la Banca.
Santiago de Munck Loyola.

jueves, 17 de junio de 2010

AYUNTAMIENTOS: DEUDA Y FINANCIACIÓN.

Una de las consecuencias lógicas del progreso y bienestar en nuestra sociedad ha sido el progresivo aumento de las competencias y servicios que prestan los Ayuntamientos, las administraciones más cercanas a los ciudadanos. Y no se trata tan sólo de un aumento cuantitativo de los servicios que se prestan, sino también de un aumento cualitativo de los mismos. Los ciudadanos, en su condición de vecinos, exigen a sus ayuntamientos unos niveles cada vez mayores de calidad en cuanto a los equipamientos públicos y las prestaciones municipales. Por otra parte, en no pocas ocasiones el incremento de las prestaciones viene impuesto por imperativo legal, por el desarrollo de leyes de carácter estatal o autonómico.

Este incremento de prestaciones públicas municipales no ha venido acompañado por una reforma legislativa que garantice la necesaria financiación de las mismas. El modelo de financiación municipal hace años que se ha quedado obsoleto y sigue siendo una de las asignaturas pendientes de nuestro esquema institucional que ningún Gobierno ha conseguido, hasta ahora, aprobar.

El aumento de los gastos municipales ha venido siendo financiado por parte de las Corporaciones Locales fundamentalmente a través de dos vías: el urbanismo y la deuda. Estas dos vías han permitido durante los años de bonanza económica ampliar los servicios municipales y consolidar unas prestaciones en muchos casos de un alto nivel de calidad. Sin embargo, la financiación a través de ingresos vinculados al urbanismo ha provocado dos grandes problemas sociales. De una parte, una espiral inflacionista en torno al suelo y, consecuentemente, en torno a la vivienda. De otra, un incremento de los casos de corrupción cuya causa principal puede encontrarse en los altos niveles de arbitrariedad y subjetividad en los procesos recalificatorios de suelo. Es más que evidente que las continuas y, en ocasiones, frustradas reformas sobre la legislación del suelo en los últimos años no han frenado esta situación. Por otra parte, el recurso a la deuda bancaria para la financiación de nuevas infraestructuras ha venido funcionado medianamente bien mientras los ingresos ordinarios vinculados sobre todo a la construcción han venido fluyendo con regularidad, pero cuando la crisis los ha hechos disminuir considerablemente la deuda se ha convertido en una pesada carga en la mayoría de los casos.

Mientras que no se produzca la necesaria reforma legislativa que asegure, de una parte, la financiación regular de los servicios municipales a través de las aportaciones estatales y, de otra, la necesaria limitación de dichos servicios para impedir su proliferación desmesurada, los Ayuntamientos no tienen otra solución que utilizar y exprimir al máximo los recursos legales existentes con el fin de equilibrar los ingresos con los gastos. En este sentido, hay algunas prácticas que deberían ponerse en marcha, aunque ello pueda, en algunos casos, ser impopular:

- Plasmar en la tributación municipal con toda su intensidad el principio constitucional de progresividad fiscal. A más ingresos, mayor tributación. Con ello, quiero resaltar algo que debería ser evidente. Hoy más que nunca no puede aplicarse, por una cuestión de elemental solidaridad, el criterio de “café para todos”. En una situación de crisis no resulta justo que todos los vecinos usuarios de prestaciones o servicios públicos paguen lo mismo o nada por el uso de las los mismos. ¿Por qué han de financiar con sus impuestos todos los vecinos unas clases de informática a alguien que acude a la escuela municipal conduciendo un BMW último modelo? ¿O las clases de música al hijo de un alto directivo? No es de recibo que mientras con el dinero de todos se financian o subvencionan actividades a todo el mundo sin distinción de sus niveles de renta luego no haya dinero para atender a los más necesitados. No tiene lógica que un ayuntamiento subvencione clases de yoga mientras que hay vecinos que pasan hambre. Por tanto, lo lógico es que los Ayuntamientos establezcan distintas tarifas en sus precios públicos y en las tasas en función de los niveles de renta de los usuarios.
- Por otra parte, hay que señalar que la Ley exige que los precios públicos nunca sean inferiores al coste del servicio prestado y esto rara vez se cumple por lo que el déficit originado en la prestación de servicios municipales vuelve a recaer sobre el conjunto de los vecinos. Y esto vale también en otros casos pero con un resultado final diferente. Basta examinar el caso de las Tasas para los residuos sólidos. En la mayoría de los Ayuntamientos se vincula esta Tasa con el inmueble, independientemente del número de personas que residen en él y, por tanto, del volumen de residuos que generan. En otros países se aplica el principio de quien contamina, paga. Y paga según contamine. Por ello, esta Tasa se suele pagar por persona empadronada en una vivienda ya que se sabe perfectamente cuál es la media de Kgs de residuos diarios generados por individuo. Pagar la Tasa de residuos por vivienda, independientemente de que en la misma viva una persona o cinco es injusto, antieconómico y posiblemente ilegal.
- A todo ello hay que añadir una desmesurada voracidad de las administraciones municipales por asumir y prestar servicios que ya se prestan por parte del sector privado incurriendo siempre en una competencia desleal con dicho sector, que, por otra parte, es contribuyente municipal. ¿Qué pintan los Ayuntamientos, por ejemplo, organizando siempre de forma deficitaria (ya que nunca se cobra el coste real a los usuarios) cursos de inglés en las Universidades Populares o Centros Municipales cuando en la misma localidad hay empresas privadas que lo hacen? No vale la explicación de que así se da la oportunidad a todo el mundo para acceder a dichos cursos. Es mucho más barato el “cheque escolar” para el que no pueda acceder a una academia o institución privada. Y esto vale para multitud de servicios prestados por el Ayuntamiento. Por ello, resulta imprescindible una limitación a las actividades de las corporaciones locales o, al menos, un poco de sentido común.

Hay aún más medidas que es posible abordar para mejorar la situación de las corporaciones locales, pero todas requieren una decidida voluntad política que, hoy por hoy, parece muy lejos de las miras de la mayoría de nuestros gobernantes.
Santiago de Munck Loyola.

viernes, 11 de junio de 2010

PUES PARECE QUE QUIZÁS NO ESTÉN TAN CLARO LA REBAJA DE SUELDO…..

(RECIBIDO). La Jurisprudencia del T.S. desvirtúa el R.D.-Ley 8-2010-Decretazo del Gobierno.

Parece ser que la Sentencia del Tribunal Supremo, de 29/05/1995, adoptada en el Recurso de Casación nº 1311/1992, en su Fundamento Jurídico 4ºalude a otras dos Sentencias anteriores del mismo Alto Tribunal, del año 1.989, -Jurisprudencia Consolidada-, y a la que se remitió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la recientísima Sentencia de éste último de fecha 25/02/10,Rec. 360/2007. Ver Fundamento Jurídico 2º- de ésta última.

En suma, el Alto Tribunal dice en el F. J. 4º de la citada Sentencia, que los Poderes Públicos, -en este caso el Gobierno mediante Real Decreto Ley, que deberá ser aprobado por el Congreso , la norma debe tener rango de Ley-, pueden cambiar la estructura de las retribuciones como mejor le parezca, pero debe mantener el montante consolidado de las citadas retribuciones, mediante la técnica de los complementos absorbibles por futuros aumentos. Es decir, que se pueden congelar, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, pero no pueden disminuir el montante consolidado de las retribuciones, pues ahí sí que opera el concepto de derechos adquiridos, como avala la mencionada Sentencia del Tribunal Supremo.

Conviene hacerlo circular, porque el citado R. D.-Ley 8/2010, en lo que afecta a la bajada de las retribuciones de los funcionarios, huele a inconstitucionalidad; de momento, está en contra de los pronunciamientos reseñados del Tribunal Supremo en esta materia, que constituyen Jurisprudencia.

martes, 8 de junio de 2010

RIVAS. HACE 20 AÑOS.


Era octubre de 1989. Había elecciones generales el día 29 de ese mes. Llevaba cuatro años viviendo en Rivas-Vaciamadrid. No existía el Partido Popular en la localidad. En las elecciones municipales de 1987, el Partido Popular había presentado una candidatura “paraca”, encabezada por Antonio Beteta, y no había representación municipal. Años después, el candidato Beteta me dijo: “chico, qué pueblo, no nos votó ni el cura”. En ese mes de octubre, me acerqué a Génova y me llevé carteles electorales. Durante la campaña, por la noche, mi hijo pequeño y yo salíamos a pegarlos y tengo que confesar que con mucha cautela, no en balde había habido ya incidentes entre militantes socialistas y comunistas en Covibar a cuenta de los espacios para pegarlos. Pocos días después conseguí que en Génova me hicieran mil sobres y fotocopias de una carta en la que invitaba a los vecinos a ponerse en contacto con una lista de correos para organizar el Partido Popular en el municipio. Para ayudarme a buzonear esas cartas tuvieron que venir familiares de Madrid.

Y así nació el Partido en Rivas-Vaciamadrid. A la carta respondieron unos cuantos vecinos que formaron el germen inicial de la organización a la que, poco a poco, se fueron uniendo más vecinos. Recuerdo con especial afecto a Gabriel, Eugenio, Antonio, Alfredo, Pepe, Luciano,Roberto, etc. Con ellos y unos cuantos más se formó la gestora inicial del Partido, en la que fui elegido Presidente y Gabriel Secretario General. Y nos pusimos a trabajar para intentar consolidar el Partido. Las reuniones las hacíamos semanalmente en nuestras casas. Recuerdo especialmente las que realizábamos en el sótano de Antonio que les confería una especial sensación de clandestinidad.

Y llegamos a las elecciones municipales de 1991. En aquella ocasión el Partido Popular alcanzó por primera vez representación municipal, dos concejales. Todo un logro considerando el ambiente francamente hostil en muchas zonas del municipio y la implantación del Grupo Independiente cuyo electorado se solapaba con el Partido Popular.

Lo cierto es que fue una aventura política hermosa. Es mucha la gente que he tenido la oportunidad de conocer en los años transcurridos desde entonces y son muchas las anécdotas que puedo contar (y lo haré próximamente), anécdotas de todo tipo, políticas, personales, etc. algunas de las cuales más de uno preferiría no recordar. Es verdad que la política municipal es la actividad política más gratificante por la cercanía e inmediatez con los vecinos, pero también es la que más “heridas” deja por la misma razón.
Sin embargo, merece la pena.

EL "SUELDAZO" DE LOS FUNCIONARIOS.

Cuadro sobre los incrementos de IPC y los sueldos de los funcionarios. Está claro por qué van a bajar el 5% de media ell sueldo ¿no? ¡¡Porque cobran mucho!!

AÑO I.P.C. INCREMENTO PÉRDIDA SALARIAL
1982 14,00% 8,00% -6,00%
1983 12,20% 9,00% -3,20%
1984 11,90% 6,50% -5,40%
1985 8,20% 6,50% -1,70%
1986 8,30% 7,20% -1,10%
1987 4,60% 5,00% 0,40%
1988 5,80% 4,00% -1,80%
1989 6,90% 4,00% -2,90%
1990 6,50% 6,00% -0,50%
1991 5,50% 7,22% 1,72%
1992 5,30% 6,10% 0,80%
1993 4,90% 1,80% -3,10%
1994 4,30% 0,00% -4,30%
1995 4,30% 3,50% -0,80%
1996 3,50% 3,50% 0,00%
1997 2,10% 0,00% -2,10%
1998 2,10% 2,10% 0,00%
1999 2,40% 1,80% -0,60%
2000 4,00% 2,00% -2,00%
2001 3,10% 2,00% -1,10%
2002 4,00% 2,00% -2,00%
2003 2,60% 2,00% -0,60%
2004 3,20% 2,00% -1,20%
2005 3,70% 2,00% -1,70%
2006 2,70% 2,00% -0,70%
2007 4,20% 2,00% -2,20%
TOTAL 25 140,30% 98,22% -42,08%

Conclusión: en 25 años han perdido más de un 40% de poder adquisitivo. Es decir, que para un sueldo actual de 1.100-1.200 euros (muchos funcionarios cobran esto) debería ganar entre 1.550-1.700 euros. En cambio ahora ese sueldo se quedará entre 1.045 y 1.140 euros. Y ya no hablemos de las pensiones que es para llorar.

lunes, 7 de junio de 2010

LA SENTENCIA SOBRE EL SECTOR UBZ-1, WALAIG.

La sentencia del TSJ de Valencia de 26 de abril de 2010, notificada el 24 de mayo del mismo año, confirma la anulación del PAI del Sector UBZ-1 Walaig, dando así la razón a SEPES. Esta sentencia se fundamenta en la presunta vulneración por parte del Ayuntamiento de Monforte del Cid del principio de publicidad en el trámite de publicación de dicho PAI, exigido por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. El art. 78 del citado Real Decreto Legislativo señala la necesidad de publicar en el BOE, además de en otros diarios, la licitación de los contratos.

El Tribunal entiende que la naturaleza del PAI es la de un contrato de obras y para ello se basa en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, sentencias de 5-2-2008, 27-2-2008, 9-12-2009, 27-1-2009 y 6-6-2007, por lo que consecuentemente entiende que había de publicarse la licitación en el BOE con el fin de garantizar la publicidad y la libertad de concurrencia. Sin embargo, según señalan los arts. 7.2 y 8 del Real Decreto Legislativo 2/2000, los contratos especiales se rigen por su regulación específica y la Ley Urbanística Valenciana, Ley 16/2005, de 30 de diciembre, conceptúa a los Programas de Actuación Integrada como contratos de naturaleza administrativa especial y dispone que han de publicarse únicamente en el DOGV y en el Diario de las Comunidades Europeas, requisitos cumplidos por el Ayuntamiento y que garantizan igualmente la publicidad y libre concurrencia. No hay por tanto, discrepancia entre el ordenamiento estatal y la legislación urbanística valenciana como pretende el sentenciador. Al contrario, en este caso lo que sí hay un error grave de apreciación por parte de la sala sentenciadora. En efecto, la Sala fundamenta su sentencia en la reiterada Jurisprudencia del Tribunal Supremo que cita a lo largo de la misma, sin embargo, todas las sentencias citadas recaen sobre recursos interpuestos antes de la entrada en vigor de la LUV, es decir, se refieren a procedimientos desarrollados con la LRAU, Ley Reguladora de la Actividad Urbanística.

Es evidente que la Jurisprudencia citada fundamenta sus sentencias en la propia naturaleza de los PAIs tal y como venían regulados en la LRAU. En efecto, la naturaleza de dichos contratos era la propia de un contrato de obras pues el agente urbanizador seleccionado ejecutaba las obras de urbanización. Sin embargo, esta naturaleza fue modificada sustancialmente con la nueva regulación de los PAIs y de la figura del urbanizador que efectúa la LUV. En esta Ley se distingue claramente al agente urbanizador del empresario constructor que es seleccionado mediante procedimiento público también (aquí si es necesaria la publicación en el BOE) para ejecutar las obras de urbanización. Por tanto, con la entrada en vigor de la LUV aparecen dos fases en el desarrollo de un PAI. De una parte, la selección del agente urbanizador que no puede por imperativo legal ejecutar la obra pública y que, por tanto, su contrato tiene claramente la condición de contrato especial y, de otra, la selección del empresario constructor que es el encargado de ejecutar la obra pública y cuyo contrato sí que es asimilable a la del contrato de obras.

Por tanto, nos encontramos ante una sentencia fundamentada en la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa a procedimientos desarrollados durante la vigencia de la LRAU y aplicada sin sutilezas jurídicas sobre un procedimiento, el PAI del Sector UBZ-1, desarrollado al amparo y conforme a las prescripciones de una Ley diferente, la LUV. Esta cuestión es básica y fundamental y abre necesariamente la vía ante el Tribunal Supremo para un Recurso de Casación en Interés de Ley.

sábado, 5 de junio de 2010

SEPES CONTRA EL INTERÉS GENERAL.

La sentencia del TSJV de 25 de mayo de 2010 anulando la adjudicación del Polígono Industrial Walaig supone, de hecho, un claro golpe al desarrollo del empleo en Monforte del Cid y en toda la comarca. La decisión judicial da la razón a SEPES por un simple defecto formal, a tenor de la interpretación que el tribunal hace sobre la armonización de las leyes estatales con las autonómicas. En efecto, la Ley estatal sobre contratos exige la publicación de las licitaciones de contratos en el BOE, salvo en el caso de contratos especiales en cuyo caso remite a la legislación específica. Por el contrario la Ley Urbanística Valenciana exige que la licitación de los Programas de Actuación Integrada (PAI) se realice solamente en el DOGV y en el Boletín de las Comunidades Europeas. El Ayuntamiento publicó el PAI según dictaba la LUV, entendiendo, además, que se trata de un contrato especial. Ese hecho sirvió a SEPES para recurrir la decisión municipal alegando que la no publicación en el BOE atentaba contra el principio de publicidad de las licitaciones. Y nada más lejos de la realidad y del sentido de las normas pues con las publicaciones efectuadas la publicidad estuvo garantizada y lo estuvo, hasta tal punto, de que muchas empresas concurrieron al proceso y el mismo SEPES conoció la licitación lo suficiente como para recurrirla, al margen de que se le había notificado fehacientemente por parte del Ayuntamiento.

Es, por tanto, más que evidente que la voluntad de SEPES era paralizar el proceso e impedir el desarrollo del Polígono. Nada impedía que el propio SEPES hubiese concurrido a la licitación porque era y es evidente que la publicidad y la transparencia se habían cumplido. Por consiguiente, esgrimiendo un defecto formal, que no de fondo, SEPES ha logrado una victoria que garantiza sus intereses particulares pero que va claramente en contra del interés general: empleo y prosperidad para la comarca. Y sólo puede haber una razón de fondo que justifique tan mezquina actitud: el sectarismo. El más acendrado partidismo ante un Ayuntamiento gobernado por un color diferente al suyo.

Y esta razón, se subraya aún más cuando al comentar la sentencia el Director General de la Entidad anuncia su intención de solicitar de forma inmediata la ejecución de la sentencia y la paralización de las obras. Esa decisión, de llevarse a cabo, exigirá ineludiblemente el inicio de nuevos instrumentos urbanísticos que avalen la actuación y, por tanto, el inicio de un largo proceso que puede durar varios años más. No hay que olvidar que el Ayuntamiento de Monforte, por acuerdo plenario y mediante dos resoluciones de Alcaldía, recurridas también por SEPES y aún pendientes de sentencia judicial, resolvió el convenio que le mantenía atado a esta entidad y que desde hacía 14 años había impedido el desarrollo industrial del suelo. Y esta decisión se tomó tras la conversación con el representante de SEPES, D. Javier González, quien manifestó que la prioridad de la Ministra Trujillo y, por tanto de SEPES, no era desarrollar actuaciones industriales, sino vivienda pública. Los representantes directos de los vecinos decidieron prescindir de la “colaboración” de SEPES (decisión más que avalada en las urnas en 2007) mientras que los gestores de SEPES carecen de toda representatividad.

Ante todo hay un conflicto de intereses, los generales representados por el Ayuntamiento y los particulares representados por SEPES, y un marco legislativo y judicial complejo que aún puede deparar muchas sorpresas. La única posibilidad de que no se retrase el Polígono y, por tanto, la creación de trabajo en una comarca tan castigada es la negociación en la que ambas partes deben realizar concesiones y alcanzar, si es posible, un nuevo convenio.
Cualquier paso que se dé precipitadamente como pedir la ejecución de la sentencia solo provocará un gran retraso y servirá para incrementar el drama del paro que tanto está golpeando en la comarca.

Santiago de Munck Loyola

viernes, 4 de junio de 2010

(4ª parte) ¿Por qué los ciudadanos debemos apretarnos el cinturón y los políticos no?

La verdad es que cuanto más se piensa en dónde puede ahorrar el Gobierno aparecen muchas posibilidades que ni siquiera mencionan los políticos. La clase política nunca mira en su entorno inmediato a la hora de proponer medidas de ahorro y austeridad. Su mirada, sea azul o roja, periférica o centralista se dirige inevitablemente hacia los bolsillos de los ciudadanos, es decir, al bolsillo de quienes les pagamos los sueldos, los despachos, los coches oficiales y toda la parafernalia que acompaña al desempeño de un cargo público.

Hoy, en España hay personas de carne y hueso que pierden su trabajo, que se quedan sin casa y que tienen que comer lo que pueden, la mayor parte de las veces, gracias a la labor social de la denostada Iglesia cuyos comedores sociales están a reventar. No puede haber mejor política social que la que crea empleo. Y no hay mejor camino para destruir empleo que subir los impuestos, aunque sea transitoriamente. Cuando se gasta más de lo que se ingresa sólo hay dos opciones, o se recauda más o de recorta el gasto.

Pero dicho esto, conviene volver a revisar dónde se puede recortar. Y nuevamente la clase política puede hacer un ejercicio de ejemplaridad. Aunque ya se ha apuntado anteriormente hay que profundizar necesariamente en los privilegios de la clase política que la alejan de la dura realidad que sufre una gran parte de los ciudadanos. Ostentar un cargo público, ser Alcalde, Diputado o Ministro, no puede ser considerado como un premio, como un privilegio. Es, o mejor dicho, debería ser la máxima expresión de servicio a la sociedad. Más en una sociedad democrática cuyos valores han de impregnar el carácter representativo y delegado del cargo público. Por ello, es una auténtica anomalía democrática que la casta política disfrute de inmensos privilegios frente a los ciudadanos a los que dicen representar.

El salario medio en España en el año 2009 alcanzó los 20.390 euros anuales, según los datos del INE. Mientras, el salario medio de los más de 1.000 diputados autonómicos ronda los 50.000.- € anuales. Todo ello sin mencionar el de los Diputados Nacionales o los Europarlamentarios. Hay Alcaldes como el de Barcelona o el de Madrid que cobran más de 100.000.- € al año. Esta diferencia respecto a la media de los contribuyentes podrá justificarse de mil maneras: la responsabilidad del puesto, la dignidad del cargo, la comparación con otros países, etc. Pero, en todo caso, esta diferencia marca un peligroso abismo entre representantes y representados. Hay constancia de Diputados del Congreso que en un año sólo han pulsado el botón de las votaciones en seis ocasiones. Ni una discurso, ni una enmienda a una Ley. Nada de nada. Y a cambio más de 60.000.- €. ¿Es esto éticamente admisible?

Pero es que, además de estas retribuciones, los Diputados perciben otras cantidades por distintos conceptos, dietas, gastos de representación, descuentos en los medios de transporte (tren, avión, etc.), cantidades que les alejan aún más de quienes les pagan los sueldos, los contribuyentes. Como también les aleja del común de los mortales el hecho de que los parlamentarios están exentos de declarar en el IRPF un tercio de sus ingresos en concepto de indemnización. A ello hay que sumar que mientras cualquier ciudadano tiene que haber cotizado durante 35 años para cobrar su pensión, los parlamentarios basta con que coticen entre 7 y 11 años. ¿Y esto por qué? ¿Sufren más en su escaño que un minero? ¿Su trabajo conlleva más dignidad que el de un cartero, por ejemplo? Ahora que el Gobierno cree que hay que recortar el derecho social a la jubilación a los 65 años y alargar en 5 años el período de cotización ¿por qué siguen ostentando semejante privilegio los parlamentarios?

Pero nuestra clase política puede aún hacer más sacrificios y dar ejemplo a los ciudadanos. Nadie en este país puede tener más de un ingreso proveniente del erario público. ¿Nadie? Perdón, los parlamentarios sí. Se da el caso de parlamentarios que llegan a juntarse hasta con tres retribuciones públicas a la vez en función del cargo que han ocupado y el que ocupan. Ahí están los casos de Solbes o de Pajin. ¿Es moralmente admisible esto mientras hay ancianos a los que no les llega la pensión para comer? ¿Cómo es posible que haya políticos que reúnan al mes más de 16.000 euros provenientes del erario público mientras muchos ancianos pasan hambre?

Es evidente que el Gobierno tiene que ahorrar e ingresar más, pero también es evidente que la cosecha debe iniciarla en su entorno más inmediato.

(3ª parte) ¿Por qué los ciudadanos debemos apretarnos el cinturón y los políticos no?

Puestos ya a recortar y enarboladas las tijeras, es preciso adentrarse en más campos que afectan fundamentalmente a la clase política y sindical, es decir, a aquellos que para liderar la sociedad han de ser los primeros en dar ejemplo. A los recortes en altos cargos, en puestos de confianza, en sus salarios y demás gastos de la clase política que ascienden a millones de euros, todavía se podrían añadir otros recortes muy importantes. Se trata de gastos que pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos y que lo hacemos porque se supone que los aprobamos cuando damos nuestro voto a cualquiera de los paridos políticos.

Si cualquier persona desea ser socio de un club de fútbol, por ejemplo, deberá pagar una cuota y contribuir así al sostenimiento de su equipo. Si su equipo funciona bien, tendrá buenos ingresos obtenidos por la taquilla, la publicidad, las cuotas, etc. Pero, el resto de los ciudadanos que no son de ese equipo no estarán obligados a mantenerlo con sus impuestos. ¿Por qué entonces tenemos que mantener a los Partidos Políticos y a los sindicatos con nuestros impuestos? ¿No será más lógico que esas organizaciones se mantengan con las cuotas y donaciones de sus afiliados y simpatizantes? Si partidos y sindicatos tuviesen que mantenerse exclusivamente de sus propios ingresos, tal y como hacen las empresas y demás entidades privadas, ¿no serían más austeros y racionales en sus gastos? ¿no despilfarrarían menos? Basta ver el lujo, los medios materiales y personales de los partidos y sindicatos para saber cómo emplean el dinero que nos sacan a los ciudadanos con las subvenciones que reciben provenientes de nuestros impuestos. Y el colmo de la desfachatez es que hasta las organizaciones empresariales se nutren de subvenciones que pagamos entre todos.

Sólo en el año 2009, los sindicatos y organizaciones empresariales se repartieron más de 110 millones de euros, sacados de los bolsillos de los contribuyentes. ¿No ganan lo suficiente los señores empresarios como para mantener sus organizaciones profesionales?

Pero no sólo queda ahí la cosa, nuestros sindicatos, nuestros queridos sindicatos que hicieron huelga cuando Aznar congeló el sueldo a los funcionarios (¿qué harán ahora que ZP no congela sino, que les baja el sueldo?), que montaron una huelga general por la reforma laboral que intentó Aznar, estos sindicatos que gozan de tanta confianza de los trabajadores que no llega ni al 5 % de los mismos los que se afilian, nos cuestan una auténtica barbaridad. Al margen de las subvenciones que reciben del estado y de las autonomías para poder funcionar ya que los trabajadores no se afilian y, por tanto, no los sostienen económicamente, los sindicatos cuestan al Estado y a las empresas la nada despreciable cifra de 1.664 millones de euros al año, a través de esa curiosa figura de los liberados sindicales. Resulta que los trabajadores españoles pasan olímpicamente de los sindicatos y no se afilian, ni los sostienen económicamente. Pero los sindicatos se creen en la necesidad de salvar a los pasotas de los trabajadores, aunque éstos no quieran. Y, así, dejan de trabajar total o parcialmente en sus respectivos trabajos miles de sindicalistas a los que hay que pagar sus sueldos para que nos salven. En España hay más de 57.000 sindicalistas dedicados a “salvar y defender” a los trabajadores. Si consideramos que el coste laboral medio en España (salario + Seguridad Social) por trabajador y mes alcanzaba los 2.428,69 euros en el tercer trimestre de 2009, esto es, 29.144 euros por trabajador al año, el coste total derivado por los liberados sindicales y soportado forzosamente por ciudadanos y empresas españoles asciende a 1.664 millones de euros al año. ¿Hay o no hay de donde recortar sin tocar los sueldos y las pensiones? ¿Hay o no de donde recortar sin subir los impuestos? Si en época de crisis y recesión es necesario realizar sacrificios, ¿no deberían empezar por dar ejemplo los sindicalistas y los políticos? ¿no deberían estos señores dedicarse a producir en lugar de hacer como que nos salvan a los demás?

Claro, que es difícil pedir peras al olmo. Tenemos una clase política corporativa, unida en la defensa de sus privilegios y unos sindicatos en plena sintonía con esa clase política, unos sindicatos más atentos a la defensa de intereses partidistas y de sus propios privilegios que de la defensa del bienestar de los ciudadanos.

¿Por qué los ciudadanos debemos apretarnos el cinturón y los políticos no?

Parece que nuestra clase política no está dispuesta a apretarse el cinturón tal y como impone al resto de los ciudadanos españoles; quizás porque los políticos usan tirantes. En todo caso, parece que el recorte en los derechos sociales que el Sr. Zapatero nos impone se va concretando: recorte del 5% del sueldo de los funcionarios este año y congelación para el próximo, congelación de la mayor parte de las pensiones (por vez primera desde que el Partido Popular legislase en 1996 su revalorización automática), rebaja del 15 % del sueldo de los ministros, recorte en las prestaciones sanitarias (posiblemente el co-pago de los medicamentos), anulación del cheque-bebé, recorte de la ayuda al desarrollo en 600 millones de euros, etc. Y junto a ello, subida del IVA en dos puntos y probable subida del IRPF. En resumen, menos ingresos para los ciudadanos y más gastos.

Al margen de que la austeridad en las cuentas públicas debía haberse impuesto hace tiempo, cabe preguntarse si no hay otros sitios de donde recortar. Pues la respuesta es sí.

La rebaja del sueldo de los ministros en un 15 % como gesto puede valer, pero es claramente insuficiente. Esa rebaja debería ser al menos de un 25 % y debería ser extensible a Secretarios de Estado, Subsecretarios, Directores Generales, Parlamentarios nacionales y autonómicos, Diputados Provinciales, Consejeros y Viceconsejeros autonómicos, asesores, cargos de confianza, Alcaldes, concejales, etc. Es decir, debería ser extensible a toda la clase política que es la que debe ejercer el liderazgo con ejemplaridad.

Y hay más sitios donde meter la tijera. Debería prohibirse el cobro de sueldos, indemnizaciones o dietas provenientes de distintas administraciones públicas o empresas. Y para ello debería ser incompatible el ejercicio de más de un cargo público. El Diputado nacional que lo sea, pero nada más que eso. Tener Alcaldes que simultanean su puesto municipal con un escaño autonómico o nacional constituye toda una anomalía democrática (en el legislativo y en el ejecutivo a la vez), como lo es el ejercicio de actividades particulares simultáneamente. En todo caso, habría que evitar que al sueldo de parlamentario o de alcalde se sumen otros ingresos como dietas, indemnizaciones o pensiones. Los políticos no pueden tener privilegios económicos respecto a sus electores y esto debería valer a la hora de medir los años de cotización para el cobro de una pensión. ¿Por qué a los Diputados les bastan 7 años de cotización mientras que el resto de los mortales han de llegar a los 35 años?

Contamos con 17 gobiernos autonómicos (unos 300 “ministrillos” regionales) además del Gobierno de la Nación. Recórtese por ahí también el gasto, suprímanse ministerios y consejerías y veremos el ahorro y el alivio inmediato en las cuentas públicas. A la drástica disminución de asesores, cargos de confianza y “ministrillos” acompañaría un inmensa reducción del gasto público, no sólo en sueldos, sino también en gastos de representación o en coches oficiales. Un dato lo ilustra: en España hay 7.000 coches oficiales (con sus conductores, gasolina, gastos de mantenimiento y de reposición), más que en los Estados Unidos. Otros datos ilustrativos: la Junta de Andalucía cuenta con 300 coches oficiales cuyo importe individual de compra ha sido superior a los 60.000.- € o el hecho de que la Xunta de Galicia gasta al día 2.500.- € en el mantenimiento de sus coches oficiales.

Es evidente que hay muchos sitios donde meter la tijera antes de tocar el bolsillo de los contribuyentes. Pero hacerlo requiere una casta política diferente, más sensible a los problemas de los ciudadanos y más comprometida con el bienestar social antes que con el propio. Las administraciones públicas, sea cual sea el color de quien las gobierna, se han convertido en un pesebre donde se alimentan los cuadros de los Partidos Políticos. Y esto tiene que cambiar. ¿Sacrificios? Los que haga falta, pero primero para la clase política. Si no dan ejemplo, no pueden pedir esfuerzo alguno a los ciudadanos. Y esto vale tanto para el Gobierno, como para la Oposición que tiene también su responsabilidad en muchas administraciones públicas.

Y todavía quedan más sitios donde meter la tijera.

¿Por qué los ciudadanos debemos apretarnos el cinturón y los políticos no?

El Gobierno español acaba de anunciar importantes recortes presupuestarios por valor de miles de millones de euros y estos recortes nos van a afectar a todos. El resultado de cómo Zapatero ha gestionado la crisis se resume en subida de impuestos y recortes sociales. Tal como venían actuando no se podía esperar otra cosa. La Unión Europea nos pone las pilas y los deberes: España debe recaudar más y gastar menos porque si no lo hace el déficit nos hundirá aún más. La gestión económica de la crisis por parte de Zapatero ha situado a España en el furgón de cola de las economías europeas y eso es indiscutible. Hay quién, después de 6 años de Gobierno socialista, culpa de la crisis a la coyuntura internacional y al modelo económico de nuestro país que fue heredado por este Gobierno. Y lo cierto es que siendo la crisis internacional hay países que están saliendo de ella mucho mejor que España (de cada 4 parados europeos 3 son españoles) porque han aplicado a tiempo políticas muy distintas a las desarrolladas en España, como también es cierto que en los cinco primeros años de gobierno socialista éste, no sólo no ha adoptado ni una sola medida para cambiar el modelo económico, sino que incluso, cuando se creaba empleo, se atribuía todo el mérito sin mencionar las presuntas debilidades de nuestro modelo de crecimiento.

Ahora nos dicen que hay que apretarse el cinturón y que hay que recortar los gastos. Y uno se pregunta y ¿por qué ahora y no hace dos años cuando se negaba la existencia de la crisis? ¿por qué se nos mintió mientras que en otros países se tomaban medidas contra la crisis? Lo más probable es que si hace dos o tres años se hubiesen adoptado medidas serias contra la crisis hoy estaríamos bastante mejor.

En todo caso es ahora cuando va a empezar la austeridad, el recorte presupuestario y ya nos anuncia el Gobierno que va a empezar por el suelo de los funcionarios. Pero ¿qué legitimidad tiene un gobierno y una oposición para exigir sacrificios a los ciudadanos cuando ellos mismos no están dispuestos a hacerlos? Si hacer demagogia la clase política, tan solidaria y corporativa en la defensa de sus privilegios, puede y debe hacer primero los sacrificios que después quiere imponer a los ciudadanos. Su ejemplo es vital para que pueda ejercer un liderazgo efectivo en una situación de crisis ante el conjunto de los ciudadanos.

No basta con recortar un 5% el sueldo a los funcionarios con la reiterada excusa de que ya son unos privilegiados por tener trabajo fijo. Por otra parte no deja de ser una medida injusta y regresiva recortar el 5% a los funcionarios. Debería aplicarse la progresividad (concepto fiscal recogido en la propia Constitución) y hacer un recorte según el grupo y nivel del funcionario. Es decir, recortar el suelo más a los que más ganan y menos a los que cobran menos.

Pero antes de llegar a eso la clase política (de izquierdas o de derechas, nacionalista o nacional) debe dar ejemplo y recortarse los suelos y suprimir miles de cargos de confianza.

Empezando por arriba. Sólo el Presidente del Gobierno cuenta con 640 asesore y cargos de confianza con unos sueldos medios de 40.000.- € anuales. ¿Son necesarios? ¿No hay entre los funcionarios públicos técnicos especializados para desarrollar esas funciones? Seguro que los hay y muy buenos. Pero no sólo el Gobierno de la Nación tiene asesores, también los tienen los gobiernos autonómicos, por ejemplo, la Generalitat Catalana cuenta con 249 asesores y cargos de confianza de los cuales 7 cobran 87.000.- € anuales, el Gobierno de Aragón cuenta con más de 150 asesores; y debajo de los Gobiernos autonómicos están las decenas de Diputaciones Provinciales que también tienes asesores y cargos de confianza, como la modesta Diputación de Almería con más de 45 asesores y cargos de confianza; y debajo de las diputaciones, los Ayuntamientos, con miles de asesores y cargos de confianza: sólo dos ejemplo, el Ayuntamiento de Arrecife 12 asesores (344.000.- € al año) o el Ayuntamiento de Jerez, 19 asesores y cargos de confianza (más de 1.000.000.- € al año). Sólo hay que pensar que en España hay más de 8.000 municipios para hacerse una idea de la magnitud del gasto público en asesores. ¿Es tan mala nuestra clase política que necesita tanto asesor? ¿Es tan mala nuestra clase funcionarial?

Y si nos piden austeridad nuestros políticos deben ser ellos los primeros en aplicarla y empezar por ellos mismos. Un recorte del 25 % de sus sueldos sería un buen ejemplo y más cuando se considera el tamaño de sus retribuciones. Contamos con 600 parlamentarios nacionales, con 1256 parlamentarios autonómicos, con varios miles de Diputados Provinciales, Alcaldes y concejales. Considerando que el sueldo de un parlamentario español oscila entre 3.000 y 15.000 euros mensuales, el de los Diputados autonómicos entre los 40.000 y 65.000 euros anuales y que hay más de 45 Alcaldes que cobran más de 50.000 euros anuales parece que hay margen de sobra para que se recorten el sueldo y que de esa manera nuestra clase política dé un claro ejemplo de sacrificio y austeridad a la ciudadanía.

Y aún queda mucho campo para hacer podas y recortes, pero no quiero ahora extenderme más.

Inicio.

Hoy he decidido empezar a escribir aqui para dejar constancia de muchos recuerdos, ideas y reflexiones tanto sobre mi vida, como sobre lo que ocurre en nuestra sociedad. Es quizás una forma de desahogarse o de reflejar y plasmar por escrito parte de lo que siento y percibo a diario. Me doy por satisfecho con que tan solo una mínima parte de lo que aqui se refleje pueda serle útil a alguien. Y espero también poder aprender mucho de quienes se animen a dejarme sus ideas y comentarios. Un saludo a todos.