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miércoles, 29 de octubre de 2014

Despilfarro y algo más en el Ayuntamiento de San Vicente de Raspeig.


El Ayuntamiento de San Vicente de Raspeig no es, políticamente hablando, un ayuntamiento cualquiera en la Provincia de Alicante. Y no lo es porque concentra, por circunstancias coyunturales, una importante parcela de poder político y económico provincial derivado de la concurrencia de dos circunstancias especiales. De una parte, su Alcaldesa, Dª Luisa Pastor, es a la vez Presidenta de la Diputación de Alicante, circunstancia que por cierto puede estar influyendo en ciertas adjudicaciones en las licitaciones de la Diputación (algo de lo que se hablará en estas páginas en otra ocasión). De otra parte, el concejal responsable del área de informática de dicho Ayuntamiento y Portavoz del Grupo Popular Municipal, el profesional de la política José Juan Zaplana, es a la vez Secretario General del Partido Popular de Alicante, cargo que ha utilizado para proteger y privilegiar a la Alcaldesa de Alicante Sonia Castedo.

Pues bien, ayer la alcaldesa de San Vicente del Raspeig y Presidenta de la Diputación de Alicante, Dª Luisa Pastor, tuvo que saltar al ruedo de los medios de comunicación para tratar de aclarar, infructuosamente por cierto, la relación del Consistorio que preside con uno de los empresarios detenidos en la operación contra la corrupción “Púnica”.

Dª Luisa Pastor explicó que el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig mantuvo una relación contractual con la empresa Eico Online Reputación Management S.L. del empresario Alejandro de Pedro, detenido en esta operación policial, para la creación de los perfiles del Ayuntamiento en las redes sociales y por los que pagó, unos 25.000 euros en tres años, nada menos.

O sea que, para que nos entendamos, el Ayuntamiento de San Vicente de Raspeig ha gastado en tres años 25.000 euros de sus vecinos para que un señor escogido a dedo, sin concurso ni nada que se le parezca, le hiciese y le mantuviese al Ayuntamiento los perfiles de Facebook y Twitter. Hay que tener poca vergüenza para tirar así el dinero de los contribuyentes sobre todo porque primero todo el mundo sabe que ese trabajo no cuesta ese dinero, segundo porque si se hubiese licitado el contrato en vez de adjudicarlo “a dedo” habría salido por cuatro duros y tercero porque en el Ayuntamiento de Dª Luisa Pastor, además de un concejal dedicado al área de informática (que algo sabrá del tema) hay cuatro cargos de confianza en prensa, que cuestan un potosí a los vecinos, y que ése sería precisamente uno de sus trabajos. Vamos, que era innecesario contratar a nadie y menos a esos precios. A eso, se le llama despilfarrar el dinero público, se mire por donde se mire.

La alcaldesa de San Vicente del Raspeig señaló, además, que el contrato se hizo “sin concurso porque son contratos menores y estos no tienen concurso”, sin aclarar si pidieron tres ofertas o no y que desconocía por qué se había elegido a esa empresa en concreto, algo que, sin duda, debería ser explicado por el derrochador concejal de informática, Sr. Zaplana, capaz de gastarse 25.000 euros de sus vecinos en páginas de facebook y twitter.

El grupo municipal de EU de esta localidad, con buen criterio aunque con cierta ingenuidad, ha pedido explicaciones sobre este vergonzoso asunto al pródigo Sr. Zaplana y para que explique también si se ha valido de su cargo como Secretario Provincial del PP para involucrar en la trama a otros ayuntamientos de la provincia.

Es evidente que este asunto es una muestra más del despilfarro y de la mala gestión que algunos han asumido como una práctica de lo más normal. Una vez más los discursos de ciertos sujetos no se compadecen con sus acciones. Una vez más, y este asunto así lo pone de manifiesto, la necesidad de una profunda regeneración y de una política al servicio del ciudadano y no de los partidos y de sus vividores profesionales se impone. Y mientras sigan liderando al centro derecha popular los mismos que lo han conducido al desastre ético y político no quedará más alternativa que optar por nuevos movimientos limpios y regeneradores.

Santiago de Munck Loyola



viernes, 14 de marzo de 2014

Los ciudadanos pasmados y ellos a lo suyo.


Tanto asesor para nuestros políticos, tanto dinero público empleado en marketing político,  en técnicas de comunicación y en imagen para que luego algunos de nuestros dirigentes desconcierten e indignen al personal con sus declaraciones o sus actitudes públicas. El pasado domingo, en un acto político del PPCV celebrado en Alicante el Presidente del Partido y de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, dejó de piedra a más de uno de los asistentes (que no obstante aplaudirían de forma entusiasta como es habitual en este tipo de actos) y a los ciudadanos de la calle cuando manifestó su respaldo a la plurimputada alcaldesa de Alicante Sonia Castedo. “Estás fantástica, a punto, y ahí estaremos todos ayudándote”. Sorpresa y aplausos entre los asistentes. Más de uno de los actuales concejales que trabajan bajo cuerda para ocupar el sillón de la alcaldesa se quedó helado. ¿Y qué hay de la línea roja de Fabra? ¿Dónde queda esa línea discontinua según la cual los imputados deberían irse a casa? Al día siguiente todos los medios de comunicación y los comentaristas políticos atónitos también. ¿Qué ha pasado? ¿Ya no hay línea roja? 

Y se monta tal revuelo que el Presidente Fabra se ve obligado a salir a la palestra para rectificar y para aclarar que su apoyo era de carácter personal y que se refería sólo al embarazo de la alcaldesa. ¡Acabáramos! Alguien, alguno de esos múltiples asesores con los que cuenta el Presidente Fabra y que costeamos los contribuyentes debería haberle advertido que se trataba de un mitin, de una reunión política y no de un encuentro entre amiguetes, ni de una charla del curso del parto sin dolor por lo que debía medir muy bien sus palabras. Claro que, cuando todo un Presidente de la Generalitat ve normal que su amiga cargue la factura del “arreglo del cocido” al presupuesto público, es normal que pasen estas cosas.

Pero, claro, en el PPCV siempre hay “tiralevitas” dispuestos a apoyar cualquier tontería por grande que sea  que diga el jefe y a buscar cualquier argumento que la refuerce. Es ése el caso de la Presidenta de la Diputación alicantina, Luisa Pastor, que se apresuró a hacer unas declaraciones antes de que se produjera la rectificación del jefazo. Y, así, con el pie cambiado dijo al día siguiente del “apoyo comunitario al embarazo de la alcaldesa” que no hay ningún inconveniente en que Sonia Castedo vuelva a encabezar la candidatura del PP porque sólo está imputada por cuatro graves delitos y que no está condenada. 

Semejante “perogrullada” cae por su peso. Evidentemente, ningún imputado es, de momento, culpable de nada. Pero cuando se traza una línea roja, no se sabe muy bien siguiendo qué criterio y se fija en el momento de la imputación, se hace, se supone,  por una exigencia pública de ejemplaridad, aunque no lo sepa la Sra. Pastor. Tampoco Luis Bárcenas ha sido condenado por nada y se sospecha que, pese a su valía financiera, la Sra. Pastor no desea incorporarle en la próxima candidatura del PP de su pueblo ni ofrecerle cargo alguno en la Diputación. ¿O sí?

Y por si fuera poca la ligereza con la que algunos políticos se toman la necesidad de practicar la ejemplaridad y de combatir la corrupción, ayer mismo fuentes próximas al Gobierno de España y al Ministro De Guindos, experto fichando socialistas chaqueteros para altos puestos del Gobierno, hacen saber que no hay ninguna prisa por promover la sustitución de la socialista Magdalena Álvarez, vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, imputada en el caso de los ERES andaluces, el mayor caso de corrupción de la historia, y para la que la Juez Mercedes Alaya acaba de imponer una fianza civil de 29.568.129 euros. Sospecha la Juez que la ex ministra de Zapatero fue la ideóloga (algo difícil conociendo al personaje) del procedimiento de subvenciones que dio lugar al latrocinio del dinero de los ERES en la Junta de Andalucía. Que los socialistas sigan calladitos y que, por supuesto, no pidan la dimisión de sus imputados es absolutamente normal. Pero que haga lo mismo el Gobierno y el partido que lo sustenta ya no lo es tanto. Parece que ajuicio de nuestro Gobierno y, en especial, del Sr. De Guindos este asunto no afecta a la imagen de España. Total, que la vicepresidenta del banco europeo que maneja miles de millones destinados a inversiones esté procesada por un caso de corrupción tan escandaloso como éste carece de importancia. Es más, con no poco cinismo algunos argumentan que se trata de un asunto que nada tiene que ver, por ser anterior en el tiempo, con su trabajo en dicho banco como si en ese banco o en la Junta andaluza no se manejasen fondos públicos y que estas cosas hay que tratarlas con más delicadeza que la que los socialistas suelen emplear en asuntos de corrupción mucho menos relevantes. Casi nada.

Hay quien ve algo más en esta tibieza gubernamental y “pepera” frente a la ejemplaridad  que una simple falta de principios y apunta al hecho de que España es el principal cliente del Banco Europeo de Inversiones, que en 2013 concedió al país préstamos por valor de 10.656 millones de euros. España tiene 76.000 millones de euros de préstamos vivos y espera que este año este Banco nos preste otros 10.000 millones, por lo que, algunos entienden que es bueno que esta señora siga en su puesto en el que, por cierto, cobra 23.000 euros al mes.

Ni principios, ni gestos, ni gaitas. El euro es el euro. Unos no saben por dónde se andan entre tanto asesor, tana línea roja incumplida y tantos casos de corrupción y otros saben demasiado bien por dónde transitan aunque huela a cloaca. Y mientras tanto, los ciudadanos pasmados ante tanta incompetencia y tanto espectáculo bochornoso.

Santiago de Munck Loyola


viernes, 3 de mayo de 2013

Los partidos políticos y nuestro dinero.



El pasado 29 de abril, el Consejero de Gobernación de la Generalidad Valenciana, Serafín Castellanos, anunció que la cantidad con que la Generalidad subvencionaba a los partidos políticos iba a ser reducida en un 30 %. Es decir, que el millón setecientos mil euros al año que hasta ahora, y a pesar de estar arruinada la administración autonómica, se llevan los partidos políticos para mantenerse del dinero de los contribuyentes se reducía para este año a un millón doscientos mil euros. Esta decisión ha levantado ampollas en la oposición, sobre todo en el PSPV, que ha puesto el grito en el cielo al ver reducido el dinero que recibe del erario público y que en buena parte venía dedicando a interponer acciones judiciales que, además, pierde en muchos casos. Esta elogiable iniciativa del PPCV es, a su vez, criticable porque lo primero que hay preguntarse es ¿por qué una reducción del 30% de la subvención y no del 100%? ¿Por qué si no hay dinero para pagar la dependencia, a los farmacéuticos o a los colegios sí que hay 1.200.000 euros para sostener las estructuras de unos partidos políticos que deberían ser sostenidas únicamente con las cuotas de sus afiliados? ¿Son prioritarios los gastos de los partidos frente a las necesidades básicas vitales de miles de ciudadanos de la Comunidad? 

No existe ni una sólo razón económica, ética o política que justifique que en tiempos de profunda crisis, de miseria y desesperación en muchos casos, se dedique dinero público a financiar a los partidos políticos, a los sindicatos o a las organizaciones empresariales. Estas organizaciones que, indudablemente cumplen un papel esencial, deben ser capaces de autofinanciarse, de subsistir con las aportaciones de sus afiliados, de sus socios y sus simpatizantes y, para hacerlo, deberían ajustar sus modelos de organización y funcionamiento a sus ingresos reales o desaparecer en su forma actual. Si no lo consiguen, si no pueden mantenerse con el dinero de sus socios es porque los ciudadanos no las quieren y, por tanto, sustituir la falta de ingresos de su militancia con subvenciones detraídas de los impuestos de los mismos ciudadanos que voluntariamente no las quieren sostener es un fraude político en toda regla.

Sin embargo, esta reducción de las subvenciones a los partidos llevada a cabo a nivel autonómico contrasta poderosamente con las decisiones tomadas en el ámbito de Alicante por la Diputación Provincial. En efecto, el pasado 4 de abril, el Pleno de la Diputación alicantina presidido por Dª Luisa Pastor aprobó por vía de urgencia, fuera del orden del día y de tapadillo, una modificación del reglamento para la gestión de las subvenciones que reciben los grupos políticos que conforman la Diputación. ¿Y en qué consistió esta reforma? Pues básicamente en poder desviar parte del dinero destinado al funcionamiento de cada grupo político de la Diputación a las cuentas corrientes de sus respectivos partidos políticos. Es decir, a subvencionar de forma encubierta a los partidos políticos, que tanto el PP como el PSPV podrán ingresar la cuantía que estimen conveniente de esa asignación a las arcas que nutren a sus direcciones provinciales. En el Artículo 9 del reglamento aprobado se dice que "Los grupos políticos podrán transferir los fondos asignados anualmente a cada grupo, a su agrupación política provincial". El único requisito es que, posteriormente, justifiquen el destino definitivo de esos fondos. Y para ello no hubo gran problema. Tanto el Partido Popular como el PSOE se pusieron de acuerdo de inmediato. Y, por si fuera poco, tanto el PP como el PSOE acordaron también abrir la vía para incrementar la asignación que reciben todos los años de las arcas provinciales. Y todavía habrá quien hable de austeridad o de ejemplaridad sin que se le caiga la cara de vergüenza. ¿Es esta la sintonía política que existe entre el Sr. Ciscar y el Presidente Fabra? ¿Aquí va cada uno por su lado?

Y hablando de dinero público y de grupos y partidos políticos, no queda más remedio que subrayar la actitud del Grupo Popular del Ayuntamiento de Alicante que hace pocos días, sin dar ninguna explicación, se negó a aprobar una moción de UPyD para aprobar medidas que garantizaran la transparencia de la gestión de la asignación económica de los grupos políticos municipales, entre las que se incluía hacer públicas las cuentas de los partidos. Hay que precisar que según el Artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local el Pleno del Ayuntamiento puede asignar determinadas cantidades de dinero a los grupos políticos constituidos en su seno para su actuación corporativa. Esta dotación económica no puede destinarse al pago de remuneraciones de personal, ni a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial, ni a desviarse como aportación a los partidos políticos, salvo que así expresamente lo autorizase el Reglamento municipal correspondiente. La Ley prevé que los Grupos Políticos de la corporación lleven una contabilidad específica de esa dotación económica que habrá de ser puesta a disposición del Pleno cuando así se apruebe. Pues bien, lo que ha hecho el Grupo Popular del Ayuntamiento de Alicante es sencillamente impedir que los ciudadanos podamos conocer cómo y en qué se han gastado nuestro dinero todos los grupos municipales del Ayuntamiento. ¿Hay alguien que pueda decir que eso es transparencia? ¿Hay alguien que pueda explicar esa decisión? ¿Hay miserias o ilegalidades que esconder?

Bien, como se puede apreciar estamos ante tres actitudes diferentes, pero muy sintomáticas y elocuentes, sobre el uso del dinero de los contribuyentes, sobre la forma de financiar en tiempos de crisis y de austeridad a los partidos políticos. Podrán contarnos lo que quieran, podrán entonar bellos discursos con huecas palabras, pero no hay nada más elocuente que los hechos. Y por sus obras los conoceremos.

Santiago de Munck Loyola