La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría,
ha vuelto a insistir esta mañana durante una intervención en el Campus Faes en
la voluntad del Gobierno de impulsar reformas de las Administraciones Públicas,
empezando por las Administraciones Locales. No es la primera persona del
Gobierno que anuncia cambios profundos en la Ley de Bases del Régimen Local.
Hace unas semanas el Gobierno anunció también en el proyecto de reforma de esta
Ley para racionalizar las competencias y los servicios que deberían asumir los
entes locales. Y hace pocos días, desde el Ministerio de Hacienda se ha lanzado
la idea de reformas que supondrían la obligación de evaluar los costes de los
servicios municipales y de proceder a la privatización o al cierre de los que
resulten deficitarios. En el caso de la intervención de hoy, los medios de
comunicación han destacado la reforma para determinar los sueldos de Alcaldes y
Concejales y la reducción del número de éstos.
Parece que el Gobierno está usando la técnica del
globo sonda para ir espaciando en el tiempo diferentes aspectos del paquete de
reformas de los entes locales que se van a aprobar en las próximas semanas. En
cuanto a la modificación del sistema de asignación de los sueldos de los
Alcaldes y Concejales parece que responde a una necesidad evidente de
homogeneizar las cuantías y de acabar con los espectáculos bochornosos que se
producen al inicio de cada legislatura cuando los Plenos de los Ayuntamientos
proceden a fijar las retribuciones de sus componentes. Reformar el actual
sistema de determinación de las retribuciones de Alcaldes y Concejales es una
medida necesaria, pero es a la vez discriminatoria e insuficiente. Debe existir
un mismo criterio y un mismo baremo a la hora de determinar cualquier
retribución o cualquier salario que tenga su origen en el dinero público. No
vale con aplicar un límite al escalón inferior de las administraciones
públicas, los Ayuntamientos, sino que la norma, al igual que se ha hecho respecto
a la jornada laboral, debe ser extensiva a todas las administraciones públicas
y a cualquier entidad que se sostenga con ayudas públicas, sea cual sea su
origen o denominación. El criterio es simple y de sentido común: con dinero
público, tablas salariales públicas y nadie que perciba una retribución con
origen en fondos públicos debe percibir un euro más de lo que perciba el
Presidente del Gobierno. Si la máxima responsabilidad política está en la
Presidencia del Gobierno, todos los salarios de los cargos públicos deberían
ser inferiores al suyo. No tiene mucho sentido ni lógica que Alcaldes,
Concejales, Parlamentarios nacionales y autonómicos, Presidentes o Consejeros
de Comunidades Autónomas o directivos de entidades financieras intervenidas o
ayudadas con fondos públicos ganen mucho más que el Presidente del Gobierno. Y
junto a esta norma, otra de sentido común: ningún cargo público podrá cobrar de
dos o más fuentes de ingresos públicos aunque se disfrace de dietas por
asistencia a Consejos de Administración de Empresas Públicas, indemnizaciones,
etc. Pero es que, además, este criterio debería ser aplicado al ámbito del
sector privado, es decir, al ámbito de empresas o instituciones que sobreviven
gracias a las subvenciones públicas. Por tanto, más que una reforma parcial en
este campo de la Ley de Bases de Régimen Local lo que hace falta es una Ley
sobre Retribuciones del Sector Público.
Es evidente que la Ley de Bases del Régimen Local
necesita una profunda reforma. Pero esta reforma ha de partir de un serio
análisis del modelo local que tenemos. No hay que olvidar que nuestro actual
modelo tiene su origen y su consolidación en una época histórica concreta. La
clase política de finales de los 70 y principios de los 80 partía de una
profunda desconfianza hacia unas administraciones locales cuyas estructuras y
hábitos provenían de 40 años de dictadura. Se articuló entonces un sistema
municipal más preocupado en el control político y democrático de los entes
locales que del desarrollo eficaz de la gestión de los mismos. Esa desconfianza
inicial se tradujo en un desplazamiento de la gestión hacia el ámbito político
reproduciéndose en los entes locales esquemas de funcionamiento que hoy por hoy
necesitan una profunda reforma.
Hoy más que nunca es preciso que los políticos
locales centren su actividad en desarrollar políticas más que en gestionar. No
es lo mismo hacer política que gestionar. Las Administraciones Locales cuentan
con excelentes profesionales cuyo papel debe ser potenciado en las próximas reformas
legislativas.
Igualmente, es necesario abordar algunos aspectos
importantes como son la delimitación de competencias de los entes locales, la
financiación sostenible de los mismos, el papel de las Policías Locales en
relación a la seguridad ciudadana, la coordinación y la cooperación entre las
distintas administraciones públicas, etc. Son tantos los aspectos que podrían y
deberían reformarse que sería una lástima que las urgencias presupuestarias
terminaran centrando la reforma de los entes locales en simples recortes
salariales o en la reducción de los cargos públicos. Ojala que no sea así,
porque los Ayuntamientos son la base de la convivencia ciudadana y la primera
puerta a la que todos accedemos para demandar atención y servicios.
Santiago de Munck Loyola