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lunes, 4 de mayo de 2015

Tres Diputaciones, tres marrones, un mismo PP.


¿Qué tendrán algunas Diputaciones para generar tanta porquería? ¿Qué tendrán para atraer a tanto desaprensivo? De todo, pero quizás las preguntas adecuadas serían ¿qué tiene el PP para que produzca tanto pirata de la política? ¿Qué tiene el PPCV para que en su seno prosperen y sean elevados a los puestos de más alta responsabilidad señores como Joaquin Ripoll, Carlos Fabra o Alfonso Rus?

A la vista está que algo muy serio falla en la estructura de un partido cuando coloca a presidir las tres Diputaciones de la Comunidad Valenciana a “políticos” que han terminado siendo protagonistas de titulares periodísticos y no precisamente por sus excelencias en la gestión de estas administraciones públicas. El PPCV ha conseguido que las tres Diputaciones de nuestra Comunidad, Castellón, Alicante y Valencia, se hayan convertido en motivo de escándalo y vergüenza para todos los ciudadanos, para los sufridos contribuyentes cuyos impuestos se han convertido en botín de los “elegidos” del PP. Estos abnegados trabajadores de lo público no tenían suficiente con disfrutar y abusar de coches oficiales de alta gama (un abuso insoportable), de chófer las 24 horas del día, de retribuciones más que generosas habida cuenta su preparación para el cargo, de tarjetas visa para convites y regalos y de todo el boato asociado a las instituciones que presidían o presiden, sino que, además, al amparo de la misma todo indica que se han buscado unos “extras” para mitigar su duro sacrificio en pro de la ciudadanía.

Las Diputaciones en España son administraciones locales sin elección directa de sus gestores, Presidentes y Diputados provinciales no son elegidos por los ciudadanos en las urnas ni se someten, por tanto, al escrutinio de las mismas cada cuatro años. Los Presidentes y Diputados provinciales son designados por los partidos políticos entre los concejales electos en la provincia. Por tanto, la composición de la Diputaciones obedece exclusivamente al reparto de cuotas de poder en el interior de los partidos políticos y no al interés general, ni a las preferencias directas de los votantes. Constituye evidentemente una anomalía el hecho de que unas administraciones públicas que mueven miles de millones de euros cada año escapen al control democrático de los votantes. Siendo así, es evidente que el espectacular resultado de las tres diputaciones de nuestra Comunidad obedece exclusivamente al juego interno de poderes en el seno del PPCV. ¡Vaya intereses!

Y si al déficit de legitimidad democrática de las Diputaciones sumamos la ausencia de democracia interna en algunos partidos políticos, como el PPCV, logramos el cóctel perfecto para que se produzcan los escándalos como los que estamos conociendo. Cuando los afiliados de un partido no tienen nada o muy poco que decir a la hora de designar a sus candidatos tampoco pueden controlarlos. Cuando el principal mérito para ser candidato o para ser designado en puestos de responsabilidad política no es el apoyo de las bases del partido, ni la preparación intelectual, ni la trayectoria profesional, sino el amiguismo, el nepotismo o el tráfico de influencias es normal que terminen aterrizando en los puestos de responsabilidad un gran número de incompetentes o de aprovechados, de gente sin formación o sin escrúpulos.

Seguramente muy pocos afiliados del PP de Alicante habría elegido a la actual candidata a la Alcaldía para ese puesto y menos siendo prima del Secretario Provincial del partido y seguramente ninguno habría elegido como número tres de esa candidatura municipal a un señor de Teulada, el Sr. Ciscar, que ni vive ni trabaja en la ciudad, que se ha caracterizado en su gestión autonómica por discriminar presupuestariamente a la provincia y a la ciudad de Alicante, y cuyo objetivo declarado no es servir a los vecinos de la ciudad, sino servirse de ellos para marcharse, precisamente, a intentar presidir la Diputación provincial, ese oscuro objeto de deseo, ese “marrón” en el balance político del PPCV.

Santiago de Munck Loyola