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domingo, 23 de septiembre de 2012

¿Quién le pondrá el cascabel al estado de las Autonomías?



Buena la ha liado el Presidente de la Generalidad catalana, el Sr. Mas, con su apuesta independentista, que no “soberanista” (no existe en el Diccionario de la RAE) por mucho que con esa denominación la intenten dulcificar periodistas y políticos ignorantes. No es la primera ni la segunda vez que un dirigente catalán apuesta por un Estado catalán. Ya lo hizo el 14 de abril de 1931 Francesc Macià quien se dirigió a la multitud proclamando en nombre del pueblo de Cataluña, "L'Estat Català, que amb tota la cordialitat procurarem intergrar a la Federació de Repúbliques Ibèriques”. Ya lo hizo de nuevo el 6 de octubre de 1934 Lluís Companys quien proclamó el "l'Estat Català de la República Federal Espanyola", proclamación que se saldó con 46 muertos y 3.000 encarcelados.

Es la vieja estrategia de siempre: ante la incapacidad propia para solucionar los problemas se inventa un enemigo exterior al que culpar de todos los males. El Sr. Mas y sus conmilitones, incapaces de adoptar las medidas necesarias para resolver el grave problema económico y social derivado del inmenso agujero heredado del tripartito, han encontrado al culpable: el resto de los españoles que les expoliamos fiscalmente y los hundimos en la miseria. No es nuevo. Llevan años hablando de una supuesta balanza fiscal siempre desfavorable para Cataluña, llevan años calentando el ambiente, fomentando un sentimiento antiespañol que les servía para exigir cada vez más financiación. Poco importa que reputados economistas demuestren la falacia de esa supuesta balanza fiscal desfavorable para los catalanes: una mentira mil veces repetida termina por convertirse en una verdad para quien no quiere analizar otras perspectivas. Argumentan que como contribuyen a la caja común con más dinero que el resto de los españoles tienen, no sólo derecho a recibir más, sino a separarse para gestionarlo ellos solos. Declaraba hoy en un diario nacional el ex Presidente de las Cortes, Sr. Bono, que cuando pagar más impuestos implica exigir más nos encontramos ante una metástasis en el estado. De aceptarse esta tesis independentista y trasladándola del ámbito de los territorios al de las clases sociales, habría que deducir que quienes más impuestos pagan, más deben recibir del estado. Y éso es algo que choca frontalmente con la solidaridad y la redistribución de la riqueza, características esenciales de todo estado social y democrático de derecho.

Y en este contexto ¿dónde está el límite? ¿Quién decide cual es el ámbito de decisión? ¿Quién es el pueblo soberano? ¿El pueblo español? ¿El pueblo catalán? ¿El pueblo barcelonés? Nos dicen que tras una manifestación de un millón de personas pidiendo la independencia es el pueblo catalán el que ha hablado. ¿Y los seis millones de catalanes que no se han manifestado? ¿No cuentan?

Hoy, no son pocos los ciudadanos y los analistas políticos y económicos que coinciden en que nuestro estado autonómico es en su formulación actual absolutamente inviable. La crisis económica lo ha puesto de manifiesto de una forma desgarradora. Hasta no hace mucho hemos venido cerrando los ojos ante una realidad evidente: el estado autonómico estaba rompiendo la igualdad de derechos y de oportunidades de los ciudadanos. El estado autonómico ha ido levantando poco a poco muchas barreras entre los españoles: en educación, en sanidad, en el mercado, en el derecho de propiedad, etc. Barreras que imperceptiblemente iban dificultando hasta la movilidad de los ciudadanos. Lo que en la transición se nos vendió como un acercamiento de la toma de decisiones hacia los administrados se ha ido convirtiendo en un complejo laberinto legislativo, en un complicado entramado de instituciones más al servicio de la clase política que de los intereses de los ciudadanos. Empezamos a verlo gracias a la crisis y otros, desde fuera, también lo ven. En un reciente artículo, Stefanie Claudia Müller, corresponsal alemana en Madrid y economista, escribía: España … “no puede permitirse por más tiempo este nivel de corrupción, y menos aún a 17 regiones funcionando como estados independientes, con todos los organismos multiplicados por 17, desde 17 servicios meteorológicos a 17 defensores del pueblo, con 200 embajadas, 50 canales de TV regionales en pérdida, 30.000 coches oficiales o 4.000 empresas públicas que emplean a 520.000 personas, creadas específicamente para ocultar deuda y colocar a familiares y amigos sin control ni fiscalización alguna. En conjunto, unos 120.000 millones, equivalentes al 11,4% del PIB, se despilfarran anualmente en un sistema de nepotismo, corrupción y falta de transparencia.”

No parece pues que los problemas sociales y económicos que pesan sobre el conjunto de los ciudadanos puedan resolverse con más autonomía o con la independencia en el caso de Cataluña. No podemos sostener el actual estado autonómico y eso lo ve y lo sabe cualquiera. Es inviable económicamente y terminará por serlo social y políticamente si no se aborda su reforma inmediata. Es evidente que los últimos interesados en reformar la configuración del estado son los miembros de la clase política, los partidos políticos que han encontrado en el actual estado autonómico un inmenso coto en el que instalar y extender sus inmensas maquinarias burocráticas y en el que realizar su insaciable afán ocupador. Nos proponen ahora fórmulas federales cuando es evidente que a los nacionalistas no les interesan porque supondrían una igualdad entre territorios inasumible para ellos. Nos hablan de los derechos de los territorios y olvidan los derechos de las personas. Nos levantan barreras territoriales cada vez más costosas mientras que Europa transita por el camino contrario. Y mientras, los ciudadanos seguimos pagando los delirios de grandeza de tanto iluminado y de tanto cobarde.

Santiago de Munck Loyola


sábado, 21 de abril de 2012

A vueltas con los recortes y la organización del estado.

Las nuevas medidas que está adoptando el Gobierno con el fin de reducir el gasto público están desatando muy variadas reacciones en distintos sectores sociales y propiciando críticas en los diferentes agentes sociales y políticos. Parece que, tal y como están las cosas, no hay dinero suficiente para poder seguir manteniendo intocables las prestaciones públicas. Si no hay dinero no queda más remedio que gastar menos y tratar de ingresar más. Es evidente que durante los últimos años, nuestras administraciones públicas han gastado más de lo que ingresaban, es decir, han ido acumulando, año tras año, déficits. Esos desfases entre los ingresos y los gastos se fueron cubriendo con préstamos, es decir, nuestras distintas administraciones se fueron endeudando y ahora, en medio de una crisis internacional, no sólo seguimos gastando más de lo que ingresamos, sino que además tenemos que pagar los intereses de las deudas acumuladas en los últimos años. Estos intereses anuales que hay que pagar se elevan a más 29.000 millones de euros anuales. Para hacerse una idea de lo que esta cifra significa basta considerar que los salarios de un año de los funcionarios suponen menos de esa cantidad.

Por tanto, parece razonable pensar que hay que acabar con el déficit para impedir que siga creciendo la cantidad anual que los intereses suponen. De no hacerlo pronto, los 29.000 millones de euros seguirán creciendo y llegará un momento en que sea de todo punto imposible pagarlos, colapsando el sistema. Es un poco absurdo pensar que no es tan importante reducir el déficit público, pero un debate muy distinto es cómo hacerlo, dónde priorizar la reducción de los gastos y cómo articular el imprescindible incremento de ingresos públicos.

En el amplio debate generado estos días, distintos dirigentes políticos han puesto en cuestión el modelo de funcionamiento de las Comunidades Autónomas, responsables en gran parte del déficit de las cuentas públicas. De una parte, Esperanza Aguirre ha manifestado que si es conveniente para el interés nacional, la Comunidad de Madrid está dispuesta a devolver las competencias de Sanidad y Educación al Estado y transferir otras competencias a los Municipios.

De otra, José Bono ha criticado duramente el gasto que supone el mantenimiento de 17 parlamentos autonómicos, 17 defensores del pueblo, 17 tribunales de cuentas, decenas de canales de televisión autonómicos. Ante estas declaraciones, responsables de los dos grandes partidos se han apresurado a manifestar su satisfacción por la evolución del estado de las autonomías y su pleno respaldo al diseño constitucional del mismo. Por su parte, algunos politólogos también han manifestado en distintos medios de comunicación la irreversibilidad del estado autonómico.

De todo ello, se desprende una sensación de miedo a formular públicamente críticas que puedan cuestionar la actual organización territorial del estado. Se cierran los ojos ante las evidencias:

-          El estado de las autonomías es un modelo caro que, hoy por hoy, es difícil de sostener. Si no hay dinero para mantener las actuales prestaciones sanitarias o educativas ¿por qué hay que mantener un modelo de estado caro y plagado de duplicidades e ineficiencias? ¿Por qué la prioridad en la reducción del gasto público no aborda en primer lugar la corrección de una de las principales causas del déficit público?

-          El funcionamiento actual del estado de las autonomías incumple sistemáticamente el Art. 138.2 de la C.E. “Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales” y el Art. 139.1 “Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.” Basta con comparar los distintos Estatutos de Autonomía o palpar la realidad de la calle para comprobarlo.

-          Las autonomías han generado una inflación legislativa sin precedentes en los países occidentales que supone una verdadera losa para la libre circulación en el territorio nacional de los flujos económicos y sociales que sustentan el progreso de una sociedad.

-          La devolución de competencias al Estado no es imposible y, si con ella se gana eficiencia en algunas materias, es, además, necesaria. El proceso autonómico no es como algunos pretenden constitucionalmente irreversible porque la propia constitución de las CCAA no es obligatoria, sino opcional, a tenor de la redacción del Art. 143 de la propia C.E.

En todo caso, tan constitucional es propugnar la reforma de la propia Constitución para reclamar, por ejemplo, la República como para reivindicar la reforma de la estructura territorial del estado si se considera que ello puede favorecer el interés general y el bienestar de los ciudadanos. Por tanto, no son muy comprensibles esos recelos instalados en amplios sectores de la clase política y ese cierre de filas ante cualquier propuesta de racionalización de nuestras instituciones y del gasto público generado por las mismas.

Meter la tijera en el gasto público hay que meterla, pero es mucho más sensato, aunque sea más costoso políticamente, hacerlo por las raíces de los problemas. La saturación de plantas en una jardinera pequeña puede terminar por matar a la mayoría.

Santiago de Munck Loyola

domingo, 18 de diciembre de 2011

Nuestra clase política vulnera permanentemente la Constitución.

“Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” dice el artículo 14 de la Constitución Española. Más claro, el agua, ¿verdad? Pues nada, este artículo es una auténtica patraña, una mentira constitucional, papel mojado que sólo sirve para decorar la Constitución. La realidad es muy distinta. En España no existe la igualdad ante la Ley porque la clase política es la primera interesada en que así sea. Y su interés en vulnerar permanentemente este artículo obedece a su deseo de enriquecerse a costa de las arcas públicas. No hay otra explicación posible.

Me ha venido a la cabeza este artículo de la Constitución al conocer las noticias en torno a las magníficas pensiones que el Sr. Bono y el Sr. Rodríguez Zapatero van a recibir una vez que los votantes los han enviado a su casa.

El socialista José Bono, con un patrimonio personal no precisamente escaso, disfrutará de una jubilación durante los próximos dos años como ex presidente del Congreso de los Diputados: percibirá el 80% de su sueldo como presidente, 154.080,48 euros brutos, unos 11.000 euros mensuales, y tendrá, además, derecho a otros privilegios como un asistente y escolta de seguridad a cargo del presupuesto del Congreso durante cuatro años. Cabe preguntarse ¿si ha anunciado que se retira de la política para qué hay que pagarle un asistente? ¿Para que le asista en sus asuntos privados?
Por su parte, el presidente del Gobierno en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero tendrá derecho a un sueldo vitalicio y recibirá 84.000 euros anuales, recibirá un segundo sueldo de más de 80.000 euros como consejero nato de Estado y el Estado le pagará además una oficina, secretaria, dos funcionarios -uno de ellos con rango de director general-, seguridad y coche oficial. En su caso no existe incompatibilidad alguna para cobrar simultáneamente una pensión y un sueldo.

Estos casos no son únicos ni excepcionales entre la clase política española pero vienen a poner de relieve, una vez más, el abismo que existe entre los privilegios que la clase política se otorga a si misma a costa del dinero de los contribuyentes y las angustiosas dificultados a las que se ven sometidos estos últimos.
Los españoles no somos iguales ante la Ley, no. Dice el Artículo 14 de la Constitución que no puede prevalecer discriminación alguna por razón de… cualquier circunstancia personal. Y, sin embargo, aquí vemos como la condición personal, el cese en sus cargos, de estos dos políticos implica una clara discriminación con respecto a los demás ciudadanos españoles.

La dedicación política es un servicio a la comunidad pero nuestra clase política parece entenderlo como servirse de la comunidad. Nuestros dirigentes políticos no están sometidos al mismo régimen de incompatibilidades para percibir más de un ingreso de las arcas públicas, ni deben cotizar los mismos años que los ciudadanos a los que representan para cobrar una pensión, ni tienen la misma limitación en cuanto a las cuantías máximas de las pensiones, ni cobran el desempleo en las mismas condiciones que los demás ciudadanos, ni tributan en el IRPF al igual que todos los españoles eludiendo, de forma legal, pagar los impuestos como todo el mundo. En definitiva, nuestros dirigentes políticos se pasan la igualdad ante la Ley por el arco del triunfo. Así de claro, así de evidente y así de irrefutable.
La igualdad ante la Ley no admite matizaciones ni excusas. Es un imperativo ético que nuestra clase política proceda a revisar de forma urgente esta escandalosa violación de la Constitución. Debe hacer autocrítica, pedir perdón a los ciudadanos y acabar de una vez con sus privilegios. Si los parlamentarios pueden tributar en el IRPF como si fueran mileuristas, a pesar de sus ingresos, ¿qué nos impide a los demás, invocando el Art. 14 de la Constitución, hacer lo mismo? Habrá que planteárselo.

Santiago de Munck Loyola


sábado, 17 de diciembre de 2011

Carta abierta a D. Juan Rosell, patrón de patronos.

Sr. Rossell:

Permítame, como empleado público y como contribuyente que con mis impuestos ayudo a mantener la asociación que usted preside, que le traslade mediante esta carta pública mi profunda gratitud por su persistente interés en torno al funcionamiento de las administraciones públicas y a la situación de los empleados públicos. Tanta dedicación a la “cosa pública” le supondrá, seguramente, una menor atención a la “cosa privada” que es la que usted representa. No obstante, he de decirle que no comparto en absoluto las peregrinas conclusiones a las que le conduce tanto interés y esfuerzo intelectual de su parte. Comprendo perfectamente que alguien como usted, que no ha conseguido acabar los estudios de ciencias políticas, confunda conceptos básicos y sea, por tanto, incapaz de establecer criterios elementales diferenciadores en torno a la función pública y a la iniciativa privada, que es la que usted representa, o que sea capaz de manifestarse en la calle contra las sentencias del mismo Tribunal Constitucional con gritos en contra de la unidad de España. Quizás esa propensión suya a mezclar conceptos y procedimientos privados con los públicos derive también de su propia condición profesional de cuasi funcionario empresarial ya que, aunque usted presida la mayor organización empresarial española, nunca ha sido capaz de crear su propia empresa arriesgando su patrimonio tal y como hacen cientos de miles de empresarios. Y no, Sr. Rosell, no es lo mismo acceder a un puesto de trabajo en una empresa mediante la recomendación de un amigo, como en su caso, que acceder a un puesto de trabajo en una administración pública mediante una prueba objetiva en la que se miden los conocimientos, los méritos y la capacidad.

Da la sensación, Sr. Rosell, que usted padece algún tipo de obsesión enfermiza hacia los empleados públicos como parece deducirse de sus periódicos y repetidos ataques hacia los mismos. Y en cada una de sus declaraciones se evidencia su profunda ignorancia en torno a la función pública. Sinceramente, los contribuyentes que anualmente le entregamos más de 400 millones de euros a la asociación que usted preside, no nos merecemos tantas impúdicas exhibiciones de fobias y, posiblemente, frustraciones personales. Que usted pueda padecer una vocación funcionarial frustrada no nos importa. Ahórrenos por favor sus obsesiones funcionariales.

Las generalizaciones son el refugio de los vagos o de los ignorantes. Y usted, con perdón, generaliza mucho. Afirmar sin más que en España sobran 900.000 funcionarios no es otra cosa que una generalización, Sr. Rosell. ¿Por qué no concreta un poco? Digo yo que con los 400 millones de euros que se ha embolsado de los contribuyentes en 2010 bien puede pagar algún estudio serio que permita cuantificar y determinar con precisión el número de funcionarios que, según usted, sobran y dónde sobran.

Díganos mejor Sr. Rosell cuántos médicos, ATS, profesores, policías, Guardias Civiles, militares, operarios de limpieza, administrativos, conserjes, asistentes sociales, funcionarios de prisiones, etc. sobran y dónde sobran. Ilumínenos Sr. Rosell, por favor, y precise con rigor y seriedad una afirmación tan importante como la que acaba de hacer.

Y dicho esto, Sr. Rosell, no voy a entrar sobre su disparate en torno a sus palabras sobre la posibilidad de despidos de los empleados públicos que, con tanta ligereza como ignorancia, ha proferido. Tan sólo le quiero recordar que las Administraciones Públicas no son empresas privadas; que sus funciones son radicalmente distintas y que mientras la obligación del empresario es procurarse el máximo beneficio sobre su inversión no ocurre lo mismo en el ámbito público en el que prima el concepto de rentabilidad social.

No obstante lo anterior, Sr. Rosell, si sus observaciones sobre los 900.000 funcionarios que a su juicio sobran obedecen a un deseo sincero de aligerar el gasto del Estado, permítame que le sugiera que empiece usted por predicar con el ejemplo y que renuncie a los 400 millones de euros que le regalamos anualmente los españoles. Y, hecho ésto, pida a sus colegas sindicales y a los partidos políticos que hagan lo mismo. Manténganse ustedes con las cuotas de sus afiliados exclusivamente porque se supone  que unos brillantes empresarios, unos empresarios de éxito como usted bien pueden costearse sus clubes y organizaciones. ¿O me va a decir que son tan malos empresarios que no ganan ni para éso? Y, cuando lo haya hecho, entreténgase si le parece en denunciar la evasión fiscal de algunos empresarios o los 11.000 euros mensuales de pensión del Sr. Bono. ¡A ver si tiene lo que hay que tener para hacerlo!

Un saludo.

Santiago de Munck Loyola.

sábado, 23 de julio de 2011

Una indecencia más de nuestros parlamentarios.

En un país como el nuestro en el que cada vez hay más ciudadanos atravesando situaciones verdaderamente dramáticas por culpa de esta larga crisis tan mal gestionada por el incompetente Presidente del Gobierno y en el que los índices de aprobación a la labor de la clase política son cada vez más bajos, nuestros políticos siguen haciendo gala de una falta de sensibilidad y de ética que raya en lo indecente. Bueno, más bien es simple y llanamente indecente la actitud de la clase política.

A la larga lista de indecencias, en concreto de nuestros parlamentarios, nuestros representantes, hay ahora que sumar una más. Indecente es que nuestros parlamentarios no tengan que cotizar los mismos años que los contribuyentes para cobrar una pensión máxima. Indecente es que nuestros diputados y senadores no tengan que pagar el IRPF en las mismas condiciones que los ciudadanos a los que representan gracias a una serie de excepciones fiscales hechas a medida. Indecente es que nuestros parlamentarios puedan percibir más de un ingreso de las administraciones públicas a diferencia de sus representados. Indecente es que nuestros parlamentarios y políticos en general gocen, además de sus sustanciosas retribuciones, de coches oficiales, ordenadores portátiles, teléfonos móviles, descuentos en los trasportes, etc. mientras a los pensionistas se les congelan sus míseras pensiones. Indecente es, en suma, que a los privilegios propios del parlamentarismo, como es la inmunidad,  añadan sin control alguno cuantas prebendas les vengan en gana mientras la mayoría de la población ve cómo los niveles de bienestar y su calidad de vida merman por culpa precisamente de una clase política cuyos errores no son jurídicamente sancionables.

No hace mucho, el Sr. Bono, con su “tuneado” capilar, realizaba unas de sus manifestaciones en “laj que ej ejpecilijta” y nos aleccionaba a los ciudadanos sobre lo transparentes que iban a ser sus señorías en cuanto a sus bienes y posesiones. Ahora, según señala hoy el País (http://politica.elpais.com/politica/2011/07/22/actualidad/1311365339_956889.html) sus señorías han decidido que al realizar sus declaraciones de bienes no tienen que hacer constar su valor y “han optado por una descripción de los pisos y fincas de los diputados y senadores al considerar que su valor catastral puede no ser muy significativo respecto al precio real de mercado que podría tener la vivienda” y en el caso de los coches particulares, tampoco figurará su valor de compra. O sea que para sus señorías el valor catastral de un bien inmueble no es significativo. Lo es para que los ciudadanos paguemos el IBI, pero no para que sus señorías hagan un ejercicio de transparencia. Si sus señorías tienen tan claro que el valor catastral no vale ¿por qué entonces no legislan al respecto? ¿Ignoran acaso que el valor catastral se usa en el IRPF, en el Impuesto de Bienes Inmuebles y en otros tributos? No, seguramente no lo ignoran, pero cualquier excusa es buena para mantener un privilegio más, para seguir practicando la indecencia política como norma de salvaguarda de sus privilegios.

Éste no es camino a seguir para que los ciudadanos podamos recuperar la confianza en la clase política. Se equivocan y montañas más altas han caído. Están abriendo, posiblemente sin quererlo, el paso a nuevas opciones políticas que desde el radicalismo y el populismo podrían mandarlos a casa con el voto de los ciudadanos. Mal camino llevan.

Santiago de Munck Loyola

martes, 14 de junio de 2011

Bono insuficiente, Aguirre incoherente.

Hoy han hecho declaraciones dos importantes dirigentes políticos, José Bono Y esperanza Aguirre, que muchos medios informativos las han relacionado como respuestas a algunas de las demandas del movimiento 15-M.

Bono ha puesto sobre la mesa la necesidad de alcanzar mayor transparencia en cuanto a los ingresos y bienes de los cargos públicos, apuntando la conveniencia de publicar has el patrimonio de los mismos, de suprimir los complementos de las pensiones de los parlamentarios y de una mayor observancia de la ley de incompatibilidades. Se ha quedado muy corto el Sr. Bono. Estas propuestas son claramente insuficientes respecto a la demanda, no ya del movimiento 15-M, sino de una inmensa mayoría de los ciudadanos que considera a la clase política como uno de los mayores problemas de nuestro país. Si de verdad la clase política quiere recuperar el aprecio de los ciudadanos y mejorar su valoración, lo que debe hacer es acabar con todos los privilegios que a lo largo de los años ha ido sumando a su favor: sus señorías deberían someterse al régimen general de pensiones, como todo el mundo, tributar a hacienda como cualquier ciudadano, sin los enormes privilegios de los que goza. La clase política debería hacer realidad las incompatibilidades y no sólo en cuanto a la prohibición absoluta de percibir ingresos públicos de más de una fuente, cosa que no se hace, sino también en cuanto a la ocupación de más de un cargo institucional. Ya está bien de alcaldes que son a la vez diputados o senadores: un político, una sola función y un solo sueldo. Y al que no le convenga que vuelva al sector privado. Y no hace falta que vayan publicando elk patrimonio de los cargos públicos, con que esa información sea accesible y con que se cree una Unidad Inspectora específica en Hacienda sería suficiente. Lo que es evidente es que hoy más que nunca es necesario un Estatuto de los Cargos Públicos que regule todas estas cuestiones.

Por su parte, Esperanza Aguirre ha lanzado la idea de reformar la Ley electoral madrileña para implantar el sistema de listas abiertas que permita una mayor capacidad de decisión de los electores. Sin embargo, esta propuesta queda hueca si los partidos políticos no hacen realidad el mandato constitucional del funcionamiento interno democrático. ¿De qué sirve al elector poder tachar  nombres de una lista que responde a decisiones de designación antidemocrática y no es fruto de un proceso de participación interna? El elector podrá tachar algún nombre de la lista, pero todos los componentes de la misma responderán al mismo perfil, al de quien los ha designado. No resulta por tanto coherente mantener un discurso político presuntamente liberal y simultáneamente practicar o consentir el autoritarismo dentro de su propio partido político. El reciente proceso electoral ha puesto de manifiesto que en muchos municipios los afiliados del partido Popular han tenido poco o nada que ver con la designación de los candidatos. Desde la regional madrileña se han vulnerado, en no pocas ocasiones, los Estatutos del Partido, como en Rivas-Vaciamadrid, para imponer candidatos ajenos a la organización local con el resultado final de que, en este caso, de 7 concejales elegidos tan sólo dos viven en el municipio y están vinculados con la organización local. ¿Es esto democracia interna? No puede haber nada peor para la regeneración democrática que el uso de las instituciones representativas para colocar amiguetes o agradecer favores. Y lo mismo ha ocurrido en muchos otros puntos de España donde las cúpulas regionales o provinciales han ignorado a las bases del partido. Por tanto, la mejora de la calidad de nuestra democracia solo puede pasar por la mejora de la democracia interna de los partidos políticos. Todo lo que no sea así son brindis al sol destinados más bien a lavar la cara que a sanear, de verdad, nuestro sistema democrático.

Santiago de Munck Loyola.