CRÓNICA DE UNA DESASTROSA CHAPUZA.

En el último Pleno del Ayuntamiento vimos como el Portavoz de Vox, Rafael Náñez, puso contra las cuerdas a la inefable Maribel de las Nieves Antón, concejala de Contratación y Patrimonio, Servicios Sociales, Juventud e Infancia, Igualdad, Administración Electrónica y Transparencia que no supo responder a la cuestión planteada, ¿cuánto ha tenido que pagar el Ayuntamiento en concepto de intereses por renunciar a la subvención concedida por la Generalidad Valenciana para “rehabilitar las casas de los maestros”? La Sra. Concejala con su habitual gracejo y elegancia mintió afirmando que los intereses pagados habían sido 2.752 € y el Portavoz de Vox la dejo en ridículo al exhibir un decreto del 19-11-2024 del Alcalde ordenando el pago, por ese mismo concepto, de casi 10.000 €. 

Pero más allá de esto; más allá de que la señora concejala escudase la inacción del Ayuntamiento en la rehabilitación de estas viviendas esgrimiendo que la competencia en materia de viviendas era de la Generalidad Valenciana ignorando, como no podía ser de otra forma habida cuenta su preparación para el cargo, que el Articulo 25.2 de la Ley de Bases del Régimen Local señala que “El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación”; más allá  de que culpase a la guerra de Ucrania del incremento en un 55% de los materiales construcción, cuando lo cierto es que los costes de construcción en edificación residencial han aumentado según el INE un 23,5% desde entonces; más allá de cualquier otra peregrina excusa lo cierto es que el Gobierno Municipal solicitó una subvención incumpliendo los requisitos para obtenerla (la propiedad de los bienes) y, además, fue absolutamente incapaz de gestionar el propio Ayuntamiento para funcionar al ritmo que los plazos legales exigían. Basta con observar la cronología de las actuaciones municipales para darse cuenta de ello. Veamos.

Plazo para ejecutar las obras a partir del 30-12-2021			730 días
Fecha	Concepto	Tiempo empleado	Quedan
11-4-2022	El Ayto. inicia expediente contratación	101 días	629 días
28-11-2022	El Ayto. adjudica el expediente	231 días	398 días
5-12-2022	El Ayto. firma contrato con adjudicatario	7 días	391 días
3-3-2023	Adjudicatario entre 28 días tarde el proyecto	88 días	303 días
5-7-2023	Adjudicatario entrega nuevo proyecto con precios revisados	124 días	179 días
6-7-2023	El Ayto. lo informa favorablemente	1 día	178 días
28-7-2023	La junta de Gobierno aprueba el proyecto	22 días	156 días
3-10-2023	Ayto. nombra responsable de las obras	67 días	89 días
23-10-2023	Ayto. firma acta de replanteo	20 días	69 días
16-11-2023	Ayto. renuncia a la subvención	24 días	45 días

 

A la vista está que ni añadiendo a los 45 días una posible prórroga de seis meses ( 182,5 días, prevista en las Bases de la subvención) habrían podido ejecutar una rehabilitación cuyo plazo era de un año y medio (547 días). Putin no tiene la culpa de que el Gobierno Municipal tardase 101 días en iniciar el expediente de contratación; los empleados municipales tampoco tienen la culpa de que la empresa adjudicataria emplease 212 días, en vez de 60, en terminar el proyecto, ni la fachosfera es culpable de que el Sr. Alcalde, que se había tomado un período de descanso nada más tomar posesión del cargo, tardase más de dos meses en nombrar al responsable de las obras.

Son los miembros del anterior y del actual Gobierno Municipal los únicos responsables de este desaguisado, de esta chapuza infecta y desastrosa que está costando miles de euros a todos los monfortinos. Sí, los mismos que han estado dedicando ingentes esfuerzos y dinero de los contribuyentes para perseguir en los tribunales a sus adversarios políticos, los mismos que han desengrasado la maquinaria administrativa municipal acosando a decenas de empleados, los mismos que han empleado su tiempo en enriquecerse bien “pillando” subvenciones para ellos mismos, como la citada concejala o bien usando los servicios municipales para despojar de sus bienes a una indefensa anciana. Son los mismos que van a convertir a Monforte del Cid en un páramo fotovoltaico. Inútiles, incompetentes, mentirosos y corruptos. Ya está bien.

Fdo. Santiago de Munck Loyola

Mi muerte civil frustrada.

El lunes 4 de noviembre, recibí una llamada de mi abogado y buen amigo José María Bueno Manzanares.

Jose Maria Bueno Manzanares

Se trataba de una llamada que llevaba esperando casi un año, cuando acabó visto para sentencia el procedimiento penal que se inició a primeros de 2018 contra la exalcaldesa de Monforte y contra mí, como exsecretario del Ayuntamiento. Inmediatamente se me encogió el estómago y se me aceleró el pulso. Absuelto de todos los cargos, por los que se me pedían casi 20 años de cárcel y 200.000 € de indemnización, me dijo y empezó a relatarme algunos datos de la Sentencia que por unanimidad habían dictado tres magistrados de la Audiencia Provincial. Pero ya casi no podía escucharle, las lágrimas se me saltaron y la sensación de despertar de una larga pesadilla me inundó. Se acababan casi siete años de persecución política, de humillación publica, de difamaciones e injurias promovidas por una administración pública mal gobernada por comunistas, socialistas y tránsfugas quienes han empleado para ello decenas de miles de euros de los contribuyentes.

La querella fue promovida por la Alcaldesa de Monforte, Mª Dolores Berenguer Bello, 

Mª Dolores Berenguer Bello

una persona claramente marcada por su ambiente familiar, una resentida social cargada de odio, de complejos y vengativa, muy engreída, con escasa formación intelectual y menos modales. Su profundo odio hacia mi era político y personal. Y necesitaba imperiosamente hacerme daño, a mí, a mi familia, a amigos y compañeros de trabajo que simpatizaban conmigo y echarme del Ayuntamiento para eliminar un molesto testigo de todas las tropelías que estaba haciendo y por las que le espera un largo paseíllo por los tribunales penales. Contó con tres aliados necesarios: el jefe local del PSOE y concejal de personal, Vicente García, más aficionado al alcohol que al trabajo, con menos formación aún que la alcaldesa; con la concejala de Ciudadanos, Maite de las Nieves Alberola, tránsfuga después,

y conocida como la lideresa del Partido de la tapia, casada con José Vicente Boyer, un técnico municipal colocado a dedo por el PP, partido al que traicionó obedeciendo bovinamente a su mujer y a su suegro;

Vicente Garcia, Berenguer Bello y Jose Fernando 

Mullor Ortiz

por último, el Secretario Interino, José Fernando Mullor Ortiz, exsecretario de triste recuerdo en Hondón de las Nieves, acusado por la fiscalía por corrupción por aquel entonces y un jeta pedante, lameculos, embustero redomado y con tan poca vergüenza como escasa dignidad personal y profesional. 

Estas cuatro calaveras estaban acompañados y coordinados por el asesor de la alcaldía, Francisco José Lifante Martínez, alias “Flipante”,

Flipante a la izquierda.

exconcejal comunista que, vividor de lo público, tras su paso por la concejalía de juventud, dejó en su ordenador un historial de búsquedas en internet sonrojante, masón militante, con ínfulas intelectuales, dedicado al cotilleo político y a hacer negocios desde el ayuntamiento o con el ayuntamiento, conspirador, manirroto y tan digno de confianza como una zorra vigilando un gallinero.

En 2017, tras casi dos años de un implacable acoso laboral durante el que me aislaron en un edifico de tres plantas en el que yo era el único empleado municipal, me recortaron el sueldo arbitrariamente, me aislaron de mis compañeros a los que prohibieron relacionarse conmigo castigando a quienes desobedecían, me difamaron e intentaron humillar, decidieron, a la vista de que, como cumplía con mi trabajo no podían expedientarme, expulsarme del Ayuntamiento anulando la oposición que había aprobado en 2008. Y para ello, aprobaron en Pleno un expediente de revisión de oficio de mi selección y nombramiento en 2008, elaborado por el inefable Fernando Mullor, plagado de falsedades, con testimonios de funcionarios cuyas respuestas habían sido escritas previamente por el Sr. Mullor y, lo que es peor vulnerando mi derecho a examinar el expediente de 2008. Anularon mi condición de funcionario, algo reservado por ley a un juez, me expulsaron, me dejaron sin seguridad social y sin derecho al desempleo o a cualquier tipo de prestación pública.

La alcaldesa, la transfuga y el concejal de personal

celebrando mi expulsión mientras perpetran la

canción Mamma mía.

Como presenté un recurso contencioso administrativo decidieron paralizarlo presentando ellos una querella contra mí y la exalcaldesa del PP acusándonos de toda clase delitos. Faltó que nos acusaran de la muerte de Manolete. Y todo ello aderezado con toda una serie de difamaciones ampliamente esparcidas por el pueblo y redes sociales por la alcaldesa comunista, alias “la albondiguilla”, muy dada al chismorreo, y por sus acólitos. Tras cinco años de instrucción, que se dice pronto, de toda la sarta de acusaciones (más de nueve hechos distintos) la jueza instructora decidió imputarnos tres presuntos delitos: por una supuesta falsedad documental en una resolución de alcaldía que ni siquiera había firmado yo en la que había un baile de fechas, por haber ejercido las funciones de secretario accidental sin nombramiento escrito en algunos días en los que el secretario titular no había acudido a su puesto de trabajo y por haber sido nombrado gerente de servicios municipales. El juicio oral iniciado en octubre de 2023 y finalizado en noviembre del mismo año, sirvió, entre otras cosas, para acreditar la miseria moral de algunos de los testigos que mintieron con descaro ante los jueces como la exconcejala popular Remedios Agulló, como el administrativo José Manuel González, “el Lecher”, como la administrativa María José Benito Salas, la “Poro”, o como el Sr. Mullor, alias el “tres mil”. Aún estoy deseando conocer las múltiples propiedades inmobiliarias que en sus falsos testimonios me adjudicaron.

Y lo más llamativo fue que la denunciante principal, la promotora de esta querella, la “albondiguilla”, se negó a ir a declarar. Toda una valiente que empleó casi 30.000 euros de los vecinos en abogados para acusarnos falsamente y no tuvo la decencia de ni siquiera ir a ratificar sus acusaciones. Pura basura comunista.

Tantos años y dinero empleado y no consiguieron convencer a los tres magistrados de la audiencia provincial de nuestra culpabilidad. Nos absolvieron con todos los pronunciamientos favorables. Esta banda de sinvergüenzas había decretado mi muerte civil porque ya lo del paseíllo no se lleva. Pero erraron el tiro. El sufrimiento, la incertidumbre y la angustia padecida estos casi siete años tanto por mí, como por mis seres queridos, no nos los quita nadie. Pero pagarán por ello, por la vía judicial o por la de la vida. Estoy más que seguro. 

Fdo. Santiago de Munck Loyola

 

Nota de Prensa remitida por el Partido Alicantino Regionalista de Monforte del Cid.

21 de septiembre de 2024.

 

EL PARTIDO ALICANTINO REGIONALISTA DE MONFORTE DEL CID AYUDARÀ  A LOS VECINOS A INTENTAR RECUPERAR EL DINERO INDEBIDAMENTE PAGADO A AGUAS DE ALICANTE.

 

Tras presentar el pasado mes de agosto una denuncia ante los juzgados de Instrucción de Novelda por la existencia de un posible delito de exacciones ilegales, el Partido Alicantino Regionalista de Monforte del Cid ha iniciado hoy sábado una campaña informativa entre los vecinos para explicar la anómala situación existente en torno al suministro de agua potable y mantenimiento del alcantarillado en la localidad.

 

Hay que remontarse a septiembre de 2017, cuando el Gobierno Municipal de IU+PSOE+tránsfugas adjudicó la concesión para el suministro de agua potable y mantenimiento del alcantarillado a la empresa AMAEM (Aguas de Alicante) a cambio de 5 millones de euros de canon. Dicha concesión fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el 9-9-2020 mediante la Sentencia N.º 717/2020. Desde entonces, el Gobierno municipal no ha licitado un nuevo concurso. Sin embargo, año tras año, incluso después de haber sido anulada la concesión, AMAEM, con la conformidad del Ayuntamiento, ha venido subiendo las tarifas a los usuarios.

 

Pero, lo más sorprendente, es que no existe ningún soporte legal para que la concesionaria, AMAEM, pueda cobrar las facturas que regularmente pasa al cobro a los usuarios. Es decir, los precios del agua y demás servicios que cobra AMAEM solo pueden ser exigidos a los usuarios si previamente el Ayuntamiento los aprueba anualmente en la correspondiente ordenanza municipal, algo que nunca ha hecho. Así lo establece la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en su artículo 20.6. Por tanto, sin Ordenanza Municipal reguladora de los precios relativos al suministro del agua potable y alcantarillado, no se puede exigir a los usuarios el pago de las facturas emitidas por AMAEM por estos servicios. El Gobierno Municipal y AMAEM podrían estar incurriendo en un posible delito de exacciones ilegales.

 

Por todo ello, el PAR entiende que no hay obligación alguna para pagar las facturas de AMAEM y, no solo eso, sino que los vecinos tienen derecho a exigir el reintegro de todas las facturas pagadas hasta el día hoy con los intereses legales a que hubiere lugar. Por ello, la campaña informativa del PAR que se ha iniciado hoy explica a los vecinos esta situación, ofrece asesoramiento jurídico y facilita los impresos necesarios para que puedan reclamar a Aguas de Alicante el reintegro de las cantidades pagadas sin que existiera la correspondiente Ordenanza Municipal.

 

 

DENUNCIADO EL AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DEL CID POR UN PRESUNTO DELITO DE EXACCIONES FISCALES ILEGALES. (Noticia censurada por la prensa alicantina)

 29 de agosto de 2024.

DENUNCIADO EL AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DEL CID POR UN PRESUNTO DELITO DE EXACCIONES FISCALES ILEGALES.

El Ayuntamiento de Monforte del Cid lleva años permitiendo el cobro del servicio de agua potable y mantenimiento del alcantarillado sin haber aprobado la Ordenanza fiscal que lo autorice.

El Partido Alicantino Regionalista ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de guardia de Novelda contra el Alcalde, D. Juan José Hernández Rico, y la anterior alcaldesa y demás funcionarios responsables, por permitir el cobro por parte de la empresa Aguas de Alicante a todos los usuarios del servicio municipal de suministro de agua potable y conservación del alcantarillado sin que exista una Ordenanza Municipal que apruebe y regule las tarifas aplicables, lo que podría constituir un delito de exacciones fiscales ilegales previsto en el Articulo 437 del Código Penal.

En efecto, al hecho de que desde el 9-9-2020, el TSJ de la Comunidad Valenciana dictase la Sentencia N.º 717/2020 anulando el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Monforte del Cid de fecha 2 de marzo de 2017 y, por ende, la adjudicación a Aguas de Alicante del contrato mixto de concesión de la gestión integral del servicio municipal de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y obra pública y al ocultamiento de esta circunstancia a la Comisión de Precios de la Generalidad Valenciana para lograr el visto bueno de la misma a las subidas anuales de las tarifas, hay que añadir el agravante de que el Gobierno Municipal de Esquerra Unida y PSOE no ha aprobado ni una sola vez desde 2017 la modificación de las Ordenanzas Fiscales para autorizar las tarifas que se han venido aplicando a los usuarios monfortinos, de modo que todos los cobros efectuados por el consumo de agua potable y uso del alcantarillado son nulos de pleno derecho.

La disposición final duodécima de la modificación del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo añade un nuevo apartado 6 al artículo 20, en los siguientes términos:

«6. Las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se perciban por la prestación de los servicios públicos a que se refiere el apartado 4 de este artículo, realizada de forma directa mediante personificación privada o mediante gestión indirecta, tendrán la condición de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario conforme a lo previsto en el artículo 31.3 de la Constitución.

En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de obras o la prestación de servicios, en régimen de concesión, sociedades de economía mixta, entidades públicas empresariales, sociedades de capital íntegramente público y demás fórmulas de Derecho privado.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 103 de la Ley de Contratos del Sector Público, las contraprestaciones económicas a que se refiere este apartado SE REGULARAN MEDIANTE ORDENANZA. Durante el procedimiento de aprobación de dicha ordenanza las entidades locales solicitarán informe preceptivo de aquellas Administraciones Públicas a las que el ordenamiento jurídico les atribuyera alguna facultad de intervención sobre las mismas.»

La ausencia de esta Ordenanza invalida todos los pagos efectuados por los usuarios del servicio publico de agua potable y alcantarillado y obliga a Aguas de Alicante y al Ayuntamiento no solo a asumir las responsabilidades penales a que hubiere lugar, sino también a proceder al reintegro a los usuarios de las cantidades ilegalmente percibidas.

El PAR de Monforte del Cid considera irresponsable y negligente la gestión del gobierno municipal y exigirá la responsabilidad personal a los dirigentes políticos implicados para que asuman el enorme daño económico que, sin duda, esta situación va a generar a las arcas municipales.

Juan José Hernández Rico: un alcalde ignorante y/o mentiroso.

El 4 de abril de 2024, en el Pleno ordinario del Ayuntamiento de Monforte del Cid, el alcalde comunista, Juan José Hernández Rico, intentó amedrentar a los concejales esgrimiendo su particular interpretación del artículo 417 del código penal relativo a la revelación de secretos. El alcalde, firme defensor y encubridor de las prácticas corruptas de su antecesora, advirtió a los concejales que contar a los vecinos el contenido de las propuestas de acuerdos que se aprueban en las Comisiones Informativas para ser aprobadas o rechazadas en el Pleno del Ayuntamiento podría ser delito según el Artículo 417 del Código Penal. Dicho artículo señala lo siguiente “La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años”.

En cualquier partido democrático, las propuestas de resolución aprobadas en las comisiones informativas son trasladadas a la militancia o a sus órganos directivos por parte de los concejales para fijar el voto del partido en el Pleno. Es el ABC de la democracia participativa en el escalón más cercano al ciudadano, el municipal. Sin embargo, según el alcaldesito y la silente secretaria municipal, contar a los militantes de un partido, a sus órganos de gobierno qué se va a votar en un Pleno municipal sería un delito. Seguro que los concejales comunistas y socialistas votan en los Plenos sin que sus compañeros de partido puedan opinar lo más mínimo, y para opinar hay que conocer el contenido exacto de las propuestas de resolución, pero esa no es la práctica habitual en los demás partidos.

No existe norma alguna que señale que las propuestas de resolución de las comisiones informativas de un Ayuntamiento sean secretas o, como dice el código penal, que no deban ser divulgadas. Como tampoco lo son los dictámenes de las Comisiones del Congreso sobre los proyectos y proposiciones de ley. De hecho, suelen publicarse y difundirse ampliamente por la prensa los dictámenes de dichas comisiones, como todos hemos tenido la oportunidad de comprobar respecto a la futura Ley de Amnistía. Si fuera como dice el Sr. Hernández Rico, habría miles de condenas judiciales anuales de concejales por contar a sus compañeros qué se pretende votar en el siguiente Pleno a celebrar.

Hay quien debería hacer caso a sus mayores e intentar acabar sus propios estudios antes de atreverse a dar lecciones de derecho, exhibiendo su indigencia intelectual, para intentar coaccionar y amedrentar a los concejales de la oposición. Las mentiras en la vida privada puede que funcionen, pero en el ámbito público tienen un recorrido muy corto y minan la credibilidad de los políticos.

¿Ser nombrado funcionario de carrera sin hacer un solo examen? SÍ SE PUEDE. En Monforte del Cid.

Pues sí, no se lo van a creer, pero sí que se puede llegar a ser funcionario de carrera sin haber realizado ni un solo examen, ni un solo ejercicio. No es fácil, no, pero en España es posible nombrar a alguien, por muy zoquete que sea, funcionario de carrera sin haber preparado una oposición, sin haber tenido que competir con otros aspirantes y sin que sus escasas cualidades intelectuales o su inexistente laboriosidad sean un obstáculo.

¿Que no se lo cree? ¿Que la Ley lo prohíbe? ¿Que es ilegal? Ya, pero es posible. ¿Ilegal? Sí, pero posible. ¿Increíble? Sí, pero real. ¿Indecente? Sí, pero a pocos les importa. Y para muestras aquí va un botón.

 

He aquí la demostración de que, hasta lo imposible, lo ilegal y lo inmoral pueden hacerse realidad en esta nuestra España. Es de suponer que podrá ocurrir en algunos sitios, pero nos centraremos en uno muy concreto donde concurren circunstancias poco comunes.

 

Monforte del Cid, municipio de Alicante, es uno de los municipios donde puede hacerse realidad que hasta un zoquete pueda convertirse en funcionario de carrera sin pasar ni un solo examen. Para ello, es preciso cumplir algunos requisitos, algunas coincidencias no siempre fáciles de encontrar. 

 

El primero de ellos es que se produzca una conjunción planetaria, que diría Leyre Pajín, entre dos corruptas, dos concejalas electas y perdedoras: la primera dispuesta a comprar votos y la segunda ávida por vender el suyo. Esto ocurrió en 2015, la conjunción entre Mª Dolores Berenguer Bello de IU y Mª Teresa de las Nieves de Ciudadanos. La primera se convirtió en alcaldesa gracias al voto de la segunda, arrebatando la alcaldía al partido ganador, el PP del que provenía la segunda. ¿El precio? Pues, entre otras cosas, hacer funcionario de carrera al marido de la segunda, José Ramón Vicente Boyer, hasta entonces pepero en proceso de transformación larvaria y funcionario interino desde 2004 que había sido nombrado sin haber pasado ningún examen, ni haber cumplido ningún requisito legal.

 

El segundo requisito es que, dado que la ahora exalcaldesa corrupta no pudo completar el pago, lo haga su sucesor, Juan José Hernández Rico de IU también, quien ha asumido la deuda como propia y prevarica tragando sin asco alguno y firmando el nombramiento del corrupto funcionario, ahora de carrera, hasta hace unos días solo in pectore. Habría que preguntarse por qué un alcalde recién designado, joven y supuestamente bien preparado, asume esta porquería con el riesgo más que evidente de terminar en los tribunales.

 

El tercer requisito es que haya una oposición municipal pusilánime, apática o cómplice. Todos los concejales saben, porque hay un reciente informe del Secretario que así lo reconoce, que el agraciado, José Ramón Vicente Boyer, es funcionario interino sin reunir los requisitos legales para ello, es decir que fue nombrado ilegalmente y que, por tanto, ellos mismos deberían haber instado la revisión de su nombramiento y su cese, tal y como se hizo en otro caso con defectos formales irrelevantes. Sin bases de selección, sin convocatoria pública, sin tribunal válido y sin pasar ninguna prueba objetiva José Ramón Vicente Boyer debía haber sido cesado y, por consiguiente, no podía haber sido admitido a participar en los procesos de consolidación de empleo para funcionarios interinos que, para serlo, sí concurrieron a pruebas selectivas.  Es llamativo además que se haya colado en la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros como responsable del Área Profesional y Función Pública desprestigiando con su presencia a esta institución.

 

El cuarto requisito o coincidencia es que los funcionarios municipales que tengan que ejercer los controles de legalidad, como la Secretaría Accidental Soledad Megías, no cumplan con sus obligaciones bien por incompetencia o bien por complicidad.

 

El penúltimo requisito es contar con unos sindicatos domesticados más interesados en mirar por sus intereses particulares que por defender los derechos de todos los trabajadores o de la ciudadanía en general. Y, por último, hay que contar con una sociedad vecinal incapaz de luchar por los intereses colectivos, por la dignidad de su Ayuntamiento y temerosa además de meterse en problemas.

 

Como se puede apreciar es una realidad que se puede llegar a ser funcionario de carrera sin superar una sola prueba objetiva gracias a la confluencia de una serie de factores ciertamente poco frecuentes, pero no imposibles. Monforte del Cid, Alicante, y el caso de José Ramón Vicente Boyer son buena prueba de ello. No está dicha la última palabra porque la Justicia deberá aún pronunciarse sobre lo que constituye y verdadero escándalo administrativo y penal, sí, penal, porque la prevaricación del nombrador, del nombrado y de los cooperantes es más que evidente.

 

Fdo. Santiago de Munck Loyola

UN GRAN DÍA.

Hoy es un gran día para las personas decentes: hoy es el último día que ocupa la Alcaldía de Monforte del Cid M.ª Dolores Berenguer Belló. En 2015 no ganó las elecciones municipales, no llegó a la alcaldía siendo la fuerza más votada sino comprando el voto de dos concejales de Ciudadanos y con el apoyo de dos concejales de un PSOE en franco proceso de descomposición liderado por un candidato fracasado laboral y frecuentemente envuelto en vapores etílicos.

 

Pero llegó, a pesar de las compañías, y muy pronto dio rienda suelta a sus complejos, a sus frustraciones, a su mala educación y ausencia de modales, a su odio y al resentimiento social acumulado desde pequeña en su entorno familiar. Entre sus objetivos estaba hacer la vida imposible a todo aquel que considerase (en su fantasía paranoica) de clase superior, a todo aquel que no se plegase reverencialmente a sus intenciones, a todo aquel al que considerase corresponsable de los éxitos del gobierno anterior o simplemente amigo o colaborador de los dirigentes populares. Su desconfianza patológica y su arraigado resentimiento, propio de un profundo complejo de inferioridad, guiaron sus decisiones. Y en su diana estaba un humilde servidor, paradigma de todas sus fantasías patológicas, representación de su enemigo de “clase” y de sus peores paranoias. Desde el minuto uno, despreció mi disposición a colaborar profesionalmente en todo cuanto necesitase el nuevo gobierno y me declaró la guerra. Una guerra sucia, innoble, barriobajera y cobarde. Y fue a por mí y contra mi entorno laboral, social y familiar. Prohibió a los empleados municipales que se relacionasen conmigo, aunque fuera por Facebook. Llamaba al orden a quien osase tomarse un café conmigo. Persiguió e interrogó a todo aquel que fuera descubierto intercambiando palabras conmigo. No dudó en presentar denuncias falsas contra mi hija y contra otra profesora amiga, denuncias que no prosperaron en los juzgados, que costaron a los monfortinos miles de euros y por las que nunca pidió perdón. Difamó, mintió, falsificó documentos, humilló y despreció a funcionarios hasta el punto de que Monforte batió el récord de empleados municipales de baja por motivos psicológicos.  Se obsesionó con las redes sociales exigiendo explicaciones a cualquiera que se permitiese criticarla y más aún si tenía alguna relación con el Ayuntamiento, desplegó la difamación como medio para atemorizar a cualquier vecino que en sus alucinaciones considerase peligroso, usó a la administración y a los empleados municipales en beneficio propio y de sus familiares,…

 

Llegó y reveló su verdadero rostro: el rostro de la codicia y de la maldad. Llegó con una mano delante y otra detrás, pero se va como desde un principio pretendía. Con una casa enorme sin haber tenido que costear una hipoteca durante 20 ó 30 años a diferencia del resto de los mortales, cobrando el desempleo de momento y con decenas de miles de euros provenientes de la cuenta corriente de una pobre anciana a la que los servicios sociales que ella misma dirigía no tutelaron, no protegieron y no cuidaron. Se va habiendo conseguido para su hermano una casa en Orito, casa que ya ha vendido por casi 170.000 € y también decenas de miles de euros provenientes de la misma anciana. Se va con su padre, reconocido mundialmente por su laboriosidad,  colocado en una empresa que trabaja para el Ayuntamiento, eso sí, facturando cientos de miles de euros a dedo. Y se va con su marido también colocado (como experto en producción agrícola mundialmente reconocido) en una empresa a la que ha beneficiado con un pelotazo de órdago. Su rentable peripecia política solo ha sido posible por la cobardía y la miseria moral de muchos y la inestimable ayuda de una sombra siniestra, con ínfulas de intelectual, un traficante de intereses, alguien capaz de comprarse un BMW con dinero donado para la campaña electoral de su partido. Pero su indecente periplo no ha concluido aún. A ella y a cuantos la han ayudado a perpetrar sus tropelías les esperan años de comparecencias judiciales que ahora tendrán que costear con su propio bolsillo, no como hasta ahora con el dinero de los monfortinos.

 

Su atrevimiento le impulsó a intentar representar el papel tragicómico de pobre víctima “acosada”, cuando se descubrió y denunció ante la justicia parte de sus putrefactas maniobras. En vez de venir “llorada” de casa, como hace cualquier político honesto, aparecía en los plenos como una pobre víctima del acoso de una banda de facinerosos fascistas. Ella, la acosadora por antonomasia, acusando a los demás de practicar sus propias tretas ¡patética, ridícula y desvergonzada!

 

Pero se va, se ha ido para bien de la sociedad y de la decencia pública. Y se ha ido mintiendo, como no podía ser de otra forma cuando se trata de una corrupta. No ha renunciado por un supuesto e inexistente acoso, no. Se ha ido porque la justicia le pisa los talones. Experta en herencias la que deja a su sucesor no es moco de pavo. Ojalá éste sepa corregir el rumbo marcado por la cesante y rectificar sus errores, aunque no tiene mucho tiempo para hacerlo. A buen entendedor sobran las palabras.

 

“El rostro es el espejo del alma, y los ojos, sus delatores” dijo Cicerón. Y así es, se va de la política una mala persona cuyo rostro es fiel reflejo de su alma. Un gran, grandísimo día.

 

Fdo. Santiago de Munck Loyola

Aguas de Alicante sube ilegalmente la tarifa del agua potable un 14,5% y el servicio de alcantarillado hasta un 950% en Monforte del Cid.

COMUNICADO DEL PAR.

8-2-2023.

El Boletín Oficial de la Provincia de Alicante N.º 26 de fecha 07/02/2023 publicó la “Modificación de las tarifas de abastecimiento de agua, alcantarillado, conservación de contadores, contratación y reposición en Monforte del Cid”. Esta modificación, según esta publicación, se justifica así “De conformidad con lo dispuesto en el contrato mixto de concesión de la gestión integral del servicio municipal de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y obra pública del municipio de Monforte del Cid…”.

Sin embargo, el contrato mixto de concesión de la gestión integral del servicio municipal de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y obra pública del municipio de Monforte del Cid fue anulado en la Sentencia N.º 717/2020 de fecha 9-9-2020 de la Sala Quinta del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA en la que se falla lo siguiente:

“1.- ESTIMAR el recurso de apelación que Aguas de Valencia S.A. ha presentado contra la sentencia 775/2018, de 28 de diciembre, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º 1 de Alicante (proceso 377/2017). El Juzgado no accede a la pretensión de invalidez jurídica que la sociedad apelante formuló contra una decisión, de 2 marzo 2017, del Pleno del Ayuntamiento de Monforte del Cid. Esta decisión acuerda:

"Primero. Aprobar el expediente de contratación sujeto a regulación armonizada, mediante procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la concesión del Servicio Público de Agua Potable y mantenimiento del Alcantarillado, así como de Concesión de Obra Pública convocando su licitación".

"... Tercero. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que regirán el contrato".

2.- REVOCAR esta decisión judicial.

3.- ANULAR el acuerdo de dos marzo 2017, al contrariar el ordenamiento legal aplicable. También quedan afectados por la invalidez la adjudicación del vínculo y el contrato firmado con el óptimo contractual”.

A pesar de ello, AMAEM con la aquiescencia del Gobierno Municipal de IU de Monforte del Cid ha aprobado una escandalosa subida de tarifas del 14,5 % que afectan al abastecimiento de agua potable, a la conservación de contadores, a la contratación y reposición del servicio. Y lo que es más escandaloso aún es el incremento de las tarifas por el servicio de alcantarillado que oscilan entre el 225% y el 950 % según el diámetro del contador.

A juicio del Partido Alicantino Regionalista de Monforte del Cid “estas escandalosas subidas responden a la necesidad de AMAEM de tratar de amortizar el sobreprecio de más de 1,5 millones para gastos generales que pactó con el Gobierno Municipal tripartito de IU, PSOE y C’s para hacerse con la adjudicación y que está denunciado ante la Agencia Valenciana de Anticorrupción. Pero, es que, además, estas subidas carecen de respaldo jurídico pues, tal y como se enuncian en el BOP, se hacen de conformidad con lo dispuesto en un contrato que fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en septiembre de 2020. Es evidente que la alcaldesa comunista y su Gobierno Municipal no miran por los consumidores, sino por los intereses de las poderosas empresas y por los suyos propios, porque no hay otra manera de interpretar su falta de oposición y de denuncia a este abuso del monopolio del agua”.

EL PASADO 8 DE NOVIEMBRE MIEMBROS DE LA AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE SE PERSONARON EN EL AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DEL CID Y TRAS MÁS DE 10 HORAS SE LLEVARON DOCUMENTACIÓN URBANÍSTICA.

 

(ANTE LA CENSURA DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALICANTINOS REPRODUZCO LA NOTA DE PRENSA PUBLICADA AYER POR EL PAR)

Por primera vez en su historia, el Ayuntamiento de Monforte del Cid ha recibido la visita de varios miembros de la Agencia Valenciana Antifraude quienes estuvieron desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde requiriendo la entrega de expedientes administrativos al Gobierno Municipal, examinándolos y llevándose varios de ellos.

 

Todo parece indicar que esta actuación contra la corrupción de la Agencia Valencina Antifraude viene motivada por dos denuncias del Partido Alicantino Regionalista de Monforte del Cid ante los juzgados de Instrucción y ante la propia agencia por dos acuerdos urbanísticos adoptados por el consistorio que han supuesto pérdidas millonarias tanto para la Generalitat Valenciana como para el propio Ayuntamiento monfortino así como un “pelotazo” superior a los 5 millones para la empresa que contrató al marido de la alcaldesa en plena pandemia.

 

La primera denuncia del PAR fue presentada el 18-3-2021 (Diligencias previas 167/21), ampliada el 8 de noviembre del mismo año, por los presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias y delitos contra el medio ambiente contra la alcaldesa, el concejal de urbanismo y demás responsables por el acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el 4 de enero de 2021 aprobando definitivamente el Convenio de colaboración para el acondicionamiento de vial de salida del sector UZI-1 (actual UBZ-8 del plan general), a la CV-825, entre el Ayuntamiento de Monforte del Cid, la Agrupación de Interés Urbanístico “Las Norias” del Sector UZI-1 y las mercantiles Isidro Abad, S.L y Uvasdoce, S.L. Este Convenio supuso una pérdida de más de 1.200.000 euros de ingresos al Ayuntamiento. Una segunda ampliación de la denuncia fue rechazada por el juzgado dado que la naturaleza de los hechos requería una instrucción independiente. Igualmete el juzgado señaló que dada la complejidad técnica del asunto se había requerido a la Agencia Valenciana Antifraude su colaboración en la causa.

 

La segunda denuncia, derivada de la anterior, fue presentada por el PAR el 18-5-2022 por los presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias contra la alcaldesa de Esquerra Unida, Mª Dolores Berenguer Bello, el concejal de urbanismo del mismo partido, Angel Guitérrez Guillén, los funcionarios y demás personas responsables de la aprobación del acuerdo plenario de de 17-7-2018, aprobado por los concejales de todos los partidos, por el que se aprobó ilegalmente exonerar a los empresarios de la Agrupación Urbanística Las Norias de construir dos 

 

rotondas valoradas en un millón de euros y endosar su ejecución a la Generalitat Valenciana. Hay que resaltar que este acuerdo del Pleno se llevó a cabo sin seguir ninguno de los trámites exigidos por la legislación urbanística valenciana y sin que existiera ni tan siquiera el preceptivo informe del Secretario del Ayuntamiento, a la sazón, D. José Fernando Mullor Ortiz.

 

EL Partido Alicantino Regionalista de Monforte del Cid entiende que estas denuncias y actuaciones son solo la punta del iceberg de una gestión urbanística absolutamente corrupta, caracterizada por la falta de transparencia, el nepotismo y salpicada del victimismo de la alcaldesa que enseguida lloriquea invocando en su defensa un inexistente acoso ante cualquier crítica o denuncia política de la única oposición existente en el Municipio, la del Partido Alicantino Regionalista.

LA CONCEJALA DE BIENESTAR SOCIAL DE MONFORTE DEL CID AGRACIADA CON UNA SUBVENCIÓN DE LA GENERALIDAD VALENCIANA CUYA CONVOCATORIA OCULTÓ A LOS VECINOS.

 NOTA DE PRENSA.

13-8-2022

LA CONCEJALA DE BIENESTAR SOCIAL DE MONFORTE DEL CID AGRACIADA CON UNA SUBVENCIÓN DE LA GENERALIDAD VALENCIANA CUYA CONVOCATORIA OCULTÓ A LOS VECINOS.

El Diario Oficial de la Generalidad Valenciana de 21-I-2022 publicó la Resolución de 14 de enero de 2022, de la Dirección General de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética, convocando las subvenciones para mejorar las condiciones del interior de las viviendas, Plan RENHATA. En los días siguientes la mayoría de los Ayuntamientos anunciaron a sus vecinos esta convocatoria, como el de Aspe o Elche. Sin embargo, el Gobierno Comunista de Monforte del Cid, a diferencia de otros años, la ocultó a los vecinos no anunciando su convocatoria ni en la página Web municipal ni en sus páginas en las redes sociales.

 

El pasado 15 de julio, la Consejería de Vivienda de la Generalidad Valenciana publicó el Listado de la provincia de Alicante de las solicitudes de ayudas del Plan Renhata 2022 (cocinas, baños y accesibilidad interior de las viviendas) y su estado. Y aquí salta la sorpresa: en dicho listado solo aparece un solicitante del municipio de Monforte del Cid y que casualmente es Dª Maribel de las Nieves Antón, concejala de Izquierda Unida y responsable del Área de Atención al Ciudadano, Servicios Sociales, Tercera Edad, Comercio, Empleo y Consumo del Gobierno Municipal, responsable, por tanto, de no haber informado a los ciudadanos de la convocatoria de esta subvención.

 

El Partido Alicantino Regionalista de la localidad ha denunciado públicamente este nuevo escándalo del gobierno comunista de Monforte del Cid más preocupado en utilizar los recursos públicos en beneficio propio que en el de los vecinos de la localidad. Sigue así esta concejala la estela de su jefa, la alcaldesa Berenguer Bello, que no tuvo escrúpulo ninguno en usar los servicios sociales en beneficio propio para terminar quedándose con la herencia de una anciana que estaba bajo los supuestos cuidados del Servicio de Ayuda Domiciliaria.

 

A juicio de los dirigentes locales del PAR, la concejala debe renunciar a esta subvención pública y presentar su dimisión de forma inmediata porque su proceder carente de ética es inadmisible.