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martes, 11 de noviembre de 2014

Otra de viajes y de tomadura de pelo.


Hay que ver la que se ha organizado a cuenta de los viajes a las Islas Canarias del Sr. Monago, Presidente de la Junta de Extremadura, realizados cuando era senador y pagados por los sufridos contribuyentes. Y a cuenta también de los viajes a la misma isla y para estar con la misma señorita realizados también por el diputado popular por Teruel, Carlos Muñoz, quien, por cierto, ha anunciado que va a dimitir como diputado y como secretario provincial del Partido Popular. Por su parte el Sr. Monago ha pasado, entre lagrimita y homenaje, del yo no he hecho nada malo y puedo justificar “documentalmente” cada viaje que he hecho al pagaré los viajes y devolveré hasta el último céntimo de los que no se correspondan con las labores propias del cargo.

Esto de los viajes pagados por los contribuyentes no es nada nuevo, ni nada raro. Es posible que se haya armado tanto revuelo por cierta morbosidad que las coincidencias han levantado entre algunos comentaristas pero hay otros gastos de sus señorías mucho más escandalosos y que parecen pasar desapercibidos. Los viajes forman parte de la larga lista de abusos y privilegios que nuestra clase política se dota a si misma para hacer más llevadera su abnegada función de representarnos a los ciudadanos. Aunque esté mal citarse uno mismo, no queda más remedio que hacer referencia a dos artículos publicados en estas páginas ya en el año 2012 a cuenta de los viajecitos y los demás privilegios de sus señorías. http://santiagodemunck.blogspot.com.es/2012/06/una-de-viajes.html
En estos artículos, escritos a raíz de los viajes del Sr. Divar, se ponía en cuestión la práctica de abonar los viajes tanto públicos como privados de sus señorías y se demandaba que les fuera aplicados a todos el mismo rasero que entonces se aplicó al Presidente del Consejo General del Poder Judicial. 


Un servidor presentó un escrito al Congreso de los Diputados denunciando la inmoralidad de ciertas prácticas, entre ellas las de los viajes, y recibió como respuesta un escrito cuya copia se adjunta en el que tan sólo se señalaba que “la Cámara sufraga exclusivamente los viajes previstos en el Artículo 8.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados”. ¿Y qué dice ese artículo 8.2? Pues lo siguiente: Artículo 8.2. (los Diputados) Tendrán igualmente derecho a las ayudas, franquicias e indemnizaciones por gastos que sean indispensables para el cumplimiento de su función. A lo que se ve, los viajes de los señores Monago y Muñoz a las islas Canarias eran indispensables para cumplir con sus funciones de senador y diputado respectivamente. Pero, no conviene cargar las tintas sobre estos dos ilustres parlamentarios porque si existiera la más mínima transparencia en las Cortes Generales y pudiéramos conocer la relación de viajes gratis total de sus señorías nos llevaríamos una tremenda sorpresa.

Parece mentira que en estos tiempos en los que se habla de regeneración, de ejemplaridad y de austeridad la página web del Congreso sea un ejemplo de burla a la transparencia. Sus señorías ni siquiera tienen la decencia de “colgar” el presupuesto detallado de la institución lo que, sin duda, constituye una prueba más de los múltiples privilegios en los que vive instalada nuestra clase política. Privilegios que pasan por:

- Sueldos muy por encima de la media. Un diputado cobra como mínimo 2.813,87 euros a los que hay que sumar dietas, ayudas y otra serie de complementos.

- Gastos por alojamiento. Todo diputado de una circunscripción fuera de Madrid recibe 1.823,86 euros en concepto de ayuda para pagar los gastos de hotel o alquiler en la capital y en comidas y los de Madrid 870,56 euros. Eso sí estas cantidades están exentas de tributación en el IRPF. Por cierto, cerca de 70 diputados cobran mensualmente los 1.823,86 euros pese a tener vivienda en propiedad en Madrid y aquí no pasa nada.

- Además de no pagar billetes de avión, tren o barco tienen 250 euros al mes para taxis. Si usan su propio coche se les paga el kilómetro a 0,25 euros previa justificación.

- El Congreso les sufraga además un plan de pensiones. La Cámara ingresa el 10% del sueldo base mensual de un diputado a un fondo de pensiones para que cuando se jubilen reciban un complemento de pensión.

- Los casi 3.000 euros de sueldo base se complementan con otras ayudas: los vicepresidentes del Congreso, portavoces, portavoces adjuntos, presidentes de comisión y otros altos cargos reciben un complemento de como mínimo 1.000 euros mensuales por gastos de representación y el Presidente del Congreso 3.327, 89 euros. También existe un complemento mensual por gastos de libre disposición que cobra el Presidente, el Vicepresidente, los Secretarios y Portavoces, entre otros,  ayuda que oscila entre los 600 y los 2.728 euros.

- Si viajan al extranjero en misión oficial reciben 150 euros por día y 120 euros si el viaje es dentro del territorio nacional.

- Además, sus señorías reciben un ‘kit tecnológico’ que les da derecho a que el Congreso les facilite, un teléfono, un Ipad y el pago de la conexión Adsl de su casa.

- Pueden además sus señorías compatibilizar varios sueldos públicos así como compatibilizar su escaño con algunas actividades privadas. Y todo ello sin control del absentismo laboral.

Todo ello parece indicar que el asunto de los viajecitos de marras puede que tan sólo sea “el chocolate del loro” o la punta del iceberg del coste de la casta. Lo cierto es que nuestros parlamentarios gozan de una situación de privilegio que pagamos todos los ciudadanos a los que nos han sometido a toda clase de recortes sin que ellos hayan sido capaces de hacer un mínimo ejercicio de austeridad y de ejemplaridad. Y visto lo visto, cuando sale a la palestra el vicesecretario general de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, para decir que los diputados y senadores pueden viajar, a cargo del contribuyente, por todo el territorio nacional y que cuando termina su jornada tienen el viaje pagado "al lugar donde tienen su vida privada ese fin de semana" da la sensación de que se está, sencillamente, burlando de los ciudadanos o tomándonos por tontos.

Santiago de Munck Loyola



jueves, 30 de enero de 2014

Huelgas y servicios públicos.


El pasado mes de noviembre tocó a los vecinos de Madrid sufrir las consecuencias de la huelga de los empleados de las empresas concesionarias de los servicios de limpieza viaria. El conflicto que enfrentaba a trabajadores y empresas concesionarias tenía su origen en la entrada en vigor el 1 de agosto de un nuevo contrato que integraba los servicios de limpieza y de jardinería y por el que las concesionarias iban a recibir un 16% menos de dinero por hacer el mismo trabajo. Las empresas que voluntariamente habían suscrito el nuevo contrato decidieron plantear un ERE con el despido inicial de 1.400 trabajadores, rebajado posteriormente a 1.134. Y la huelga cuyas consecuencias pagaron los contribuyentes estalló. Tras varias jornadas de huelga y la aparición de la empresa pública Tragsa para paliar los graves efectos de la huelga, empresas y trabajadores llegaron a un acuerdo y la huelga fue desconvocada. La semana pasada le llegó el turno a nuestra ciudad. En esta ocasión, a los cinco meses de que el Ayuntamiento otorgase el traje a medida, perdón, el contrato del servicio de recogida de basuras por 12 años al único licitador, cosa extraña en este país donde a cualquier licitación pública acuden decenas de empresas, la UTE de la que forma parte la empresa ¡Oh casualidad! del Sr. Ortiz, el de la fiesta en pijamas con la Sra. Alcaldesa, se inició una huelga por parte de los trabajadores de este servicio municipal. Tras varios años de recortes en las condiciones de los trabajadores del servicio municipal impuestos por parte de INUSA, empresa que forma parte de la UTE que hace 5 meses se vio agraciada con el suculento contrato municipal, se quería producir una nueva vuelta de tuerca pretendiendo eliminar el convenio vigente. Parece que, al final y gracias a la huelga, el ajuste se va a limitar a tres años sin subida salarial (la empresa quería cinco), media hora más de jornada que antes, un máximo de 40 días anuales de baja por enfermedad común por cada trabajador y mantener 21 días de vacaciones entre octubre y mayo, principalmente. Y, en estos días, también en una importante localidad, Alcorcón, se está desarrollando otra huelga del servicio de recogida de basuras.

La falta de recursos económicos, el despilfarro y la mala gestión está empujando a muchos ayuntamientos a reducir de forma importante las partidas destinadas a servicios públicos básicos y esenciales como la limpieza viaria o el tratamiento de residuos. Pretenden que con menos dinero se sigan prestando esos servicios sin importar, al parecer, que ello repercuta en la calidad de las prestaciones. Y en esta estrategia parece que participan, sin ningún reparo, las empresas concesionarias que, al final, hacen recaer los recortes en los trabajadores con el fin de mantener e incluso incrementar sus beneficios empresariales a pesar de la dureza de la crisis. Hasta ahora al obtener una adjudicación de un contrato para prestar estos servicios públicos, el adjudicatario se subrogaba en las relaciones existentes con los trabajadores que venían prestando el servicio para el antiguo adjudicatario. Sin embargo, los últimos conflictos evidencian que ya no es así. Las empresas licitan a la baja y automáticamente intentan repercutirla en los empleados con el consiguiente deterioro del servicio público prestado mediante la gestión privada.

El debate sobre la gestión pública o privada de servicios públicos siempre ha estado presente entre los partidos políticos y últimamente los ciudadanos hemos podido asistir a la confrontación dogmática entre la izquierda y la derecha. Hay quienes defienden a ultranza la bondad de la gestión privada y tratan de identificarla con una mayor economía y eficiencia y desde posiciones ideológicas contrarias se defiende la gestión pública de los servicios públicos como la única válida. Sin embargo, se trata de un debate falso y tramposo. Los que en un municipio o en una comunidad defienden la gestión pública a ultranza, resulta que en no pocas ocasiones allí donde gobiernan no tienen reparo alguno en apostar por el modelo de gestión privada. Basta recordar que, por ejemplo, en Rivas Vaciamadrid, quizás el municipio más grande gobernado por IU con mayoría absoluta, la Empresa Municipal de la Vivienda está gestionada por una empresa privada mientras el Ayuntamiento se manifiesta una y otra vez contra cualquier iniciativa privatizadora del gobierno regional madrileño.

Sin embargo, la elección entre una fórmula u otra no es tan simple ni puede obedecer simplemente al color político del gobernante. Hay que tener en cuenta que al coste de cualquier servicio público hay que añadirle cuando está privatizado o externalizado, como gusta a algunos denominarlo, el importe del IVA que cada Ayuntamiento ha de abonar a la empresa gestora y el propio beneficio empresarial de la misma. La diferencia entre la gestión directa o a través de un concesionario sería mucho menor si las administraciones públicas no tuvieran que pagar el IVA en los casos de gestión de servicios públicos a través de empresas privadas, pero no es así y no parece que el Ministerio de Hacienda esté dispuesto a aligerar la presión fiscal a los municipios ni a los contribuyentes. La elección entre la gestión privada o pública de los servicios públicos no puede ni debe depender de dogmas políticos, de ideologías, sino del sentido común, de las características propias del servicio a prestar, de la capacidad operativa de la administración, de la capacidad económica y de la cualificación de los gerentes del mismo y, sobre todo, de la obligación política de prestar al ciudadano los mejores servicios con la máxima eficiencia.

Desgraciadamente no siempre impera el sentido común ni gran parte de la clase política dirigente está a la altura para asumir y poner en marcha retos semejantes. Da la sensación que muchas veces se opta por el camino más fácil. Seguramente, nuestro Ayuntamiento cuenta con la capacidad humana y técnica para ofrecer muchos servicios públicos de forma directa y con unos niveles de calidad y eficiencia similares o superiores a los de muchas empresas pero da la sensación de que falta la voluntad, la valentía y la capacidad en sus rectores para apostar por ello o que priman más los intereses particulares que los del conjunto de los alicantinos.

Santiago de Munck Loyola



lunes, 20 de mayo de 2013

Sin financiación justa no puede haber un reparto justo del déficit.



Estos últimos días ha estado muy agitado el patio autonómico a cuenta del reparto del déficit. Y si esta agitación la ha producido el reparto del déficit resulta inimaginable lo que habría sido si el reparto fuera de un superávit. Habrían volado los cuchillos y las navajas. Cada Presidente autonómico y en especial los del PP que para eso son la mayoría ha intentado hacer valer sus razones y argumentos sobre cómo debería ser ese reparto: igual para todos, asimétrico, penalizando a los incumplidores, premiando a los más cumplidores, etc. Cada cual, en su visión de reino de taifa, se encuentra asistido de poderosas razones con las que sostener sus argumentos. Muchas de las ideas que se han expuesto parecen bastante razonables.

No les falta razón a quienes llevan años apretándose el cinturón y claman contra una posible benevolencia hacia los incumplidores. Para muchos, el hecho de que Cataluña pueda verse beneficiada con un mayor margen de déficit que el resto sin haber hecho los deberes como los demás y sin haber renunciado a gastos inútiles y disparatados constituye una afrenta, no para ellos, sino fundamentalmente para los ciudadanos de sus respectivas Comunidades Autónomas que sí han sufrido los rigores de toda clase de ajustes y recortes en nombre de la tan cacareada austeridad y estabilidad presupuestaria. Señalan que otorgar a Cataluña un mayor déficit que al resto de las comunidades autónomas es facilitar, además, el proyecto independentista a costa del bolsillo de los demás. Y no es que los ciudadanos de Cataluña no hayan sufrido en sus carnes también muchos recortes de mano de sus gobernantes separatistas sino que lo han hecho a costa de mantener seudo embajadas superfluas o un entramado televisivo público insostenible, pero muy rentable políticamente para los fines separatistas.

Hay quien, como el Presidente Fabra, reivindica el establecimiento de un déficit asimétrico, o sea, desigual, para entendernos, justificado por un hecho indiscutible como es la gran diferencia de financiación entre las distintas comunidades autónomas; un hecho que viene perjudicando especialmente a la Comunidad Valenciana que tan sólo entre 2011 y 2012 ha recibido 5.500 millones de euros menos de lo que habría recibido en el supuesto de contar con la misma cantidad por habitante, por ejemplo, que Cataluña. La Comunidad Valenciana ha sido la autonomía que menos ingresos públicos por habitante ha tenido en estos dos últimos años. Por cierto, algo parecido le pasa a la Provincia de Alicante en cuanto a las inversiones de la Generalitat en la misma que, al igual que con las inversiones estatales, está discriminada. No se puede pedir a quien recibe menos financiación que disminuya sus gastos en la misma medida que quienes perciben mucho más por cada habitante.

A nadie se le escapa que el tema de la financiación es un tema espinoso cuya solución se viene arrastrando desde hace muchos años. A la hora de pedir dinero, cada región encuentra siempre un motivo diferencial con el que justificar una demanda mayor que la de su vecino. Cuando no se trata de las peculiaridades geográficas, se trata de el PIB o si no de la población estacional, el nivel de desempleo o la existencia de lengua propia. Lo cierto es que hoy el principio constitucional de la igualdad entre los españoles está más lejos que nunca de ser una realidad. Los españoles, en función del territorio de residencia, cuentan con un mayor o menor catálogo de prestaciones públicas, una fiscalidad diferente y una aportación estatal también distinta. Es evidente que seguir avanzando en la misma dirección sin antes proceder de una vez a abordar con decisión y con la legitimidad que otorgan las urnas a una profunda revisión de nuestro modelo sólo puede servir para seguir incrementando los agravios comparativos entre los ciudadanos españoles. Establecer un determinado criterio del reparto del déficit sobre la base de un injusto sistema de financiación que hace que valga más un ciudadano residente en Navarra que otro en la Comunidad Valenciana es profundizar en la injusticia y en la fragmentación de la cohesión social.

En todo caso y sea cual sea la solución que finalmente se adopte en este asunto, bienvenido sea el debate público entre los dirigentes autonómicos y especialmente entre los populares. Pese a lo que algunos afirmen, el debate público es siempre enriquecedor y, como muy bien ha señalado alguno, unidad no es lo mismo que uniformidad. Es posible que “el apoyo al gobierno no sea negociable” entre los Presidentes autonómicos populares, pero lo que es indiscutible es que lo que no es, ni debe ser negociable es la lealtad a los ciudadanos y la defensa de sus derechos frente a cualquier tipo de injusticia discriminatoria. No le falta razón al Presidente Fabra pero en política, en muchas ocasiones, no basta con tener razón. Deberá tener cuidado con lo que dice no sea que alguien termine por acusarle de intentar crear una corriente de opinión contraria a los intereses del partido si éstos, además, no coinciden con los intereses del ciudadano.

Santiago de Munck Loyola

jueves, 25 de abril de 2013

Los demoledores datos de la EPA.



Los datos de la EPA sobre el paro que hoy se han hecho públicos no pueden ser más desalentadores: más del 27 % de desempleo, casi 2.000.000 de hogares españoles con todos sus miembros en paro, más del 57 % de los jóvenes en paro… Comunidades autónomas como Andalucía con un paro del 38 %. En fin, cifras y datos tras los que se desarrollan auténticos dramas personales, proyectos vitales truncados y sombrías perspectivas de futuro. Se mire por donde se mire, estamos viviendo una situación dramática, una auténtica emergencia nacional que no puede prolongarse por mucho más tiempo. No sirve de consuelo el argumento que algunos esgrimen apelando a una desaceleración en el ritmo de destrucción de empleo porque, lo cierto, es que cada vez queda menos empleo que destruir. Y es posible que de no haberse adoptado muchas de las medidas que se ha visto obligado a tomar el Gobierno de Rajoy se habrían perdido más puestos de trabajo aún, pero eso es entrar en el terreno de las hipótesis y, en cualquier caso, no sirve de nada a los más de 6.200.000 ciudadanos que se han quedado sin trabajo, ni a los que están en riesgo de perderlo antes o después.

Una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno del Partido Popular, a pesar de ser contraria a su propio programa, fue subir determinados impuestos para recaudar más y recortar sueldos a los funcionarios públicos para gastar menos. Ambas medidas, como desde estas líneas se anunció, suponían detraer dinero de los bolsillos de los ciudadanos. Y a menos dinero en los bolsillos, menos consumo y a menos consumo menor producción y más paro. Era evidente e inexorable. Se sacrificó una parte de la liquidez en el mercado para obtener más ingresos públicos con los que hacer frente a los intereses de la enorme deuda pública generada en los últimos años. Pan para hoy y hambre para mañana. Dígase lo que se diga, no se crea empleo subiendo impuestos.

Pero es que además, a lo largo de los últimos meses, los ciudadanos no sólo hemos visto reducida nuestra capacidad adquisitiva con las subida de impuestos y con los recortes salariales, sino que, además, hemos sufrido y estamos sufriendo muchos recortes que afectan a casi todas las esferas de nuestra vida diaria. Es evidente que si no había, ni hay dinero para sostener el conjunto de prestaciones públicas había que recortarlas hasta donde fuese posible. Sin embargo, estos recortes que han afectado a la educación, a la salud o al bienestar social no han venido acompañados de unos recortes paralelos en el estatus de la clase política ni en las estructuras políticas de nuestro estado. Padecemos un modelo de estado cuya estructura no es sostenible económicamente, no hay dinero público suficiente para sostener este tinglado administrativo y político que hemos construido durante los últimos treinta años. Y sin embargo, no se abordado la imprescindible reforma de nuestras administraciones públicas que no podemos costear. Hemos sido muy rápidos para reordenar las prestaciones públicas que beneficiaban a los ciudadanos y desesperadamente lentos para hincar el diente a un estado insostenible. Y, en paralelo, los gritos de quienes se han venido oponiendo a cualquier recorte social han equilibrado sus tremendos silencios para pedir recortes en nuestra estructura política y administrativa.

Todos sabemos ahora que gastar mucho más de lo que ingresamos se paga con creces y que ahora debemos dedicar mucho dinero a pagar intereses de lo que debemos, dinero que nos sacan del bolsillo, vía impuestos o recortes, y que por tanto no lo podemos dedicar a invertir y a generar empleo. Somos ahora más conscientes que nunca que con la máquina de hacer dinero fuera de nuestro control no podemos por nuestra cuenta incrementar la masa de dinero circulante. Estamos percibiendo que la necesaria austeridad también tiene límites que una vez rebasados la convierten en un profundo obstáculo para la recuperación. Hemos constatado cómo los mercados se fían o no de nuestra capacidad y nos prestan dinero caro o barato en función de la confianza que sepamos inspirar. Y sabemos que sin más dinero circulando en los mercados, no puede haber más actividad económica y que sin ésta no se pueden generar más empleos.

No hay soluciones mágicas, ni recetas infalibles para solucionar este desolador panorama y quien afirme estar en posesión de las mismas seguramente está equivocado. Pretender insistir en aplicar las políticas económicas del anterior gobierno sería rematar definitivamente al enfermo. Querer insistir sin rectificaciones en el modelo actual es desesperantemente lento y agónico para todos y especialmente los desempleados. Hay reformas estructurales que se deberían haber abordado ya para flexibilizar más los mercados, para eliminar trabas administrativas, suprimir controles superfluos, para acabar con monopolios encubiertos de suministros, para unificar nuestro mercado interior acabando con las barreras impuestas por las autonomías, etc. Y, además, se tendría que haber empezado por rediseñar una estructura política y administrativa y por impulsar la regeneración de la clase dirigente española (la política, sindical y empresarial) que son los auténticos culpables de haber infravalorado lo que se venía encima y de no haber sabido ofrecer las soluciones para paliar los efectos de esta crisis. Se mire como se mire, lo cierto es que padecemos un Estado que absorbe la mayor parte de los recursos y energías de la sociedad y con esa losa encima es muy difícil avanzar.

Santiago de Munck Loyola


domingo, 28 de octubre de 2012

Las personas importan, no las banderas.



La historia está repleta de ejemplos de gobernantes que, ante su propia necesidad de supervivencia, han sabido dirigir la atención de sus conciudadanos hacia metas o enemigos imaginarios desviando así la atención de la realidad más próxima y que más les podría perjudicar. Hoy casi todos estamos pendientes del capote independentista que el Sr. Mas está agitando con cierta soltura y nos fijamos en las estrafalarias afirmaciones de su entorno: que si los aviones españoles les amenazan, que si Cervantes y Cristóbal Colón eran catalanes, que si Cataluña perdió 600 años de “autogobierno”… No importa la majadería que suelten, todos entramos al trapo.

Es cierto que hay muchos catalanes, inducidos o convencidos, que sienten que la independencia es su sueño, pero también es cierto que la independencia o no de Cataluña no es el principal problema que ensombrece la vida de millones de catalanes. El Sr. Mas y su partido heredaron una administración arruinada por el tripartito pero ha sido incapaz de poner remedio a dicha herencia y los problemas no han hecho otra cosa que crecer.

Los datos están ahí y no se trata de frías estadísticas sino que detrás de cada número hay personas sufriendo, auténticos dramas familiares que no van a encontrar remedio con el simple debate sobre la independencia. Durante el tercer trimestre de 2012 el paro ha subido en Cataluña en 18.000 personas más, alcanzando un total de 840.000 desempleados, es decir, el 22,56%. Simultáneamente, en el conjunto de España, el paro ha subido en 85.000 personas, un 1,5% más que el trimestre anterior, hasta situarse el número total de desempleados en 5.778.100,  el 25,02%. Mientras discutimos sobre la independencia, Cataluña es una de las comunidades en las que mayores incrementos de parados se han dado en el último año, un 13,26 % más que en el tercer trimestre del año pasado.

En este contexto político, económico y social, en Cataluña el 57% de los ciudadanos lo tienen crudo para llegar a fin de mes, el 39% de las familias no pueden permitirse ni una semana de vacaciones al año y el 12,7% no puede siquiera poner la calefacción. Mientras se inflaman los sentimientos independentistas y se emplea mucho dinero en ello, el número de las familias que viven de alquiler se ha disparado en cinco años (del 14% al 24%). Mientras el Sr. Mas prometía hoy que en una Cataluña independiente bajaría los impuestos resulta que hoy uno de cada tres catalanes está bajo el umbral de la pobreza, más de 2.200.000 pobres. Claro que habrá quién rápidamente argumentará que eso es porque Cataluña entrega al Estado mucho más de lo que recibe y no le importará lo más mínimo que según los últimos datos oficiales es la Comunidad de Madrid la que más dinero ingresa a las arcas del estado, recibiendo a cambio mucho menos que las demás o que Cataluña, por ejemplo.

Muchos economistas han rebatido una y otra vez el manido argumento de la balanza fiscal desfavorable para Cataluña, pero les da igual. Lo de la solidaridad, principio básico en todo estado moderno y rector de la construcción europea, no cuenta para ellos, para los que siendo incapaces de resolver los problemas de la sanidad, la educación, las pensiones o la simple convivencia, buscan en la independencia la tapadera de su ineptitud. Pues gracias a esa solidaridad tan denostada por los independentistas es por la que en Cataluña o en el País Vasco se pueden seguir pagando las pensiones desde el año 2010. Son los excedentes de cotización a la Seguridad Social de Canarias, Madrid y Baleares los que pagan en este momento el déficit que arrojan las pensiones en Cataluña y el País Vasco entre otras regiones de España. Según estos datos, durante 2010, la aportación total de Cataluña a la Seguridad Social fue de18.422 millones de euros, pero sus pensiones costaron 18.842 millones. El desfase se acentuó en 2011, el último ejercicio cerrado, cuando los ingresos por cotizaciones de Cataluña ascendieron a 18.373 millones y los gastos en pensiones fueron de 19.541 millones.


Pueden seguir agitando el referéndum o la bandera de la independencia pero lo cierto es que mientras tanto los recortes sanitarios han disparado un 42,1% las listas de espera el último año en Cataluña, debido al primer ajuste presupuestario de la historia en este ámbito con un recorte del 10% en sanidad. Y son los ciudadanos, no los políticos, quienes lo pagan. Los políticos siguen en su mundo virtual, dedicando millones de euros a la promoción del independentismo, a sus pseudo embajadas donde sus familiares y amigos están al abrigo del desempleo y de los recortes, alejados del umbral de la pobreza que cada día se hace más grande para el resto.

Ahora más que nunca es cuando se puede medir la talla de cada uno y qué prioridades son las que rigen sus actos. ¿Las personas o las banderas? Cuando el barco hace agua en medio de una tremenda tormenta, pretender salvarse abandonándolo en un bote salvavidas en lugar de contribuir a cerrar las vías de agua y de achicar arrimando el hombro, es posiblemente un tremendo error. Un error que dice muy poco de quienes lo intentan.

Santiago de Munck Loyola

miércoles, 10 de octubre de 2012

¿Desafección hacia la clase política? No, puro rechazo.




Parece ser que últimamente los dirigentes del Partido Popular y del PSOE han empezado a detectar lo que algunos llaman la “desafección” de una gran parte de los ciudadanos hacia la clase política y que, en consecuencia, van a estudiar el asunto para intentar corregirlo. O sea, que han tardado pero empiezan a notar algo que para cualquiera era evidente: que muchos ciudadanos están profundamente “cabreados” con la clase política. Y fieles a su proverbial sentido de Estado los dirigentes de los partidos mayoritarios han empezado por done siempre, por culparse mutuamente del progresivo rechazo que la clase política genera en la gente. Sólo falta que para completar sus costumbres el anunciado estudio conjunto de medidas para abordar el problema se haga mediante la constitución de una comisión parlamentaria a 600 € de dietas por asistente. Ya lo decía Napoleón, “si se quiere que un asunto no prospere, forme una comisión de estudio”. Y tan felices.

Una vez más, parece que la clase política no se da cuenta del verdadero alcance del problema que puede suponer el creciente rechazo que provoca en los ciudadanos y que es incapaz de aprender de la experiencia italiana en los años 90 que supuso el derrumbamiento electoral de los partidos tradicionales o de otras experiencias en las que los populismos han barrido partidos e instituciones.

Nuestra sociedad se ha empobrecido enormemente y los continuos recortes provocan un profundo malestar y un rechazo cada vez más generalizado. Los españoles pagamos hoy las consecuencias de la mala gestión de la clase política mientras que ésta sigue inalterable instalada en sus privilegios. Es la clase política la que ha dispuesto la construcción de aeropuertos vacíos, de autopistas que nadie usa o de edificios e instalaciones insostenibles y lo ha hecho sin tener el dinero necesario para ello, pidiéndolo prestado. Ahora, no sólo hay que devolver ese dinero sino que, además, hay que pagar unos intereses anuales que se comen el presupuesto público. La mala gestión de la clase política la sufrimos todos los ciudadanos y, sobre todo, los que cuentan con menos recursos.

Es normal que la mala gestión de los políticos provoque un mayor distanciamiento de los ciudadanos hacia ellos, pero no es sólo eso. Es que, además, nuestra clase política no ha hecho la más mínima autocrítica. Aquí nadie ha tenido la honestidad intelectual de reconocer los errores y de pedir, en consecuencia, perdón a los ciudadanos. O culpan al adversario de los problemas o, en algunos casos, se envuelven en la bandera regional para ocultar su profundo fracaso y engatusar a su opinión pública con quimeras antihistóricas. Y no contentos con ello, nuestra clase política, salvo honrosas excepciones, sigue instalada en un mundo de auténticos privilegios que suponen un agravio y un insulto permanente hacia sus víctimas, los sufridos ciudadanos. Es francamente improbable que sin un verdadero ejercicio de autocrítica nuestra clase política sea capaz de corregir su rumbo.

Son muchas las cosas que deben cambiar para intentar recuperar la confianza y la credibilidad del conjunto de los ciudadanos. Y lo primero que tendrían que asumir es que sin ejemplaridad sobra todo lo demás. Ante millones de ciudadanos asfixiados por subidas de impuestos, por el desempleo o por recortes en servicios esenciales es imprescindible que la clase política ofrezca un ejemplo de sacrificio y de austeridad y debe hacerlo, además, porque ella es la causante de nuestros males.

¿Sobran políticos? Es probable, pero no es ése el único problema. ¿Podemos gastarnos 350 millones de euros al año en sostener los Parlamentos Autonómicos? Puede que no. Son preguntas cuyas respuestas requieren un estudio mucho más profundo y cuya solución sólo puede pasar por un amplio consenso político y social. Sin embargo, hay otros aspectos más inmediatos que sí podrían suponer un gran paso hacia la ejemplaridad de la clase política. Es el caso de las retribuciones con dinero público. Hay que terminar de una vez con los abusos. En un país arruinado las administraciones públicas no pueden seguir pagando salarios por encima de los 70.000 € que cobra el Presidente del Gobierno. Es también el caso de los privilegios fiscales de los parlamentarios ¿por qué no tributan en el IRPF como cualquier ciudadano? ¿No conocen la diferencia entre inmunidad parlamentaria e impunidad? Es igualmente el asunto de las pensiones. Mientras que a los ciudadanos se nos endurecen los requisitos y períodos para cobrar una determinada pensión ¿por qué hay que consentir que nuestros parlamentarios puedan cobrar la pensión máxima con sólo 11 años cotizados? ¿Por qué no se someten al régimen general? Es el régimen de incompatibilidades, por ejemplo, que permite que parlamentarios y políticos cobren con cargo al erario público dos o más retribuciones disfrazas como indemnizaciones, pensiones o salarios. Nuestros parlamentarios cobran sus sueldos íntegros y, sin embargo, simultanean su actividad parlamentaria con dedicaciones privadas. Pues no, en las actuales circunstancias no se lo pueden permitir. Les pagamos un sueldo íntegro para que se dediquen exclusivamente a su labor y si no les parece suficiente que renuncien al escaño. Es el caso de los coches oficiales, de los viajes gratis total, de los consejos de administración, de los teléfonos gratuitos, de las dietas por alojamiento teniendo casa propia en la capital, los taxis a cargo de los contribuyentes,… La lista de privilegios prescindibles sería muy extensa y si no la recortan, como nos recortan nuestros sueldos y prestaciones, el rechazo hacia la clase política seguirá creciendo. Y del rechazo a la expulsión hay muy poquito.

Necesitamos una clase política ejemplar y ésta no lo es. Una clase política que haga su trabajo, que cobre por él, que no se beneficie de aquello que no pueden disfrutar los ciudadanos, que, en definitiva, tenga la autoridad moral y la legitimidad de ejercicio suficiente como para poder pedirnos sacrificios a todos.

Santiago de Munck Loyola

jueves, 4 de octubre de 2012

Los empleados públicos chivos expiatorios.




Parece que en esta crisis los empleados públicos se han convertido en una especie de chivo expiatorio al que inmolar sobre el altar de los recortes. Es como si todo gobierno que se precie tuviera la necesidad o la obligación de propinar a este colectivo un pescozón para general deleite de la opinión pública. ¿Que los políticos han despilfarrado y han malgastado el dinero de los contribuyentes? Pues nada, siempre se empieza por congelar o recortar las retribuciones de los empleados públicos. Eso sí, de forma previa es preciso contar con la atmósfera adecuada y ningún ambiente más propicio para ello que el existente con más de cinco millones de parados en el que calan perfectamente toda clase de mensajes: que sobran muchos empleados públicos, que no trabajan lo exigible, que se lo llevan crudo, que tienen mucho absentismo laboral o que tienen asegurado de por vida el puesto de trabajo. Una vez se ha predispuesto adecuadamente a la opinión pública se produce el cíclico hachazo que generalmente es recibido con alborozo y satisfacción de muchos.

Es evidente que la imagen de los empleados públicos no se encuentra en esta época en sus mejores momentos. Es muy posible que a ello también haya contribuido la irresponsabilidad o la cara dura de algunos empleados públicos. Es cierto que existen en algunos ámbitos determinados abusos, pero si es así los responsables son los mandos, generalmente los políticos, que no han puesto remedio a estas situaciones, bien porque no han querido o bien porque no han sabido. A buenas horas un empresario permitiría que, día tras día, sus empleados llegasen dos horas tarde a trabajar como ocurre en algunos juzgados, por poner un ejemplo, o que sus trabajadores se llevasen a casa para uso particular materiales de la empresa, como ocurre en algunos hospitales o centros de salud, por poner otra ejemplo. A ningún buen empresario tampoco se le ocurriría poner a dirigir una fábrica o una tienda a personas sin la más mínima preparación por el simple hecho de pertenecer al mismo club de fútbol y, sin embargo, estamos hartos de ver cómo el simple hecho de poseer un determinado carnet político o la simple amistad sirve para ostentar máximas responsabilidades en muchos ámbitos públicos. Parece pues que existe una evidente responsabilidad en el consentimiento de determinados abusos por parte de algunos empleados públicos, abusos que en todo caso se producen por culpa o negligencia de la clase política y cuya difusión mancha la imagen del conjunto de servidores públicos. Y si a ello se añade la irracional pretensión de algunos políticos de identificar la gestión privada como paradigma de todas las bondades entonces podremos hacernos una clara idea de que detrás de esta mala imagen existe algún interés oculto.

Pese a todo, la realidad de la función pública es mucho más compleja de lo que evidencian las simplificaciones interesadas que circulan por ahí. Los empleados públicos también pueden perder sus puestos de trabajo, claro que sí. Con más o menos dificultad según su carácter funcionarial o laboral, pero pueden perderlo en determinadas ocasiones. Esa justificación de que son unos privilegiados por tener un puesto de trabajo para toda la vida y que por tanto no pasa gran cosa porque se les recorte el sueldo es falsa. Parece increíble, que el patrón de patronos, el Sr. Rosell, afectado por algún tipo de fobia funcionarial, pidiese hace unos meses sacrificios a los empleados públicos justificándolo precisamente "como tributo a los que no tienen un contrato para toda la vida" y en compensación por las "ventajas y beneficios". Afirmaba pomposamente que "no es el momento de la queja constante, sino de la responsabilidad constante". Y se quedó tan ancho mientras sigue percibiendo subvenciones que pagamos todos. Pues bien, desde 1982 a 2007, sin contar los sablazos del Sr. Zapatero y los últimos del Sr. Rajoy, los empleados públicos han perdido más del 42 % de su poder adquisitivo. ¿Más sacrificios?

Y forman parte de esta función pública a la que hay que seguir recortando para regocijo del personal los Policías, los Guardias Civiles o los soldados que nos protegen y a veces a costa de su propia vida, los bomberos y agentes forestales que mueren cada año en los pavorosos incendios que nos asolan cada verano, las trabajadores sociales que se ven desbordados para atender a los cientos de miles de personas arruinadas por la gestión de los políticos, el personal sanitario en cuyas manos ponemos nuestras propias vidas, el personal docente al que confiamos a nuestros hijos, las miles de personas que mantienes habitables nuestras calles o todos aquellos que nos resuelven la complicada burocracia que nos imponen unos dirigentes políticos incapaces de construir una sociedad más racional, por citar algunos ejemplos. No, los empleados públicos no son una cuerpo informe y abstracto idóneo para cualquier ocurrencia presupuestaria.

Hay quien dice que sobran, como mínimo, 500.000 empleados públicos en España. No lo sé. Puede que sea así pero una cosa es indudable: si queremos recibir unas prestaciones públicas de calidad, los empleados públicos son imprescindibles y deben ser tratados justamente. Es evidente que existen sectores no esenciales, en concurrencia desleal con el sector privado y además permanentemente deficitarios que podrían ser perfectamente prescindibles sin que se resientan los pilares básicos de una sociedad moderna, es decir, la sanidad, la educación y la atención social. Pero da la casualidad de que es precisamente en aquellos sectores  no esenciales donde los Partidos Políticos han encontrado un auténtico filón para colocar a sus huestes prescindiendo, además, de los principios para el acceso a la función pública. Hay quien prefiere, por ejemplo, recortar el personal sanitario de su Comunidad Autónoma antes que cerrar las seudoembajdas abiertas por medio mundo en las que familiares y amigotes encuentran una colocación a medida. Un ejemplo perfecto de lo que no se debe hacer.

Santiago de Munck Loyola

jueves, 27 de septiembre de 2012

Recortes para todos o para nadie: por una Ley sobre Retribuciones Públicas.



Uno corre el riesgo de que le llamen pesado por insistir, desde estas páginas, en la necesidad de que el Gobierno tome ciertas medidas para ayudar a salir de la crisis, pero la coincidencia en la publicación de algunas noticias no deja otra alternativa. Es el caso de la propuesta desde aquí formulada de aprobar una Ley sobre Retribuciones Públicas. Es cierto que una Ley como ésta sólo constituiría una gota en el inmenso vaso de la crisis y del gasto público, pero sería, sin ninguna duda, una Ley ejemplarizante y absolutamente solidaria con unos ciudadanos hartos de recortes y cada vez más distanciados de los únicos culpables de la situación actual, la clase política española sin distinción de siglas o colores. Y no hay más que echar un vistazo a la calle estos días para comprobar ese distanciamiento. Que una gran parte de la sociedad no se movilice puede que sea porque no se identifique con los convocantes o con los métodos elegidos para manifestar la repulsa por esta situación, pero el “cabreo” está ahí.

El pasado mes de agosto, el Ministro de Economía, el inefable De Guindos, declaraba que existía poco margen para más recortes. Hoy, hemos desayunado con la noticia de que 3.000.000 de españoles van a perder, por tercer año consecutivo, parte de su poder adquisitivo porque el Gobierno vuelve a congelar los salarios de los empleados públicos, espoleando con ello la caída del consumo y generando con ello más paro y gasto social. Es decir, que lo que se ahorra con la congelación se lo va a tener que gastar en prestaciones sociales. Es lo que se dice “desnudar a un santo para vestir a otro”.

Y ayer, sin ir más lejos, se hicieron públicos los salarios del presidente y del vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMV, y que alcanzaron en el último ejercicio los 149.325 euros al año cada uno, el doble de lo que se le asigna al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Los otros dos consejeros que tuvieron una remuneración anual completa, Luis Pedroche, destituido como director de la Agencia Tributaria en 2008, y Ana Isabel Fernández, persona vinculada al antiguo presidente y al PSOE, se metieron al bolsillo 129.604 euros cada uno. Por su parte, los 21 directivos del regulador que trabajaron todo el año cobraron una nómina media de 132.300 euros.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es un organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa del Ministerio de Economía y Competitividad, fundado en 1988, encargado de la supervisión de los mercados de valores en España. Es decir, que los jefes de los directivos de este organismo público son el Ministro de Economía y el Presidente del Gobierno. ¿Tiene alguna lógica que los empleados ganen el doble que los Jefes? ¿Ocurre algo similar en el ámbito de la empresa privada? ¿Es lógico o decente que se recorte el sueldo a un empleado público mileurista mientras que estos “servidores públicos” gozan de semejantes salarios? Habría quien lo vea bien alegando que desempeñan puestos de gran responsabilidad. ¡Ya! ¿Y no tiene más responsabilidad el Presidente del Gobierno? ¿Y un cirujano de la Seguridad Social?

Pues bien, al igual que estos señores de la CNMV hay en España miles de Directivos con retribuciones pagadas por los contribuyentes que superan en mucho las del Jefe de todos, las del Presidente del Gobierno. Esta situación ni es lógica, ni es decente. Aquí tiene el Sr. De Guindos un excelente margen para recortes, aunque en muchos casos tenga que recortar a sus amigos.

¿Y cómo puede hacerlo? Pues aquí tiene una propuesta: aprobando una Ley sobre Retribuciones con origen en Fondos Públicos. Tendría que ser una Ley de ámbito estatal. Una Ley aplicable a todas las administraciones públicas, a las empresas públicas y a las empresas privadas y entidades financieras que se beneficien de cualquier ayuda pública directa o indirecta sea cual sea su forma. Se trataría de una Ley que estableciese en los casos citados los límites salariales a percibir bajo cualquier forma y cuyo tope se estableciese en función de la retribución del Presidente del Gobierno. Con ella podría impedirse que un Alcalde o un Presidente de una Comunidad Autónoma cobre más que el Presidente del Gobierno, se podría impedir que los directivos de entidades financieras que reciben ayudas públicas, dinero de los contribuyentes, sigan cobrando los sueldos astronómicos que están percibiendo. Y al que no le interese que se vaya al sector privado que siempre habrá candidatos a sucederle y seguramente con más méritos si en lugar de las afinidades políticas o las amistades se usa el mérito profesional y la capacidad para realizar tales nombramientos. Ya está bien de exprimir al contribuyente mientras algunos se van de rositas con el dinero de todos, el que nos detraen de las nóminas y los impuestos. Si no hay ejemplaridad, habrá que pensar en romper la baraja.

Santiago de Munck Loyola

lunes, 3 de septiembre de 2012

Las retribuciones con dinero público: ni justas, ni equitativas.



La grave crisis que atraviesa nuestra Nación genera incesantes noticias a diario. La prima de riesgo, la Bolsa, los recortes, los rescates, el desempleo o los desahucios se han convertido en los protagonistas informativos y en una fuente de preocupación permanente para los españoles. Esta impresionante crisis o recesión, que hace dos años era tan sólo una desaceleración para los socialistas y sindicatos, se está llevando todo por delante y está obligando al Gobierno Popular a hacer recortes y auténticas podas, aunque prefieran hablar de ajustes. Por cierto, si hay una característica que une a la clase política, sea del color que sea, es su afición a pervertir el lenguaje, a utilizar eufemismos para suavizar sus acciones e hipérboles para definir las del adversario.

Ayer, el Diario ABC ofrecía en sus páginas una entrevista realizada al Presidente Rajoy. Preguntado sobre los sacrificios impuestos a los ciudadanos, el Presidente manifestaba que “estamos intentando ser justos y equitativos a la hora de repartir los esfuerzos”. Reflexionando sobre ello y sobre la realidad que los ciudadanos sentimos en nuestras vidas diarias, se puede pensar que el Gobierno efectivamente lo está intentando, pero sin conseguirlo. Lo cierto es que los esfuerzos y sacrificios no se están distribuyendo de una forma justa y equitativa y hay muchos ejemplos que pueden ilustrar esta afirmación. La justicia y la equidad de las medidas adoptadas, de los recortes que se están produciendo, no están a la altura del programa y de los principios ideológicos del Partido que sustenta al Gobierno, ni por supuesto, de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Hace tan sólo ocho meses, en el mes de enero, en otra entrevista al Presidente Rajoy afirmó que había optado por incrementar el IRPF porque era más justo y equitativo, quien más tenía debía contribuir más, que incrementar el IVA, que supondría un aumento indiscriminado de la imposición, igual para ricos que pobres al no considerar el nivel de renta. Y ¿ahora qué? ¿En qué quedamos?

A ninguno nos gusta que nos suban los impuestos o que nos recorten el sueldo año tras año, como en el caso de los empleados públicos, pero nos gusta aún menos cuando constatamos que las cargas que se nos imponen para salir de esta crisis no se distribuyen con justicia y equidad. Y voy a referirme a un aspecto que ya he mencionado en varias ocasiones en estas páginas pero que ilustra, como pocos, la posibilidad real de redistribuir mejor y de forma más justa las cargas de la crisis. Me refiero al uso del dinero público, del dinero de los contribuyentes, a la hora de pagar salarios.

Buena parte de nuestro dinero recaudado por las administraciones públicas se destina a pagar el sueldo de los empleados públicos (políticos y asimilados, funcionarios, funcionarios de empleo, laborales, etc.) y otra buena parte de ese dinero se destina a empresas privadas a través de ayudas o subvenciones, en las que como es lógico se pagan sueldos. En cualquier caso, se trata de dinero público que se destina al pago de retribuciones. Pues bien, tratándose de dinero público no tiene mucho sentido que en España, en medio además de esta situación económica que impone criterios de austeridad, no exista una norma que regule y unifique las tablas salariales que puedan aplicarse. Nos encontramos con una curiosa situación: el máximo jefe del dinero público, el Presidente del Gobierno, gana en muchos casos menos que muchos de sus subordinados. Una situación impensable en el ámbito de la empresa privada. Los reinos de taifas salariales son una realidad en España.

Por una parte, los Presupuestos Generales del Estado fijan anualmente los topes retributivos de los empleados públicos pero de esta limitación se escapan todos los cargos políticos (nacionales, autonómicos y locales) de modo que muchos Alcaldes y Presidentes autonómicos ganan hasta un 50 % o más que el Presidente del Gobierno. Por otra parte, los directivos de las empresas públicas y algunos empleados, como los de RTVE con contratos superiores a los 150.000 € anuales, también se escapan de las tablas salariales fijadas en los Presupuestos del Estado. Hay directivos de ADIF y de otros entes públicos que triplican el salario del Presidente del Gobierno, del “Jefe” de la “empresa”. Por último, nos encontramos que empresas privadas o semi-privadas que subsisten gracias a las ayudas o subvenciones públicas, es decir, al dinero de los contribuyentes abonan retribuciones de 500.000 € anuales como en el caso de las entidades financieras que reciben ayudas públicas. No tiene lógica, ni sentido común esta situación. Si para percibir subvenciones o determinadas ayudas públicas una empresa privada tuviese que ajustar las retribuciones de su personal a los baremos públicos el panorama cambiaría radicalmente. Es inaceptable, por ejemplo, que una empresa que acude a un ERE y concierta jubilaciones anticipadas que tienen un elevado coste para las arcas públicas, no sólo siga repartiendo beneficios entre sus accionistas, sino que además mantenga retribuciones multimillonarias entre sus directivos.

Hay quien justifica esta situación sosteniendo que estas retribuciones son necesarias en el sector público para captar a los mejores gestores que, en caso contrario, podrían marcharse al sector privado. Pues bien, este argumento no es válido. Primero, porque todos sabemos que la mayoría de los directivos de empresas públicas no llegan al puesto por ser los mejores en su ramo, sino porque son poseedores de un carnet político y tienen un buen padrino. Y en el ámbito público los méritos y la capacidad se miden conforme a la Ley. Otros justifican esos sueldos por la “enorme responsabilidad” que su desempeño conlleva. Ya. Y el funcionario “cirujano” en cuyas manos ponemos nuestra vida ¿no tiene una enorme responsabilidad?  Y el funcionario “profesor” en cuyas manos ponemos la educación de nuestros hijos ¿no tiene también una enorme responsabilidad? Pues seguramente tienen una responsabilidad mucho mayor que la de esos directivos y cargos públicos y, sin embargo, su sueldo está perfectamente regulado y limitado año tras año. Y lo que es peor, perfectamente recortado (o ajustado) año tras año también. Que un directivo de una Caja de Ahorros arruinada pueda cobrar 500.000 euros anuales apelando a la responsabilidad que ello conlleva mientras que un médico no pase de 50 ó 60.000 euros al año, no tiene nombre.

Por ello, cuando se constata que a los empleados públicos, gobierne quien gobierne, es a los primeros a los que se les pide e imponen sacrificios, porque su salario lo pagamos todos, mientras que a los directivos de empresas y entes públicos y a los de empresas privadas y entidades financieras fracasadas no sólo no se les exige lo mismo sino que, además, se les mantiene en un plano salarial privilegiado, aunque su sueldo también lo paguemos todos, surge la indignación y la exigencia de una política de austeridad más justa y más equitativa.

Hace falta ya una Ley sobre retribuciones con fondos públicos. Una Ley que afecte a todos cuantos perciban un salario con origen directo o indirecto en la hacienda pública, sea en el sector público o en el sector privado Un Ley que establezca unas tablas salariales como las que se aplican a los empleados públicos y que impida que, con cargo al dinero de los contribuyentes, nadie cobre un euro más que el Presidente del Gobierno. Así, cuando se habla de justicia y equidad en el reparto de las cargas de la crisis no habría tanto hueco para la incredulidad y el escepticismo.

Santiago de Munck Loyola

lunes, 23 de julio de 2012

La poca vergüenza de nuestra clase política.




Hace pocas horas, Esteban González Pons, vicesecretario de Estudios y Programas del PP, afirmaba que los ciudadanos entendían los sacrificios que la dura política de ajustes del Gobierno estaba imponiendo. Y añadía que “sólo un gobierno con sentido de la responsabilidad como el de Mariano Rajoy está en condiciones de pedir a los españoles los sacrificios que en estos momentos son necesarios para sacar a España de la crisis”. Por su parte, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert afirmaba el pasado 17 de julio que el conjunto de la sociedad tienen una comprensión "mucho más ajustada" de lo que a veces se cree, respecto a la necesidad de los ajustes y que el conjunto de la sociedad ha "entendido perfectamente e interiorizado perfectamente" la parte de responsabilidad que la propia sociedad comparte con sus dirigentes y que entiende la mayor parte de los sacrificios.

Se equivocan. Da la impresión de que la clase política vive en un mundo paralelo al del común de los mortales. Las encuestas están ahí, bien calentitas, y todas señalan que la mayoría de los ciudadanos, incluidos los votantes del PP, no comparten los duros sacrificios, los recortes que se están llevando a cabo y es evidente que si no los comparte es porque no los comprende, ni los entiende. Y ello es así, entre otras razones, porque es la propia clase política la que es vista como la causa de nuestros problemas.

No basta con que un Gobierno como el de Rajoy sea “muy responsable” para estar en condiciones de pedir sacrificios a los ciudadanos, ni mucho menos. El sentido de la responsabilidad no es un aval suficiente para decirle a los ciudadanos que hay que apretarse el cinturón y renunciar a muchas cosas para poder salir de la crisis. El único aval que puede esgrimir un Gobierno es la ejemplaridad. Si la clase política no es ejemplar, si no predica con el ejemplo no puede pedir ningún sacrificio a los ciudadanos. Y la ejemplaridad es aún más necesaria, si cabe, cuando además se reconoce que las medidas de ajuste, que los recortes, son un claro incumplimiento del Programa Electoral, de la palabra dada a los votantes tan sólo hace 7 meses.

Ni el Gobierno, ni la oposición son ejemplares y ésta es una afirmación difícilmente rebatible si se analizan las medidas adoptadas y los comportamientos de nuestra clase dirigente. Hace muy pocos días se ha hecho público que tanto el Presidente del Gobierno, como la Vicepresidenta, los Ministros Arias Cañete, Alberto Ruiz-Gallardón, Ana Mato, Pastor y Jorge Fernández, aunque todos tienen vivienda en la capital cobran del Congreso, además de su sueldo ministerial, 1.823 € mensuales para afrontar gastos de alojamiento y manutención. Ninguno de ellos cobra el sueldo de Diputado ya que la ley les prohíbe percibir dos retribuciones públicas, pero sí las dietas que no tienen carácter salarial y están exentas además de tributación. Un negocio redondo.

Y no son los únicos, otros 62 Diputados, entre los que se encuentra el líder de la Oposición, Pérez Rubalcaba, cobran la ayuda de 1.823 euros mensuales libres de impuestos pese a poseer una vivienda en Madrid. Los agraciados con tanta generosidad parlamentaria son de variado pelaje político: 34 diputados del PP, 25 del PSOE, uno de CiU y uno de Coalición Canaria.

Y con este panorama ¿uno tiene que comprender que le suban el IRPF mientras sus señorías tributan como mileuristas? Y con tanta desfachatez parlamentaria ¿uno tiene que comprender y aceptar que le eliminen una paga extra? ¿O que haya que pagar más por los medicamentos? ¿O que se recorten las prestaciones por desempleo? ¡Venga ya!

El caso de las dietas de los parlamentarios no es más que uno de los muchos ejemplos que e pueden poner sobre la mesa para afirmar que nuestra clase política no predica con el ejemplo, que no es ejemplar y que, por tanto, no está legitimada para pedir más sacrificios a los ciudadanos. Los contribuyentes sabemos que no hay dinero para todo, comprendemos que no hay recursos suficientes pero no podemos comprender, ni aceptar, que sí los haya para nuestra clase dirigente, sea política, sindical, económica o social. Nuestra clase política por desgracia, además de no ser ejemplar, no es en su gran mayoría decente, porque si lo fuese habría sido la primera en renunciar a tantos y tantos privilegios de los que disfruta a costa de nuestras espaldas.

Santiago de Munck Loyola