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viernes, 15 de marzo de 2013

Sobre los desahucios.



Ayer, día 14 de marzo, se celebró en el local del Foro Esperanza Popular una Mesa Redonda sobre “Los desahucios y las reformas legislativas”. Estaban invitados a participar tanto la Plataforma Stop Desahucios de Alicante como la Cruz Roja de Alicante pero, por diferentes razones, no quisieron exponer en público su posición sobre este auténtico drama social. Coincidió esta Mesa Redonda con la publicación de la Sentencia del Tribunal Europeo que cuestiona la compatibilidad de la legislación hipotecaria española con la europea y que ha abierto, en un primer momento, demasiadas esperanzas, tal y como señaló alguno de los ponentes.

La Mesa Redonda se inició con la intervención de D. José Joaquín Belda Gonzálvez, Agente de la Propiedad Inmobiliaria, Perito tasador judicial, Asesor hipotecario, Técnico Urbanista y Ex agente y delegado de la Sociedad Publica de Alquiler del Ministerio de fomento, quien hizo un análisis sobre las responsabilidades de la banca, las sociedades inmobiliarias y la clase política en el estallido social que vivimos en torno a la vivienda. Destacó la interesada falta de flexibilidad de los bancos a la hora de abordar los problemas de impagos de sus clientes así como la incongruencia que supone el rescate bancario frente a la desprotección del ciudadano. Subrayó la necesidad de apostar por la adopción de diferentes soluciones simultáneas como el reforzamiento de la ley concursal para los particulares, la ampliación de las recientes reformas para que alcancen a más ciudadanos, el desarrollo de una auténtica política de vivienda social que permita superar los intereses ocultos de sociedades inmobiliarias al servicio de las instituciones financieras o la reforma de la vigente Ley hipotecaria. Por último, denunció la ineficacia de la clase política para reaccionar en tiempo y forma ante una situación que ha terminado por estallarle en las manos.

A continuación, intervino D. Carlos Pérez Pomares, Profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Miguel Hernández, Socio de Cuatrecasas y director de Cuatrecasas Alicante hasta 2012 y abogado en ejercicio, quien empezó por señalar que estamos viviendo en número de desalojos más alto de la historia hipotecaria española. Destacó que la legislación hipotecaria española con más de 100 años de existencia a sus espaldas ha venido funcionando razonablemente bien y que ha siso y es considerada en muchos países como un modelo por lo que muchos de sus elementos están siendo importados en legislaciones extranjeras. Subrayó que de hecho nuestra legislación es la que ha permitido que la mayoría de la gente sea propietaria de su vivienda y que, a diferencia de otros países, más del 90 % de las viviendas pertenezcan a ciudadanos particulares y no a sociedades. Uno de los principales efectos de la crisis es la pérdida de empleo y, por tanto, de la capacidad del prestatario de cumplir con sus obligaciones frente al banco quien finalmente termina por quedarse con la garantía del préstamo, la casa, dejando además al ciudadano sin vivienda y con una enorme deuda. Subrayó que hasta hoy las diferentes soluciones aportadas por los políticos son débiles, que existe además una enorme dificultad por nuestro sistema legal para generar beneficios al consumidor con efectos retroactivos, que una Ley de Dación en pago es muy difícil y compleja para ser desarrollada y que habría que reformar la legislación hipotecaria permitiendo la convivencia de otras fórmulas como las anglosajonas.

Por último, intervino D. Emilio José Crespo Martínez, ex directivo de la CAM, quien aportó su vivencia y su visión del profesional de la banca que tiene que enfrentarse a diario a situaciones dramáticas con personas de su entorno. Subrayó que uno de los principales problemas con los que se enfrenta el sistema es el de la política del banco de España que exige a los bancos unas elevadísimas dotaciones lo que, al final, encarece de forma desorbitada los procedimientos hipotecarios y, con ello, las deudas finales de los prestatarios. Destacó que considerando que la mayor parte de los procedimientos de ejecución se centran en deudas no superiores a los 50.000 euros una política monetaria más flexible sobre las dotaciones implicaría una importante reducción de los costes beneficiando con ello a los deudores. Señaló que constituye un absurdo que se traduce en un enorme sobrecoste para el deudor el hecho de que las ejecuciones hipotecarias se alarguen durante cuatro o cinco años. Todos estos sobrecostes se repercuten en el usuario y en el precio del dinero.

Tras las intervenciones de los ponentes se abrió un interesante debate entre los asistentes que sirvió para clarificar y matizar muchas cuestiones que se fueron suscitando a lo largo de la sesión.

Santiago de Munck Loyola