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jueves, 26 de julio de 2012

Hacia la regeneración del PP de la ciudad de Alicante.


Hace casi 15 días se celebró el XIII Congreso Provincial del Partido Popular de Alicante en el que se eligió a José Ciscar como Presidente y se ratificó el nuevo equipo que habrá de dirigir durante los próximos tres años la organización popular. Se notó tanto en la intervención del nuevo Presidente como en el tono de muchos intervinientes un esperanzador cambio de discurso, que además se plasmó en algunos cambios estatutarios, apelando por una parte a la participación de los militantes y por otra a la superación de diferencias internas que tanto daño han hecho a la unidad del Partido. La partitura congresual dibujaba una melodía de integración, de participación y de ejemplaridad en la gestión pública. Falta ahora ver cómo la nueva orquesta es capaza de interpretar con fidelidad y virtuosismo esta partitura o si con el tiempo desafina como la orquesta anterior.

Hace tan sólo tres días, José Císcar presidió su primera reunión de la nueva directiva alicantina y durante su intervención pidió a los altos cargos del partido una mayor proximidad a los ciudadanos, para que se sientan escuchados y atendidos por el PP. Tras la reunión, el nuevo Secretario General del PP, José Juan Zaplana, subrayó la necesidad y la importancia de la ejemplaridad de los cargos públicos, insistiendo con ello en una de las principales líneas argumentales del pasado Congreso provincial.

Se ha abierto, por tanto, una nueva etapa en el Partido Provincial que intenta, por una parte, superar la vieja y absurda división entre campistas y ripollistas (aunque algunos de estos últimos han sido sonora e injustamente marginados en el cónclave provincial) y, por otra, impulsar un nuevo estilo marcado por las ideas de participación y ejemplaridad. Por cierto que la única consecuencia positiva que puede sacarse de la superada contienda entre campistas y ripollistas es poder comprobar cuanto chaquetero anda suelto por la casa y que ruin y deshonesta puede llegar a ser la condición humana. Tan deshonesto es el chaquetero como quien le recompensa la traición.

Ahora, tras el Congreso Provincial se abrirá el período de renovación de las Juntas Locales con las consiguientes tensiones internas en cada localidad para hacerse con la Presidencia local. En una gran organización como la del Partido Popular siempre que se abren períodos electorales internos, “los de arriba” suelen caer en la tentación de intervenir en los procesos locales para tratar de “colocar” a los suyos y lo que debería ser una fiesta democrática en la que todos los militantes pueden optar a liderar o a colaborar con su organización local termina por convertirse en el paso de una “apisonadora” sobre la democracia interna. Habrá que confiar en que el talante y las palabras de los nuevos dirigentes provinciales se traduzcan en hechos y que, por tanto, la democracia interna brille esta vez con fuerza en todos los procesos electorales de las Juntas Locales alicantinas.

También, como no, los militantes de la ciudad de Alicante tendremos dentro de poco tiempo la oportunidad de elegir a nuestro Presidente Local y a nuestra Directiva Local. Y si hay una Junta Local donde tienen que cambiar las cosas en profundidad es en la ciudad de Alicante. Los militantes de la ciudad de Alicante no han tenido en los últimos nueve años, al menos, la ocasión de participar en reuniones sectoriales, ni en la elaboración de los programas electorales, ni tan siquiera en los procesos electorales para los Congresos del Partido. Ni una reunión para afiliados en nueve años, ni circulares informativas, nada de nada. Los militantes de la ciudad sólo han sido convocados para cubrir las mesas electorales como apoderados e interventores, para acudir a cenas del Partido o para rellenar los mítines y poco más. Y eso no puede seguir así.

Es muy probable que desde las “familias” y “clanes” que hasta ahora han venido controlando y estrangulando la vida interna del PP de la ciudad de Alicante se promueva una candidatura seudo oficial a la Presidencia, pero es casi seguro que no va a ser la única.

Poco a poco se han ido organizando reuniones de quienes aspiran a un PP local renovado, abierto, participativo y conectado con los barrios de la ciudad, de quienes aspiran a una organización local que sea algo más que una maquinaria electoral y de las mismas va a salir una candidatura a la Presidencia Local. Se está organizando una plataforma popular cuyo objetivo es la regeneración democrática del PP de la ciudad de Alicante y cuyos principales ejes de actuación pasan por dotar a la organización local de autonomía funcional, por promover la participación de los militantes, por implantar la ejemplaridad y la responsabilidad ante la organización local de los cargos públicos locales, por hacer presente al PP en todos los barrios y en todos los segmentos sociales, por servir de cauce de comunicación entre los ciudadanos y las instituciones y, en definitiva, por servir al conjunto de la sociedad alicantina.

Los aires de cambio del XIII Congreso Provincial tienen que llegar al PP de la ciudad de Alicante y no podrán hacerlo de la mano de quienes hasta ahora han consentido, han impulsado o se han aprovechado del actual estado semicomatoso de la organización local. Democracia interna, participación, debate, integración, pluralidad, ejemplaridad y responsabilidad son conceptos esenciales para el PP de la ciudad de Alicante.

Santiago de Munck Loyola

martes, 24 de julio de 2012

Ha muerto el Profesor Peces-Barba.




Hoy ha muerto D. Gregorio Peces-Barba que fue Presidente del Congreso de los Diputados, ponente constitucional y profesor universitario entre otras muchas cosas. Tuve la suerte de ser su alumno en el primer y en el último curso de Derecho, en la Universidad Complutense de Madrid. Entre los profesores de Derecho Natural que impartían esa disciplina destacaban dos nombres: Joaquín Ruiz Giménez y Gregorio Peces Barba. En 1977, la primera clase, el primer día en la Facultad de Derecho, a las ocho de la mañana, fue la suya. Entró en aquella inmensa aula, acompañado por sus ayudantes, con un puro encendido en la boca cuyo aroma, a tan tempranas horas, no era precisamente lo más estimulante.

Éramos cerca de 200 alumnos y nos fue preguntando uno a uno nuestro nombre y apellidos y la razón por la que habíamos decidido estudiar la carrera de Derecho. Cuando me llegó el turno respondí que me había matriculado en Derecho porque me interesaba la política y aquella respuesta le dio pie para esbozar la relación existente entre el Derecho y el poder. A lo largo de sus clases eran constantes las referencias que hacía a Norberto Bobbio o a Kelsen y subrayaba siempre el logro que en la evolución política supuso el reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. Sus clases eran amenas, sabía explicar y desarrollar las materias y siempre tenía un talante dialogante. 

Ya en el último curso, volví a tenerle como profesor, en esta ocasión, de Filosofía del Derecho. Entonces ya era Presidente del Congreso de los Diputados y acudía a clase con la correspondiente escolta. Le gustaba conversar con los alumnos en la cafetería de la facultad pero en este último curso era más difícil poder acceder a él. Fue, sin duda, uno de los mejores profesores que tuve en la Facultad de Derecho.

Quizás por el hecho de haberle conocido y tratado en la Facultad, siempre he seguido su trayectoria política con sumo interés. Sin compartir muchos de sus posicionamientos políticos, su opinión en tantas y tantas cuestiones en las que ha terciado me ha merecido consideración y respeto. Quizás uno de los períodos más discutibles de su actividad política sea su labor como Comisionado para las Víctimas del Terrorismo que no cuajó en un entendimiento y una colaboración estrecha con la principal Asociación que las representa, lo que le valió agrias y duras críticas de una parte de los afectados y de determinados medios de comunicación.

Tuve la inmensa suerte de conocerle, de tenerle como profesor y lamento su pérdida. Se ha ido joven todavía Peces-Barba. Descanse en Paz y que Dios le reciba en su seno.

Santiago de Munck Loyola

lunes, 23 de julio de 2012

La poca vergüenza de nuestra clase política.




Hace pocas horas, Esteban González Pons, vicesecretario de Estudios y Programas del PP, afirmaba que los ciudadanos entendían los sacrificios que la dura política de ajustes del Gobierno estaba imponiendo. Y añadía que “sólo un gobierno con sentido de la responsabilidad como el de Mariano Rajoy está en condiciones de pedir a los españoles los sacrificios que en estos momentos son necesarios para sacar a España de la crisis”. Por su parte, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert afirmaba el pasado 17 de julio que el conjunto de la sociedad tienen una comprensión "mucho más ajustada" de lo que a veces se cree, respecto a la necesidad de los ajustes y que el conjunto de la sociedad ha "entendido perfectamente e interiorizado perfectamente" la parte de responsabilidad que la propia sociedad comparte con sus dirigentes y que entiende la mayor parte de los sacrificios.

Se equivocan. Da la impresión de que la clase política vive en un mundo paralelo al del común de los mortales. Las encuestas están ahí, bien calentitas, y todas señalan que la mayoría de los ciudadanos, incluidos los votantes del PP, no comparten los duros sacrificios, los recortes que se están llevando a cabo y es evidente que si no los comparte es porque no los comprende, ni los entiende. Y ello es así, entre otras razones, porque es la propia clase política la que es vista como la causa de nuestros problemas.

No basta con que un Gobierno como el de Rajoy sea “muy responsable” para estar en condiciones de pedir sacrificios a los ciudadanos, ni mucho menos. El sentido de la responsabilidad no es un aval suficiente para decirle a los ciudadanos que hay que apretarse el cinturón y renunciar a muchas cosas para poder salir de la crisis. El único aval que puede esgrimir un Gobierno es la ejemplaridad. Si la clase política no es ejemplar, si no predica con el ejemplo no puede pedir ningún sacrificio a los ciudadanos. Y la ejemplaridad es aún más necesaria, si cabe, cuando además se reconoce que las medidas de ajuste, que los recortes, son un claro incumplimiento del Programa Electoral, de la palabra dada a los votantes tan sólo hace 7 meses.

Ni el Gobierno, ni la oposición son ejemplares y ésta es una afirmación difícilmente rebatible si se analizan las medidas adoptadas y los comportamientos de nuestra clase dirigente. Hace muy pocos días se ha hecho público que tanto el Presidente del Gobierno, como la Vicepresidenta, los Ministros Arias Cañete, Alberto Ruiz-Gallardón, Ana Mato, Pastor y Jorge Fernández, aunque todos tienen vivienda en la capital cobran del Congreso, además de su sueldo ministerial, 1.823 € mensuales para afrontar gastos de alojamiento y manutención. Ninguno de ellos cobra el sueldo de Diputado ya que la ley les prohíbe percibir dos retribuciones públicas, pero sí las dietas que no tienen carácter salarial y están exentas además de tributación. Un negocio redondo.

Y no son los únicos, otros 62 Diputados, entre los que se encuentra el líder de la Oposición, Pérez Rubalcaba, cobran la ayuda de 1.823 euros mensuales libres de impuestos pese a poseer una vivienda en Madrid. Los agraciados con tanta generosidad parlamentaria son de variado pelaje político: 34 diputados del PP, 25 del PSOE, uno de CiU y uno de Coalición Canaria.

Y con este panorama ¿uno tiene que comprender que le suban el IRPF mientras sus señorías tributan como mileuristas? Y con tanta desfachatez parlamentaria ¿uno tiene que comprender y aceptar que le eliminen una paga extra? ¿O que haya que pagar más por los medicamentos? ¿O que se recorten las prestaciones por desempleo? ¡Venga ya!

El caso de las dietas de los parlamentarios no es más que uno de los muchos ejemplos que e pueden poner sobre la mesa para afirmar que nuestra clase política no predica con el ejemplo, que no es ejemplar y que, por tanto, no está legitimada para pedir más sacrificios a los ciudadanos. Los contribuyentes sabemos que no hay dinero para todo, comprendemos que no hay recursos suficientes pero no podemos comprender, ni aceptar, que sí los haya para nuestra clase dirigente, sea política, sindical, económica o social. Nuestra clase política por desgracia, además de no ser ejemplar, no es en su gran mayoría decente, porque si lo fuese habría sido la primera en renunciar a tantos y tantos privilegios de los que disfruta a costa de nuestras espaldas.

Santiago de Munck Loyola

domingo, 22 de julio de 2012

Las envenenadas propuestas de Urkullu.




No sabe nada, el Presidente del PNV, el Sr. Urkullu. Para que lo luego vayan diciendo que los nacionalistas no son solidarios con el resto de los ciudadanos de eso que ellos llaman “el Estado” y que otros llamamos España. Los nacionalistas vascos son muy solidarios con los maketos y con todos los que no tenemos la inmensa suerte de vivir en las tierras vascas, aunque no tengamos el RH como ellos. Prueba de ello, de su solidaridad y de su talante colaborador y constructivo, el presidente de los nacionalistas vascos ha formulado una serie de propuestas para combatir la crisis económica y los recortes con los que estamos siendo castigados un viernes sí y otro también. El Sr. Urkullu con el simple ánimo de aportar su granito de arena en la búsqueda de soluciones que alivien las cargas de las administraciones públicas ha hecho sus propuestas.

Y ¿qué han propuesto los nacionalistas para reducir el gasto público? Varias cosas, a saber: Reformar la Constitución española, esta Constitución que ellos no apoyaron ni apoyan, para eliminar el Senado y para suprimir las delegaciones del Gobierno de España en las comunidades autónomas. Así, según los nacionalistas vascos, se ahorrarían los gastos que supone que el Estado tenga presencia y coordine su administración en los territorios de las 17 comunidades autónomas y justifican esta propuesta por que existe una situación de “extrema gravedad” y hace falta, por tanto, “adelgazar la estructura del estado”. Así, en el País Vasco y en todas las Comunidades Autónomas el Estado (se supone que el central) no tendría presencia alguna. No explican los nacionalistas vascos qué pasaría entonces con las competencias estatales en las CCAA, quién las ejercería y las coordinaría, pero, viniendo de donde viene la propuesta, es de suponer que dichas competencias desaparecerían y serían absorbidas por las propias CCAA. ¿Para qué entonces tener un Estado central? No sabe nada, el Sr. Urkullu. La posibilidad de eliminar el Senado no es nueva y considerando su trayectoria seguramente sería mejor suprimirlo. Ahora bien, si los nacionalistas vascos se quieren “cargar” el Senado a lo mejor no tan buena idea. Habría que reconsiderarlo.

No acaban aquí las constructivas propuestas de los nacionalistas, Proponen también reducir drásticamente los presupuestos de dos Ministerios que ciertamente les incomodan: el de Defensa y el de Interior. No es casualidad que el PNV proponga recortar duramente los presupuestos de estos dos Ministerio. Desde hace tiempo, los nacionalistas vascos defienden la salida de los efectivos militares del País Vasco y una mínima presencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Blanco y en botella: sin representación del Estado, sin Fuerzas Armadas en su territorio y con un mínimo de Policía en la frontera francesa ¿qué vendría después?

Puestos a ahorrar y a adelgazar la estructura de las administraciones públicas el Sr. Urkullu podría tener en cuenta que si desapareciese la Policía autónoma vasca y fuese sustituida por Policías Nacionales o Guardias Civiles se produciría sólo en gastos de personal un ahorro de 100 millones de euros anuales; si se redujese a la mitad el Parlamento Vasco ahorraría 17 millones de euros; si eliminasen los gastos de protocolo del Lehendakari ahorrarían 461.000 euros al año o si, por ejemplo, el Gobierno Vasco no desarrollase funciones en el exterior que le corresponden al Estado ahorraría más de 9 millones de euros año.

Puestos a recortar y a adelgazar la estructura de las administraciones públicas, la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles, según todos los sondeos realizados recientemente, prefieren que se adelgace a las autonomías, a todas las autonomías. Claro que hablarle a un nacionalista de lo que opina la inmensa mayoría de los ciudadanos es perder el tiempo.

Santiago de Munck Loyola

jueves, 19 de julio de 2012

Los irresponsables socialistas.



Dice sin vergüenza alguna, la diputada socialista Elena Valenciano que ellos, los socialistas, no son responsables de la situación actual. Recuerda esta señora al valiente capitán del Costa Concordia, Francesco Schettino que no admite ninguna responsabilidad en la catástrofe y que se cree una "víctima del sistema". Del mismo modo que el inefable Schettino se cayó accidentalmente en el bote salvavidas, la Sra. Valenciano y sus conmilitones han caído accidentalmente en el bote de la amnesia y piensa que con negar responsabilidades puede engañar, una vez más, al conjunto de los ciudadanos. Pero buena prueba de que los ciudadanos no comparten bote con los socialistas es que, a pesar del tremendo y rápido desgaste del Partido Popular, los socialistas, con discurso duro o blando, siguen muy por debajo de los primeros en los sondeos sobre intención de voto.

La clase política y sindical de nuestro país sigue enfrascada en pugnas pueriles que no ayudan en absoluto a transmitir una imagen sólida de España en los mercados internacionales, agravando así las dificultades de financiación y consecuentemente a promover la necesidad de más reducciones de gasto público para hacer frente a esa financiación.

Aquí nadie sume responsabilidades: ni partidos políticos, ni sindicatos, ni empresarios. Parece que los únicos responsables de la dramática situación económica y social que vivimos somos los ciudadanos a los que se nos imponen todas las cargas posibles para intentar salir del agujero. Y hay que hablar claro: las responsabilidades son compartidas. Todos son responsables, culpables, de que estemos como estamos: desde los amnésicos socialistas hasta los populares pasando por los pasivos sindicatos durante años y los empresarios especuladores o la banca española. Todos: unos porque gobernaban el Estado, otros las Comunidades o Ayuntamientos, unos porque permanecían complacientes ante el despilfarro mientras les llenaban los bolsillos con subvenciones millonarias y otros porque asentaron su riqueza en el pelotazo y la especulación. Son responsables los que el año pasado gastaron más de 90.000 millones de euros sobre lo que ingresaron en el Estado y que ahora hay que pagar con intereses al 7 %. Son responsables los que gestionaron comunidades autónomas como la Valenciana dejando su solvencia al nivel del bono basura. Son responsables los que gestionaron Ayuntamientos como el de Rivas, gobernado por IU, que ha rebajado un 30 % las nóminas de sus empleados en el pasado mes de junio. Son responsables los que gobiernan una Comunidad Autónoma que mantiene “embajadas” por todo el mundo o varios canales de TV mientras recorta a sus ciudadanos los servicios médicos. Son responsables los que se han llenado los bolsillos con subvenciones millonarias: partidos, sindicatos, empresarios o artistas.

Aquí la responsabilidad es compartida y tiene graduaciones, cómo no, pero compartida al fin y al cabo. Y va siendo hora de que haya un mínimo gesto de honestidad en la clase dirigente española asumiendo públicamente esa responsabilidad y pidiendo perdón a los ciudadanos por el daño causado.

En un estado de emergencia nacional como el que nos encontramos sería estimulante para todos que, en lugar de “escurrir el bulto”, en vez de criticar sin aportar soluciones alternativas se escuchase un discurso crítico, pero constructivo; sería positivo para la marcha del país que la demagogia cediera el paso al discurso inteligente. Pero, claro, pedir un mínimo de grandeza a esta clase dirigente, política, económica, sindical, social y cultural, es como pedir peras al olmo, salvo contadas excepciones.

Por mucho que uno esté en desacuerdo con determinadas medidas del Gobierno, por mucho que a uno personalmente le afecten, escuchar a algunos líderes sindicales hablar de “estado de guerra” produce náuseas. Escuchar simplezas sindicales como decir que “el PP quiere arruinar al país” da auténtica pena, primero por constatar que cualquier descerebrado puede dirigir un sindicato y, segundo, al comprender el nulo respeto de muchos sindicalistas a la inteligencia de los ciudadanos. Nadie, en su sano juicio, quiere arruinar al país. El país está arruinado y mientras se arruinaba los sindicatos miraban hacia otro lado. No son estos discursos los que España necesita ahora. No es ésta la imagen que España necesita proyectar al exterior. La insolvencia social, la fractura, el enfrentamiento y la agitación también se paga en los mercados que tienen que financiarnos. Puede que buena parte de la clase dirigente interese la tensión y la crispación porque con ello se neutralizarán los efectos económicos positivos que cualquier ajuste pueda producir. Más tensión, igual a más prima de riesgo, igual a más ajustes, igual a más tensión… hasta el rescate.

Claro que hay motivos para protestar. A nadie le gusta que le suban los impuestos o que le quiten el 7 % del sueldo, como tampoco gustó cuando el recorte socialista hace dos años fue del 5 % con la dócil resistencia sindical. Pero estos líderes sindicales son ahora los menos legitimados para hacer llamamientos a la protesta. Con un servidor, tan afectado como cualquiera por los recortes, que no cuenten porque un servidor no cuenta ni con los indecentes ni con los irresponsables.

Santiago de Munck Loyola

lunes, 16 de julio de 2012

Y Andreita montó el pollo.

No sabemos si la Andreita hija de la mamá televisiva terminó por comerse el pollo. Lo que sí sabemos es que esta otra Andreita, hija del papá político, ha montado el pollo con su exabrupto parlamentario. Esta Andreita, un dechado de virtudes según su papá, llevada por el fervor del momento, soltó, nada menos que en la sede de la soberanía nacional, el ya famoso “que se jodan” y lo hizo en el preciso momento, ya es casualidad, en el que el Presidente del Gobierno acababa de anunciar un recorte a las prestaciones sociales de los parados. Y se montó el pollo, bueno, mejor dicho, lo montó ella solita. Andreita quiso hacer pública exhibición de sus excelentes modales parlamentarios y de la fina educación recibida. ¡Y vaya que lo hizo!

Ante la contundente reacción condenando su salida de tono, la interesada, Andreita, se ha apresurado a decir que la frase en cuestión, “que se jodan”, no iba dirigida a los parados, sino a la bancada socialista en respuesta a “la bronca” que montaban ante los sucesivos anuncios de recortes del Presidente Rajoy. Haciendo buen uso de la rica lengua española habrá quien piense que habría sido más correcto espetar un simple “joderos” si quería referirse a sus adversarios políticos, pero eso habría sido así si Andreita no gozase de un perfecta educación y si sus modales fuesen tabernarios. No, no es el caso, Andreita dijo “que se jodan” en lugar de “joderos” porque es muy fina y lo que en realidad estaba diciendo es “que se jodan ustedes” aunque se le olvidase la última palabra. Lo que pasa es que los socialistas y el común de los mortales han querido manipular sus palabras, aprovechando la sensibilidad existente sobre el drama del paro, y han hecho creer urbi et orbe que Andreita se estaba refiriendo con su memorable “que se jodan” a los parados.

Por culpa de esta manipulación sociata, la Diputada Andreita corre el riesgo de pasar a los anales de la historia parlamentaria como la autora de un extemporáneo “que se jodan” y que si ingente trabajo en la construcción legislativa moderna pase al olvido. ¿A que nadie se acuerda ahora de las brillantes intervenciones parlamentarias de Andreita? ¿A que todo el mundo se ha olvidado a estas alturas de las excelentes aportaciones de Andreita al corpus iuris patrio? Ah, ¡qué ingrata es la vida política! ¡Tanto trabajar y esforzarse por heredar un escaño y mira el resultado! Hablas de Andreita tomando un café y sólo se recuerda el “que se jodan” y al papá de Andreita.

Estas cosas pasan, que te aparezca una Andreita cualquiera con incontinencia verbal, porque el nepotismo (la desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos) funciona desde hace muchos años y sin ningún problema en el Partido Popular. Estas cosas pasan, que te aparezca una Andreita cualquiera que ponga en ridículo a todo un grupo parlamentario y a su propio partido, porque en el Partido Popular sus más de 700.000 afiliados no pueden opinar lo más mínimo sobre las candidaturas que el PP presenta en cualquier nivel.

Sólo la existencia del nepotismo puede explicar que Andreita fuera nombrada asesora parlamentaria del Secretario de Estado de Hacienda con 24 añitos. ¿Es normal eso? Sin hacer de menos a ningún joven ¿se puede creer alguien que con 24 años estaba en condiciones de asesorar nada menos que al Secretario de Estado de Hacienda? Claro, que todo tiene su explicación: en 1997, el Secretario de Estado de Hacienda era Juan Costa, afiliado del PP de Castellón, y el Presidente del PP de Castellón era Carlos Fabra, el papá de Andreita.

De ahí Andreita pasó a ser senadora autonómica con 31 años, de 2004 a 2008, y desde el 200 es Diputada en el Congreso por la Provincia de Castellón donde su papá, hasta hace nada, seguía siendo el Presidente Provincial del PP. ¿Alguien con dos dedos de frente puede creerse que Andreita está dónde está por méritos propios? ¿Alguien cree que si los militantes del PP pudiesen intervenir en la confección de las candidaturas habría Andreitas en los cargos públicos?

Andreita, diga lo que diga el Sr. Alonso o el papá de la misma, se ha pasado muchos pueblos. Andreita y muchos como ella sobran en el Congreso de los diputados. Andreita haría mucho menos daño a su partido y a las instituciones parlamentarias si se fuese a compartir foro con la mamá de la otra Andreita y, de paso, que le pregunte si finalmente se comió el pollo.

Santiago de Munck Loyola

viernes, 13 de julio de 2012

¿Por qué se quita una paga a los empleados públicos?


A esta sencilla pregunta, el Gobierno nos responde diciendo que porque no hay dinero suficiente y hay que ahorrar. Y cuando uno observa las medidas recientemente adoptadas por el Gobierno constata que la respuesta es cierta, pero sólo en parte. Porque según parece no hay dinero suficiente para pagar a los empleados públicos la paga de Navidad, con lo que se está asestando un duro golpe no sólo a la economía de cientos de miles o de millones de hogares que contaban con ella para tapar agujeros o realizar pequeños extras, sino también al consumo de las próximas navidades, pero sí que hay dinero público suficiente para pagar algunos salarios como los siguientes:

           Presidente del Red Eléctrica Española: 429.000 € de retribución fija + 199.000 € de retribución variable.

           Consejeros de Red Eléctrica Española:

-           1 consejero con 899.000 euros al año.

-           5 consejeros con 182.000 euros al año.

-           3 consejeros con 153.000 euros al año.

-           1 consejero con 170.000 euros al año.

-           1 consejeros con 165.000 euros al año.

           ADIF: 11 directivos con una media de 140.000 euros anuales.

BANKIA: en 2011 el consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, que se incorporó ya entrado el año, percibió 1,57 millones, aunque su salario anual es de 2,26 millones. El que fuera vicepresidente de la entidad hasta hace unas semanas, José Luis Olivas, contó en 2011 con un salario de 1,62 millones; la mitad aproximadamente procede de Bancaja. José Manuel Fernández Norniella, el cuarto consejero ejecutivo de Bankia, percibió este año una remuneración de 725.000 euros. Además de las retribuciones fijas, Rato, Verdú y Norniella tenían un salario variable que podría ascender a un máximo de 2,2 millones adicionales para los tres Entre los ejecutivos destacaba Ildefonso Sánchez Barcoj, con 1,28 millones; Pedro Vázquez, 400.000 euros; Miguel Crespo, 363.000; Luis Maldonado, 358.000 y Pilar Trucios, 310.000.

           CatalunyaCaixa, entidad controlada por el Estado tras inyectarle 2.968 millones, Adolf Todó, el Presidente, cobra 1,55 millones. Además, tiene 3,46 millones en pensiones. El número dos de CatalunyaCaixa, Jaume Masana, obtuvo 866.000 euros y tiene una pensión de 637.000 euros. Andreu Plaza cobra 394.000 euros y Francisco José Tárrega, 365.000 euros. La retribución del resto de ejecutivos varía entre los 260.000 y 219.000 euros.

           En NovaGalicia, que percibió 2.600 millones del FROB, el presidente José María Castellano cobró 884.790 euros mientras que el consejero delegado, César González-Bueno, 876.040 euros. El exdirectivo José Luis Pego percibió un total de 13,09 millones; Gregorio Gorriarán, 8,41 millones y Óscar Rodríguez, 1,35 millones.

           En Banca Cívica, su presidente Antonio Pulido tuvo una remuneración de 903.660 euros más 300.000 de pensión. Enrique Goñi, copresidente, cobró mil euros menos en sueldo y la misma pensión.

           En Banco BMN, liderado por Caja Murcia, su presidente cobra 456.000 euros, por debajo de otros colegas con menor tamaño. Tiene una pensión de 2,15 millones de Caja Murcia donde trabaja desde hace 30 años. Joaquín Cánovas, director general, tiene un sueldo de 395.000 euros. La entidad recibió 915 millones del Estado. Desde el pasado mes de febrero los salarios de los altos ejecutivos de entidades bancarias intervenidas “sólo” alcanzan los 300.000 euros anuales.

           FEVE: director general 96.196,58 euros.

           Zapatero cobra 6.383 euros del Consejo de Estado por acudir a un pleno mensual e ingresa otros 6.515 € como ex Presidente.

           RTVE: Presidente 220.000 euros al año. Las presentadoras Ana Blanco, Pepa Bueno, Ana Pastor y María Casado tenían sueldos que oscilaban entre los 150.000 a los más de 200.000 euros brutos anuales en 2009.

           El alcalde de Sabadell, Manuel Bustos Garrido, cobra un sueldo público del Ayuntamiento de 81.576,04 euros brutos anuales

           El presidente de la Diputación de La Coruña/A Coruña, Diego Calvo Pouso, del Partido Popular, tiene un sueldo de 71.593 euros brutos anuales.

           Trece directivos de la funeraria del Ayuntamiento de Madrid, 130.000 euros cada uno.

           El Alcalde de Leganés 103.000 euros anuales.

           Sueldo base de directivos de grandes empresas públicas, 105.000 euros anuales.

           Directivos de empresas públicas medianas un sueldo base máximo de 80.000 euros anuales.

La lista de los salarios públicos multimillonarios para los que sí que hay dinero es interminable. He aquí la principal razón para que los empleados públicos no puedan cobrar la paga de Navidad. Nadie debería poder percibir en este país y en estas circunstancias un salario con origen en los fondos públicos superior al del Presidente del Gobierno. En vez de parches y de "castigar" a los más débiles lo que hace falta ya es una Ley sobre Retribuciones Públicas. Por simple lógica y elemental justicia.

Santiago de Munck Loyola


jueves, 12 de julio de 2012

"Los españoles no podemos elegir, no tenemos esa libertad", pero el Gobierno sí.

Tiene razón el Presidente del Gobierno, toda la razón del mundo: los españoles no podemos elegir, no tenemos esa libertad. Es cierto. Ahora, no podemos elegir. Lo hicimos el pasado 20 de Noviembre. Elegimos por mayoría absoluta echar al cómplice y socio del incompetente Zapatero, el Sr. Rubalcaba, y dar nuestro voto al Partido Popular, al programa electoral del Partido Popular y a su candidato a la Presidencia del Gobierno. Elegimos hace seis meses y hasta dentro de tres años no podremos volver a elegir. Y quizás por eso se ve obligado a hacer lo que hace: incumplir el programa electoral del Partido Popular, los principios programáticos e ideológicos del mismo y sus propias promesas.

Es verdad, los españoles no tenemos ahora la libertad de elegir aunque el Presidente se haya visto obligado a romper el contrato electoral con quienes le votamos, porque no hay que olvidar que un programa electoral es un contrato con el votante. Ya se sabe que los programas electorales son en ocasiones lo suficientemente ambiguos como para poder hacer una cosa o la contraria, pero en algunos aspectos son tan concretos, tan precisos que cuando se incumplen no hay modo de disfrazarlo. Si el programa electoral del PP del año pasado se basaba en un análisis de la realidad tan deficiente que sus promesas no pueden ahora ser cumplidas ¿quién tiene la culpa? ¿los electores? Evidentemente no.

Los ciudadanos no podemos elegir ahora, pero el Gobierno sí. Es falso que no tenga otro remedio que adoptar las decisiones que ha tomado, que no hay alternativa. Claro que la hay y no hay más que volver a los principios programáticos del Partido Popular o, incluso, al propio programa electoral para comprobarlo. Para adoptar decisiones basadas en criterios socialistas y ajenos al liberalismo no hacía falta cambiar de Gobierno.

Hoy nuestras administraciones no tienen otro remedio que gastar menos e ingresar más. Hemos estado gastando más de lo que ingresábamos y hay que pagar los agujeros presupuestarios. Pero no se trata sólo de saldar la desastrosa herencia de Zapatero, el problema es que seguimos gastando más de lo que recaudamos y los agujeros de siguen agrandando.

Tenemos una estructura estatal que es insostenible y en eso coinciden todos los analistas económicos. Y esa propia estructura y la clase política que la dirige es la responsable del déficit presupuestario y simultáneamente del freno al crecimiento que impide generar más ingresos.

Del conjunto de medidas adoptadas hay muchas que podrían tener alternativa y aquí van algunos ejemplos:

-           La reducción de un 30 % del número de concejales no pasa de ser una anécdota. En gran cantidad de municipios españoles, los concejales no cobran sueldo alguno y su reducción no va a tener un efecto económico significativo. Sin embargo, la supresión del Senado, la drástica reducción del número de diputados autonómicos o la eliminación de instituciones duplicadas sí que lo tendría. Más de 120 seudo embajadas autonómicas, televisiones autonómicas y locales, defensores del pueblo regionales y tribunales de cuentas autonómicos, cuando menos, sobran.

-           La limitación de los sueldos de los alcaldes es lógica, pero insuficiente. Una vez más de apuesta por presionar al sector más débil de las administraciones en lugar de optar por una regulación total del sistema de retribuciones con dinero público. Es inadmisible que los miembros del Consejo de Estado, los Presidentes Autonómicos o sus Consejeros, los directivos de empresas públicas como NAVANTIA, SEPI, RENFE, AENA, ADIF o REE o los directivos de bancos que reciben ayudas públicas ganen más que el Presidente del Gobierno.

-           La reducción de subvenciones a partidos, sindicatos y organizaciones empresariales también es insuficiente. Si no hay dinero para mantener el nivel actual de prestaciones por desempleo no debería haber ni un euro para los primeros. Deben sostenerse con las cuotas de sus afiliados y si no pueden que cierren los chiringuitos.

-           La subida del IVA, por mucho que lo exija Europa, es miope y de efectos transitorios y contraproducentes. Habrá una subida inmediata y momentánea de la recaudación, pero el consumo caerá, aumentará el paro generando más gastos para prestaciones sociales y disminuirá la recaudación del IVA. Hay que señalar, además, que el aumento del IVA va a agrandar el déficit de todas las administraciones locales. Al contrario, una bajada de tipos junto con una reducción del IRPF provocaría un aumento del consumo y, por tanto, una mayor recaudación de este impuesto junto con más empleo y menos gastos sociales. Además, si esta reducción se acompañase con un aumento del impuesto de sociedades a las grandes empresas exclusivamente se recaudarían, según los técnicos de hacienda, más de 20.000 millones de euros. Igualmente, un incremento de la tributación de las SICAV también mejoraría la recaudación tributaria.

-           La eliminación “transitoria” de una paga extra a los empleados públicos es injusta hacia un colectivo que ha venido perdiendo poder adquisitivo constantemente en los últimos años y al que Rajoy prometió pública y expresamente no reducir el sueldo. No puede dejarse pasar por alto el insultante aplauso de la bancada popular ante el anuncio de esta medida. Como tampoco puede obviarse que quienes van a aprobar este recorte sólo se lo aplicarán a si mismos voluntariamente ¿dónde está la igualdad ante la ley? Esta medida perjudicará aún más a la caída del consumo profundizando la recesión.

-           Otra medida que debería se puesta en marcha y que evidencia la existencia de alternativas sería la absoluta liberalización del sector eléctrico para que una competencia real aliviase notablemente las facturas de los consumidores y, por otra parte, la supresión de los 6.000 millones anuales de subvenciones y primas a las eléctricas. Del mismo modo, la ampliación del período de vida útil de las centrales nucleares parece insuficiente habiendo podido apostar por un nuevo impulso a este sector.

-           Acelerar la jubilación a los 57 años es ahondar en un error socialista. ¿Por qué no se han prohibido ya las prejubilaciones en empresas con enormes beneficios como Telefónica y que tantos millones nos cuestan?

-           Ni una palabra a la posibilidad de cobrar a los reclusos por delitos económicos (ejemplo Julián Muñoz) los millones de euros que su estancia en prisión nos ocasiona a los ciudadanos o de reducir los 657 millones de euros que los delincuentes extranjeros cuestan anualmente al Estado. Podría reformarse la ley para que los extranjeros condenados, excepto los reos por delitos contra las personas, fueran expulsados de España y repatriados a su lugar de origen por el doble de tiempo de la condena que se les hubiese impuesto. Sería mucho menos gravoso para todos los contribuyentes.

Como puede verse hay alternativa. El Gobierno y el Presidente sí pueden elegir otra cosa distinta a la que han elegido, los ciudadanos. Le honra al Presidente Rajoy dar la cara y reconocer que está haciendo lo contrario a lo que le gusta, pero ese reconocimiento no justifica desde una perspectiva ideológica el acierto de las medidas adoptadas ni su congruencia ideológica con el Partido y los votantes que le sostienen. Debería considerar que si hoy los españoles no podemos elegir, dentro de tres años y medio sí podremos hacerlo. Y debería considerar igualmente que él sí que tiene alternativas, que no existe un solo camino para salir del pozo en el que el PSOE ha metido a España.

Santiago de Munck Loyola

martes, 10 de julio de 2012

¿Hay dinero para las renovables y no para el carbón?

La decisión del Gobierno de España de reducir las ayudas directas a la industria del carbón ha puesto en pie a los mineros afectados y, de paso, ha resucitado a la farándula progre y a algunos atrevidos portavoces socialistas. Es compresible desde un punto de vista humano la lucha y las reivindicaciones de los mineros y de sus familias y hay que reconocer su tesón aunque no se puedan compartir el uso esporádico de medios violentos con que algunos han querido subrayar sus reclamaciones. También resulta comprensible, aunque por otros motivos, la resurrección de los zejateros que siempre andan a la caza de un motivo para lucir sus resabios decimonónicos y trasnochados para cargar contra el legítimo Gobierno de España siempre que éste lo ostente el Partido Popular. Poco les importó no hace mucho que el Gobierno anterior destruyese empleo, despilfarrase o mintiese impunemente, un día sí y otro también, a los ciudadanos y si les importaba lo disimularon bien no fuera que su subvencionado pesebre sufriese alguna merma. Lo que ya resulta menos comprensible es la impúdica exhibición de cinismo de diferentes dirigentes socialistas exigiendo en un tono  bastante desabrido que el Gobierno ponga para la minería el dinero que ellos se han “cepillado”.

El anuncio gubernamental de un recorte de 200 millones de euros a las subvenciones al carbón ha sido el detonante de estas movilizaciones. Según las cifras que estos días se vienen manejando en los medios de comunicación, el carbón español cuesta a los contribuyentes 620 millones de euros al año de los que 320 millones corresponden al pago de las prejubilaciones. ¿Por qué pagamos los contribuyentes los otros 300 millones de euros año en subvenciones al carbón? Porque el parecer la industria del carbón español no es rentable, hay que subvencionarla para que sigan abiertas las empresas explotadoras de las minas. Así que como estas empresas son deficitarias, los contribuyentes las sostenemos con nuestros impuestos. Este carbón se emplea fundamentalmente para generar electricidad en las centrales térmicas cuya producción supone el 7 % del conjunto de la electricidad producida en España y, simultáneamente, constituye la mayor fuente de emisión de gases tóxicos, de contaminación, de las industrias generadoras de electricidad.

Pero al mismo tiempo existe otra importante fuente generadora de electricidad que también es deficitaria en mucha mayor medida que las sustentadas en el carbón. Son las llamadas renovables. De ellas, la energía fotovoltaica, por ejemplo, supone el 3 % del conjunto de la producción eléctrica española. Siendo las energías renovables unas industrias también deficitarias, los contribuyentes, nos guste o no, también las subvencionamos con nuestros impuestos. ¿La razón? Pues que tenemos que cumplir con los compromisos internacionales de España sobre la reducción de emisión de gases de efecto invernadero y, por tanto, hay que subvencionar a las empresas eléctricas para que generen electricidad no contaminante con unos sistemas que no son rentables y que sin dinero público serían empresas inviables en el mercado. De cada 100 euros que pagamos en el recibo de la luz, más de 22 euros son subvenciones a las energías renovables. Más de 6.000 millones de euros al año se van así a los bolsillos de las grandes empresas generadoras de electricidad.

No existe pues ningún criterio económico que justifique racionalmente el sostenimiento de empresas deficitarias. En una economía libre, en un mercado normal, no intervenido, sólo pueden subsistir aquellas empresas que por si mismas se sostienen, las que son rentables. Aquí no, aquí los contribuyentes nos vemos obligados a consumir la electricidad más cara de Europa porque, en primer lugar, no nos dejan comprarla a quien queramos, no podemos comprarla a una empresa francesa o alemana porque el Gobierno no quiere liberalizar la distribución y sostiene al oligopolio de las empresas eléctricas, y, en segundo lugar, porque nos vemos forzados a subvencionar a empresas deficitarias, a empresas ruinosas que sin la ayuda pública se hundirían rápidamente.

Este es desolador panorama para el consumidor español que se ve obligado a subvencionar anualmente de un lado a los productores de electricidad más contaminantes  y de otro a subvencionar a los productores de electricidad menos contaminantes para reducir los efectos de la contaminación de los primeros. ¿Usted lo entiende?

Partiendo del principio de que no se debe utilizar el dinero del contribuyente para subvencionar ninguna empresa ruinosa, pero aceptando desgraciadamente que nuestra realidad es la que es, uno no puede por menos preguntarse ¿por qué hay 6.000 millones para subvencionar a las renovables (Endesa, Hidroeléctrica, Unión Fenosa, etc.) y no hay 200 millones para subvencionar al carbón? O para todos o para ninguno. Y puestos a ello, a subvencionar a empresas deficitarias, con aumentarnos otro poco el recibo de la luz, la parte que se llevan las renovables, se tendría resuelto el problema del carbón.

Santiago de Munck Loyola

lunes, 9 de julio de 2012

Enmiendas al XIII Congreso del PP de Alicante: más participación, medio ambiente y Ley de Costas.

El próximo fin de semana se celebrará el XIII Congreso del Partido Popular de la Provincia de Alicante convocado bajo el lema “comprometidos con la Provincia de Alicante”. Una vez más y como viene siendo habitual bajo la Presidencia Local de D. Julio de España los afiliados de la Ciudad de Alicante no han recibido ni una sola comunicación sobre la celebración de este cónclave Provincial. Las únicas noticias que los militantes populares sobre este Congreso provienen de los medios de comunicación. Los populares de la ciudad de Alicante ni han recibido una carta anunciándoles la celebración del Congreso, ni recordándoles su derecho a ser compromisarios para participar en el mismo. Es así como algunos entienden la participación de la militancia en un partido que no sólo debería proclamar su adhesión a los principios democráticos, sino que debería ejercerlos de abajo a arriba en su estructura interna.

Un servidor parece que va a participar gracias a que recibió la documentación precisa para ejercer sus derechos de afiliado de otra sede local y a que, esta vez, no ha sido preciso realizar una asamblea local.

El Congreso provincial servirá, tal y como determinan los Estatutos del PP, para elegir al Presidente Provincial que será, sin duda alguna, el candidato oficial José Císcar. Con ser ello relevante no es lo único que se va a hacer en el Congreso. Tanta importancia como la elección del Presidente y de la nueva dirección Provincial tienen las dos ponencias que se van a debatir y a aprobar: una ponencia política y una ponencia con el Reglamento del Partido provincial.

Sobre el contenido de estas ponencias hay que destacar una evidente contradicción entre ambas. De una parte, la ponencia política subraya en muchas ocasiones la voluntad del Partido Popular de Alicante de potenciar la participación de los ciudadanos en la vida política poniendo al servicio de este objetivo todos los cauces tecnológicos existentes. De otra parte, el proyecto de Reglamento, los estatutos provinciales, realizan una interpretación restrictiva de los Estatutos nacionales y de los Regionales de modo que la participación de los militantes populares en la vida interna del partido queda reducida a la mínima expresión. Hay una evidente contradicción entre el espíritu de la ponencia política y la ponencia de Reglamento que se salda con una retórica políticamente correcta hacia el conjunto de los alicantinos y una realidad estatutaria absolutamente cerrada a la participación interna. Así, no se deja ningún margen de actuación para que los militantes puedan ni tan siquiera opinar internamente sobre las candidaturas del partido en su ámbito territorial, ni para que los cargos electos rindan cuenta ante la militancia o para que ésta pueda trasladar a los mismos opiniones o sugerencias. Si no prosperan las enmiendas encaminadas a fomentar la participación interna y la corresponsabilidad de la militancia no se avanzará lo más mínimo en la consolidación y crecimiento de un proyecto político firmemente arraigado en la sociedad sino que se seguirá profundizando en un modelo de partido de cuadros, en una simple maquinaria electoral fuerte y eficaz, de momento.

En cuanto a la ponencia política hay tres aspectos muy importantes que se han omitido. Se trata del papel del voluntariado social en la crisis y las relaciones del PP con el mismo, el tratamiento de los residuos y su impacto provincial y el impacto de la vigente Ley de Costas en los bienes y derechos de miles de ciudadanos alicantinos afectados por su aplicación. Destaca especialmente este tercer “olvido” por tres circunstancias concretas: la anunciada revisión de la vigente Ley de Costas anunciada por el Ministro Arias Cañete, el tono reivindicativo frente a otras necesidades de la Provincia como son el AVE o los trasvases mientras se silencia esta reivindicación y las constantes y bien fundamentadas menciones a la política turística y al desarrollo de esta industria clave para la Provincia en la que tiene una especial incidencia a niveles europeos los “desaguisados” que la actual ley de Costas ha generado en la Provincia afectando a muchos residentes comunitarios. No se entiende que con 244 km. de costa en la Provincia no se haga mención al asunto.

Por ello, sería deseable que la Ponencia política incluyera el compromiso del Partido popular de Alicante también con los miles de afectados por la Ley de Costas que han visto como una norma aplicada con efectos retroactivos ha transformado su derecho de propiedad en una simple concesión administrativa con plazo de caducidad. Se trata de una reivindicación justa que debería ser asumida por el Partido Popular de Alicante para ser defendida en el Congreso de los Diputados buscando una solución justa con los propietarios expoliados y equilibrada con la defensa del medio ambiente.

Fdo. Santiago de Munck Loyola

domingo, 8 de julio de 2012

Sonia Castedo debería considerar la dimisión.

No ha sido la semana anterior la mejor semana, desde un punto de vista informativo, para la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo. Hace poco más de cuatro días, los medios de información se hicieron eco de la decisión del Juez instructor del caso Brugal de enviar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Valencia pidiendo la imputación de la Alcaldesa, Sonia Castedo, y de su antecesor, Luis Díaz Alperi, ambos diputados en las Cortes valencianas. El juez ve en Castedo y Alperi indicios de los supuestos delitos de revelación de información privilegiada, de tráfico de influencias y de cohecho.

Hoy, el Diario El Mundo, denuncia que la Alcaldesa de Alicante cobra un extra de 584 € mensuales por liderar en las Cortes Valencianas la Comisión de Seguridad Nuclear a la que no asiste. Según este periódico, dicha Comisión es inoperante y tan sólo se ha reunido tres veces desde que se inició la actual legislatura. Se subraya, además, que al único acto que podría haber justificado la percepción de esta dieta, la visita a la central de Cofrentes el pasado mes de junio, la Alcaldesa no asistió. Claro que lo que omite este Diario es que la situación de Castedo no es excepcional, es algo bastante extendido entre los miembros de las Cortes. No estaría de más, en estos tiempos de austeridad para los ciudadanos de a pie, que se publicasen los nombres y cantidades percibidas por los diputados autonómicos que muestran igual entrega y dedicación a su tarea sin dejar de percibir sus retribuciones. Pero Sonia Castedo no es la única responsable de su situación. Es materialmente imposible que se pueda desempeñar simultáneamente la Alcaldía de una ciudad como Alicante, puesto que exige una entrega y dedicación plenas, con un escaño en el Parlamento Regional. Es imposible desempeñar los dos puestos a la vez. Y la culpa de que no pueda realizar bien los dos trabajos la tiene la dirección del Partido Popular que se pasa “por el arco del triunfo” las incompatibilidades reales. Los militantes del Partido Popular están completamente al margen de la elaboración de todas las listas electorales. Jamás se recaba su opinión. Los puestos se reparten entre conocidos y amiguetes, familias y sensibilidades, sin que los afiliados puedan opinar lo más mínimo. Esta es una realidad incontestable, basta con repasar los Estatutos del PP, y éstos son los resultados.

El pasado mes de abril, el Presidente Alberto Fabra manifestó que era necesario "aparcar" a las personas imputadas de la dirección de los partidos políticos para "retomar la confianza" de los ciudadanos y marcar "una línea muy clara de lo que tiene que ser el servicio a los ciudadanos, la transparencia y, sobre todo, la responsabilidad". Poco después justificó dos dimisiones de cargos autonómicos imputados en la pieza separada del caso Palma Arena relacionada con el Instituto Nóos argumentando que "los ciudadanos están exigiendo ejemplaridad". Fabra añadió que "en estos momentos no podemos hacer otra cosa que seguir generando la confianza en el ciudadano, que está exigiendo ejemplaridad".

Estas palabras del Presidente Fabra responden a una exigencia ciudadana cada vez más extendida, fiel reflejo de esta creciente percepción de que los políticos, la clase política, constituyen un problema para el conjunto de los ciudadanos. Hasta el día de hoy, la Alcaldesa de Alicante es, no se olvide, inocente de cualquier delito y lo seguirá siendo hasta el día en que una sentencia firme declare lo contrario. Pero es tan inocente como cualquier otro de los imputados que han dimitido de sus puestos o han sido obligados a dimitir. Y no pueden existir dos varas de medir en el mismo Partido, ni se pueden usar dos criterios contrapuestos en función del escalón administrativo y político de que se trate.

No se trata ahora de la culpabilidad o no de la Alcaldesa que sólo corresponde a la Justicia dilucidarla. Se trata de que su situación procesal y sus actuaciones dañan a la imagen del Partido Popular y se convierten en titulares permanentes. Hace daño a la imagen del PP que el juez instructor la acuse de haber cometido varios delitos basándose en las pruebas existentes en el sumario; daña a la imagen del PP que en tiempos de crisis presida un consistorio con 55 cargos de confianza; daña a la imagen del PP que se ufane de colocar a amigos y conocidos en las contratas municipales; daña a la imagen del PP simultanear dos cargos públicos y no tener tiempo para desempeñarlos adecuadamente; daña a la imagen del PP muchos comportamientos y actitudes que sin ser ilegales son poco presentables. Sonia Castedo debería plantearse seriamente su dimisión e igual que ella, el Sr. Blasco. En nada beneficia a la imagen del PP el hecho que el “tercer” grupo parlamentario más numeroso de las Cortes Valencianas sea precisamente el de los imputados del PP.

Nada impide que renuncie a la Alcaldía, permanezca como concejala sin responsabilidades mientras dura el proceso judicial y que retorne a la Alcaldía cuando se demuestre su inocencia. Es un duro sacrificio, pero seguramente es lo mejor que puede ofrecer a su Partido para compensar la mala imagen y el daño que su situación está causando.

Santiago de Munck Loyola

jueves, 5 de julio de 2012

¿Reforma profunda o cosmética de los Ayuntamientos?

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha vuelto a insistir esta mañana durante una intervención en el Campus Faes en la voluntad del Gobierno de impulsar reformas de las Administraciones Públicas, empezando por las Administraciones Locales. No es la primera persona del Gobierno que anuncia cambios profundos en la Ley de Bases del Régimen Local. Hace unas semanas el Gobierno anunció también en el proyecto de reforma de esta Ley para racionalizar las competencias y los servicios que deberían asumir los entes locales. Y hace pocos días, desde el Ministerio de Hacienda se ha lanzado la idea de reformas que supondrían la obligación de evaluar los costes de los servicios municipales y de proceder a la privatización o al cierre de los que resulten deficitarios. En el caso de la intervención de hoy, los medios de comunicación han destacado la reforma para determinar los sueldos de Alcaldes y Concejales y la reducción del número de éstos.

Parece que el Gobierno está usando la técnica del globo sonda para ir espaciando en el tiempo diferentes aspectos del paquete de reformas de los entes locales que se van a aprobar en las próximas semanas. En cuanto a la modificación del sistema de asignación de los sueldos de los Alcaldes y Concejales parece que responde a una necesidad evidente de homogeneizar las cuantías y de acabar con los espectáculos bochornosos que se producen al inicio de cada legislatura cuando los Plenos de los Ayuntamientos proceden a fijar las retribuciones de sus componentes. Reformar el actual sistema de determinación de las retribuciones de Alcaldes y Concejales es una medida necesaria, pero es a la vez discriminatoria e insuficiente. Debe existir un mismo criterio y un mismo baremo a la hora de determinar cualquier retribución o cualquier salario que tenga su origen en el dinero público. No vale con aplicar un límite al escalón inferior de las administraciones públicas, los Ayuntamientos, sino que la norma, al igual que se ha hecho respecto a la jornada laboral, debe ser extensiva a todas las administraciones públicas y a cualquier entidad que se sostenga con ayudas públicas, sea cual sea su origen o denominación. El criterio es simple y de sentido común: con dinero público, tablas salariales públicas y nadie que perciba una retribución con origen en fondos públicos debe percibir un euro más de lo que perciba el Presidente del Gobierno. Si la máxima responsabilidad política está en la Presidencia del Gobierno, todos los salarios de los cargos públicos deberían ser inferiores al suyo. No tiene mucho sentido ni lógica que Alcaldes, Concejales, Parlamentarios nacionales y autonómicos, Presidentes o Consejeros de Comunidades Autónomas o directivos de entidades financieras intervenidas o ayudadas con fondos públicos ganen mucho más que el Presidente del Gobierno. Y junto a esta norma, otra de sentido común: ningún cargo público podrá cobrar de dos o más fuentes de ingresos públicos aunque se disfrace de dietas por asistencia a Consejos de Administración de Empresas Públicas, indemnizaciones, etc. Pero es que, además, este criterio debería ser aplicado al ámbito del sector privado, es decir, al ámbito de empresas o instituciones que sobreviven gracias a las subvenciones públicas. Por tanto, más que una reforma parcial en este campo de la Ley de Bases de Régimen Local lo que hace falta es una Ley sobre Retribuciones del Sector Público.

Es evidente que la Ley de Bases del Régimen Local necesita una profunda reforma. Pero esta reforma ha de partir de un serio análisis del modelo local que tenemos. No hay que olvidar que nuestro actual modelo tiene su origen y su consolidación en una época histórica concreta. La clase política de finales de los 70 y principios de los 80 partía de una profunda desconfianza hacia unas administraciones locales cuyas estructuras y hábitos provenían de 40 años de dictadura. Se articuló entonces un sistema municipal más preocupado en el control político y democrático de los entes locales que del desarrollo eficaz de la gestión de los mismos. Esa desconfianza inicial se tradujo en un desplazamiento de la gestión hacia el ámbito político reproduciéndose en los entes locales esquemas de funcionamiento que hoy por hoy necesitan una profunda reforma.

Hoy más que nunca es preciso que los políticos locales centren su actividad en desarrollar políticas más que en gestionar. No es lo mismo hacer política que gestionar. Las Administraciones Locales cuentan con excelentes profesionales cuyo papel debe ser potenciado en las próximas reformas legislativas.

Igualmente, es necesario abordar algunos aspectos importantes como son la delimitación de competencias de los entes locales, la financiación sostenible de los mismos, el papel de las Policías Locales en relación a la seguridad ciudadana, la coordinación y la cooperación entre las distintas administraciones públicas, etc. Son tantos los aspectos que podrían y deberían reformarse que sería una lástima que las urgencias presupuestarias terminaran centrando la reforma de los entes locales en simples recortes salariales o en la reducción de los cargos públicos. Ojala que no sea así, porque los Ayuntamientos son la base de la convivencia ciudadana y la primera puerta a la que todos accedemos para demandar atención y servicios.

Santiago de Munck Loyola