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miércoles, 30 de noviembre de 2011

Con el dinero público, el que no corre vuela.

En estos días estamos presenciando algunas noticias sobre diferentes actitudes de políticos en torno al uso y destino de los fondos públicos. Algunas no son muy edificantes, como la de ese Alcalde que cargaba sus sesiones de “trabajo” en los lupanares a la tarjeta de crédito del Ayuntamiento o la de ese otro Alcalde que se dedicaba a enviar mensajes sms con el móvil del Ayuntamiento a un concurso para intentar ganar en sorteo un Porsche que como vehículo oficial seguro que mola un montón.

Y qué decir sobre todas las noticias que van apareciendo en torno a los magníficos negocios del yerno de Su Majestad el Rey, fraguados y alimentados con los presupuestos públicos. Algunos están empeñados en no reconocer el incuestionable papel del Sr. Urdangarín para reactivar el decaído sector inmobiliario. De los despachos en gasolineras, mejor no hablar de momento.

Y junto a estas noticias hay otras que en un sentido contrario suponen una nueva forma de enfocar el uso de los fondos públicos o, al menos, un intento de ello. Hemos conocido que dos diputados de IU, no todos como señalaban algunos medios de comunicación, los Sres. Cayo Lara y Alberto Garzón han sido los primeros en la historia de la Cámara que han renunciado al fondo de pensiones privado que paga el Congreso a los parlamentarios. Un buen gesto, pero tan sólo un gesto insuficiente respecto a los privilegios de la clase política y en concreto de los parlamentarios. ¿Van a seguir manteniendo sus señorías sus privilegios? ¿Van a seguir cotizando menos años que los demás para cobrar la pensión máxima a la jubilación? ¿Además del sueldo les tenemos que seguir pagando un portátil, un móvil y un iPad? ¿No alcanzan sus sueldos para comprarse los útiles necesarios para hacer su trabajo? ¿Van a seguir cotizando en el IRPF como si fuesen mileuristas? ¿Van a poder seguir cobrando de varias fuentes a la vez o van a aplicarse incompatibilidades rigurosas?

De otra parte, el Presidente de la Generalidad Valenciana, el Sr. Fabra, ha recomendado a los altos cargos que no gasten más de 20 € en la comida diaria. Buen gesto también pero no cabe más remedio que preguntarse ¿por qué los contribuyentes hemos de pagar la comida diaria de los altos cargos? ¿No llegan sus sueldos como para que se paguen de su bolsillo la comida al igual que hacen todos los funcionarios y empleados públicos a los que se ha venido recortando el sueldo? ¿A cuántos altos cargos paga la Generalidad la comida diariamente? ¿A cuánto asciende anualmente la nutrición pública de los altos cargos valencianos?

En otro alarde de supuesta ejemplaridad, el Sr. Arenas acaba de proponer también que se prohíban las tarjetas de crédito con cargo a las Administraciones Públicas. Buen gesto, pero, una vez más, insuficiente. Dicen que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Y es cierto. Con buenas intenciones como éstas no vamos a ningún sitio bueno. La clase política debe, de una vez, encarar y resolver los problemas que generan su mala imagen.

Los contribuyentes tenemos derecho a que los fondos públicos sean tratados con rigor y, sobre todo, con transparencia. Hoy en día la clase política se ha ocupado muy bien y solidariamente de que sea muy difícil conocer con exactitud sus ingresos reales, los privilegios de distinta índole que se vienen otorgando a si mismos, el número de coches oficiales existentes, el número, función y retribuciones de los miles de asesores que pululan por las administraciones públicas o, simplemente,  el número de teléfonos móviles repartidos a diestra y siniestra y pagados por los ciudadanos. Y mientras no se apruebe un Estatuto para los cargos públicos ejemplarizante vamos a seguir así, facilitando toda clase de abusos mientras el nivel de vida del conjunto de la población sigue descendiendo de forma alarmante. Con lo que hay, desde un modesto concejal de pueblo hasta el mismísimo yerno del Rey se sirven de los fondos públicos y, al parecer, no siempre de forma ejemplar.

Santiago de Munck Loyola

viernes, 25 de noviembre de 2011

Esperanza Aguirre.

Durante el tiempo que me dediqué a la política activa siempre mantuve una excelente relación política con Esperanza Aguirre antes de que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid que se remonta a su época de Concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. Nos vimos por primera vez desde posiciones enfrentadas al trasladarle la posición inicial del PP de Rivas-Vaciamadrid en contra de la llamada “incineradora” de Valdemingómez.

Después coincidimos en numerosas ocasiones y en 2003 fui candidato a la Alcaldía de Rivas, por cuarta vez, por petición expresa suya y en contra de mi criterio e intereses personales. He de subrayar el hecho de que, a pesar de que ella no siempre cumpliera su palabra respecto a sus compromisos políticos conmigo, ello nunca supuso un alejamiento político por mi parte.

Durante los últimos 8 años, la actividad política de Esperanza Aguirre ha trascendido constantemente el ámbito autonómico madrileño. Su oposición al Gobierno de Zapatero ha sido dura y permanente. En unos casos se trataba de alzar la voz en la defensa de los intereses de los madrileños que eran tratados discriminatoriamente por el ejecutivo nacional, al igual que en el caso de los valencianos. En otros, se trataba directamente de posicionarse en el conjunto del debate nacional sin especial referencia a los asuntos regionales.

En todo caso, Esperanza Aguirre cubría un flanco electoral que parecía haber dejado desprotegido la estrategia política desarrollada por el equipo de Mariano Rajoy lo que, en alguna medida, le confería un liderazgo nacional y una cierta capacidad de alternativa, dentro del Partido Popular, para todos aquellos que no comprendían o no se encontraban cómodos con esa estrategia y que demandaban un rumbo opositor diferente a Rajoy.

Sin embargo, es indudable que la actitud desarrollada por Esperanza Aguirre ha sido traducida, acertada o erróneamente, por los comentaristas políticos como una actitud crítica con el mismo Rajoy y con todos cuantos le apoyaran. De esa traducción se deriva la certeza para muchos de la incompatibilidad política y los celos entre la Presidenta Regional madrileña y el Alcalde de la Capital, Gallardón. De esa traducción se deriva también, por ejemplo, que el fulminante cese del hasta ahora Secretario General madrileño, Granados, responda a los acercamientos del mismo hacia el núcleo colaborador de Mariano Rajoy, como lo fue hace unos meses el nombramiento a “dedazo” de corte estalinista de la Sra. Sánchez Ramos, descalificadora oficial de Rajoy, como candidata popular a la Alcaldía de Rivas.

La actitud política de Aguirre, la del “verso suelto” como algunos la definían, tras la derrota de marzo del 2008 y antes del Congreso de Valencia podía haber tenido cierto sentido, si hubiese servido para fraguar una alternativa a la estrategia política y al liderazgo de Mariano Rajoy y de su equipo. Pero no fue así, se quedó en un simple amago que no cristalizó, por la razones que fuesen, y, sin embargo, se ha venido prolongando en el tiempo generando una percepción pública de crítico distanciamiento que, en muchas ocasiones, ha hecho las delicias de los adversarios políticos del partido Popular y que también ha servido para desconcertar a no pocos militantes y votantes del Partido Popular. Incluso ha supuesto que muchos dirigentes locales madrileños se guarden todo lo que pueden de expresar públicamente ciertas simpatías o antipatías.

Para quienes creemos que las siglas están por encima de los personalismos y que conocemos algo la dinámica interna del Partido Popular y de muchos de sus dirigentes, resulta difícil aceptar que se trate tan sólo de lecturas distorsionadas de los medios de comunicación.

El liberalismo no se predica, se practica. Un liderazgo político sustentado, no sólo en las urnas, sino también en la “auctoritas” y el prestigio personal se puede y se debe ejercer de forma compartida sin temor alguno. Y un liderazgo compartido debe integrar la crítica política interna porque le enriquece. Todo lo que no sea así podrá ser muy efectivo a corto plazo, pero se disolverá por inconsistente con el paso del tiempo. El Partido Popular de Madrid siempre ha sido una organización sólida y fuerte que, bajo la Presidencia de Pío garcía Escudero, trabajó sin matices ni personalismos en pro de todos los candidatos y sin servir de caja de resonancia a ningún ego. Y debería seguir en la misma línea.

Los tiempos en política son fundamentales y eso es algo que se suele apreciar mejor desde fuera y, sobre todo, a posteriori. Lo que en 2008 podía haber sido una estrategia cuando menos interesante, hoy no lo es. Los ciclos pasan y se cierran. Y la inteligencia política está en saber percibirlo a tiempo. Hoy, con la que está cayendo, seguir transmitiendo ciertas sensaciones o dar lugar a que se puedan extender, aún no siendo ciertas, es simplemente un error.

Santiago de Munck Loyola

lunes, 21 de noviembre de 2011

Rajoy Presidente: empieza lo más difícil.

Dicen los expertos que las elecciones las pierden los gobiernos, no las ganan las oposiciones. El socialismo español en su versión zapaterista acaba de sufrir una derrota histórica, una debacle en toda regla al bajar del listón del 30 % de los votos en las elecciones del 20N. El PSOE, que ganó en 2008 montado a caballo del engaño y la mentira respecto a la crisis, ha recibido un justo premio a su desastrosa gestión evidenciada en los pésimos números que en todos los frentes deja al descubierto: paro, déficit, deuda, quiebra de empresas, etc. El “buenismo” zapaterista se ha manifestado como una visión errática y carente de rigor intelectual en la gestión de los asuntos públicos. El PSOE ha hecho todos los méritos posibles para recibir el castigo electoral que ha recibido. Su campaña electoral, dirigida por la alicantina Valenciano, ha sido una de las peores campañas que se recuerdan en esta etapa democrática; sin imaginación, sin propuestas, sin programa, con mensajes erróneos y con tonos grisáceos. El PSOE afrontó el sombrío panorama con un mensaje negativo, un mensaje de confrontación y división, “la pelea”. Todo lo contrario que el Partido Popular que, frente al mismo panorama, transmitió un valor positivo, el de la integración, “sumar”. Ha sido, por tanto, la del PSOE una campaña incapaz de hacer remontar mínimamente las negativas expectativas electorales iniciales. Peor no se podía haber hecho. El PP debería enviar un regalo a Dª Elena Valenciano y rendirle un sincero homenaje por la inesperada ayuda recibida desde Ferraz. El Gobierno ha perdido con la inestimable ayuda de su propio partido.

La antítesis ha sido la campaña del Partido Popular, certeramente encaminada a no soliviantar a nadie, a hacer poco ruido y a consolidar así las expectativas iniciales. Una campaña que ha brillado en las redes sociales con numerosas iniciativas y ofertas audiovisuales atractivas capaces de tocar fibras muy sensibles en un país con tantas heridas sociales abiertas. Un buen trabajo el de Ana Mato y de su equipo que ha sabido cosechar los frutos ya maduros de la huerta electoral proporcionando al Partido Popular un buen margen de maniobra para afrontar la legislatura con un sólido respaldo parlamentario.

Si difícil ha sido llegar hasta aquí, más difícil va ser gobernar los próximos cuatro años. La primera tarea de Mariano Rajoy va a ser la de conformar una gobierno sólido y cohesionado compuesto por políticos preparados y con capacidad gestora. Y a partir de ahí ponerse manos a la obra para hacer realidad los compromisos electorales. No va a haber milagros, lo decía ayer Rajoy, ni nada parecido. Sólo cabe aplicar una receta compuesta a partes iguales de esfuerzos, sacrificios y solidaridad. El Partido Popular y el próximo Presidente del Gobierno tienen la obligación política de concitar adhesiones a la gran tarea que supone sacar a los españoles de la actual situación de emergencia nacional en la que nos encontramos. Con diálogo y con consenso cuando sea y hasta donde sea posible, pero con firmeza cuando así lo exijan las circunstancias.

La mayoría de los españoles ha apostado por el cambio y ha depositado su confianza en quienes creen que mejor pueden hacer frente a la crisis. Y ahora empieza lo más difícil para Mariano Rajoy: no defraudar esa confianza, ni las esperanzas de tanto millones de españoles.

Santiago de Munck Loyola

domingo, 20 de noviembre de 2011

¡A votar, por fin!

Y llegó el día esperado, el día de las votaciones. Casi 36 millones de españoles tienen hoy la oportunidad de decidir qué rumbo ha de seguir España durante los próximos años: el de la continuidad o el del cambio. Termina con ello una tediosa y aburrida campaña electoral en la que los partidos políticos, digan lo que digan, no han escatimado en gastos para atraer el voto de los electores y en la que hemos asistido, incluso, a la resurrección escénica de verdaderos cadáveres políticos vinculados a la etapa más negra del terrorismo de estado. Y concluye también una no menos pesada precampaña de varios meses originada por la insólita decisión del Presidente Zapatero de anunciar la convocatoria de elecciones con tantos meses de antelación, es decir, haciendo una vez más las cosas mal para ser coherente con su trayectoria gubernamental.

Con casi total seguridad, la jornada electoral transcurrirá con normalidad y tranquilidad, excepción hecha quizás de las habituales anécdotas que puedan producirse y de las que protagonizarán algunos “indignados” que según parece se personarán en las mesas electorales para solicitar que se certifique que no votan, Se trata de un disparate más, surgido de no se sabe qué mente preclara, que no se sostiene y que resulta de imposible cumplimiento por parte de los responsables de las mesas electorales. Si uno de estos “indignados” se presentase en una mesa electoral, por ejemplo, a las 13 horas solicitando tal certificado sería imposible emitirlo pues nada le impediría volver a las 18 horas y votar, con lo que el certificado sería falso. Tampoco podrían personarse después de la hora de cierre de las votaciones porque los colegios deben cerrarse y, por tanto, deberían permanecer dentro de los mismos para que una vez finalizado el escrutinio pudiese emitirse semejante e inútil certificado. Es lamentable que con esta iniciativa se pretenda cuestionar y dificultar el derecho más básico y elemental de los ciudadanos en una democracia, el de poder elegir a sus representantes. Está claro de qué lado de la democracia se sitúan algunos, no todos, de los integrantes de este movimiento que ya está dando, como era de esperar, síntomas evidentes de agotamiento.

En todo caso, hoy, sean cuales sean los resultados electorales se cierra una etapa y se abre una nueva. Se cierra la etapa del peor Presidente de Gobierno de la Democracia, del más incompetente e insolvente de los jefes de ejecutivo de esta etapa democrática. Un Presidente que llegó a serlo porque se produjo el peor atentado terrorista de la historia española. Un Presidente que deja la peor herencia que nunca un gobernante legó a su sucesor: unas arcas públicas en bancarrota, España al borde del rescate europeo, 5.000.000 de parados, los derechos sociales recortados, la imagen de España desprestigiada por el mundo,…

Y se abre, por tanto, un nuevo período de ilusión y de esperanza, aunque también de más esfuerzos y sacrificios por parte de todos para intentar desprenderse de la herencia de Zapatero y sus colaboradores. Porque, no puede ni debe olvidarse, que son corresponsables de esta situación todos los partidos que con sus votos han sostenido a los minoritarios gobiernos de Zapatero y que hoy intentan aparecer ante los electores como grupos absolutamente desvinculados de esta herencia. Y no, sin ellos, esta herencia no sería la que es.

Ojala la jornada transcurra en paz, con alegría y con tranquilidad y mañana podamos todos levantarnos con un nuevo y mejor horizonte.

Santiago de Munck Loyola

viernes, 18 de noviembre de 2011

¡A reflexionar! (el que lo necesite).

Hoy estamos en Jornada de Reflexión porque así lo impone la vigente Ley electoral española. Un curioso invento que parece querer invitarnos a los electores a que dediquemos el día a reflexionar sobre lo que vamos a votar al día siguiente. Se trata, sin duda, de un tecnicismo paternalista porque los ciudadanos somos libres para decidir a qué podemos dedicar o no cualquier día del año. Las legislaciones electorales de los países democráticos son muy variadas al respecto y podemos encontrar versiones para todos los gustos. Aquí, durante la jornada de reflexión los candidatos y los partidos políticos no pueden distribuir propaganda y no pueden realizar actos de ninguna clase encaminados a la petición del voto. Nuestra Ley no sólo establece esta limitación, sino también la publicación de encuestas durante los cinco días previos a las votaciones, limitación, por cierto, promovida con vehemencia en su día por D. Manuel Fraga. Sin embargo, nada impide que los medios de comunicación españoles puedan hacerse eco de las encuestas que publican los medios extranjeros tal y como hemos podido ver con la encuesta que el “Times” acaba de publicar otorgando al PP una ventaja de 20 puntos sobre el PSOE.

En su día, las limitaciones a la actividad electoral en el día previo a las votaciones se establecieron en algunos países para evitar que los militantes y simpatizantes de los partidos concluyeran las campañas electorales a bofetada limpia, como era habitual, antes de ir a votar. Llamar hoy a este día jornada de reflexión constituye un anacronismo más a sumar al de las propias campañas electorales en su actual configuración. Oficialmente la campaña electoral dura quince días, sin embargo nosotros llevamos más de cuatro meses de campaña real. No está de más recordar que desde 1978 la única jornada de reflexión no respetada y violada fue la de 2004, primera vez que Zapatero llegó al poder, y que el artífice de aquel atropello a la Ley electoral fue, el hoy candidato socialista, P. Rubalcaba.

Pocos serán los que a estas alturas no tengan ya decidido su voto tras tantos meses de campaña y, por tanto, los que necesiten hacer uso de la jornada de hoy para reflexionar sobre su voto del domingo.

En el fondo, la decisión del voto del domingo se limita a elegir entre seguir otros cuatro años más con el mismo partido que hasta ahora ha gobernado y sus políticas o cambiar de partido y de políticas. Continuidad o cambio, así de sencillo. Cerrar el ciclo político que se inició tras los atentados del 11M o mantenerlo prorrogándolo cuatro años más.

Todas las encuestas han vaticinado la victoria del cambio y el domingo por la noche conoceremos la magnitud del mismo. Ojala sea lo suficientemente contundente como para construir un futuro ilusionante que nos haga olvidar pronto el triste presente que nos legan.

Santiago de Munck Loyola

miércoles, 16 de noviembre de 2011

La invasión de los tecnócratas: todo para el pueblo, pero sin el pueblo.

Los mercados internacionales decidieron que había que acabar con el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, cuyo partido, el Polo de la Libertad, había ganado las últimas elecciones generales, y sustituirlo por un técnico, Mario Monti. Tras tiras y aflojas, Mario Monti ha sido nombrado primer ministro, ha compuesto un gobierno sin políticos y en breve habrá de someterse a la cámaras para obtener el respaldo de los partidos políticos, es decir, de los representantes de la soberanía popular. Esta complicada operación parece reunir todas las formalidades exigibles por la Constitución italiana, pero siendo un proceso técnicamente legal se plantean dudas más que razonables sobre su legitimidad y, por tanto, sobre la calidad de la democracia italiana. A lo mejor, con ello mejora la calificación de la deuda italiana, pero indudablemente empeora la calificación sobre la calidad democrática del sistema político italiano.

Los italianos no han sido consultados en las urnas sobre esta decisión que sus representantes han tomado para complacer a los mercados internacionales. El poder del dinero se ha impuesto sobre la soberanía popular. Hay quien saluda esta decisión y justifica la legitimidad de la misma argumentando que los parlamentarios son los legítimos representantes de los ciudadanos y, por tanto, los únicos con capacidad decisoria al respecto. Una vez más, se confunde la legitimidad de origen con la legitimidad de ejercicio. Los parlamentarios lo son porque fueron elegidos presentando un programa a los electores que, en virtud del mismo, les confirieron el voto. Ninguno de esos programas electorales contemplaba una eventualidad como ésta y, por tanto, los parlamentarios carecen de mandato alguno de los electores para adoptar una decisión tan trascendental como ésta.

A esta circunstancia hay que sumar otra que resta aún más legitimidad al nuevo gobierno italiano. Ninguno de los nuevos ministros propuestos por el Profesor Monti son políticos, ninguno ha comparecido ante las urnas y ninguno de ellos, por tanto, ha recibido mandato alguno de los votantes.

Las democracias reales, las democracias serias no funcionan así. Nos encontramos ante una recuperación del viejo principios del absolutismo ilustrado de “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. Es muy posible que los italianos eligieran mal en las últimas elecciones y que el gobierno surgido entonces haya resultado un desastre, pero es lo que eligieron y si ahora es preciso rectificar el rumbo debería ser la propia ciudadanía la que tomase una nueva decisión.

Las reglas de juego básicas en cualquier democracia pasan porque los ciudadanos elijan un programa de gobierno y un determinado gobierno o que adopte decisiones que permitan a los partidos políticos llegar a determinados acuerdos para hacerlo cuando no hay un mandato claro al respecto. En este caso, estas reglas no se cumplen.

Es muy posible y lo hemos visto recientemente en España que un gobierno no esté compuesto precisamente por personas preparadas para abordar situaciones tan difíciles como las actuales pero ese error, si así lo aprecian los ciudadanos, se debe pagar en las urnas. Si los llamados tecnócratas tienen que gobernar un país deben recibir el mandato de los ciudadanos para ello, es decir, deben presentarse a las elecciones con las siglas de su preferencia (no nos engañemos, por muy técnicos que sean cada uno tiene su ideología política) o formalizar programas y candidaturas independientes. Pero si los tecnócratas llegan al poder por vías diferentes estamos ante una auténtica prostitución de la democracia y ante una estafa legal a los ciudadanos. De seguir con esta vía, cualquier día nos quitan las elecciones y convocan oposiciones a Presidente del Gobierno. Y, si no, al tiempo.

Santiago de Munck Loyola


Pobre España pobre.

No hace muchas horas, en los informativos de una cadena de televisión se podían ver unas imágenes en las que aparecían unos ancianos que esperaban a que se sacaran a la calle los contendores de la basura de un restaurante para registrarla y sacar comida para llevarse a casa. Después de coger lo que podían aprovechar, volvían a meter en los cubos la basura que no les servía. No eran éstas las únicas escenas de este estilo que últimamente se han podido ver en las televisiones. Cada vez son más los casos de gente que tiene que buscar en la basura para poder comer. Desempleados y jubilados, gente que hasta no hace mucho podía, con más o menos dificultades llegar a fin de mes, hoy ya no puede hacerlo. Los comedores sociales de Caritas, de esa Iglesia tan denostada por algunos, no dan ya  abasto, se han quedado pequeños. En nuestro país ya hay 1.425.200 familias en las que todos sus miembros están en paro y sin ingresos. El 4,3 por ciento de los españoles con 65 o más años se encuentra en estado de desnutrición y el 25,4 por ciento se halla en riesgo de padecerla. En 2011 más de 100.000 familias perderán su vivienda. Todos los datos estadísticos señalan que hoy muchos más pobres en España que en 2004 y que la brecha entre los ricos, que son más ricos que en 2004, y los pobres se ha agrandado de forma notable. Esta es la realidad que estamos viviendo, la realidad que existe en nuestras calles a pesar de la casi paradisíaca imagen que, salvo excepciones, nuestros medios de comunicación transmiten. Pan y circo para los que aún no les ha tocado la crisis. Entretenimiento, fútbol, chismorreos del corazón y banalidades para huir de una realidad estremecedora.

Que un país como el nuestro permita que muchos de sus ancianos, tras toda una vida de trabajo y esfuerzo, tengan que rebuscar en la basura para comer no tiene vergüenza. Que una sociedad como la nuestra atiborrada de estandartes y lemas sociales, tan grandilocuentes como huecos, abandone a su suerte a tanta gente no es digna de respeto.

No estamos hablando de cualquier país, no. Estamos hablando de España, de nuestro país, de nuestras ciudades, de nuestras calles, de nuestros vecinos o de nosotros mismos. Hemos construido dos mundos, dos realidades diferentes que compartiendo tiempo y espacio se rehúyen. La España oficial, la que se refleja en la inmensa mayoría de los medios de comunicación, la de la clase política y la de una gran parte de la sociedad española, instalada con mayor o menor comodidad, que prefiere mirar a otro lado. Y la España de los comedores sociales, del hambre y el frío, de los desalojos y el abandono que no es escuchada normalmente.

A la primera España pertenece la segunda mayor flota de coches oficiales del mundo porque nuestra clase política no usa su vehículo privado o los medios de transporte público para ir a trabajar, a cumplir sus obligaciones. A la primera España pertenecen los miles de asesores que necesitan nuestros políticos para intentar hacer aquello por los que les pagamos. De esa España forman parte las indemnizaciones millonarias de los banqueros que se embolsan tras vaciar las entidades financieras que tenían a su cargo y que los demás saneamos con nuestros impuestos. A la misma pertenecen las SICAV, las pensiones de oro de los políticos, los dobles y triples sueldos disfrazados y con origen en la caja pública, los privilegios en las pensiones, los más de 100.000 teléfonos móviles pagados con dinero público y sin control de uso alguno, los cientos de millones de euros en subvenciones repartidos entre partidos políticos y sindicatos, los ERES fraudulentos, las obras públicas inútiles que no hay quien mantenga tras su inauguración, los privilegios recaudatorios de la SGAE, los pelotazos urbanísticos, las burbujas inmobiliarias y financieras, las primas de riesgo y su “santa” madre…

Entre una y otra España hay un gran muro, un muro de la vergüenza que es negado e ignorado, pero que ahí está. Y la clase política, en la medida que se afianza, olvida cada vez más una realidad que no le gusta o, lo que es peor, que no conoce. En el fondo, la clase política sólo es un producto, un reflejo de la sociedad que la genera, la encumbra y la tolera. Una sociedad anestesiada e insensible sólo puede generar una clase política igual de anestesiada e insensible.

Hoy mandan los mercados, los especuladores y la clase política hace lo que sea menester para tranquilizarlos. Si hace falta hasta se cambian gobiernos sin que el pueblo vote siquiera. Y si hay que reducir gastos porque no se puede seguir gastando más de lo que se tiene, se empieza siempre aplicando unos retoques cosméticos a cuanto afecta a la propia clase política (ejemplaridad dicen) y se continúa con cirugía de campaña, sin anestesia, para los demás. Y así no se puede seguir por mucho tiempo. Torres más altas han caído.

Santiago de Munck Loyola

jueves, 10 de noviembre de 2011

El programa oculto.

Parece que, a medida que avanza la campaña electoral, las cosas no le están saliendo bien al PSOE: el efecto Rubalcaba se está convirtiendo en el defecto Rubalcaba. Un defecto que está mermando las, ya de por si escasas, expectativas iniciales de los socialistas.

Encaró su mejor oportunidad, la del debate, asumiendo resignadamente la posición inicial de perdedor y otorgándole a Mariano Rajoy la de próximo Presidente del Gobierno de España. Una oportunidad evidentemente perdida que lo único que ha puesto de manifiesto es quizás una vocación tardía y frustrada de periodista inquisidor.

De las insinuaciones de Rubalcaba en el debate sobre la existencia de un programa oculto del Partido Popular, el PSOE ha pasado a establecer y a centrar su estrategia electoral en denunciar la certeza de la existencia de ese supuesto programa oculto. Flacos de memoria son estos chicos. Primero nos machacaron durante años pregonando que no había alternativa porque el PP no tenía programa. Rubalcaba demostró en debate que habían mentido, que era falso que el PP no tuviera programa y lo hizo formulando preguntas a Rajoy sobre el contenido del programa popular una y otra vez. El PP tiene programa y Rubalcaba se lo conoce. Otra cosa es que no lo entienda o que no le guste. Ahora, los socialistas han dado un paso más: el PP no sólo tiene un programa de gobierno, sino que tiene dos.

El PP tiene el programa que es público y que también se conoce Rubalcaba y otro programa, el oculto. Y tras este brillante descubrimiento, los socialistas se han lanzado en tromba a enviar mensajes denunciando la existencia de ese supuesto programa oculto. Es decir, que están montando su campaña sobre una falacia que dan por cierta sin prueba alguna. Confunden sus deseos con la realidad y tratan de convencer de ello al electorado.

Ya vimos que Rubalcaba en el debate fingió no conocer a Zapatero ni sus políticas. En ningún momento enarboló o exhibió logro alguno del gobierno que él mismo ha vicepresidido. También se pudo constatar que ningún momento sacó a la palestra su propio programa electoral que seguramente existirá, pero del que nadie habla.

De programas ocultos, los españoles ya conocemos uno: el del PSOE en 2008. Porque, como bien recordó Mariano Rajoy, en el programa socialista de 2008, por mucho que uno se lo lea, no aparece el recorte de los salarios de los empleados públicos, ni la congelación de las pensiones, ni la supresión del cheque bebé, ni la desaparición de la desgravación de 400 euros, ni las negociaciones con los etarras, ni el retraso de la jubilación a los 67 años, ni el aumento del período de cotización para percibir una pensión, ni la destrucción sistemática de empleo, ni las medidas restrictivas para la financiación de los municipios ni ninguno de los “logros” con que los socialistas han obsequiado a la ciudadanía durante esta lúgubre legislatura que afortunadamente concluye ahora. Había un programa oculto del PSOE y todos los ciudadanos lo hemos podido sufrir en nuestras propias carnes.

Y si hubo programa socialista oculto en 2008 nada permite hacer suponer que no exista ahora otro programa oculto del PSOE. Y vete a saber que nuevas fechorías esconden. Mejor no saberlo, aunque uno se las pueda imaginar. Mejor mirar el futuro con ilusión y con esperanza sabiendo que sin ellos en el Gobierno cualquier programa será mejor.

Santiago de Munck Loyola

martes, 8 de noviembre de 2011

El debate: Rajoy y Rubalcaba.

Vaya por delante que, con la que está cayendo, gastar más de 500.000 euros en la celebración del debate entre Mariano Rajoy y Pérez Rubalcaba, Alfredo para los amigos, constituye un auténtico despilfarro económico, un pésimo ejemplo para los ciudadanos a los que tantos sacrificios se les impone y, lo que es peor, un mal augurio sobre cómo la clase política piensa seguir gastando el dinero, gane quien gane las próximas elecciones.

Por otra parte, un debate a dos, limitado a los candidatos de los dos partidos políticos mayoritarios, es un debate devaluado e incompleto que no hace otra cosa que reforzar el bipartidismo y a evidenciar el abismo que existe entre los discursos sobre la necesidad de regenerar nuestro sistema político mejorando la representatividad y la verdadera voluntad de las cúpulas del PSOE y del PP.

Este debate ha puesto en evidencia algunos aspectos cuando menos curiosos y ha revelado que algunos de los tópicos con que desde hace años se nos ha venido machacando no son más que eso, tópicos y no realidades. Durante mucho tiempo, desde las filas socialistas se ha venido lanzando el mensaje de que el partido Popular no tenía programa y que Rajoy no hacía propuesta alguna para salir de la crisis. Hoy, curiosamente, el candidato P. Rubalcaba ha demostrado que ese mensaje era una falsedad más. Machaconamente a lo largo del debate ha venido formulando preguntas a su oponente sobre distintos aspectos del programa popular tratando de subrayar sus presuntas inexactitudes o inconcreciones, en su caso. Con su persistente actitud, Rubalcaba ha dejado claro que el PP sí que tiene un programa de Gobierno y que durante años los socialistas han estado mintiendo a la opinión pública diciendo lo contrario. Podrá gustar más o menos el programa, pero lo evidente es que sí existe y, de hecho, durante el 90 % del debate se ha hablado de dicho programa y no del programa socialista que sí que constituye una verdadera incógnita.

Otro aspecto más que curioso que ha revelado el debate es que parece que el candidato socialista no ha formado parte del gobierno del Sr. Zapatero, es como si no le conociese. Rubalcaba ha sido incapaz de defender el conjunto de la gestión socialista de estos últimos años y prácticamente no ha mencionado ni al Presidente del Gobierno ni a su labor. El candidato socialista se ha comportado durante todo el debate como si se tratase de un periodista mordaz o como si estuviese examinando a un Presidente del Gobierno. Su actitud no ha sido la de un rival con opciones de ganar, sino como la de un candidato que se sabe perdedor y que da ya por ganador a su adversario político y así lo dejaba traslucir a lo largo de sus intervenciones.

Rajoy ha tenido una actitud más segura, más presidenciable. Ha sido la de quien se cree ya ganador y que no necesita arriesgar en el debate, que es tenido como un trámite más en una carrera ya ganada. Ha sabido concretar algunas propuestas y ha utilizado un lenguaje a veces excesivamente didáctico.

Por último, y parece pactado a propósito, ninguno de los dos candidatos ha mencionado la corrupción. Esta ausencia es especialmente significativa cuando en estos días está aflorando el caso Campeón, con el ministro Blanco bajo los focos de la sospecha, y cuando aún colea el caso Gürtel. Mal síntoma este silencio, este tupido velo sobre un aspecto esencial en el objetivo de regeneración democrática.


Santiago de Munck Loyola




jueves, 3 de noviembre de 2011

¿Por qué ofende a los cabrones, Sra. Juez?

"¡Pobre mujer! ¡Y encima se ríen estos cabrones!". Esta frase se le ha escapado a la juez de la Audiencia Nacional Ángela Murillo durante el juicio contra el exjefe de ETA, Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote', acusado del asesinato el 14 de julio de 2001, después de que le colocaran una bomba lapa en su furgoneta, del concejal de UPN en Leitza (Navarra), José Javier Múgica. Parece que la Sra. Juez no se ha enterado de las últimas noticias sobre la ETA. ¡Muy mal, Sra. Juez! Casi todo el mundillo político y social anda festejando el último comunicado de la banda y usted en Babia.

¿Acaso no ha escuchado al insigne experto en política y fogones, Sr. Arguillano? Pero, si está muy clarito, mujer, que los de ETA ya no van a matar ¡palabrita del Niño Jesús! Y cada pueblo tiene derecho a decidir su destino. Sí, cada pueblo, como lo oye. Lo dicen los de ETA también en su comunicado. Hay algún problemilla para delimitar qué se entiende por cada pueblo porque no está claro si hay que incluir a los que se han tenido que marchar del País Vasco o se puede prescindir de ellos, al igual que se prescinde de los que han sufrido en carne propia y de modo irreversible los efectos colaterales del “conflicto armado”. Pero, en fin, si Arguiñano lo tiene claro y con fundamento para qué molestarse en hacer análisis sobre las soluciones a este tema. Él tiene la receta y la comparte con los ilustres mediadores internacionales que nos han visitado y nos han dicho lo que hay que hacer. No, no se preocupe Sra. Juez, que lo tienen muy clarito: lo de las voluntad emanada de las urnas no cuenta, no. Cuenta mucho más la voluntad humeante surgida de los 9 mm parabellum y de las bombas lapa. ¿Cómo se va a comparar a la hora de decidir el futuro la autoridad y prestigio moral de los asesinos de inocentes que las de las víctimas y el resto de los ciudadanos?

Y si se ha perdido las magistrales declaraciones del indocumentado cocinero, ahí tiene las del nacionalista Durán y Lérida que dirigiéndose a las víctimas les ha dicho que no es hora de venganza, sino de generosidad. Es normal que este señor confunda venganza con justicia que para eso milita donde milita, pero que su opinión sea secretamente compartida por muchos debería ser preocupante.

En fin, Sra. Juez, que debería haberse enterado de que ahora las cosas son diferentes, que hay que situar en el mismo plano a víctimas y verdugos. ¿Acaso tampoco ha escuchado al Sr. Urkullu? Vaya por Dios. Dése cuenta que los familiares de los etarras sufren muchísimo porque a veces tienen que recorrer muchos kilómetros para visitar en las prisiones a sus angelitos y se han dado casos, fíjese, de que se han producido accidentes en los desplazamientos. ¿Y de quién es culpa, eh? Pues del “conflicto armado” que el represor estado español se obstina en mantener. Ni más, ni menos. Los familiares y amigos de los angelitos etarras son víctimas por culpa del estado represor que encierra a sus criaturitas, esas que se suelen mear encima cuando las detienen, por haberse visto obligadas a matar niños en casas cuartel, a funcionarios, a periodistas, a jubilados o a cualquiera que se haya hecho acreedor de la justicia de los valientes gudaris.

¿Cómo ha podido Sra. Juez llamar cabrón a este angelito “Txapote”? Este “valiente” gudari que descerrajó un tiro en la nuca a un indefenso y maniatado Miguel Ángel Blanco o a Gregorio Ordóñez, Fernando Múgica, José Antonio Santamaría, José Manuel Olarte, Alfonso Morcillo, Enrique Nieto, Francisco Arratibel, Juan José Baeza, Tomás Caballero, José Luis Caso, José Ignacio Iruretagoyena, Francisco Javier Gómez Elosegi o Manuel Zamarreño entre otros, no es un cabrón, no. Es algo mucho peor e incalificable al igual que los que le apoyen y jalean con sus votos. Sinceramente, Sra. Juez, no comprendo su actitud. ¿Qué le han hecho a usted todos los cabrones de este país para que usted les ofenda de esta manera tan cruel situándoles al mismo nivel que esta alimaña?

Santiago de Munck Loyola

martes, 1 de noviembre de 2011

Con el programa del PP el SEPES debería desaparecer.

En el Programa Electoral que el Partido Popular presenta en estas elecciones generales de 2011 figura, entre otras cosas, lo siguiente:
Delimitaremos con precisión las competencias de las distintas administraciones para evitar las duplicidades de gasto o la demora en la atención de las necesidades de los ciudadanos. Dotaremos a cada administración de los recursos necesarios para garantizar la prestación de los servicios públicos, y que éstos sean asignados eficientemente y con respeto al principio de lealtad institucional.
Reduciremos el número de entes y organismos del sector público para asegurar una gestión más transparente y eficiente. Suprimiremos todos aquellos entes que no respondan a una racionalidad económica o administrativa, supongan merma de transparencia o de garantías jurídicas o cuya actividad pueda ser realizada por la administración con sus actuales medios.
Es un hecho evidente que, con el desarrollo del Estado de las Autonomías, se ha producido en las últimas décadas una exagerada proliferación de administraciones, organismos y sociedades públicas que en una gran mayoría duplican funciones y, lejos de proporcionar una mejor eficiencia en el uso de los recursos públicos, constituyen un constante despilfarro del dinero de los contribuyentes. Piénsese en el caso de las Islas Baleares con cientos de organismos públicos y de empresas en las que más de 400 políticos están cobrando sueldos de altos directivos. El despilfarro generalizado ha sido y es evidente y la grave situación económica exige hacer una reestructuración del sector público para acabar con esta sangría económica y con estos nichos de colocación de políticos. En unos casos deberán ser las Comunidades Autónomas las que realicen la poda y prescindan de entes y organismos que duplican funciones que corresponden al Estado o que estarían mejor gestionadas por el Estado a través de estrategias de carácter nacional y, en otros casos, deberá ser el Estado el que elimine organismos públicos que por su finalidad y razón de ser estará, sin duda, mejor gestionados por las Comunidades Autónomas o, incluso, por determinados entes locales.
En España hay, al día de hoy, decenas de Empresas públicas autonómicas dedicadas a la promoción y desarrollo de suelos industriales. Partiendo de la base que debería ser el mercado, los empresarios, quienes en primera instancia deberían ser los promotores de espacios industriales y no las administraciones públicas, lo cierto es que si se admite y asume la intervención pública como agente corrector de las ineficiencias del mercado parece que las sociedades de las comunidades autónomas pueden ser el instrumento idóneo: un mejor conocimiento de la realidad económica inmediata, de las necesidades y prioridades de la región, de las estrategias de desarrollo regional e, incluso, de las particularidades legislativas en materia de suelo.
Sogepsa (Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo, SA) en Asturias, la empresa Navarra de Suelo Residencial, S.A. en la Comunidad Foral, SPRILUR, S.A. en el País Vasco, Gasteizko Industria Lurra, S.A., GILSA en la Provincia de Álava, Sigalsa en Galicia, ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León,  SICAN en Cantabria, SEREMUR en la Región de Murcia, SOFIEX Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura, La Empresa Pública de Suelo de Andalucía, conocida como EPSA, SODIAR Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, INCASÒL, Instituto Catalán del Suelo, SEPIVA en la Comunidad Valenciana, la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha, S.A. o Arpegio en la Comunidad de Madrid son algunos de los ejemplos de empresas públicas destinadas al desarrollo de suelos industriales en el territorio de sus respectivas Comunidades Autónomas.
Junto a ellas sobrevive SEPES, la sociedad estatal dedicada al desarrollo de suelos industriales y heredera directa de dos organismos públicos: la Gerencia de Urbanización y el Instituto Nacional de Urbanización (INUR). SEPES opera en todo el territorio nacional y, por tanto, superpone su actividad a la de los entes autonómicos. Se trata de un claro ejemplo de duplicidad de funciones que hay que corregir. Además, a través de mi experiencia profesional de estos últimos años, he comprobado que SEPES es además una herramienta al servicio de políticas partidistas. Sus actuales gestores y directivos no han dudado en usar esta potente herramienta al servicio de directrices partidistas vulnerando el interés general lo que supone añadir un motivo más para que, en su día, se disuelva esta entidad y sean transferidos sus activos a las entidades autonómicas para el desarrollo de espacios industriales.

D. Pedro Saura y su amiguete.
D. Félix Arias Goytre
Los señores Félix Arias, Pedro Saura o Álvaro Couso han dado un claro ejemplo estos años de cómo no se debe gestionar una empresa pública y de cómo el interés general puede ser pisoteado por mezquinos intereses partidistas. Su actuación no tiene desperdicio.
D. Álvaro Couso.
Por ello, si el Partido Popular gana las próximas elecciones generales, tal y como pronostican todas las encuestas, la disolución del SEPES, a la luz de las propuestas programáticas, constituye una obligación ineludible por higiene democrática, por eficiencia económica y por el interés general. Ojala sea así.
Santiago de Munck Loyola