Hay que repetirlo porque se trata
de un hecho incontestable que, sin embargo, no es percibido por mucha gente: el
balance de la pertenencia de la Provincia de Alicante a la Comunidad Valenciana
es negativo. Las cifras no engañan. Hoy la provincia de Alicante es más pobre
respecto a la Provincia de Valencia que hace 36 años por lo que sin ningún
género de dudas se puede afirmar que la Generalidad Valenciana es, como
administración pública, un fracaso. Y mientras los ciudadanos de Alicante no
tengamos conciencia de ello seguiremos condenados a padecer una administración
regional centralista y discriminatoria.
Pero es que, además, a esta
sumisión de Alicante a los intereses socioeconómicos de la Generalidad hay que
añadir ahora una peculiar situación política que está poniendo en riesgo la
propia identidad libre y plural de la sociedad alicantina. La Generalidad
Valenciana está presidida por un socialista, el Sr. Puig, que carece de un
proyecto político propio y gobierna de la mano de otros grupos de izquierdas
cuyas señas de identidad son pancatalanistas. Es el eterno problema del PSOE
allí donde no alcanza la mayoría suficiente para gobernar, que se vende a
cualquier grupo político por muy antiespañol que sea.
La Generalidad Valenciana, con el
Pacto del Botánico, está desarrollando políticas impregnadas de pancatalanismo,
contrarias a la identidad propia valenciana y más aún alicantina y de carácter
excluyente. No hay más que repasar las hemerotecas para comprobar el origen
ideológico de muchos altos cargos del Gobierno de la Generalidad que consideran
a la Comunidad Valenciana como parte integrante de los imaginarios países
catalanes y a la Provincia de Alicante como las playas del sur de Cataluña.
Paso a paso, la Generalidad Valenciana está sembrando las semillas del odio
hacia lo español, desde la lengua, pasando por las tradiciones hasta los
símbolos, en un calco perfecto del proceso que se inició hace décadas en
Cataluña y cuyas funestas consecuencias estamos viviendo estos meses. La nueva
televisión autonómica ya está en manos de filoindependentistas catalanes, y la
inmersión lingüística ya está en marcha para barrer la lengua materna de la
mayoría de los alicantinos, el español. Todo está ya inventado. Usan la lengua
y la educación como elementos de segregación y de neutralización ideológica, no
es nada nuevo.
Ante todo ello, la discriminación
económica permanente de nuestra provincia que se plasma en una deuda histórica
de la Generalidad de más de 1200 millones de euros, la progresiva
catalanización de las instituciones autonómicas y los permanentes y progresivos
ataques a la escasa autonomía de la Diputación Provincial junto con una
evidente voluntad de diluir las señas de identidad propias de nuestra Provincia
es necesario ofrecer una respuesta, una solución para frenar este proceso.
¿Realmente queremos que dentro de unos años ningún alicantino pueda optar a un
empleo público si no sabe el catalán? ¿Estamos dispuestos a que dentro de unos
años los sanitarios tengan que marcharse por no saber catalán como está
ocurriendo ahora mismo en las Baleares? ¿Queremos que se impida a los padres
elegir el idioma en el que quieren que estudien sus hijos? ¿Nos resignamos sin
más a que desde Valencia se señale cuándo deben abrir o no los centros
comerciales de nuestra Provincia? ¿Nos conformamos con que se siga invirtiendo
más en Valencia y Castellón que en Alicante? La respuesta es clara. Si no
estamos dispuestos a todo ello, si creemos en la singularidad de Alicante, en
sus propias señas de identidad, en su historia singular, en su pluralidad
social, en su capacidad de gestión y en su absoluta lealtad e identificación
con España es imprescindible reivindicar sus derechos y, llegado el caso, su
autonomía en el marco de la Constitución.
Y no, no se trata de crear un
nuevo monstruo autonómico. Se trata de transformar a la Diputación Provincial
en gobierno autonómico, democratizándola, dotándola de aquellas competencias
autonómicas que sirvan de verdad al progreso de nuestra tierra y devolviendo al
Estado competencias cuya gestión quiebran la igualdad entre los españoles, como
la sanidad, la educación o la justicia. Dos serían las consecuencias prácticas inmediatas:
que los alicantinos tendríamos que sostener una administración menos y que el
poder de decisión en muchos ámbitos se quedaría en Alicante.
Es un reto muy difícil, quizás un
ideal de difícil consecución, pero el simple crecimiento y expansión de esta
propuesta y su materialización en poder político servirá, sin duda, de acicate
para que la voz de Alicante sea tenida en cuenta y para que sus justas reivindicaciones
no sigan cayendo en saco roto. Si no nos respetan que al menos nos teman.
Santiago de Munck Loyola
