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lunes, 20 de julio de 2015

Más de lo mismo en la Diputación Provincial de Alicante.


Que finalmente el Presidente Provincial del PP, José Ciscar, no haya resultado elegido presidente de la Diputación Provincial de Alicante gracias al veto de Ciudadanos es una buena noticia para todos cuantos trabajan por la regeneración de la política y de las instituciones. Bien es verdad que este veto de Ciudadanos a José Ciscar tiene toda la pinta de una venganza política del líder provincial de Ciudadanos, Emigdio Tormo ripollista de pro, más que a una cuestión de principios éticos y políticos. Al fin y al cabo, Ciudadanos ha dado el poder de la institución provincial a un partido que no sólo no se ha movido un centímetro en favor de la regeneración democrática, sino que, además, cuenta entre sus filas de diputados provinciales con un imputado. Gracias a Ciudadanos se ha producido un cambio de caras, pero no de políticas y se deja la institución provincial en manos de un partido responsable directo de la marginación presupuestaria de nuestra Provincia, de políticas despilfarradoras e insolidarias y de decenas de casos de corrupción sin que, hasta el día de hoy, nadie haya entonado un “me culpa” ni pedido perdón a los alicantinos por tanta desvergüenza.

Pocos cambios pueden esperarse en la política a desarrollar por la nueva Diputación Provincial a pesar de la buena imagen del nuevo Presidente, César Sánchez, pupilo y colaborador directo de José Ciscar. No hay que olvidar que en el PP se dirige y se somete a los cargos públicos a las directrices del partido dejando poca autonomía política a los cargos institucionales. Y la prueba más palpable la veremos en cuanto se proceda a nombrar a toda esa pléyade de cargos a dedo, asesores y directores, que lastran el presupuesto público. La lista de gente buscando acomodo en la mamandurria provincial es inmensa tras el desastre electoral de las elecciones municipales y será la dirección provincial del Partido Popular la que se ocupe de premiar a los buenos y castigar a los malos indicándole al Presidente de la Diputación a quién tiene que contratar y a quien no. Cuentan que hay ex cargos públicos populares que, en un alarde de ignorancia administrativa, se ofrecen hasta de conserjes. Y no voy a dar nombres.

Si el nuevo Presidente de la Diputación, César Sánchez, quisiera o pudiera dar muestras de su talante regenerador y de su autonomía política podría empezar su mandato con toda una batería de gestos políticos: eliminar el 90 % de los cargos de confianza, suprimir todos los coches oficiales y eliminar ese infame acuerdo aprobado en la legislatura pasada por el PP y el PSOE que permite a los grupos políticos de la Diputación desviar la asignación económica para sus gastos de funcionamiento en la Diputación al pago de los alquileres de las sedes de sus partidos. Estoy prácticamente convencido de que no lo va a hacer porque ni su partido, ni seguramente Ciudadanos, se lo van a permitir.

Salvo imprevistos, a los alicantinos nos esperan en la Diputación más de lo mismo y mientras tanto nuestra Provincia seguirá siendo marginada por el Estado y por la Generalidad Valenciana, administración en cuyo Gobierno el peso de Alicante es prácticamente nulo.

Santiago de Munck Loyola

jueves, 25 de junio de 2015

Ciscar, un aspirante incompetente para la Diputación.


Hay cosas que en política son incomprensibles. Es incomprensible que en un partido político como el Partido Popular que acaba de perder la friolera de 140.000 votos en la provincia y, con ello, numerosas alcaldías no se haya movido nada. Es incomprensible que no se haya producido en su seno un debate profundo, una autocrítica para analizar las causas y corregir los errores. Es incomprensible que no se haya producido ni una sola dimisión de los responsables políticos de esta debacle electoral. Y es aún más incomprensible que el principal responsable de ello, el Presidente provincial José Ciscar, no sólo continúe en su puesto, sino que además ahora aspire a presidir nada menos que la Diputación Provincial de Alicante.

Este señor, por si fuera poco, además de no poder exhibir en su favor un resultado electoral presentable, tampoco puede presentar como aval los resultados de su gestión a favor de nuestra provincia como miembro del Gobierno valenciano. Todo lo contrario, ha sido responsable de la discriminación presupuestaria y de la marginación económica que durante los últimos años y con especial intensidad ha padecido la provincia de Alicante a manos de la Generalidad Valenciana.

José Ciscar ni siquiera puede exhibir como mérito para Presidir la Diputación Alicantina una trayectoria política ejemplar, un talante democrático y conciliador o un acreditado compromiso con la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. Todo lo contrario, José Ciscar y su secretario provincial, José Juan Zaplana, representan lo peor de la vieja política, del pasteleo institucional y del caciquismo.

Ambos con la colaboración de muchos otros ahora travestidos de renovadores y con la pasividad de la militancia popular han dejado al Partido Popular alicantino hecho unos zorros, en una organización sin vida interna, en una simple maquinaria electoral gastada y oxidada en la que se suceden las traiciones, las reyertas y los cambios de chaqueta para ver dónde encuentran acomodo los vividores y los profesionales de la política.

No es de extrañar pues que quien tiene ahora la llave para decantar la Presidencia de la Diputación hacia la izquierda o hacia la derecha, Ciudadanos, se oponga a que alguien con el siniestro perfil de José Ciscar pueda llegar a presidirla. Hay quien atribuye esta negativa a una especie de venganza personal del Coordinador de Ciudadanos, Emigdio Tormo, en tiempos hombre de confianza de Joaquín Ripoll, contra José Ciscar. Incluso el propio Ciscar ha tenido la cara dura de sugerir que tras esa oposición pudiera haber motivos relacionados con el caso Brugal, insinuación absolutamente fuera de lugar sobre todo viniendo de alguien que ha sido incapaz de explicar su propia vinculación con la trama Gürtel puesta en evidencia en los informes de la UDEF.

Sean cuales sean los motivos de fondo de Ciudadanos para vetar a José Ciscar como Presidente de la Diputación lo cierto es que sobra para hacerlo con los motivos aparentes. Se trata de una cuestión de higiene democrática para la política alicantina y para la institución provincial que debe dejar de ser un coladero de amigotes y enchufados y un instrumento en manos de políticos de la catadura de José Císcar al que le falta incluso la generosidad política suficiente como para renunciar a su candidatura con el fin de que el Partido Popular no pierda el gobierno de esta importante administración.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es

lunes, 4 de mayo de 2015

Tres Diputaciones, tres marrones, un mismo PP.


¿Qué tendrán algunas Diputaciones para generar tanta porquería? ¿Qué tendrán para atraer a tanto desaprensivo? De todo, pero quizás las preguntas adecuadas serían ¿qué tiene el PP para que produzca tanto pirata de la política? ¿Qué tiene el PPCV para que en su seno prosperen y sean elevados a los puestos de más alta responsabilidad señores como Joaquin Ripoll, Carlos Fabra o Alfonso Rus?

A la vista está que algo muy serio falla en la estructura de un partido cuando coloca a presidir las tres Diputaciones de la Comunidad Valenciana a “políticos” que han terminado siendo protagonistas de titulares periodísticos y no precisamente por sus excelencias en la gestión de estas administraciones públicas. El PPCV ha conseguido que las tres Diputaciones de nuestra Comunidad, Castellón, Alicante y Valencia, se hayan convertido en motivo de escándalo y vergüenza para todos los ciudadanos, para los sufridos contribuyentes cuyos impuestos se han convertido en botín de los “elegidos” del PP. Estos abnegados trabajadores de lo público no tenían suficiente con disfrutar y abusar de coches oficiales de alta gama (un abuso insoportable), de chófer las 24 horas del día, de retribuciones más que generosas habida cuenta su preparación para el cargo, de tarjetas visa para convites y regalos y de todo el boato asociado a las instituciones que presidían o presiden, sino que, además, al amparo de la misma todo indica que se han buscado unos “extras” para mitigar su duro sacrificio en pro de la ciudadanía.

Las Diputaciones en España son administraciones locales sin elección directa de sus gestores, Presidentes y Diputados provinciales no son elegidos por los ciudadanos en las urnas ni se someten, por tanto, al escrutinio de las mismas cada cuatro años. Los Presidentes y Diputados provinciales son designados por los partidos políticos entre los concejales electos en la provincia. Por tanto, la composición de la Diputaciones obedece exclusivamente al reparto de cuotas de poder en el interior de los partidos políticos y no al interés general, ni a las preferencias directas de los votantes. Constituye evidentemente una anomalía el hecho de que unas administraciones públicas que mueven miles de millones de euros cada año escapen al control democrático de los votantes. Siendo así, es evidente que el espectacular resultado de las tres diputaciones de nuestra Comunidad obedece exclusivamente al juego interno de poderes en el seno del PPCV. ¡Vaya intereses!

Y si al déficit de legitimidad democrática de las Diputaciones sumamos la ausencia de democracia interna en algunos partidos políticos, como el PPCV, logramos el cóctel perfecto para que se produzcan los escándalos como los que estamos conociendo. Cuando los afiliados de un partido no tienen nada o muy poco que decir a la hora de designar a sus candidatos tampoco pueden controlarlos. Cuando el principal mérito para ser candidato o para ser designado en puestos de responsabilidad política no es el apoyo de las bases del partido, ni la preparación intelectual, ni la trayectoria profesional, sino el amiguismo, el nepotismo o el tráfico de influencias es normal que terminen aterrizando en los puestos de responsabilidad un gran número de incompetentes o de aprovechados, de gente sin formación o sin escrúpulos.

Seguramente muy pocos afiliados del PP de Alicante habría elegido a la actual candidata a la Alcaldía para ese puesto y menos siendo prima del Secretario Provincial del partido y seguramente ninguno habría elegido como número tres de esa candidatura municipal a un señor de Teulada, el Sr. Ciscar, que ni vive ni trabaja en la ciudad, que se ha caracterizado en su gestión autonómica por discriminar presupuestariamente a la provincia y a la ciudad de Alicante, y cuyo objetivo declarado no es servir a los vecinos de la ciudad, sino servirse de ellos para marcharse, precisamente, a intentar presidir la Diputación provincial, ese oscuro objeto de deseo, ese “marrón” en el balance político del PPCV.

Santiago de Munck Loyola


miércoles, 29 de octubre de 2014

Despilfarro y algo más en el Ayuntamiento de San Vicente de Raspeig.


El Ayuntamiento de San Vicente de Raspeig no es, políticamente hablando, un ayuntamiento cualquiera en la Provincia de Alicante. Y no lo es porque concentra, por circunstancias coyunturales, una importante parcela de poder político y económico provincial derivado de la concurrencia de dos circunstancias especiales. De una parte, su Alcaldesa, Dª Luisa Pastor, es a la vez Presidenta de la Diputación de Alicante, circunstancia que por cierto puede estar influyendo en ciertas adjudicaciones en las licitaciones de la Diputación (algo de lo que se hablará en estas páginas en otra ocasión). De otra parte, el concejal responsable del área de informática de dicho Ayuntamiento y Portavoz del Grupo Popular Municipal, el profesional de la política José Juan Zaplana, es a la vez Secretario General del Partido Popular de Alicante, cargo que ha utilizado para proteger y privilegiar a la Alcaldesa de Alicante Sonia Castedo.

Pues bien, ayer la alcaldesa de San Vicente del Raspeig y Presidenta de la Diputación de Alicante, Dª Luisa Pastor, tuvo que saltar al ruedo de los medios de comunicación para tratar de aclarar, infructuosamente por cierto, la relación del Consistorio que preside con uno de los empresarios detenidos en la operación contra la corrupción “Púnica”.

Dª Luisa Pastor explicó que el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig mantuvo una relación contractual con la empresa Eico Online Reputación Management S.L. del empresario Alejandro de Pedro, detenido en esta operación policial, para la creación de los perfiles del Ayuntamiento en las redes sociales y por los que pagó, unos 25.000 euros en tres años, nada menos.

O sea que, para que nos entendamos, el Ayuntamiento de San Vicente de Raspeig ha gastado en tres años 25.000 euros de sus vecinos para que un señor escogido a dedo, sin concurso ni nada que se le parezca, le hiciese y le mantuviese al Ayuntamiento los perfiles de Facebook y Twitter. Hay que tener poca vergüenza para tirar así el dinero de los contribuyentes sobre todo porque primero todo el mundo sabe que ese trabajo no cuesta ese dinero, segundo porque si se hubiese licitado el contrato en vez de adjudicarlo “a dedo” habría salido por cuatro duros y tercero porque en el Ayuntamiento de Dª Luisa Pastor, además de un concejal dedicado al área de informática (que algo sabrá del tema) hay cuatro cargos de confianza en prensa, que cuestan un potosí a los vecinos, y que ése sería precisamente uno de sus trabajos. Vamos, que era innecesario contratar a nadie y menos a esos precios. A eso, se le llama despilfarrar el dinero público, se mire por donde se mire.

La alcaldesa de San Vicente del Raspeig señaló, además, que el contrato se hizo “sin concurso porque son contratos menores y estos no tienen concurso”, sin aclarar si pidieron tres ofertas o no y que desconocía por qué se había elegido a esa empresa en concreto, algo que, sin duda, debería ser explicado por el derrochador concejal de informática, Sr. Zaplana, capaz de gastarse 25.000 euros de sus vecinos en páginas de facebook y twitter.

El grupo municipal de EU de esta localidad, con buen criterio aunque con cierta ingenuidad, ha pedido explicaciones sobre este vergonzoso asunto al pródigo Sr. Zaplana y para que explique también si se ha valido de su cargo como Secretario Provincial del PP para involucrar en la trama a otros ayuntamientos de la provincia.

Es evidente que este asunto es una muestra más del despilfarro y de la mala gestión que algunos han asumido como una práctica de lo más normal. Una vez más los discursos de ciertos sujetos no se compadecen con sus acciones. Una vez más, y este asunto así lo pone de manifiesto, la necesidad de una profunda regeneración y de una política al servicio del ciudadano y no de los partidos y de sus vividores profesionales se impone. Y mientras sigan liderando al centro derecha popular los mismos que lo han conducido al desastre ético y político no quedará más alternativa que optar por nuevos movimientos limpios y regeneradores.

Santiago de Munck Loyola



viernes, 3 de mayo de 2013

Los partidos políticos y nuestro dinero.



El pasado 29 de abril, el Consejero de Gobernación de la Generalidad Valenciana, Serafín Castellanos, anunció que la cantidad con que la Generalidad subvencionaba a los partidos políticos iba a ser reducida en un 30 %. Es decir, que el millón setecientos mil euros al año que hasta ahora, y a pesar de estar arruinada la administración autonómica, se llevan los partidos políticos para mantenerse del dinero de los contribuyentes se reducía para este año a un millón doscientos mil euros. Esta decisión ha levantado ampollas en la oposición, sobre todo en el PSPV, que ha puesto el grito en el cielo al ver reducido el dinero que recibe del erario público y que en buena parte venía dedicando a interponer acciones judiciales que, además, pierde en muchos casos. Esta elogiable iniciativa del PPCV es, a su vez, criticable porque lo primero que hay preguntarse es ¿por qué una reducción del 30% de la subvención y no del 100%? ¿Por qué si no hay dinero para pagar la dependencia, a los farmacéuticos o a los colegios sí que hay 1.200.000 euros para sostener las estructuras de unos partidos políticos que deberían ser sostenidas únicamente con las cuotas de sus afiliados? ¿Son prioritarios los gastos de los partidos frente a las necesidades básicas vitales de miles de ciudadanos de la Comunidad? 

No existe ni una sólo razón económica, ética o política que justifique que en tiempos de profunda crisis, de miseria y desesperación en muchos casos, se dedique dinero público a financiar a los partidos políticos, a los sindicatos o a las organizaciones empresariales. Estas organizaciones que, indudablemente cumplen un papel esencial, deben ser capaces de autofinanciarse, de subsistir con las aportaciones de sus afiliados, de sus socios y sus simpatizantes y, para hacerlo, deberían ajustar sus modelos de organización y funcionamiento a sus ingresos reales o desaparecer en su forma actual. Si no lo consiguen, si no pueden mantenerse con el dinero de sus socios es porque los ciudadanos no las quieren y, por tanto, sustituir la falta de ingresos de su militancia con subvenciones detraídas de los impuestos de los mismos ciudadanos que voluntariamente no las quieren sostener es un fraude político en toda regla.

Sin embargo, esta reducción de las subvenciones a los partidos llevada a cabo a nivel autonómico contrasta poderosamente con las decisiones tomadas en el ámbito de Alicante por la Diputación Provincial. En efecto, el pasado 4 de abril, el Pleno de la Diputación alicantina presidido por Dª Luisa Pastor aprobó por vía de urgencia, fuera del orden del día y de tapadillo, una modificación del reglamento para la gestión de las subvenciones que reciben los grupos políticos que conforman la Diputación. ¿Y en qué consistió esta reforma? Pues básicamente en poder desviar parte del dinero destinado al funcionamiento de cada grupo político de la Diputación a las cuentas corrientes de sus respectivos partidos políticos. Es decir, a subvencionar de forma encubierta a los partidos políticos, que tanto el PP como el PSPV podrán ingresar la cuantía que estimen conveniente de esa asignación a las arcas que nutren a sus direcciones provinciales. En el Artículo 9 del reglamento aprobado se dice que "Los grupos políticos podrán transferir los fondos asignados anualmente a cada grupo, a su agrupación política provincial". El único requisito es que, posteriormente, justifiquen el destino definitivo de esos fondos. Y para ello no hubo gran problema. Tanto el Partido Popular como el PSOE se pusieron de acuerdo de inmediato. Y, por si fuera poco, tanto el PP como el PSOE acordaron también abrir la vía para incrementar la asignación que reciben todos los años de las arcas provinciales. Y todavía habrá quien hable de austeridad o de ejemplaridad sin que se le caiga la cara de vergüenza. ¿Es esta la sintonía política que existe entre el Sr. Ciscar y el Presidente Fabra? ¿Aquí va cada uno por su lado?

Y hablando de dinero público y de grupos y partidos políticos, no queda más remedio que subrayar la actitud del Grupo Popular del Ayuntamiento de Alicante que hace pocos días, sin dar ninguna explicación, se negó a aprobar una moción de UPyD para aprobar medidas que garantizaran la transparencia de la gestión de la asignación económica de los grupos políticos municipales, entre las que se incluía hacer públicas las cuentas de los partidos. Hay que precisar que según el Artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local el Pleno del Ayuntamiento puede asignar determinadas cantidades de dinero a los grupos políticos constituidos en su seno para su actuación corporativa. Esta dotación económica no puede destinarse al pago de remuneraciones de personal, ni a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial, ni a desviarse como aportación a los partidos políticos, salvo que así expresamente lo autorizase el Reglamento municipal correspondiente. La Ley prevé que los Grupos Políticos de la corporación lleven una contabilidad específica de esa dotación económica que habrá de ser puesta a disposición del Pleno cuando así se apruebe. Pues bien, lo que ha hecho el Grupo Popular del Ayuntamiento de Alicante es sencillamente impedir que los ciudadanos podamos conocer cómo y en qué se han gastado nuestro dinero todos los grupos municipales del Ayuntamiento. ¿Hay alguien que pueda decir que eso es transparencia? ¿Hay alguien que pueda explicar esa decisión? ¿Hay miserias o ilegalidades que esconder?

Bien, como se puede apreciar estamos ante tres actitudes diferentes, pero muy sintomáticas y elocuentes, sobre el uso del dinero de los contribuyentes, sobre la forma de financiar en tiempos de crisis y de austeridad a los partidos políticos. Podrán contarnos lo que quieran, podrán entonar bellos discursos con huecas palabras, pero no hay nada más elocuente que los hechos. Y por sus obras los conoceremos.

Santiago de Munck Loyola