Translate

martes, 8 de enero de 2013

Imputados y procesados.




En la última encuesta del CIS ha arrojado un dato verdaderamente alarmante: la clase política se ha convertido en el tercer problema que preocupa a los españoles. Más del 22 % de los encuestados sitúa a la clase política como el tercer quebradero de cabeza tras el paro y la crisis económica, alcanzando un nivel que no se conocía desde 1995. A este dato revelador hay que añadir que entre los diez primeros problemas para los españoles vuelve a aparecer la corrupción lo que ligado a lo anterior señala un claro suspenso para los responsables políticos de nuestro país.

El comportamiento poco edificante y poco ejemplar de una parte de la clase política, especialmente relevante en momentos de escasez y penuria para el conjunto de la población, junto con la inmoral e ilegal conducta de unos pocos, pero significativos miembros de la clase política, ensombrece y mancha la labor de la inmensa mayoría de los políticos españoles. Es verdad que por los comportamientos de unos pocos pecadores pagan los justos y ello se debe fundamentalmente no sólo a la relevancia mediática que las irregularidades conllevan, sino también a la ausencia de una reacción clara y firme por parte de quienes no protagonizan esas censurables conductas. Por cada 100 políticos decentes y honestos es posible que sólo exista uno que no lo es pero, inevitablemente, no son noticia los 100 primeros, sino este último. Los medios de comunicación hacen, por regla general, una labor inapreciable denunciando los comportamientos censurables de quienes se aprovechan de su estatus político o de su cargo público y su labor sería más eficaz si simultáneamente el resto de la clase política actuara con firmeza para apartar de su lado a cuantos incurren en esas prácticas. Sin embargo, muchas veces da la sensación de que existe cierto corporativismo o cierta timidez a la hora de censurar algunas prácticas o que se anteponen determinados intereses coyunturales o ciertas estrategias que modulan mucho esa imprescindible capacidad de reacción. Sea cual fuere la causa lo cierto es que las conductas de unos pocos enturbian el buen nombre de todo un colectivo que está o debe estar al servicio de los ciudadanos.

Es curioso, por ejemplo, que en el seno del Partido Popular, y en concreto en la Comunidad Valenciana, se transmita un doble discurso en torno a este tema. Una y otra vez, el Presidente de la Generalidad Valenciana y del PPCV, Alberto Fabra, ha censurado los comportamientos sospechosos y ha manifestado que los cargos públicos del PP imputados en causas judiciales deben dimitir. Y en esta línea de exigencia ética ha habido dimisiones y ceses. Igualmente, el Presidente Fabra ha impulsado reformas internas para que los imputados no puedan ocupar cargos en la organización del Partido Popular y ni siquiera concurrir como candidatos. Pero paradójicamente nos encontramos con que el hecho de estar imputado en una causa judicial inhabilita para ejercer cargos internos o para ser candidato, pero no para seguir ejerciendo cargos públicos. En estos últimos casos siempre que los dirigentes populares son preguntados sobre si deberían o no dimitir alcaldes o diputados imputados se limitan a decir que las actas son personales y que no se les puede obligar a dimitir. ¡Faltaría más! Eso ya lo sabemos todos. Pero no es eso lo que se pregunta, no se pregunta de quién son las actas de concejales o diputados, sino si perteneciendo a quien pertenecen dichas actas deberían o no dimitir los imputados. ¿Tan difícil es contestar sí o no? ¿Por qué los dirigentes populares no piden públicamente a sus compañeros imputados que renuncien a sus actas? Y en el caso de que un cargo público elegido bajo las siglas del PP esté imputado y no quiera presentar su renuncia ¿por qué no lo excluye el propio partido de su grupo parlamentario o de su grupo municipal? ¿por intereses coyunturales?

Tan cierto es que un acta es personal, gracias a nuestro ordenamiento jurídico, como que un imputado es, dígase lo que se diga, inocente y que no será culpable de delito alguno hasta que no exista condena firme. Cierto es que también, en los últimos años sobre todo, se ha judicializado en exceso la política y que ello haya conducido a una relativización de la valoración de las causas judiciales en curso. Pero no es menos cierto que, hoy en día, en las actuales circunstancias, es más necesario que nunca establecer una clara línea roja que permita al conjunto de los ciudadanos recuperar la confianza en la clase política. El Presidente Fabra la ha situado en el grado de la imputación, pues bien, cúmplase en el seno del PP para todos y sin distinciones, aunque con ello se corra el riesgo de perder una alcaldía, por ejemplo. Y para qué mencionar cuando el nivel procesal se sitúa ya en el procesamiento. Más vale una vez colorado que ciento amarillo.

Hoy por hoy, muchos votantes del PP en la Comunidad Valenciana, y muchos afiliados, percibimos demasiada tibieza y poca ejemplaridad en el tratamiento de algunos casos muy sonoros en nuestro entorno y demandamos no sólo palabras, sino también gestos que nos permitan creer que las cosas están cambiando. Día tras día, sentimos cierta desmoralización ante noticias que, sumadas a las derivadas de la propia situación económica, transmiten una realidad poco alentadora y un futuro político más que incierto.

Santiago de Munck Loyola