El pasado viernes, la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias concedió el tercer grado al asesino, secuestrador
y torturador etarra Jesús María Uribetxeberria Bolinaga. Con esta clasificación
penitenciaria, Bolinaga podrá solicitar la libertad condicional al juez central
de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, que decidirá la semana
que viene.
El Director General de Prisiones, Ángel Yuste, ha
adoptado esta decisión después de que el parte médico del centro sanitario
pronosticase que el etarra tiene un 90 por ciento de posibilidades de morir en
el plazo de un año dado el cáncer que padece. El ministerio de Interior apela en
un comunicado a “razones humanitarias”, pese a “la entidad de los delitos
cometidos”, tres asesinatos (Mario Leal Baquero, Pedro Galnares Barreda y Antonio López Martínez Colmenero) y dos sonados secuestros por los que el etarra nunca
ha pedido perdón.
El Gobierno ha basado su decisión en lo dispuesto
en el artículo 104.4 del Reglamento Penitenciario que prevé la posibilidad de
otorgar el tercer grado a un preso por razones humanitarias o por enfermedad
grave. Es decir, nos encontramos ante una decisión del
Gobierno absolutamente legal sustentada en el carácter discrecional de una
norma: se puede otorgar el tercer grado en algunos casos, pero ello no
significa que se deba otorgar. Tan legal habría sido otorgarlo como denegarlo y
la opción entre ambas posibilidades depende de valoraciones subjetivas de las
autoridades.
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Frente a las palabras de presunta firmeza del
Ministro Interior parece que la realidad que se está abriendo paso no es otra
que la de la claudicación y cesión frente a las presiones de los terroristas y,
correlativamente, el olvido y la humillación a las víctimas del terrorismo. Es
moralmente inaceptable que el denostado por tantos funcionarios de prisiones,
el Director General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, con el
beneplácito del Gobierno de España, haya adoptado una decisión legal, a la que
no estaba obligado en modo alguno, que abre la puerta grande a la excarcelación
de un terrorista no arrepentido, de un sanguinario asesino, de un implacable
torturador como Bolinaga. No es ésto lo
que votaron los que eligieron al PP hace unos meses, ni mucho menos.
Si el Sr. Yuste o el Ministro de Interior fuesen
capaces de explicar claramente por qué se le concede el tercer grado al Sr.
Bolinaga y por qué no se concede a los demás delincuentes en situación similar,
a lo mejor podría entenderse semejante decisión. Pero seguramente no lo harán
porque la razón, como sospechan las víctimas, puede que sea inconfesable.
¿Por qué se esgrimen razones humanitarias en el
caso de Bolinaga y no en el caso de los demás presos? ¿Por qué hay que ser
compasivo con quien no lo fue con sus víctimas y con quien, además, no se ha
arrepentido de los irreparables daños que ha causado? ¿Es más importante el
bienestar de este tipejo que el de los demás presos con dolencias similares?
No concederle el tercer grado era también una
decisión legal y, además, una decisión más justa, más ética y más comprensible
para quienes detestamos la violencia y la historia de las ratas de la ETA y de
sus cómplices. Hacer lo contrario se llama simplemente traición a las víctimas.
Santiago de Munck Loyola