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viernes, 28 de abril de 2017

El PP sigue avalando lo peor de la política.


Y, mientras tanto, el promotor de nuestra expulsión, José Císcar, Presidente Provincial de Alicante, ex concejal pro catalanista en su pueblo, fichado y promovido por Camps, citado en el informe de la UDEF de 2008 como pagador en negro a la trama Gürtel, responsable del mayor desastre electoral del PP de Alicante en 2015, etc. va a repetir en el cargo... ¿A éso le llaman regeneración en el PP?




viernes, 31 de julio de 2015

Más incompetentes en la cúpula del PP.




Han pasado más de dos meses desde las últimas elecciones municipales y autonómicas que se saldaron, entre otras cosas, con el mayor desastre electoral de las historia del Partido Popular de Alicante. 140.000 votos perdidos en la Provincia de Alicante y con ello decenas de Alcaldías como la de la propia capital o la de Elche, un desastre que se veía venir desde 2012 y cuyo origen radicaba en unas prácticas y maneras de hacer política muy alejadas de la ética, le regeneración y las necesidades del ciudadano. Encerrados en su torre de marfil y paseándose por sus mullidas moquetas, los dirigentes provinciales populares actuales persiguieron con saña cualquier crítica interna y desde la prepotencia e ignorancia sembraron la parca cosecha del pasado mes de mayo.

Han pasado más de dos meses desde el naufragio popular y nadie en la cúpula de la organización alicantina ha tenido la decencia de asumir responsabilidades y de dimitir, todo lo contrario, se han afanado en buscarse huecos institucionales para aferrarse a su modus vivendi e incluso el máximo culpable, José Ciscar, Presidente Provincial del PP, se ha empleado a fondo para intentar presidir la Diputación de Alicante, como si los sufridos ciudadanos de esta provincia no hubiésemos tenido bastante con su desastrosa gestión en la Generalidad Valenciana o para situarse como sucesor del Alberto Fabra. Cualquier persona con un mínimo de vergüenza torera, con un mínimo sentido de la decencia, cuando no del ridículo, habría presentado su dimisión de todos los cargos acumulados, que no son pocos, y se habría ido a su casa, habría vuelto a sus actividades privadas para ganarse la vida. Pero, claro, para eso hay que saberse ganar la vida fuera de “la teta” pública.

Tampoco ha presentado su dimisión su escudero, el Secretario General provincial de los populares, ese dechado de lealtades que se llama José Juan Zaplana y al que no se le conoce otro oficio que el vivir de la política. Sí, el mismo que acudió a presidir la cena de homenaje a Sonia Castedo cuando se conoció que se le imputaban varios delitos. Y no sólo no ha presentado su dimisión sino que, además, en premio por el desastre electoral que este individuo ha ayudado a cocinar, se le premia ascendiéndole para formar parte del equipo de la nueva Presidenta Regional del PP, Isabel Bonig. Ya puede ir guardándose las espaldas Doña Isabel con Don José Juan cerca.

Y es que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana es así, premia a los malos y castiga a los buenos. Asciende a los incompetentes y prescinde de los válidos. Y mira que tiene gente válida este Partido en la Provincia de Alicante, pues no. Si es así como entiende la dirección nacional del PP la regeneración del partido, la gente de derechas de Alicante lo lleva claro. Regeneración no es “dedazo” y “dedazo” ha sido el nombramiento de Isabel Bonig como líder regional. Y “dedazos” son los nombramientos como el de este tipo en el nuevo organigrama popular. Regeneración no es nada de lo que están haciendo, pero allá ellos.

Los alicantinos de centro derecha deben saber, al menos, que los mismos métodos y los mismos culpables de que la izquierda haya arrasado en nuestra Provincia siguen plenamente vigentes en el Partido Popular. Deben saber que con ellos no hay cambio posible, que seguirán traicionando los principios y programas y que nuestra Provincia seguirá siendo una víctima de sus políticas si esta misma gente lograse recuperar el poder. Y no es que la ensalada de izquierdas gobernante vaya a apostar por devolver a Alicante el puesto que le pertenece porque ya hemos comprobado como en los primeros gestos del Gobierno del Sr. Puig y sus socios, Alicante desgraciadamente no cuenta.

Santiago de Munck Loyola


jueves, 25 de junio de 2015

Ciscar, un aspirante incompetente para la Diputación.


Hay cosas que en política son incomprensibles. Es incomprensible que en un partido político como el Partido Popular que acaba de perder la friolera de 140.000 votos en la provincia y, con ello, numerosas alcaldías no se haya movido nada. Es incomprensible que no se haya producido en su seno un debate profundo, una autocrítica para analizar las causas y corregir los errores. Es incomprensible que no se haya producido ni una sola dimisión de los responsables políticos de esta debacle electoral. Y es aún más incomprensible que el principal responsable de ello, el Presidente provincial José Ciscar, no sólo continúe en su puesto, sino que además ahora aspire a presidir nada menos que la Diputación Provincial de Alicante.

Este señor, por si fuera poco, además de no poder exhibir en su favor un resultado electoral presentable, tampoco puede presentar como aval los resultados de su gestión a favor de nuestra provincia como miembro del Gobierno valenciano. Todo lo contrario, ha sido responsable de la discriminación presupuestaria y de la marginación económica que durante los últimos años y con especial intensidad ha padecido la provincia de Alicante a manos de la Generalidad Valenciana.

José Ciscar ni siquiera puede exhibir como mérito para Presidir la Diputación Alicantina una trayectoria política ejemplar, un talante democrático y conciliador o un acreditado compromiso con la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. Todo lo contrario, José Ciscar y su secretario provincial, José Juan Zaplana, representan lo peor de la vieja política, del pasteleo institucional y del caciquismo.

Ambos con la colaboración de muchos otros ahora travestidos de renovadores y con la pasividad de la militancia popular han dejado al Partido Popular alicantino hecho unos zorros, en una organización sin vida interna, en una simple maquinaria electoral gastada y oxidada en la que se suceden las traiciones, las reyertas y los cambios de chaqueta para ver dónde encuentran acomodo los vividores y los profesionales de la política.

No es de extrañar pues que quien tiene ahora la llave para decantar la Presidencia de la Diputación hacia la izquierda o hacia la derecha, Ciudadanos, se oponga a que alguien con el siniestro perfil de José Ciscar pueda llegar a presidirla. Hay quien atribuye esta negativa a una especie de venganza personal del Coordinador de Ciudadanos, Emigdio Tormo, en tiempos hombre de confianza de Joaquín Ripoll, contra José Ciscar. Incluso el propio Ciscar ha tenido la cara dura de sugerir que tras esa oposición pudiera haber motivos relacionados con el caso Brugal, insinuación absolutamente fuera de lugar sobre todo viniendo de alguien que ha sido incapaz de explicar su propia vinculación con la trama Gürtel puesta en evidencia en los informes de la UDEF.

Sean cuales sean los motivos de fondo de Ciudadanos para vetar a José Ciscar como Presidente de la Diputación lo cierto es que sobra para hacerlo con los motivos aparentes. Se trata de una cuestión de higiene democrática para la política alicantina y para la institución provincial que debe dejar de ser un coladero de amigotes y enchufados y un instrumento en manos de políticos de la catadura de José Císcar al que le falta incluso la generosidad política suficiente como para renunciar a su candidatura con el fin de que el Partido Popular no pierda el gobierno de esta importante administración.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es

sábado, 24 de enero de 2015

La Caja B de Bárcenas y sus discípulos alicantinos.


La salida de la cárcel del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha sido ciertamente inoportuna para este partido. Inoportuna porque se ha producido pocos días antes de que los populares iniciasen su Convención, evento propagandístico destinado a insuflar ánimos a las desencantadas huestes populares, a servir de pasarela de todos cuantos aspiran a seguir en “el machito” y a transmitir los mensajes a la ciudadanía que durante tres largos años no se han escuchado e inoportuna porque esta excarcelación se produce a pocos meses de unas importantes elecciones en las que el enfado ciudadano con la corrupción y con cierta clase política se va a hacer notar.

El ahora innombrable para muchos dirigentes del PP, Luis Bárcenas, que, por cierto, hasta el pasado 28 de enero de 2013 seguía percibiendo mensualmente su nómina de Génova 13, se ha vuelto bastante más locuaz de lo que era antes de su paso por Soto del Real y parece que no tiene, ni va a tener, ningún inconveniente en contarnos detalles de cómo se manejaba el dinero en el Partido Popular. Y ha empezado por lo que parece algo más que evidente: que había una Caja B en el Partido Popular, afirmación que tiene visos de absoluta credibilidad para el magistrado que instruye la causa por la que el Sr. Bárcenas ha pasado casi dos años en la cárcel. De poco sirve que el Sr. Floriano, recientemente nombrado director de la campaña electoral del Partido Popular para mayor regocijo de los adversarios del PP, se haya apresurado a afirmar con tanta solemnidad como poca convicción que en el PP nunca ha habido una Caja B.  ¿De dónde han venido si no los sobresueldos y “préstamos” reconocidos ya por distintos miembros del PP? ¿De dónde si no proceden determinados pagos de obras y de gastos electorales? 

Podría preguntar el Sr. Floriano en el PP de Alicante, por ejemplo. Podría preguntar al Presidente Provincial Sr. Ciscar si es cierto o no si pagaba facturas de campaña electoral en negro, como afirma la Guardia Civil en sus informes. Podría también preguntárselo entre otros a la Alcaldesa de Elche, Mercedes Alonso, o al Alcalde de Crevillente, César Augusto Asencio, señalados también y por la misma razón en los informes policiales aportados en la causa de la rama valenciana de la trama Gürtel. Los tiene ahora cerquita, en la Convención. Y también podría preguntar aunque ahora ande de tertuliana en Tele Cinco a Sonia Castedo para que le explique cuanto gastó y de dónde venía todo el dinero empleado en las campañas de electorales de 2007 y 2011. Incluso el Secretario Provincial, el edil derrochador de San Vicente de Raspeig, Sr. Zaplana, le podría explicar cómo se manejaban fondos en cuentas paralelas a nombre de asociaciones en distintas localidades de la provincia de Alicante. ¿Una Caja B en el PP? Pues a lo mejor va a terminar teniendo razón el Sr. Floriano. Una no, pero sí muchas Cajas B.

La existencia de Cajas B no es un pecado exclusivo del Partido Popular. Se trata de una práctica bastante extendida entre los partidos políticos del sistema. Luis Bárcenas no hace sino poner negro sobre blanco, subrayar lo que es una práctica muy generalizada entre los partidos políticos que se han venido mostrando poco interesados o incapaces de establecer una regulación clara, estricta y eficaz para acabar con estas anómalas situaciones. No nos pueden venir a hablar de regeneración política unos partidos que no empiezan por regenerarse a si mismos, unos partidos que tienen tan poca adhesión y afecto ciudadano que son incapaces de sobrevivir sin el dinero del contribuyente percibido mediante las subvenciones que se otorgan a si mismos, unos partidos que esconden su contabilidad a sus propios afiliados.

Los ciudadanos queremos ejemplaridad y transparencia en nuestros dirigentes y en los partidos políticos. Queremos una democracia fuerte y para ello necesitamos unos partidos políticos sólidos, capaces de ganarse la adhesión y la confianza de la ciudadanía. Y para ello necesitamos saber de dónde procede el dinero de los partidos y cómo lo gastan. Es un síntoma de mala salud democrática que el 80% de los ingresos de los partidos políticos provenga de subvenciones y que sin ellas no puedan sobrevivir. No es de recibo que mientras que tantos alicantinos lo pasan mal, PP y PSOE aprobaran el año pasado que con dinero de la Diputación de Alicante, presidida por la Sra. Luisa Pastor, podrían pagar vía subvención el alquiler de sus sedes. Luz y taquígrafos es lo que la financiación de los partidos políticos necesita, cuentas claras y públicas, ni un euro de subvenciones y fiscalización judicial rigurosa. En Esperanza Ciudadana de Alicante apostamos por que así sea.

Santiago de Munck Loyola


miércoles, 22 de octubre de 2014

Las innovaciones éticas y jurídicas de Alberto Fabra.


He de reconocerlo, tras escuchar a mediodía unas declaraciones del “Muy Honorable” Presidente de la Generalidad Valenciana, Sr. Fabra, me he visto obligado a dar un repaso al Código Penal y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal por, si en estos tiempos de cambios fulgurantes, me había perdido alguna innovación jurídica tan trascendental como lo que acababa de oír. Y parece que no ha sido así. Parece más bien que el que estaba soltando una auténtica majadería jurídica era nuestro Presidente autonómico. ¿De qué se trata? Pues bien, el Sr. Fabra estaba siendo preguntado sobre la toma de posesión del escaño autonómico de un sujeto, Felipe del Baño, imputado por un posible delito de prevaricación en sustitución de Juan Cotino. Ni corto ni perezoso, el Sr. Fabra ha asegurado que la imputación que recae sobre el ex teniente de alcalde de San Antonio de Benagéber (Valencia) Felipe del Baño es simplemente "administrativa" y que la línea roja establecida por él se refiere a casos por corrupción. Fabra ha hecho notar que "siempre" ha hablado de "imputación por corrupción" y que en este caso "es una imputación administrativa que no tiene nada que ver", ha razonado supuestamente. Hay que añadir que si el Sr. Del Baño no pudiese tomar posesión del escaño por estar imputado, tampoco podría hacerlo el siguiente en la lista pues, al parecer, es el Alcalde de Enguera y también está imputado por dos delitos, uno de ellos prevaricación. ¡Hay que ver cómo está la bancada popular! Habría que hacer un homenaje al comité electoral responsable de la aprobación semejantes listas.

Lo primero que me ha llamado la atención es lo de una imputación administrativa. Por más que he revisado distintos manuales jurídicos no he encontrado semejante concepto. La imputación, concepto propio del Derecho procesal penal, es el acto mediante el cual se acusa formalmente a una persona de la posible comisión de un determinado  delito. La imputación tiene un carácter procesal y más específicamente penal, criminal. Nada de carácter administrativo. Claro que, afinando un poco más, lo de "imputación por corrupción" tampoco parece que se sostenga mucho, porque el delito por “corrupción” no existe como tal en el vigente Código Penal.

Felipe del Baño está imputado, junto al alcalde de San Antonio de Benagéber, por un posible delito de prevaricación en la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de Paterna sobre dos encargos municipales con un coste total aproximado de 100.000 euros. La Plataforma San Antonio de Benagéber denunció ante la Fiscalía que el ex concejal Felipe del Baño realizó una "contratación verbal" de trabajos de jardinería por un importe de 50.000 euros, es decir saltándose todas las normas legales a pesar de su condición de licenciado en derecho, y que se realizó un encargo de unos libros conmemorativos de la población "que no han aparecido, pero por los que se pagaron unos 50.000 euros".

¿Y en qué consiste el delito de prevaricación que el Sr. Fabra cualifica de “administrativa”? Pues se trata de un delito encuadrado entre los delitos contra la Administración Pública junto con otras figuras delictivas como el abandono de destino y de la omisión del deber de perseguir delitos, la desobediencia y denegación de auxilio, el cohecho, el tráfico de influencias o la malversación. ¡Quién sabe! A lo mejor la malversación o el tráfico de influencias tampoco son encuadrables en el ámbito de la corrupción en la nueva ética política que parece encarnar el Sr. Fabra y el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. El Artículo 404 del Código Penal define la prevaricación así: “A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años”. Y de la posible comisión de este delito, que no infracción administrativa, es por lo que está imputado el nuevo diputado, el Sr. Del Baño que, por cierto, como sabrán los lectores habituales de estas páginas, fue el inquisidor, a instancias de los Sres. Ciscar y JJ Zaplana, de los militantes del PP de Alicante que pedíamos honradez en la gestión pública y regeneración democrática. Casualidades de la vida. Dios los cría y ellos se juntan.

Es evidente que, de ser sostenibles los nuevos y esperpénticos conceptos jurídicos del Sr. Fabra y del PPCV, habría que revisar casos como el del ex Alcalde de Torrevieja y ex diputado popular Pedro Ángel Hernández Mateo condenado a tres años de cárcel por la comisión de los delitos de falsedad en documento oficial y prevaricación (¿administrativa Sr. Fabra?).

Lamentable pero cierto. Ésta es la supuesta regeneración que promueve el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Este es el estado real del centro derecha oficial de la Comunidad Valenciana. No es de extrañar que tanta gente decente se abstuviera de votar al PP en las pasadas elecciones europeas. Este PP oficialista apesta a cadáver en franca descomposición.

Santiago de Munck Loyola



jueves, 8 de mayo de 2014

Felipe del Baño, el "sicario político" de Ciscar y cía, en apuros judiciales.

Según anuncian los medios de comunicación Felipe del Baño, el "sicario" de Alberto Fabra y José Ciscar para "liquidar" a los afiliados alicantinos del PP, Santiago de Munck Loyola y Antonio Sobrino Ribes, culpables de la grave infracción estatutaria consistente en defender la regeneración democrática y en pedir públicamente la dimisión de los cargos públicos imputados, podría ser imputado por un posible caso de corrupción. ¡Dios los cría y ellos se juntan! Este sujeto, Felipe del Baño, fue el encargado por Fabra, Ciscar y JJ Zaplana de instruir el expediente de expulsión de estos afiliados y lo hizo mediante un pliego de cargos inconsistente, jurídicamente erróneo, plagado de falsedades y repleto de estúpidas argumentaciones con el fin de justificar una cacicada propia del impresentable liderazgo de unos sujetos que son protectores y complacientes con la corrupción que inunda la Comunidad Valenciana. Parece que pronto le toca su especial San Martin a unos de estos individuos.
La Fiscalía de Valencia ha pedido la imputación del alcalde de San Antonio de Benagéber, el 'popular' Eugenio Cañizares, y del concejal y presidente del PP local, Felipe del Baño, tras una denuncia de la Plataforma SAB por el pago, en el primer caso, de 50.000 euros a una empresa por 5.000 libros inexistentes, y en el segundo además por la contratación verbal de unos "supuestos" trabajos de jardinería, según ha informado la formación denunciante en un comunicado.
En un escrito del pasado 14 de abril, la Fiscalía remite al juzgado decano de Paterna las diligencias de investigación penal incoadas en relación con la denuncia para que el órgano judicial que por turno corresponda inicie un procedimiento penal y tome declaración como imputados al alcalde, al concejal y al administrador único de la empresa editora y como testigos a los responsables de la compañía de jardinería.
Según subraya esta formación que presentó la denuncia, la petición de imputación del alcalde obedece a "los 5.000 libros conmemorativos de San Antonio de Benagéber supuestamente encargados en 2007" a una empresa por los que el Ayuntamiento pagó en 2012 un total de 49.880 euros. De acuerdo con esta denuncia, además, el consistorio "recibió una subvención equivalente de la Conselleria por esos libros, a pesar de que nunca han existido".
Sobre Felipe del Baño, la solicitud de imputación se produce en relación a esta cuestión y por la "contratación verbal" a una empresa de "supuestos trabajos de jardinería de desbroce, tala y mantenimiento entre marzo y noviembre de 2010", cuando se ocupaba de este área. La Plataforma señala que la empresa reclama al consistorio el pago de 50.770 euros.
En el escrito de Fiscalía se indica que se pide la imputación de Cañizares ya que ha sido citado como "directo interviniente" en el "encargo, cuyo procedimiento de adjudicación deberá aclararse, de 5.000 libros, facturados indiciariamente a instancias suyas y/o del señor del Baño como responsables del Ayuntamiento, sabiendo que no se habían editado esos libros, y se pagaron íntegramente y que, a fecha actual, aún no se han editado". Sobre Felipe del Baño, afirma que "al parecer, tuvo intervención relevante con relación del Ayuntamiento" con ambas mercantiles. PIDE LA DIMISION DE AMBOS
La Plataforma SAB ha reclamado la dimisión de ambos cargos públicos y que ofrezcan las "oportunas explicaciones a la ciudadanía y grupos de la oposición".
http://www.lasprovincias.es/20140507/mas-actualidad/politica/alcalde-antonio-benageber-libros-201405071118.html

martes, 25 de febrero de 2014

Alberto Fabra ¿un mentiroso compulsivo?


Si hace unos días era José Ciscar el que se veía obligado, a instancias de los periodistas, a pronunciarse sobre la corrupción y los imputados y entonaba, una vez más, su falso discurso sobre lo que le preocupaban estos temas, procupación debida más al desgaste electoral que a una cuestión de principios éticos, ahora ha sido el Presidente del PPCV y de la Generalitat Valenciana el que ha entonado su peculiar lamento al respecto. Mal deben andar las encuestas y peor deben ser las relaciones con la C/ Génova, no en balde, merced a la actuación de estos dos personajes, el PPCV se ha convertido en motivo de preocupación y de escándalo en la sede de los populares.

Y aunque a algunos pueda parecerles que la insistencia desde estas páginas por denunciar los inmorales comportamientos de algunos dirigentes populares resulta cansina, no por ello hay que renunciar a ello. Si lo de José Císcar eran lágrimas de cocodrilo, lo de Alberto Fabra en el Club Siglo XXI ya es de nota. Dicen que se puede mentir por omisión, ocultando parte de la verdad, o por acción, es decir, faltando o falseando deliberada e intencionadamente a la verdad. D. Alberto Fabra ha hecho en su comparecencia las dos cosas a la vez. No se trata ya de que algunos hechos sean más o menos ciertos o que puedan ser susceptibles de interpretaciones. De lo que se trata aquí es que el Sr. Fabra es un auténtico embustero, un descarado mentiroso que no ha tenido empacho alguno, no ya en ocultar algunos hechos que desmontan su supuesto repudio a la corrupción, sino de afirmar cosas que son absolutamente falsas y que son muy fácilmente demostrables.

Este inconsistente, pusilánime y melifluo Presidente autonómico no se ha limitado en su intervención a lanzar propuestas como la peregrina idea de resucitar el famoso “tercio” familiar de los procuradores de las Cortes franquistas, sino que, además, y hablando de la corrupción en la política de nuestra Comunidad ha intentado sacar pecho, presentándose como el Mr. Proper levantino de la lucha contra la corrupción. Ha vuelto a exhibir su permanentemente incumplida, especialmente en Alicante de la mano de Císcar y JJ Zaplana, línea roja en virtud de la cual los imputados no ostentarán cargos públicos en la Generalitat ni cargos orgánicos en el seno de la estructura organizativa del Partido Popular. Y todo ello bajo la mirada complaciente, nada menos, del otro Zaplana, el ex presidente de la Generalitat.

Se le olvidan, oculta, esconde y falsea muchas cosas Alberto Fabra. Para empezar se le olvida que el problema de la corrupción y del descrédito de la política va mucho más allá de dónde estén y qué se haga con los imputados, al fin y al cabo, inocentes mientras no se demuestre lo contrario. La falta de principios, de criterios y de formación política y jurídica le ha llevado a adoptar una medida, la de la línea roja, bastante incoherente e incumplida permanentemente. La corrupción tiene muchas causas, pero una de peso es la falta de democracia interna en los partidos, entre ellos el PPCV, que propicia la ascensión de los amiguetes, de los arribistas, de los aprovechados y de los incompetentes a puestos de responsabilidad que escapan de la elección de las bases y, por supuesto, de su posterior control. Forma parte de la corrupción financiar al PPCV a través de asociaciones paralelas como ha venido ocurriendo hasta hace dos días en Alicante o que las campañas electorales se financien oscuramente a través de ciertas empresas, como en el 2007 en Alicante, y que se niegue a los afiliados, como han hecho el Sr. Ciscar y su ayudante JJ Zaplana, el control y la información de la contabilidad a los afiliados. Forma parte de la corrupción no cumplir los programas electorales, llenar de personal una RTV autonómica y tener que cerrarla de malas maneras, construir infraestructuras innecesarias e inútiles como el aeropuerto de Castellón, hacer licitaciones de 420 millones de euros de tal manera que sólo se presente un licitador, etc.

Y forma parte de la corrupción meter en el gobierno, como mano derecha, a la novia que además está denunciada por "malversación de caudales públicos"  por el uso de habitaciones de hotel a precios mucho más elevados de los previstos por la ley de austeridad que dictó el propio presidente Fabra y, presuntamente, en fechas sin agenda oficial de la Generalitat en aquellas localidades. Y para qué mencionar las facturas de la compra por 3.000 euros cargadas a la Generalitat.

Pero si hay una afirmación del Sr. Fabra que permite sin ningún género de dudas poder calificarle de mentiroso es la de que ningún imputado ostenta con él cargo orgánico alguno dentro del PP. ¿Cómo se puede tener tanta cara dura? En estas páginas se ha denunciado repetidamente: en Alicante el Sr. Fabra, de la mano de Ciscar y Zaplana, ha sustituido la Junta Local del PP de la ciudad a cuya presidencia no podía aspirar formalmente la Alcaldesa Sonia Castedo por estar imputada y lo ha hecho por cinco distritos, ahora encabezados por los concejales de confianza de la Alcaldesa, y se ha inventado un Consejo de Dirección (que no existe en los Estatutos) para que lo presida Sonia Castedo. Por tanto, Fabra miente y lo sabe. Y, además, su mentira, su falta de compromiso con la regeneración y con la honestidad se compadece perfectamente con lo que ha hecho con los afiliados que reclamábamos precisamente eso, más honradez pública, regeneración y más democracia interna. Y no se trata de una suposición, sino que, para colmo, el PPCV así lo ha escrito en el documento de expulsión de los militantes que propugnábamos unos valores bastante ausentes en las actuaciones del PPCV. D. Alberto Fabra no es el campeón de la higiene política, ni mucho menos. Es cómplice, cuando menos, del profundo descrédito de la política en nuestra comunidad y de la mala imagen que los votantes perciben del PP. Alguien cuyos actos son los que son, alguien que miente tan descaradamente, alguien que se deshace de la gente que propugna la regeneración no puede, de ninguna manera, encabezar ningún proyecto regenerador. No se puede poner a la zorra a cuidar de las gallinas.

Santiago de Munck Loyola



jueves, 9 de enero de 2014

Comienza el navajeo.


Durante los últimos días los ciudadanos estamos asistiendo a un nuevo espectáculo político, el cruce de navajas entre distintos dirigentes políticos a propósito de las elecciones municipales que habrán de celebrarse en mayo de 2015. Los medios de comunicación están recogiendo casi diario las declaraciones de unos y otros sobre quién habrá de encabezar determinadas candidaturas o sobre quién se postula para ello. Y en el Partido Popular hay, por su peculiar sistema de designación de candidatos, verdaderos especialistas en estas lides. Desde hace semanas en Madrid se están lanzando globos sobre la candidatura popular a la Casa de la Villa madrileña. La designación de Ana Botella parece estar en el aire y el entorno de la Secretaria General, Mª Dolores de Cospedal, ha filtrado que la preferida para encabezar el cartel electoral es nada menos que la Vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría.

Más cerca, en nuestra Comunidad, hemos contemplado con cierta diversión el primer escarceo entre la alcaldesa de Alicante Sonia Castedo y el Secretario General del PPCV Serafín Castellano a propósito de quién habrá de encabezar el cartel electoral en la ciudad de Alicante. Serafín Castellano ha dejado claro que entre sus preferencias no está el que repita Sonia Castedo habida cuenta sus problemas judiciales. Y Sonia Castedo, que según el Presidente Provincial Popular y enemigo político de Serafín Castellano, José Ciscar, es el mejor activo electoral del PP, le ha respondido, vía Twitter, con su ya conocida frase sobre el retorno de los esputos lanzados al cielo. La respuesta del Secretario General ha sido poner de manifiesto su aprecio personal por Sonia Castedo y, simultáneamente, filtrar que su preferido para encabezar la candidatura popular al Ayuntamiento de Alicante es el exvicepresidente de la Diputación y actual director de la Cámara de Comercio, Carlos Mazón, “ripollista” de pro. Así que todo parece indicar que las espadas, mejor dicho, las navajas están en alto mientras que el Presidente Fabra anda autoproclamándose candidato a la Generalitat y promoviéndose a si mismo.

Pero si uno va más allá de estos juegos de esgrima político descubre algo profundamente preocupante. En ninguno de los casos en los que se está debatiendo quién ha de encabezar o no las candidaturas se habla de las preferencias de los militantes, de los afiliados quienes en buena lógica democrática deberían ser en última instancia los que eligiesen a los candidatos. Pero no, no es así. En el Partido Popular siguen anclados en los rancios y antidemocráticos métodos de designación de candidatos que tan malos resultados han proporcionado y a la vista está en las sedes judiciales y en los resultados de la gestión de nuestra Comunidad. Y los medios de comunicación participan con toda naturalidad de esta manera de entender la política. Parece que lo único que importa es saber quién es el preferido por el Presidente Provincial o por el Secretario General para ser candidato y no quién es el preferido por las bases del partido. A nadie le importa, al parecer, qué piensan los afiliados o a quien prefieren. Al fin y al cabo, todo el mundo da por sentado que tragarán, como siempre, apoyarán y votarán a cualquiera que desde la cúpula sea impuesto como candidato. No es de extrañar pues que las listas electorales estén plagadas de falsos liderazgos, de incompetentes y de arribistas y cuanto más sumisos con los de arriba, mejores puestos obtendrán en las candidaturas.

A un demócrata debería importarle poco a quien prefiere como candidato un alto cargo del partido y mucho lo que las bases del partido prefieren. Pero lamentablemente no es así con los resultados que todos padecemos. Una vez más la regeneración democrática y junto a ella la democracia interna brillan por su ausencia en estos “juegos florales” de nuestros presuntos políticos.

Santiago de Munck Loyola

lunes, 18 de noviembre de 2013

La indignidad política en las Cortes Valencianas.


María del Carmen García
Hace muy pocos meses, 21 asociaciones y 1.500 firmas respaldaron una petición de indulto presentada ante la Subdelegación del Gobierno de Alicante para la mujer de Benejúzar, María del Carmen García, condenada por pegar fuego al violador de su hija. Que se sepa, los diputados del Grupo Popular en las Cortes Valencianas siguieron a lo suyo y no se movilizaron para recoger firmas suscribiendo esta solicitud de indulto.

En 2007, una joven, Melani López, fue condenada a tres años y tres meses de prisión junto a otro joven por cultivar marihuana en una finca en Cervera del Maestrat (Castellón). Según la primera sentencia, el valor del producto que habrían podido obtener habría podido llegar a los 50.000.- €, por lo que además se les impuso una multa de 108.000.- €. Tras varios recursos en los que los jóvenes alegaban su inocencia, la sentencia fue firme en noviembre de 2012 y la joven que ya había rehecho su vida, se había casado y tenía dos hijos, uno de tres años y otro recién nacido, solicitó en marzo de 2013 el indulto al Gobierno. Y que se sepa, los diputados del Grupo Popular en las Cortes Valencianas siguieron a lo suyo y no se movilizaron para recoger firmas suscribiendo esta nueva solicitud de indulto.

Pedro Hernández Mateo
En 2004, el entonces alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateó, cometió los delitos de falsedad en documento oficial y de prevaricación en el procedimiento de adjudicación del mayor contrato de su Ayuntamiento, el servicio de recogida de basura, adjudicado por más de 96 millones de euros a la unión de empresas integrada por Necso Entrecanales Cubiertas-Grupo Generala de Servicios, según sentenció en noviembre de 2012 el Tribunal Superior de Justicia, condenando al exalcalde a tres años de prisión y siete de inhabilitación. El 22 octubre de 2013, el Tribunal Supremo confirmó dicha condena a tres años de cárcel y siete de inhabilitación.

Conocida la sentencia, el 23 de octubre de 2013 José Ciscar, Presidente del Partido Popular de Alicante, al valorar el fallo judicial destacó lo “mucho” que el exalcalde condenado había hecho por Torrevieja. Eso sí, no precisó si lo “mucho” que había hecho por Torrevieja era bueno o malo. Y he aquí, que de pronto, unos días después, el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas despertó de su letargo y en un abrir y cerrar de ojos el 85 por ciento de los diputados del mismo firmó una petición de indulto para que su excompañero, el exalcalde de Torrevieja y exdiputado “popular” en la cámara autonómica, Pedro Ángel Hernández Mateo, no entrase en prisión. 

Andrés Ballester Costa
El promotor de esta excepcional y “humanitaria” iniciativa es el diputado por Alicante (¡Qué vergüenza!) Andrés Ballester. Y se le ha entendido todo perfectamente cuando ha justificado ante los medios de comunicación su iniciativa. El Sr. Ballester ha declarado que no entiende el revuelo causado y que  “lo haría por cualquier otro compañero, incluso por los de la oposición. No es un asesino ni un violador, ni siquiera le han condenado por robar dinero público. Por eso entiendo que, por razones humanitarias, tendría sentido el indulto”. El ilustre diputado alicantino ha añadido que "no me gusta que nadie vaya a la cárcel”, pero se le ha olvidado añadir lo que sus actos indican, es decir, que no le gusta que los políticos vayan a la cárcel, porque si se trata de un ciudadano de a pié eso es harina de otro costal.

Enseguida, el jefe de los diputados firmantes, el presidente de la Generalitat Valenciana y del PPCV, Alberto Fabra, ha afirmado que la formación que preside no respaldará ningún indulto a condenados como partido o grupo y ha destacado que los apoyos de sus diputados se han prestado "a título personal". O sea que los diputados populares firman como diputados pero a título personal. Puede que, una vez más, estemos ante una clara señal de debilidad política de Alberto Fabra o de una doble moral. La misma que le permite proclamar que los imputados no ostentarán cargos orgánicos en el Partido Popular mientras que autoriza a su Vicepresidente José Ciscar a violentar los Estatutos del Partido para que, creando un nuevo órgano, la imputada Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, pueda hacerse con el control del PP en Alicante. Por tanto, poca credibilidad hay que otorgar a estas manifestaciones del Presidente Fabra.

Lo cierto, es que los diputados del Partido Popular que han suscrito esta petición de indulto, lejos de escenificar una acción humanitaria, lo que han hecho es expresar públicamente un corporativismo de lo más indecente posible. El mensaje que han lanzado a la ciudadanía es que no quieren que uno de los “suyos”, un político, vaya a la cárcel por prevaricar y por falsificar documentos públicos, acciones delictivas que a buen seguro tenían una determinada finalidad. Los señores diputados populares firmantes han dejado muy claro que apuestan por la impunidad de los corruptos. Y, por ello, estos señores tan sensibles con sus conmilitones y tan insensibles con los demás ciudadanos no merecen seguir manchando con su presencia las instituciones democráticas. La dignidad política y la ejemplaridad ni están ni se las espera en el Grupo Popular de las Cortes Valencianas.

Santiago de Munck Loyola


lunes, 11 de noviembre de 2013

Adelantada la vista oral por la solicitud de suspensión cautelar de las elecciones del PP de Alicante.


11-11-2013

NOTA DE PRENSA.

Adelantada la vista judicial por la solicitud de suspensión cautelar de las elecciones del PP de Alicante.

El 9 de noviembre de 2013, a solicitud de los demandantes presentada el 4 de noviembre, el Juzgado de Instrucción nº 7 de Alicante ha dictado una resolución adelantando la vista oral para decidir sobre la solicitud de suspensión cautelar planteada por varios afiliados del Partido Popular en la demanda civil por incumplimientos de los Estatutos del Partido Popular por parte del Comité Ejecutivo Provincial. La vista oral se celebrará el próximo 22 de noviembre a las 12 horas.


Igualmente, el pasado viernes 8 de noviembre, otro afiliado presentó ante el Presidente Provincial de Alicante una impugnación contra el acuerdo de creación de un Consejo de Dirección de las Juntas de Distrito del PP de Alicante, por no estar prevista esta figura en los Estatutos del Partido Popular, y contra la convocatoria de las elecciones a las Juntas de Distrito al estar suscrita dicha convocatoria por D. Julio de España quien, según todas las informaciones publicadas, dejó de ser Presidente Local en octubre de 2012 al ser sustituida la Junta Local de Alicante por Juntas de Distrito. También se prevé que en caso de ausencia de pronunciamiento escrito de esta impugnación por parte del Presidente Provincial se acuda nuevamente a la vía judicial.



miércoles, 8 de mayo de 2013

El PP expedienta al militante que pidió honestidad a sus cargos.


El PP expedienta al militante que pidió honestidad a sus cargos.
Dice crear una corriente de opinión contraria al interés del Partido.
(Página 1, El Mundo, Edición Alicante, martes 7 de mayo de 2013).
El PP expedienta al militante alicantino que pidió apartar a los cargos imputados.
Le acusa de “creación de corrientes de opinión contraria a los intereses del partido”.
H. Fernández/Alicante.
El PP de la Comunidad Valenciana notificó el pasado viernes, con fecha 29 de abril, al líder de Esperanza Popular, el afiliado alicantino Santiago de Munck, la apertura de un expediente informativo por parte del Comité de Derechos y Garantías (órgano disciplinario regional) por “participar de forma activa en actos dirigidos a crear o inducir la creación de corrientes de opinión contrarias a los intereses del partido”. Se da la circunstancia de que de Munck es el único afiliado del PP de Alicante que se ha atrevido a pedir públicamente que los cargos públicos del partido cumplan con los principios de “austeridad, honestidad y eficacia en la gestión pública” y que se aparten “de su seno a cuantos vulneren dichos principios”. De Munck fue así de claro ante la triple imputación de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y de su vicealcalde Andrés Llorens, entre otros cargos públicos de la ciudad y diputados de las Cortes Valencianas salpicados por supuesta corrupción.

El escrito, firmado por el instructor del caso y diputado Felipe del Baño, le da la oportunidad a De Munck de responder en un plazo de 15 días y ayer mismo el afiliado contestó que le es “imposible efectuar alegación alguna en mi defensa si no se me da traslado del expediente íntegro que sirve de base para la incoación del expediente informativo”. También se queja de que “estamos ante un claro supuesto de indefensión que sumado al previo anuncio” en un medio de comunicación provincial el 22 de febrero “retrataría perfectamente el modo de proceder del Comité de Derechos y garantías”.

De Munck además muestra su extrañeza con que se abra expediente “sin haber resuelto previamente el recurso que presenté por la vulneración por parte de la dirección local y de la provincial de Alicante de mis derechos políticos recogidos en los estatutos del partido, sin que se haya pronunciado tampoco sobre la apertura o no de expedientes informativos a los cargos del partido que han venido incumpliendo los estatutos del partido y de cuyas actuaciones he informado y sin que tampoco haya resuelto el Comité Nacional de Derechos y Garantías otro recurso que he presentado”.

De Munck, que es interventor (1) municipal de Monforte del Cid, se opuso desde el primer momento a la división de la Junta Local del PP de Alicante en distritos, una decisión tomada por el presidente provincial del PP de Alicante, José Ciscar, a su llegada al cargo. Para De Munck y los suyos esta decisión debía haberse votado en el seno del partido.

Fue entonces cuando, junto a otros compañeros del Partido agrupados bajo Esperanza Popular, redactó un manifiesto “por la regeneración interna del PP” que recogió cerca de 400 firmas y que elevó a Madrid, a la secretaría general del PP, María Dolores de Cospedal. Posteriormente De Munck y sus afines comenzaron a trabajar en la campaña interna del PP local de Alicante abriendo un foro público de discusión que en principio iba a ser oficina electoral. No obstante la provincial ha paralizado el proceso de los distritos. En este tiempo, la cúpula del PP alicantino envió información al comité disciplinario para que actuase contra el afiliado por todo lo anterior.

(1)   Se trata de un error. Es funcionario, pero no Interventor.

ORGANIZACIÓN.
Y los distritos, paralizados.
Mientras se incoa el expediente contra el afiliado Santiago de Munck, la dirección provincial ha ralentizado la implantación de los distritos de la junta Local del PP de Alicante a la espera del futuro judicial de la alcaldesa (una probable apertura de juicio oral por tres graves delitos en la trama “Brugal”) y en previsión de que ella utilizase este proceso para reivindicarse ante la militancia y si gana, ante los órganos superiores del partido cuando llegue la confección de listas electorales. El proceso se encuentra estancado en la redacción de un reglamento de funcionamiento.

(Página 5, El Mundo, Edición Alicante, martes 7 de mayo de 2013).

viernes, 3 de mayo de 2013

Los partidos políticos y nuestro dinero.



El pasado 29 de abril, el Consejero de Gobernación de la Generalidad Valenciana, Serafín Castellanos, anunció que la cantidad con que la Generalidad subvencionaba a los partidos políticos iba a ser reducida en un 30 %. Es decir, que el millón setecientos mil euros al año que hasta ahora, y a pesar de estar arruinada la administración autonómica, se llevan los partidos políticos para mantenerse del dinero de los contribuyentes se reducía para este año a un millón doscientos mil euros. Esta decisión ha levantado ampollas en la oposición, sobre todo en el PSPV, que ha puesto el grito en el cielo al ver reducido el dinero que recibe del erario público y que en buena parte venía dedicando a interponer acciones judiciales que, además, pierde en muchos casos. Esta elogiable iniciativa del PPCV es, a su vez, criticable porque lo primero que hay preguntarse es ¿por qué una reducción del 30% de la subvención y no del 100%? ¿Por qué si no hay dinero para pagar la dependencia, a los farmacéuticos o a los colegios sí que hay 1.200.000 euros para sostener las estructuras de unos partidos políticos que deberían ser sostenidas únicamente con las cuotas de sus afiliados? ¿Son prioritarios los gastos de los partidos frente a las necesidades básicas vitales de miles de ciudadanos de la Comunidad? 

No existe ni una sólo razón económica, ética o política que justifique que en tiempos de profunda crisis, de miseria y desesperación en muchos casos, se dedique dinero público a financiar a los partidos políticos, a los sindicatos o a las organizaciones empresariales. Estas organizaciones que, indudablemente cumplen un papel esencial, deben ser capaces de autofinanciarse, de subsistir con las aportaciones de sus afiliados, de sus socios y sus simpatizantes y, para hacerlo, deberían ajustar sus modelos de organización y funcionamiento a sus ingresos reales o desaparecer en su forma actual. Si no lo consiguen, si no pueden mantenerse con el dinero de sus socios es porque los ciudadanos no las quieren y, por tanto, sustituir la falta de ingresos de su militancia con subvenciones detraídas de los impuestos de los mismos ciudadanos que voluntariamente no las quieren sostener es un fraude político en toda regla.

Sin embargo, esta reducción de las subvenciones a los partidos llevada a cabo a nivel autonómico contrasta poderosamente con las decisiones tomadas en el ámbito de Alicante por la Diputación Provincial. En efecto, el pasado 4 de abril, el Pleno de la Diputación alicantina presidido por Dª Luisa Pastor aprobó por vía de urgencia, fuera del orden del día y de tapadillo, una modificación del reglamento para la gestión de las subvenciones que reciben los grupos políticos que conforman la Diputación. ¿Y en qué consistió esta reforma? Pues básicamente en poder desviar parte del dinero destinado al funcionamiento de cada grupo político de la Diputación a las cuentas corrientes de sus respectivos partidos políticos. Es decir, a subvencionar de forma encubierta a los partidos políticos, que tanto el PP como el PSPV podrán ingresar la cuantía que estimen conveniente de esa asignación a las arcas que nutren a sus direcciones provinciales. En el Artículo 9 del reglamento aprobado se dice que "Los grupos políticos podrán transferir los fondos asignados anualmente a cada grupo, a su agrupación política provincial". El único requisito es que, posteriormente, justifiquen el destino definitivo de esos fondos. Y para ello no hubo gran problema. Tanto el Partido Popular como el PSOE se pusieron de acuerdo de inmediato. Y, por si fuera poco, tanto el PP como el PSOE acordaron también abrir la vía para incrementar la asignación que reciben todos los años de las arcas provinciales. Y todavía habrá quien hable de austeridad o de ejemplaridad sin que se le caiga la cara de vergüenza. ¿Es esta la sintonía política que existe entre el Sr. Ciscar y el Presidente Fabra? ¿Aquí va cada uno por su lado?

Y hablando de dinero público y de grupos y partidos políticos, no queda más remedio que subrayar la actitud del Grupo Popular del Ayuntamiento de Alicante que hace pocos días, sin dar ninguna explicación, se negó a aprobar una moción de UPyD para aprobar medidas que garantizaran la transparencia de la gestión de la asignación económica de los grupos políticos municipales, entre las que se incluía hacer públicas las cuentas de los partidos. Hay que precisar que según el Artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local el Pleno del Ayuntamiento puede asignar determinadas cantidades de dinero a los grupos políticos constituidos en su seno para su actuación corporativa. Esta dotación económica no puede destinarse al pago de remuneraciones de personal, ni a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial, ni a desviarse como aportación a los partidos políticos, salvo que así expresamente lo autorizase el Reglamento municipal correspondiente. La Ley prevé que los Grupos Políticos de la corporación lleven una contabilidad específica de esa dotación económica que habrá de ser puesta a disposición del Pleno cuando así se apruebe. Pues bien, lo que ha hecho el Grupo Popular del Ayuntamiento de Alicante es sencillamente impedir que los ciudadanos podamos conocer cómo y en qué se han gastado nuestro dinero todos los grupos municipales del Ayuntamiento. ¿Hay alguien que pueda decir que eso es transparencia? ¿Hay alguien que pueda explicar esa decisión? ¿Hay miserias o ilegalidades que esconder?

Bien, como se puede apreciar estamos ante tres actitudes diferentes, pero muy sintomáticas y elocuentes, sobre el uso del dinero de los contribuyentes, sobre la forma de financiar en tiempos de crisis y de austeridad a los partidos políticos. Podrán contarnos lo que quieran, podrán entonar bellos discursos con huecas palabras, pero no hay nada más elocuente que los hechos. Y por sus obras los conoceremos.

Santiago de Munck Loyola