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martes, 18 de octubre de 2011

La “conferencia” de paz: quid prodest?

Resulta asombroso comprobar la disparidad de criterios existentes entre las fuerzas democráticas a la hora de valorar la iniciativa y los resultados de esa llamada “conferencia” de paz celebrada este fin de semana en San Sebastián. Que existan criterios contrapuestos entre demócratas y el entorno etarra sobre la misma sería lo normal y lo saludable; que existan valoraciones contrapuestas entre partidos nacionalistas y partidos nacionales también lo sería (no hay que olvidar la frase de Arzallus “ETA sacude las ramas y nosotros recogemos los frutos”); pero que estas valoraciones totalmente contrapuestas se produzcan entre los partidos parlamentarios nacionales ya no lo es tanto.

Hay quien ve en este acto propagandístico del entorno etarra indicios de una solución al impropiamente denominado “conflicto”, es decir, del terrorismo. Puede que se trate de una visión “buenista” que desea, más que otra cosa, creer que algo ha cambiado y que se puede llegar a una paz negociada. O puede que se trate, simplemente, de una identificación con los planteamientos de los etarras que, en definitiva, legitima el uso de la violencia para alcanzar objetivos políticos prescindiendo, por tanto, del alcance y significado del estado de derecho. Sea cual sea la causa lo cierto es que produce una coincidencia con el entorno etarra y con sus fines que debería, al margen de estrategias partidistas, promover una reflexión profunda sobre el acierto o error de esa actitud para conseguir la paz.

Se diga lo que se diga nada ha cambiado en el panorama político vasco. Bueno, algo sí ha cambiado; la ETA ha conseguido un triunfo propagandístico de proporciones internacionales y las víctimas de los terroristas y los demócratas una humillación más.

Los cinco puntos de ETA, debidamente filtrados y edulcorados por la conferencia y sus invitados estelares, no contienen novedad alguna respecto a lo que ya se conocía sobre los objetivos de la organización terrorista. No se condena la violencia, no se anuncia una disolución de la banda armada y no se pide perdón a las víctimas. En el comunicado leído se requiere a dos estados democráticos para que se sienten a negociar lo que los asesinos quieren que se negocie. Y en un alarde delirante de cinismo se equipara a las víctimas de los terroristas con los propios terroristas y sus familiares. Las víctimas de los terroristas y sus familias han sufrido y sufren porque unos desalmados así lo han decidido para imponer unos objetivos al margen de la ley. Los terroristas y su entorno sufren, si es que han sido condenados por la justicia, porque voluntariamente han decidido quebrantar la ley asesinando, mutilando, robando o extorsionando. La diferencia moral y ética ante ambos sufrimientos es clara y evidente y los intentos de equiparación emanados de esta declaración son repugnantes.

Habrá quien no lo vea así por convencimiento o por interés, pero se trata de una posición irreconciliable desde principios éticos mínimos. La paz no se puede conseguir desde la abdicación de los principios básicos de un estado de derecho o desde la renuncia a su defensa. La paz no se puede conseguir a cualquier precio y menos aún cuando los objetivos políticos de los terroristas y sus cómplices o beneficiarios se pueden alcanzar a través de las instituciones democráticas.

Quid prodest? ¿A quién beneficia esta conferencia? ¿A las víctimas? ¿Al estado de derecho? ¿A la democracia? No, a ninguna de estas partes. Beneficia a la ETA y a su entorno, no nos engañemos. No beneficia a nadie más. El diálogo con los terroristas sólo sirve para legitimar su violencia porque demuestra que a más dolor y daño causado más fácil es obtener del estado lo que se quiere. El diálogo con la ETA y su entorno es abrir la puerta a que nuevas manifestaciones de violencia puedan producirse. Si unos pueden ¿por qué no cualquiera?

Santiago de Munck Loyola


jueves, 13 de octubre de 2011

Negociación política con la ETA = traición.

España goza de un régimen de libertades como nunca ha tenido. Nuestro sistema democrático, con sus defectos que indudablemente los tiene, es uno de los más avanzados del mundo. Los derechos humanos y las libertades públicas están garantizados como nunca lo han estado a lo largo de la historia española. Todas las libertades políticas tienen su amparo en nuestra Constitución. Cualquier posición política, incluso aquellas que buscan de destrucción de la propia Constitución o de la Nación española, puede ser públicamente defendida y puede concurrir en las elecciones democráticas que se celebran. Los independentistas participan en las convocatorias electorales y reciben el respaldo electoral que todos conocemos. Bien es cierto que estas afirmaciones pueden aplicarse al conjunto de la sociedad española sin reservas y que en el País Vasco, al menos sobre el papel, también lo son. Subrayo lo de “sobre el papel” porque teóricamente y con la Ley en la mano en las provincias vascas rigen los mismos principios y normas democráticas que en el resto de España, pero, lo cierto, es que la democracia en el País Vasco no es del todo real pues, como todo el mundo conoce, la realidad diaria es que allí las libertades públicas están condicionadas por el clima de temor que la existencia de los pistoleros y asesinos de la ETA impone a determinados ciudadanos. Sería absurdo proclamar sin matices que en el País vasco hay plenas libertades públicas cuando más de 200.000 ciudadanos vascos han tenido que exiliarse por miedo a perder la vida, cuando la libertad de prensa está limitada o cuando la gente no puede expresar públicamente sus simpatías políticas. Son los etarras y su red de simpatizantes, la izquierda abertzale, los que precisamente pisotean las libertades públicas. Hay un déficit de legitimidad en las instituciones vascas y eso es un hecho más que evidente.

Y, en este contexto, esta izquierda nacionalista y antidemocrática ha convocado esa farsa  denominada pomposamente como la "Conferencia Internacional para promover la resolución del conflicto en el País Vasco" que se reunirá el próximo lunes en la Casa de la Paz de San Sebastián. Esta farsa contará con la presencia de mediadores internacionales elegidos por la ETA, con políticos vascos y lo que es más sorprendente con la presencia de representantes del PSOE. Este bodrio teatral tiene dos objetivos claros: lavar la cara al mundo proetarra de cara a las elecciones generales y, en su caso, poder diseñar una especie de final pactado entre víctimas y sicarios, todo ello sin que los asesinos se apeen ni un milímetro de sus reivindicaciones políticas, sin rendirse entregando las armas y sin pedir perdón a los centenares de víctimas inocentes que han causado en estos años.

Hay quien piensa que hay que negociar con los asesinos para que dejen de matar y parece que la única razón para ello es que estos tipos han asesinado a mucha gente durante mucho tiempo. Es decir, que se trata de una cuestión de cantidad. Negociar con ellos supone legitimar el uso de la fuerza y de la violencia asesina. Es reconocer que cuanta más violencia se ejerza contra la sociedad democrática más oportunidades hay de que el estado se siente a negociar con los asesinos. Ni más, ni menos. Si el Grapo hubiese seguido operativo matando, torturando, robando y secuestrando ¿también habría que negociar con ellos?

En un país como el nuestro, donde cualquier opción política goza de todas las libertades públicas posibles para captar el apoyo popular en las urnas, resulta inadmisible aceptar que, quienes han escogido la vía de las armas en lugar de la de las urnas para reivindicar sus ideas políticas, pueden negociar con el Estado esas mismas ideas. Si éste va a ser el resultado final de la estrategia de ETA ¿para qué y por qué ha muerto tanta gente?

Aquí no puede haber un empate entre los asesinos y la sociedad española. Resultaría indecente de todo punto. Aquí sólo puede ganar la democracia, el estado de derecho y las víctimas. Y lo que no sea así huele a traición.

Santiago de Munck Loyola.