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miércoles, 31 de enero de 2018

La Constitución, el independentismo y Alicante (segunda parte).

Todos somos conscientes de que el problema territorial exige un pacto de Estado y una reforma de la Constitución. Sin embargo no existe el más mínimo consenso entre las principales fuerzas políticas sobre la dirección que ha de tomar dicha reforma constitucional y es evidente que no existe más que una alternativa con dos opciones contrapuestas: o se profundiza en la descentralización, que es tanto como persistir en la causa de los problemas territoriales actuales, o se opta por reforzar las competencias del Estado, lo que temporalmente puede soliviantar a los nacionalistas/independentistas. Buena parte de la izquierda se inclina por la primera opción resumida en más autonomía o federalismo, suponiendo erróneamente que con ella se contentarán los nacionalistas/independentistas. Nada más alejado de la realidad, su hipotética aceptación sólo tendría un carácter temporal e instrumental para disponer de más medios públicos para acabar precisamente con la unidad de España. En el espectro político de la derecha la opción del refuerzo de las competencias del Estado cuenta con dos variantes: la de quienes directamente pretenden acabar con el Estado de las autonomías y la de quienes prefieren reformarlo de modo que el Estado vuelva a asumir determinadas competencias para garantizar una igualdad básica entre todos los españoles.

Sea como fuere, lo cierto es que mientras no se establezca un consenso básico sobre la orientación que ha de tomar la reforma del modelo territorial es imposible que a corto o medio plazo pueda producirse una reforma de la Constitución y del propio estado de las autonomías. Sin embargo, es posible reconducirlo, racionalizarlo y hacerlo más solidario y eficiente sin tener que esperar a que la actual clase política acuerde su reforma constitucional. Hoy, una gran parte de los ciudadanos está insatisfecha con el funcionamiento de las autonomías porque son caras, ineficientes en muchos aspectos, complican la vida económica y social de los ciudadanos y duplican innecesariamente servicios públicos. Son la clase política y la partitocracia los más interesados en su mantenimiento en sus actuales términos, no los ciudadanos. Lo que en un principio se vendió como una descentralización administrativa se ha convertido en una descentralización política y en una fragmentación de la soberanía nacional que lejos de cohesionar a la sociedad española la ha dividido.

Necesitamos un estado moderno, eficiente, capaz de garantizar los mismos servicios públicos para todos los españoles con independencia del territorio en el que residan porque los derechos no son de los territorios, son de las personas. Necesitamos un estado que no levante barreras internas al mercado ni a las personas y que, al mismo tiempo, avance hacia la armonización de derechos y obligaciones con nuestros socios europeos. Y, desgraciadamente, las autonomías, en manos de políticos mediocres, han avanzado en la dirección contraria levantando toda clase de muros que obstaculizan el funcionamiento del mercado interior y la cohesión y movilidad social. El centro del debate no puede seguir siendo más o menos competencias o descentralización para las autonomías, sino que en la sociedad de las comunicaciones y de la informática debería centrarse en la búsqueda y el establecimiento de mayores cuotas de decisión de los ciudadanos sin el filtro de una clase política cuyos intereses parecen alejarse cada día más de los intereses del pueblo al que pretenden representar, aunque el desarrollo de esta idea no es ahora el objeto de estos artículos.

En este contexto y mientras siga vigente el actual modelo territorial, una provincia como Alicante no puede seguir sometida por inercia o por sentimentalismo a un estatus autonómico que claramente le perjudica. El balance de la pertenencia de Alicante a la Comunidad Valenciana, tras 36 años de autonomía, es francamente negativo. Las cifras y los datos están ahí para comprobarlo. Hoy la provincia de Alicante es más pobre respecto a la Provincia de Valencia que hace 36 años. Y este dato solo tiene una interpretación: la Comunidad Valenciana, como ente político y administrativo territorial, ha fracasado porque no ha logrado la convergencia económica y social de sus territorios, de las tres provincias que la integran, sino que ha ensanchado la brecha entre Alicante, que ahora es más pobre, y las otras dos provincias. Se trata de un problema que es imprescindible reconocer como tal y, en consecuencia, proponer soluciones al mismo. Es muy curioso, pero cuando la izquierda está en la oposición alza la voz denunciando que nuestra provincia está discriminada por la Generalidad Valenciana y cuando es la derecha la que se encuentra en la oposición denuncia exactamente lo mismo. 36 años de fracaso autonómico en nuestra provincia han sido más que suficientes como para que nuestra clase política provincial hubiera puesto ya sobre la mesa algo más que lamentos y denuncias, para que hubiera aportado soluciones. Pero no ha sido así. Los disfrazados de alicantinistas en la oposición en cuanto tocan poder en Valencia se olvidan de su tierra y de su gente. Y cuando llegan a Madrid no digamos.

Santiago de Munck Loyola


miércoles, 10 de enero de 2018

La Constitución, el independentismo y Alicante (Primera parte).

Este año se cumplirá el 40 aniversario de la aprobación de la Constitución española. Se puede y se harán toda clase de valoraciones sobre su desarrollo, su eficacia o su aplicación. Pero quizás, ante el problema catalán, hay un hecho incontestable: tras cuarenta años de desarrollo del estado autonómico, diseñado en principio para satisfacer las aspiraciones territoriales, hoy hay más independentistas en Cataluña que hace 40 años, hoy existe más riesgo de ruptura de la unidad de España que hace 40 años. La Constitución de 1978 no ha servido para solucionar la tensión centro-periferia sino que la ha agravado. Y lo ha hecho en calidad y en cantidad, los nacionalistas se han convertido en independentistas y su número se ha multiplicado exponencialmente. Cada transferencia competencial sólo ha servido para alimentar el independentismo. Se equivocan quienes tratan de explicar el crecimiento del independentismo por una supuesta falta de diálogo del Gobierno de la Nación o por las supuestas afrentas sufridas por la sentencia del Tribunal Constitucional anulando algunos artículos del Estatuto de Autonomía cuyo alcance ignora la inmensa mayoría de los votantes independentistas. Durante 40 años, los nacionalistas han elaborado y difundido un discurso basado en el victimismo, han logrado solaparse con Cataluña de modo que, al final, cualquier crítica a un político nacionalista, por muy torpe o corrupto que fuera, la vendían como un insulto a Cataluña.

La Constitución de 1978 ha sido y es el abono para el crecimiento del independentismo. Cada competencia transferida a la autonomía catalana se ha convertido en un hachazo más para derribar el tronco de la soberanía del pueblo español. Los nacionalistas del 78 siempre fueron independentistas. No querían la autonomía para buscar y asentar éso que algunos denominan un nuevo “encaje” de Cataluña con el resto de España, sino para alcanzar a largo plazo la independencia y, para ello, necesitaban los instrumentos económicos, legales y, sobre todo, educativos que el Estado de las autonomías les podía transferir. Durante 40 años los independentistas han construido un relato histórico falseado que han inoculado al conjunto de la sociedad catalana sin que se produjera una réplica o reacción por parte del conjunto de la sociedad española ni, por supuesto, de la clase política más interesada en la utilización partidista y coyuntural de los instrumentos del Estado. El denominado “oasis” catalán ha sido una realidad consentida por el conjunto de la sociedad española, por su clase política y económica y especialmente por los medios de comunicación. Y las consecuencias están ahí.

Hoy tenemos un gran problema como Nación. Un problema que ha crecido y se ha agravado gracias a la Constitución de 1978 y al diseño y desarrollo dela estructura del Estado establecida en la misma. Hoy, los españoles no poseen los mismos derechos y obligaciones con independencia del territorio en el que vivan. Hoy, podemos constatar que mientras los Estados de la Unión Europea han caminado hacia la armonización de sus legislaciones nuestra Constitución ha seguido exactamente el camino contrario. No es posible resolver el gran problema que tenemos como Nación sin reconocer y señalar claramente su origen. Ni el federalismo, ni alcanzar cotas más altas de autonomía van a solucionar el problema sino todo lo contrario. El federalismo porque es lo último que desean los independentistas ya que supondría la igualdad competencial para todas las regiones. Más autonomía tampoco porque el margen de cesiones es prácticamente inexistente y está demostrado que solo sirve para alimentar al monstruo.

Mientras tanto, mientras se mantiene el actual estado autonómico, el monstruo independentista no sólo se mantiene en Cataluña, sino que se está expandiendo a los territorios limítrofes que forman parte de esa ensoñación que constituyen los llamados Países Catalanes. Parte de Aragón, la Comunidad Balear y la Comunidad Valenciana están ahora mismo cultivando y abonando con los recursos proporcionados por el estado autonómico al engendro independentista y expansionista catalán.

Es un hecho, una realidad incontestable que requiere una acción política firme y decidida. Los que vivimos en la Provincia de Alicante estamos ya sufriendo esta situación, pero podemos intentar revertirla si, en vez de mirar hacia otro lado, somos capaces de usar los instrumentos que el estado autonómico tiene a nuestra disposición pero justamente en la dirección contraria a la que los independentistas han venido siguiendo. No es imposible. Se puede hacer y se debe hacer.

Fdo. Santiago de Munck Loyola