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viernes, 5 de abril de 2013

La imputación de la Infanta, una cortina de humo.



La decisión del juez Castro de imputar a la Infanta Cristina ha provocado un infantil regocijo y algarabía en buena parte de la izquierda, de muchos comentaristas políticos y de amplios sectores de la población. Poco importa para ello que, al parecer, el auto de imputación dictado por su señoría peque de incoherencia e inconsistencia jurídica y que se base más en escasos indicios incriminatorias que en hechos relevantes. Buena parte de la opinión pública se alegra y se ensaña con la Infanta tal y como antes hizo con su esposo, el Sr. Urdangarin. Sin freno alguno y sin medir las negativas consecuencias de ello se cargan las tintas sobre ambos personajes como si los hechos que se les imputan y las responsabilidades que de ellos pudieran derivarse sólo les correspondieran a ellos. Parece como si el Sr. Urdangarín y su socio, con la complacencia, colaboración o complicidad de la Infanta Cristina hubiesen asaltado las cajas de las administraciones públicas y se hubiesen llevado el dinero. Y no es así, ni mucho menos.

A un servidor, que no es precisamente un fervoroso partidario de esta Monarquía tan poco ejemplar, sobre todo por la conducta frívola, indiscreta e irresponsable de su máximo representante, el Rey, este ensañamiento callejero de la Infanta y de su marido le parece más una cortina de humo y un espectáculo bien aderezado por los medios de comunicación que sólo sirve para alejar el punto de mira de quienes son los auténticos responsables del mal uso que se haya podido dar al dinero público. No cabe ninguna duda que el Sr. Urdangarin, con la colaboración de su ex socio y antiguo amigo, ha sido un pájaro de cuidado, un fresco y ambicioso que sabía que usando adecuadamente su relación familiar se le podían abrir muchas puertas para ganar dinero a espuertas. Pero tan cierto como lo anterior es que ni el Sr. Urdangarin, ni su socio, han asaltado ninguna caja fuerte, ni han forzado a nadie a realizar negocios con ellos. Muy posiblemente se dedicaron a vender humo, a vender a precios desorbitados servicios que no lo valían o a facturar prestaciones que no se realizaron. Ellos pusieron precio a su humo y, lo peor, es que hubo quien lo compró y lo pagó con el dinero de los contribuyentes. Son precisamente los que compraron el humo del Sr. Urdangarín y quienes lo pagaron tirando del cajón público los verdaderos responsables de este escándalo. Son los que por mandato de las urnas tenían la obligación política, legal y ética de usar ese dinero público con la “diligencia de un buen padre de familia” y no lo hicieron. Compraron a lo tonto, a cualquier precio y sin comprobar la mercancía, todo por una buena foto. Son, ni más ni menos, los políticos que firmaron estos contratos y convenios con las Fundaciones o empresas del Sr. Urdangarín y los técnicos que debían haber fiscalizado esos gastos. ¿Y dónde están en los telediarios? ¿Dónde están los nombres de los políticos y de los técnicos responsables de velar por el dinero de los contribuyentes? ¿Por qué no los persigue la prensa?

Ni el Sr. Urdangarin, ni su socio, ni la Infanta Cristina pudieron tener acceso a un solo céntimo público por si mismos, necesitaron que determinados políticos pagasen esas cantidades millonarias que ahora hemos conocido. Y, sin embargo, todos los focos están puestos en los primeros; la mayoría de la gente sólo carga sobre ellos las tintas al igual que la inmensa mayoría de los medios de comunicación. Ni a la Infanta ni a su marido los hemos elegido los ciudadanos, están donde están por su parentesco, pero a quienes sí hemos elegido, a los que hemos votado es a los responsables políticos que debían gestionar escrupulosamente nuestro dinero y no lo han hecho y debería ser, por tanto, a quienes con mayor firmeza denunciásemos y exigiésemos las responsabilidades a que hubiese lugar. Y, sin embargo, hasta ahora están saliendo de “rositas” ya que casi nadie se fija en ellos. Si se dejaron engañar o si sabían que compraban a precio de oro lo que no lo valía, estos políticos y técnicos deberían irse a la calle y pagar con su patrimonio el agujero que por irresponsabilidad o ignorancia han dejado en las arcas públicas. Sólo así se hará justicia de verdad en este escándalo que tanto daño está haciendo a la imagen internacional de España.

Santiago de Munck Loyola