Comunicado de Esperanza Ciudadana de Alicante.

COMUNICADO.

Esperanza Ciudadana de Alicante denuncia una vez más las políticas discriminatorias del PP hacia nuestra Provincia.

El sábado pasado, 31 de enero de 2015, el Ministro de Hacienda, Sr. Montoro, ante un auditorio compuesto por empresarios y cargos públicos del Partido Popular reconoció públicamente, por fin, que la Comunidad Valenciana está infrafinanciada, que es deber del Gobierno corregir esta situación y que el Gobierno del Partido Popular no ha tenido, ni va a tener tiempo en esta legislatura de acabar con esta discriminación que venimos sufriendo los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y, en especial, los ciudadanos de la Provincia de Alicante.

Esperanza Ciudadana de Alicante, como partido comprometido con la defensa de los intereses de los alicantinos, desea manifestar su repulsa por el cinismo y la clara falta de voluntad política del Partido Popular de acabar con una situación profundamente injusta e insolidaria para los ciudadanos de Alicante. Igualmente quiere resaltar la falta de peso y la ausencia de compromiso con los ciudadanos de la Provincia de Alicante de los cargos públicos del Partido Popular que manifiestan una sumisión indigna ante los dictados y políticas de su partido en detrimento de los ciudadanos que con su voto los auparon para defender sus intereses y no los de su partido.

Alicante no sólo sufre la discriminación histórica de la Generalidad Valenciana que siempre relega a la provincia al último puesto en cuanto a transferencias e inversiones, sino también la discriminación del Gobierno de la Nación que prima a otras comunidades autónomas a pesar de la histórica lealtad de Alicante con el proyecto común que es España.

Esperanza Ciudadana quiere hacer un llamamiento no sólo al tejido empresarial, sino al conjunto de los colectivos sociales que tienen que soportar este continuo desprecio para que tomen conciencia de esta realidad y, en consecuencia, actúen y exijan lo que por justicia corresponde a los alicantinos.

2 DE FEBRERO DE 2015.

El PP sin propósito de enmienda.

Cuando de pequeños nos enseñaban el catecismo nos decían que para hacer una buena confesión, y por tanto para obtener el perdón de los pecados, era necesario y por este orden empezar por hacer examen de conciencia, sentir dolor de los pecados, hacer propósito de enmienda, confesarse y cumplir la penitencia.

El sábado pasado, la alegría de la huerta, el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se personó por fin, tras seis meses de retraso, en un acto con empresarios de la Comunidad Valenciana y líderes regionales y locales del Partido Popular. Los socialistas habían interpretado este acto como una “contraprogramación” del PP al cónclave socialista que los “barones”, excepción hecha de Susana Díaz, celebraban también en Valencia, pero en el fondo la comparecencia del simpático Ministro de Hacienda les ha venido bien, sobre todo a los socialistas valencianos.

Y es que parece que Cristóbal Montoro ha debido decidir que es hora de obtener el perdón de los ciudadanos de esta Comunidad que, dicho sea de paso, no están representados por los empresarios, ni mucho menos. Ha debido hacer examen de conciencia y hasta podría parecer que siente dolor por sus “pecados”. Por fin, se ha dignado a reconocer tarde y mal que la Comunidad Valenciana está “infrafinanciada” con el actual sistema de financiación autonómica. El ministro tras reconocer lo que todos sabíamos menos él y sus subordinados ha señalado que la obligación de un Gobierno es corregirlo y, a renglón seguido, no tuvo empacho alguno en admitir que el Gobierno del Partido Popular, conociendo esta injusticia, no lo ha hecho porque ha estado centrado en “salir de la crisis” y que, ahora, ya no hay “tiempo” para reparar el daño que se está haciendo a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Ya se sabe, el Gobierno del Partido Popular no puede hacer dos cosas a la vez, no puede trabajar por “salir de la crisis” y resolver las injusticias en la financiación autonómica, no puede ocuparse de la economía y hacer política simultáneamente y por ello ha aparcado promesas electorales como la de la reforma de la Ley del Aborto. No dan para más.

Es evidente que el Ministro Montoro y sus silentes acompañantes Fabra, Ciscar, Bonig, etc. quieren hacer trampa. Buscan el perdón de sus pecados pero sin propósito de enmienda alguno y, por supuesto, sin cumplir ninguna penitencia. Con ellos, los alicantinos no estamos de enhorabuena ni mucho menos. Porque a la infrafinanciación de nuestra comunidad, discriminación pura y dura, sumamos la infrafinanciación y discriminación que desde hace años recibimos desde Valencia. Gobierne el PPCV o el PSPV, Alicante sigue siendo la provincia que menos recursos recibe de la Generalidad Valenciana. Es un hecho cierto y constatado por numerosos informes que Alicante no percibe ni del Estado ni de la Generalidad Valenciana lo que, por su población y economía, en justicia le corresponde y es una realidad incontestable que nuestros paniaguados representantes no levantan la voz contra ello, no sea que pierdan el asiento. En Esperanza Ciudadana queremos acabar con ello y lo haremos si contamos con el respaldo de los alicantinos.

Santiago de Munck Loyola

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Sin financiación justa no puede haber un reparto justo del déficit.

Estos últimos días ha estado muy agitado el patio autonómico a cuenta del reparto del déficit. Y si esta agitación la ha producido el reparto del déficit resulta inimaginable lo que habría sido si el reparto fuera de un superávit. Habrían volado los cuchillos y las navajas. Cada Presidente autonómico y en especial los del PP que para eso son la mayoría ha intentado hacer valer sus razones y argumentos sobre cómo debería ser ese reparto: igual para todos, asimétrico, penalizando a los incumplidores, premiando a los más cumplidores, etc. Cada cual, en su visión de reino de taifa, se encuentra asistido de poderosas razones con las que sostener sus argumentos. Muchas de las ideas que se han expuesto parecen bastante razonables.

No les falta razón a quienes llevan años apretándose el cinturón y claman contra una posible benevolencia hacia los incumplidores. Para muchos, el hecho de que Cataluña pueda verse beneficiada con un mayor margen de déficit que el resto sin haber hecho los deberes como los demás y sin haber renunciado a gastos inútiles y disparatados constituye una afrenta, no para ellos, sino fundamentalmente para los ciudadanos de sus respectivas Comunidades Autónomas que sí han sufrido los rigores de toda clase de ajustes y recortes en nombre de la tan cacareada austeridad y estabilidad presupuestaria. Señalan que otorgar a Cataluña un mayor déficit que al resto de las comunidades autónomas es facilitar, además, el proyecto independentista a costa del bolsillo de los demás. Y no es que los ciudadanos de Cataluña no hayan sufrido en sus carnes también muchos recortes de mano de sus gobernantes separatistas sino que lo han hecho a costa de mantener seudo embajadas superfluas o un entramado televisivo público insostenible, pero muy rentable políticamente para los fines separatistas.

Hay quien, como el Presidente Fabra, reivindica el establecimiento de un déficit asimétrico, o sea, desigual, para entendernos, justificado por un hecho indiscutible como es la gran diferencia de financiación entre las distintas comunidades autónomas; un hecho que viene perjudicando especialmente a la Comunidad Valenciana que tan sólo entre 2011 y 2012 ha recibido 5.500 millones de euros menos de lo que habría recibido en el supuesto de contar con la misma cantidad por habitante, por ejemplo, que Cataluña. La Comunidad Valenciana ha sido la autonomía que menos ingresos públicos por habitante ha tenido en estos dos últimos años. Por cierto, algo parecido le pasa a la Provincia de Alicante en cuanto a las inversiones de la Generalitat en la misma que, al igual que con las inversiones estatales, está discriminada. No se puede pedir a quien recibe menos financiación que disminuya sus gastos en la misma medida que quienes perciben mucho más por cada habitante.

A nadie se le escapa que el tema de la financiación es un tema espinoso cuya solución se viene arrastrando desde hace muchos años. A la hora de pedir dinero, cada región encuentra siempre un motivo diferencial con el que justificar una demanda mayor que la de su vecino. Cuando no se trata de las peculiaridades geográficas, se trata de el PIB o si no de la población estacional, el nivel de desempleo o la existencia de lengua propia. Lo cierto es que hoy el principio constitucional de la igualdad entre los españoles está más lejos que nunca de ser una realidad. Los españoles, en función del territorio de residencia, cuentan con un mayor o menor catálogo de prestaciones públicas, una fiscalidad diferente y una aportación estatal también distinta. Es evidente que seguir avanzando en la misma dirección sin antes proceder de una vez a abordar con decisión y con la legitimidad que otorgan las urnas a una profunda revisión de nuestro modelo sólo puede servir para seguir incrementando los agravios comparativos entre los ciudadanos españoles. Establecer un determinado criterio del reparto del déficit sobre la base de un injusto sistema de financiación que hace que valga más un ciudadano residente en Navarra que otro en la Comunidad Valenciana es profundizar en la injusticia y en la fragmentación de la cohesión social.

En todo caso y sea cual sea la solución que finalmente se adopte en este asunto, bienvenido sea el debate público entre los dirigentes autonómicos y especialmente entre los populares. Pese a lo que algunos afirmen, el debate público es siempre enriquecedor y, como muy bien ha señalado alguno, unidad no es lo mismo que uniformidad. Es posible que “el apoyo al gobierno no sea negociable” entre los Presidentes autonómicos populares, pero lo que es indiscutible es que lo que no es, ni debe ser negociable es la lealtad a los ciudadanos y la defensa de sus derechos frente a cualquier tipo de injusticia discriminatoria. No le falta razón al Presidente Fabra pero en política, en muchas ocasiones, no basta con tener razón. Deberá tener cuidado con lo que dice no sea que alguien termine por acusarle de intentar crear una corriente de opinión contraria a los intereses del partido si éstos, además, no coinciden con los intereses del ciudadano.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es/

Perplejidad e incertidumbre.

El ambiente general es desastroso, cada semana, cada día nos desayunamos con una nueva noticia: un día es CiU, otro el yerno del Rey, al siguiente el PSOE y su Fundación Ideas, hoy Bárcenas y los presuntos sobresueldos. Así no se puede seguir mucho tiempo. Parece que el sistema está colapsado y a ellos hay que añadir el naufragio económico y social heredado. El constante goteo de noticias sobre los papeles de Bárcenas, la financiación del Partido Popular o los pagos a miembros de la cúpula del PP durante los últimos años nos tiene completamente desorientados y asombrados a la inmensa mayoría de los votantes y miembros de esta formación política. A otros no, a otros todas estas noticias les alegran inmensamente porque confirman sus ancestrales prejuicios, sus condenas sin juicio previo y sus odios irracionales. Ellos ya lo sabían, siempre lo han sabido, “los del PP, todos unos chorizos  ¿lo véis?”. Son los que siempre han callado cuando se han desvalijado las cajas públicas con los EREs falsos, por ejemplo. Y ahora son los primeros en levantar la voz, en insultar y condenar a todos los que pertenecemos o hemos votado al Partido Popular. Da igual que no estén libres de pecado, son los primeros en tirar la piedra y en organizar asedios a la sede del PP, repitiendo mecanismos que recuerdan mucho a otros momentos muy tristes. Vuelve la agitación callejera e inundan las redes sociales con insultos y descalificaciones gratuitas a millones de españoles.

Hasta ahora sabemos que Bárcenas tenía cuentas millonarias en Suiza pero no sabemos con certeza el origen de esos fondos. Sabemos que a través de una sociedad interpuesta ha regularizado buena parte de ese dinero. Sabemos también que existen anotaciones contables atribuibles a Bárcenas en las que figuran pagos de distintas cantidades a dirigentes del partido Popular, pero no sabemos a qué corresponden dichos pagos (sobre sueldos, gastos de representación, etc.) como tampoco sabemos si dichos ingresos fueron declarados a Hacienda por los interesados en su día o si tenían o no la obligación de hacerlo.  Y sabemos que hay muchas posibilidades de que el Partido Popular haya recibido donaciones que podrían superar los límites establecidos en la Ley de Financiación de Partidos Políticos y que podrían motivar la apertura de una investigación de la Fiscalía General. Eso es, más o menos, lo que hay encima de la mesa. Pero es más que suficiente para que los de siempre nos condenen a todos, a los afiliados y a los votantes del PP, para que lleguen a pedir la dimisión del gobierno y elecciones anticipadas. A río revuelto, ganancia de pescadores.

Y no, no es así. Que cada palo aguante su vela, que el que la haya hecho la pague, pero que no se meta en el mismo saco a millones de españoles. El Partido Popular, pese a los errores que sus dirigentes hayan podido cometer y que habrá que demostrar, es un gran partido compuesto por cientos de miles de ciudadanos y respaldado por millones de votantes. Es un gran Partido que representa unos determinados valores y principios que no son los que algunos se empeñan en identificar con lo peor de la corrupción. Es un gran Partido cuyos referentes públicos no son precisamente los que, como en otras organizaciones políticas se han saltado la Ley, sino los que durante estos treinta años últimos han pagado con su vida la defensa de la libertad y la democracia. Es un gran Partido del que me siento orgulloso de pertenecer aunque, como he denunciado muchas veces, tiene que corregir numerosos defectos de funcionamiento interno, muchos de los cuales precisamente están en la raíz de los problemas que hoy son más notorios. Y ahora más que nunca es cuando hay que dar la cara y pedir una vez más luz y taquígrafos, transparencia y asunción de responsabilidades si las hubiese.

Esta situación crea incertidumbre en cualquier afiliado o votante popular y duele. Eso es más que evidente. Como duele también que en medio de estas circunstancias tan complicadas, los de arriba, en la provincia de Alicante, destapen la caja de los truenos y nos acusen por escrito a los militantes que estamos intentando promover la regeneración, la honradez en la gestión pública, la democracia interna, la transparencia y la participación en el PP de la ciudad de Alicante, de dañar la imagen del Partido y de crear corrientes de opinión en el partido. ¿Qué temen? Vivir para ver.

Santiago de Munck Loyola

Las cuentas del PP claras en Madrid y en Alicante también.

El revuelo organizado por las informaciones periodísticas sobre las cuentas suizas del ex tesorero del PP, Sr. Bárcenas, y sobre las acusaciones de pagos de sobresueldos entre miembros de la cúpula del Partido Popular mientras este señor se ocupaba de las cuentas del partido es más que evidente. Estas informaciones escandalizan a cualquiera y aunque es necesario mantener cierta prudencia sobre su veracidad porque tienen que ser probadas y porque están siendo difundidas por el entorno de Bárcenas dentro de su estrategia defensiva, no es menos cierto que su verosimilitud se deriva de la tradicional opacidad de los partidos políticos en torno a sus ingresos y sus gastos. Los partidos políticos se han organizado un sistema legal de fiscalización a su medida. Entregan sus cuentas al Tribunal de cuentas y éste emplea 4 o 5 años en revisarlas y si detecta cualquier anomalía en la financiación suele ser cuando la posible infracción ya ha prescrito.

Ayer, la Secretaria General del Partido Popular, Mª Dolores de Cospedal admitía, como no puede ser menos, que las informaciones de los últimos días sobre el caso Bárcenas “pueden provocar escándalo” y “son de tal de gravedad” que el Partido Popular ha decidido “revisar sus cuentas” de los últimos años. Afirmó, además, que “vamos a revisar la gestión, de ahora y de hace tiempo, para enseñársela a todos los españoles con las manos limpias y demostrar que la inmensísima mayoría de los cargos y militantes del PP son honrados”. Pues bien, no parece necesario, por obvio, demostrar que la inmensa mayoría de los cargos y militantes del PP son honrados. Lo que hace falta demostrar y denunciar ante la opinión pública y la Justicia quiénes son los cargos y militantes populares que no son honrados, hay que demostrar que las cuentas del Partido Popular están impolutas y que no hay financiación ilegal del partido.

Pero lo que de una vez deberían hacer es enseñar las cuentas del partido a los propios militantes y afiliados porque es impresentable que no tengamos acceso a las cuentas de nuestro partido. Es estupendo que se quieran enseñar a los españoles en general, pero ¿por qué se ocultan año tras año a los afiliados? En la inmensa mayoría de las asociaciones o en cualquier comunidad de vecinos, sus miembros reciben anualmente el balance con los ingresos y gastos detallados. Sin embargo, eso no ocurre en la inmensa mayoría de los partidos políticos y desde luego no ocurre en el Partido Popular. Y resulta más llamativa esta falta de transparencia cuando se supone que los ingresos de un partido político son, en su inmensa mayoría de origen público, vía subvenciones, y por tanto aportados por los contribuyentes. A estos ingresos hay que sumar los provenientes de las cuotas de afiliación y donaciones. Si sólo existen estas tres fuentes de financiación ¿por qué se ocultan a los afiliados? ¿Tenemos que esperar 4 o 5 años para acudir al Tribunal de Cuentas a ver si nos dicen en qué se ha gastado nuestro dinero nuestro propio partido político? Ridículo. No caben excusas, no pueden seguirse amparando en las especiales características de un partido político para ocultar sus cuentas a quienes forman parte del mismo o a los contribuyentes. Los partidos políticos son instrumentos de participación, cauces de canalización, de conformación de la voluntad política, son importantísimos instrumentos sobre los que se asienta la democracia, pero son también “empresas” que ingresan y gastan, que usan el dinero de los contribuyentes y de sus afiliados y deben rendir cuentas a los mismos.

Los afiliados queremos saber y lo exigimos. Se trata de un derecho estatutario, obtener información, y de un deber político de los dirigentes políticos. Y descendiendo al ámbito local de la organización popular, los afiliados, cuando leemos en la prensa que los dirigentes provinciales nos piden un euro por cabeza para saldar deudas de la organización provincial, también queremos saber por qué. No sólo no nos envían el balance correspondiente, sino que además tienen la poca vergüenza de pedírnoslo por la prensa, ni una carta explicando las razones. Y lo más sangrante es que nos lo pidan a los afiliados de la ciudad de Alicante que llevamos años pagando nuestras cuotas sin que ni tan siquiera dispongamos de una sede propia, ni de una simple página Web para ser informados. ¿En qué se han empleado nuestras cuotas? ¿Cuáles son las cuentas del PP de la ciudad de Alicante? ¿Quién es el tesorero? ¿Cuánto se debe? ¿A quién? Queremos saber y lo exigimos, sí, porque es nuestro derecho. Le moleste a quien le moleste.

Santiago de Munck Loyola

Los partidos políticos siguen "de fiesta" con nuestro dinero.

Un Diario publica hoy una noticia relativa a la financiación de los Partidos Políticos que teniendo en cuenta la escasez de dinero para todo llama bastante la atención. Según este diario, los partidos políticos reciben subvenciones hasta por dieciocho conceptos distintos y, entre ellos, destaca especialmente la cantidad que percibirán en el año 2012 para sus gastos de funcionamiento y seguridad y que ascenderá a 65 millones de euros. Hay que tener en cuenta que esta cantidad se refiere exclusivamente a la asignación que el Estado distribuye entre los partidos y que se reparte en su mayoría entre el PP y el PSOE. No hace falta subrayar que en esta cantidad no se incluye lo que, al margen de sus sueldos, perciben los parlamentarios en concepto de dietas, compensaciones, móviles, ordenadores, viajes, etc. ni otras asignaciones que las cámaras pudieran dedicar en sus presupuestos a los Grupos Parlamentarios. De igual modo, esta importante cantidad tampoco hace referencia a las cantidades que los partidos políticos reciben a través de los grupos institucionales en los diferentes parlamentos autonómicos o en las diputaciones provinciales, allí donde existen.

Al día de hoy es materialmente imposible conocer con exactitud las cantidades totales que los partidos políticos reciben, en dinero o en especie, de las diferentes administraciones públicas. La fiscalización que el Tribunal de Cuentas realiza sobre el dinero público percibido por los partidos políticos es absolutamente insuficiente y la legislación aplicable es lo suficientemente sesgada y ambigua como para permitir que los partidos políticos oculten de forma legal a los ciudadanos la cantidad total de dinero público que perciben y el destino que al mismo dan.

Sin embargo, existe además una importante fuente de financiación legal de los partidos políticos que casi siempre pasa desapercibida y que supone una impresionante cuantía en medios materiales, personales y económicos. Se trata de los Ayuntamientos. La Ley de Bases del Régimen Local señala que cada Ayuntamiento, en la medida de sus posibilidades, deberá poner a disposición de los Grupos Municipales los medios personales y materiales necesarios para el desempeño de sus funciones. Esta disposición se traduce en que los grupos municipales usan despachos, teléfonos, ordenadores y personal, en función de la capacidad de cada consistorio, y lo hacen teóricamente para el desempeño de su trabajo como representantes locales, pero que en la práctica se usan al servicio de cada partido político. A ello hay que añadir las asignaciones económicas a los grupos Municipales, es decir, la cantidad de dinero que mensualmente cada ayuntamiento entrega a los grupos y que se devide en dos partes: una fija igual para todos los grupos y otra variable en función del número de concejales con que cuenta cada grupo. El Artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local señala que “el Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial”. En el mismo Artículo se añade que “los grupos políticos deberán llevar con una contabilidad específica de la dotación a que se refiere el párrafo segundo de este apartado 3, que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación, siempre que éste lo pida.” Esto significa que esta subvención no está sujeta a las mismas normas de control y fiscalización que las demás subvenciones que los Ayuntamientos conceden. Los grupos municipales, los partidos, sólo deben justificar el empleo de la subvención cuando así lo requiera el Pleno de la Corporación, algo que nunca ocurre, a diferencia de la justificación de las demás subvenciones que deben ser fiscalizadas por la Intervención municipal. Esto significa que estas subvenciones carecen de cualquier control técnico, ni pasan por el Tribunal de Cuentas, ni tan siquiera por la Intervención Municipal.

Y no se trata de cantidades pequeñas, no. Un Ayuntamiento como el de Rivas-Vaciamadrid, por ejemplo, con una población de  73.000 habitantes, dedica anualmente 590.000.- € a cargos de confianza, es decir, cargos de los partidos políticos, despachos y toda clases de medios para los grupos municipales y, además, 130.000.- € de subvención para los Grupos Municipales. Y estamos hablado de un municipio gobernado por IU, teóricos abanderados de la austeridad. Eso sí, al menos publican la cifra, no como en otros Ayuntamientos, como el de Alicante, en el que si se entra en su página web resulta imposible conocer la cuantía exacta dedicada a financiar a los Grupos Municipales. Por hacerse una idea aproximada de lo que puede suponer este gasto de los grupos municipales, si aplicásemos las cantidades que el Ayuntamiento de Rivas dedica a los grupos al conjunto de la población española nos saldría una cifra de 450 millones de euros, es decir, prácticamente lo que el Gobierno espera ahorrar con el “repago” de los medicamentos. Bien es cierto que es poco riguroso dar por buena esta hipótesis ya que hay muchos Ayuntamientos con escasos medios, pero la falta de transparencia de los partidos políticos y de la inmensa mayoría de los Ayuntamientos no permite conocer la cifra exacta con que los españoles estamos financiando a los partidos.

En todo caso, la financiación anómala y descontrolada de los partidos a través de los entes locales es un hecho cierto e incontestable y supone una cantidad de dinero muy elevada. Es una exigencia de higiene democrática que la transparencia sea absoluta en torno al dinero que los partidos reciben. Los ciudadanos tenemos derecho a saber cuánto y cómo se gastan nuestro dinero los partidos. En tiempos de crisis y de austeridad, en medio de una penosa situación económica y social a la que nos han llevado los diferentes partidos, éstos deberían ser los primeros en ser austeros, en ser transparentes con el dinero público y en apretarse el cinturón en vez de exigirnoslo a los ciudadanos. Y, además, deberían autofinanciarse y, si no son viables, que cierren el chiringuito.

Santiago de Munck Loyola

Sobre competencias y privatizaciones municipales.

De acuerdo con una información publicada hoy por un Diario nacional, el Ministerio de Hacienda está preparando un borrador de reforma las competencias que desarrollan los municipios. El objetivo de esta reforma es eliminar duplicidades y asegurar la financiación de los servicios que prestan. Con ello, se podría lograr el ahorro por parte de los municipios de 3.500 millones de euros anuales. La reforma pasaría por una modificación del Art. 25 de la Ley de Bases del Régimen Local definiendo de una forma más clara y limitativa las competencias que deben y pueden desarrollar los entes locales.

Según el borrador de la reforma, al año de entrar en vigor los Ayuntamientos deberían someter a evaluación el conjunto de sus servicios para ajustarlos al principio de sostenibilidad financiera y evitar duplicidades. Si tras la evaluación, el Ayuntamiento no pudiera mantener algunos servicios municipales, debería proceder a su supresión, cuando se trate de servicios no obligatorios; y podría privatizarlos, sin son servicios obligatorios que no conllevan el ejercicio de funciones públicas. Igualmente, el borrador prevé que las diputaciones puedan asumir algunas competencias de municipios de menos de 20.000 habitantes y la supresión de las competencias de Sanidad y Educación que hasta ahora ejercían algunos municipios.

Abordar una reforma de las competencias de las administraciones públicas venía siendo ya una exigencia del sentido común. Es preciso clarificar quién hace qué con el objetivo de evitar las duplicidades que existen en los distintos niveles administrativos. Y es cierto que en este campo, muchos Ayuntamientos, impulsados por las siempre crecientes demandas ciudadanas a su administración más próxima de más servicios y animados por los ingresos de las épocas de bonanza, han ido creciendo asumiendo competencias facultativas y, en ocasiones, impropias. Ahora, en época de escasez, no hay ingresos suficientes para mantener unas estructuras sobredimensionadas.

Admitiendo que esta reestructuración de las competencias es absolutamente necesaria hay que resaltar que, simultáneamente, debería abordarse el eterno problema de la financiación de los entes locales. Las reglas de juego deben ser absolutamente claras y no parece muy procedente reformar sólo una parte del reglamento. El recorte o la redefinición de competencias municipales es sólo una parte del problema o del conjunto de problemas que afectan al funcionamiento de los entes locales. Acometer el recorte de competencias y no abordar la reforma financiación de los entes locales es hacerse trampas al solitario.

Privatizar servicios públicos como medida de ahorro es una falacia. No sirve como regla general: privatizar no es sinónimo de ahorro. Hay servicios públicos que sí pueden ser objeto de privatización manteniendo o mejorando su calidad y disminuyendo sus costes, pero en muchos otros casos esa regla no funciona. Piénsese que a los costes que implica un determinado servicio prestado por un ente público hay que añadir el beneficio empresarial y el IVA, conceptos éstos no imputables en la gestión pública de ese servicio. Es muy posible que la solución para una prestación económica y eficiente de un determinado servicio público pase por la introducción de parámetros de control, de calidad y de productividad en el ámbito de los entes públicos. Es decir, por la introducción en el ámbito público de criterios de gestión privados. Hay cierta tendencia social a demonizar a los empleados públicos como los responsables de que los costes de los servicios que prestan sean superiores a los costes de los servicios prestados por el sector privado, pero, salvo excepciones, la responsabilidad en la gestión es de los políticos que, en vez de hacer política, se meten a gestores sin la adecuada preparación para ello y desplazan a los profesionales relegándoles a la función de ejecutores de decisiones adoptadas desde perspectivas puramente políticas.

A todo lo anterior hay que añadir algunos elementos más que impiden a los Ayuntamientos lograr una mayor eficiencia de los recursos públicos. Se trata de las contradicciones entre las leyes administrativas y las laborales. Supongamos que un Ayuntamiento tiene el servicio de limpieza viaria adjudicado mediante concurso a una empresa privada y que ese mismo Ayuntamiento puede reasignar a su propio personal a la limpieza viaria porque, como consecuencia de la crisis no necesita tantos en el departamento de obras y servicios. Pues bien, al vencimiento de la contrata, el Ayuntamiento no puede municipalizar el servicio de limpieza y asignárselo a sus propios operarios. Si quiere municipalizar el servicio debe absorber a los trabajadores de la contrata y debe hacerlo a pesar de la prohibición de contratar más personal porque así lo prevé la legislación laboral. Así pues no queda más remedio que volver a licitar la contrata y seguir con los operarios propios “a medio gas”. Otro ejemplo de las dificultades legales con las que se encuentran los Ayuntamientos se refiere a la posibilidad de dedicar ingresos patrimoniales a la cancelación de las deudas financieras. Hoy, si un Ayuntamiento consigue vender un solar, a pesar de la crisis, no puede dedicar el precio obtenido al pago de los préstamos que tenga concertados. Debe necesariamente reinvertir ese dinero en una inversión también patrimonial que, con seguridad, generará más gasto corriente y contribuirá así a asfixiar más a la tesorería municipal.

En definitiva, estamos ante una situación sumamente compleja y delicada para la inmensa mayoría de los Ayuntamientos, sobre todo los pequeños y la solución no pasa sólo por abordar una parte del conjunto de los problemas municipales. Ni la delimitación de competencias municipales, ni el impulso a privatizaciones, ni los recortes de servicios públicos por sí solos suponen la solución de esta situación. Es preciso un proyecto más amplio y ambicioso que reforme a la vez la financiación de los entes locales, la dirección y gestión de los mismos, las normas de contratación de personal, bienes y servicios, las competencias y los mecanismos de control y coordinación con las demás administraciones. Y si no se hace, seguiremos “parcheando”.

Santiago de Munck Loyola