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lunes, 20 de mayo de 2013

Sin financiación justa no puede haber un reparto justo del déficit.



Estos últimos días ha estado muy agitado el patio autonómico a cuenta del reparto del déficit. Y si esta agitación la ha producido el reparto del déficit resulta inimaginable lo que habría sido si el reparto fuera de un superávit. Habrían volado los cuchillos y las navajas. Cada Presidente autonómico y en especial los del PP que para eso son la mayoría ha intentado hacer valer sus razones y argumentos sobre cómo debería ser ese reparto: igual para todos, asimétrico, penalizando a los incumplidores, premiando a los más cumplidores, etc. Cada cual, en su visión de reino de taifa, se encuentra asistido de poderosas razones con las que sostener sus argumentos. Muchas de las ideas que se han expuesto parecen bastante razonables.

No les falta razón a quienes llevan años apretándose el cinturón y claman contra una posible benevolencia hacia los incumplidores. Para muchos, el hecho de que Cataluña pueda verse beneficiada con un mayor margen de déficit que el resto sin haber hecho los deberes como los demás y sin haber renunciado a gastos inútiles y disparatados constituye una afrenta, no para ellos, sino fundamentalmente para los ciudadanos de sus respectivas Comunidades Autónomas que sí han sufrido los rigores de toda clase de ajustes y recortes en nombre de la tan cacareada austeridad y estabilidad presupuestaria. Señalan que otorgar a Cataluña un mayor déficit que al resto de las comunidades autónomas es facilitar, además, el proyecto independentista a costa del bolsillo de los demás. Y no es que los ciudadanos de Cataluña no hayan sufrido en sus carnes también muchos recortes de mano de sus gobernantes separatistas sino que lo han hecho a costa de mantener seudo embajadas superfluas o un entramado televisivo público insostenible, pero muy rentable políticamente para los fines separatistas.

Hay quien, como el Presidente Fabra, reivindica el establecimiento de un déficit asimétrico, o sea, desigual, para entendernos, justificado por un hecho indiscutible como es la gran diferencia de financiación entre las distintas comunidades autónomas; un hecho que viene perjudicando especialmente a la Comunidad Valenciana que tan sólo entre 2011 y 2012 ha recibido 5.500 millones de euros menos de lo que habría recibido en el supuesto de contar con la misma cantidad por habitante, por ejemplo, que Cataluña. La Comunidad Valenciana ha sido la autonomía que menos ingresos públicos por habitante ha tenido en estos dos últimos años. Por cierto, algo parecido le pasa a la Provincia de Alicante en cuanto a las inversiones de la Generalitat en la misma que, al igual que con las inversiones estatales, está discriminada. No se puede pedir a quien recibe menos financiación que disminuya sus gastos en la misma medida que quienes perciben mucho más por cada habitante.

A nadie se le escapa que el tema de la financiación es un tema espinoso cuya solución se viene arrastrando desde hace muchos años. A la hora de pedir dinero, cada región encuentra siempre un motivo diferencial con el que justificar una demanda mayor que la de su vecino. Cuando no se trata de las peculiaridades geográficas, se trata de el PIB o si no de la población estacional, el nivel de desempleo o la existencia de lengua propia. Lo cierto es que hoy el principio constitucional de la igualdad entre los españoles está más lejos que nunca de ser una realidad. Los españoles, en función del territorio de residencia, cuentan con un mayor o menor catálogo de prestaciones públicas, una fiscalidad diferente y una aportación estatal también distinta. Es evidente que seguir avanzando en la misma dirección sin antes proceder de una vez a abordar con decisión y con la legitimidad que otorgan las urnas a una profunda revisión de nuestro modelo sólo puede servir para seguir incrementando los agravios comparativos entre los ciudadanos españoles. Establecer un determinado criterio del reparto del déficit sobre la base de un injusto sistema de financiación que hace que valga más un ciudadano residente en Navarra que otro en la Comunidad Valenciana es profundizar en la injusticia y en la fragmentación de la cohesión social.

En todo caso y sea cual sea la solución que finalmente se adopte en este asunto, bienvenido sea el debate público entre los dirigentes autonómicos y especialmente entre los populares. Pese a lo que algunos afirmen, el debate público es siempre enriquecedor y, como muy bien ha señalado alguno, unidad no es lo mismo que uniformidad. Es posible que “el apoyo al gobierno no sea negociable” entre los Presidentes autonómicos populares, pero lo que es indiscutible es que lo que no es, ni debe ser negociable es la lealtad a los ciudadanos y la defensa de sus derechos frente a cualquier tipo de injusticia discriminatoria. No le falta razón al Presidente Fabra pero en política, en muchas ocasiones, no basta con tener razón. Deberá tener cuidado con lo que dice no sea que alguien termine por acusarle de intentar crear una corriente de opinión contraria a los intereses del partido si éstos, además, no coinciden con los intereses del ciudadano.

Santiago de Munck Loyola

miércoles, 1 de mayo de 2013

Frente a la comprensión y paciencia, más esperanza.



La cifra de 6.202.000 parados, las nuevas medidas y las negras previsiones anunciadas por el Gobierno el pasado viernes y las distintas y contradictorias declaraciones de varios dirigentes gubernamentales conforman un paquete difícil de digerir para cualquiera. Hace poco menos de una semana los Ministros de Guindos y Montoro, incluso el propio Presidente, declaraban que no iban a hacer falta nuevos recortes, que las autoridades europeas no exigían más ante los recortes ya llevados a cabo y que no habría, en palabras del propio Rajoy, más “hachazos”. Días después, el propio Presidente Rajoy nos anunciaba recortes adicionales en 2013 por importe de 3.000 millones de euros ¿navajazo en vez de hachazo? El viernes pasado, la Vice Presidenta, Sáenz de Santamaría, pedía comprensión a los ciudadanos y el domingo era Rajoy era el que pedía paciencia a la vez que repetía que el gobierno “sabía a dónde iba”.

El problema no radica en “saber a dónde se va”, sino que lo que es discutible es el camino elegido para llegar al destino. Es muy probable que sin todas las reformas emprendidas por el Gobierno de Rajoy y todos los sacrificios impuestos a los ciudadanos hoy estaríamos mucho peor. Es muy probable que de haber seguido con las políticas socialistas hoy España estaría intervenida con muchos más recortes que los hasta ahora impuestos y con una tasa de paro todavía peor. Pero el problema es que para lograr esto, el Gobierno ha optado por unas medidas contrarias a su programa electoral y a los propios principios definidores de la acción política de un Gobierno del Partido Popular. Es decir, que el Gobierno del PP ha elegido un camino diferente al que prometió y que a la luz de los resultados y, sobre todo de las negras previsiones, es mucho más largo y tortuoso de lo esperado.

Sáez de Santamaría nos pide comprensión y Rajoy paciencia. Sinceramente es muy difícil comprender por qué se han abandonado las políticas y los principios del programa del Partido Popular para aplicar unas medidas que sólo en parte obtienes resultados precarios, sobre todo en la contención del déficit, y es más difícil aún ser comprensivos cuando nadie se toma la molestia en explicar a los ciudadanos el por qué de dichos cambios. La paciencia pedida por el Presidente no es otra que la resignación ante el sufrimiento que la situación actual impone. Según se recoge hoy en vozpopuli.com el propio Gobierno admite que el impacto de las medidas que ha venido adoptando ha sido perjudicial para el crecimiento económico y para la creación de empleo. Los recortes y las subidas de impuestos del Gobierno son las responsables del desplome de la economía. En el Plan Nacional de Reformas remitido a Bruselas para el año 2013 se admite que el crecimiento económico se ha frenado un 2,58% en un año como consecuencia de unas políticas que también han dado como resultado un aumento del 1,9% del paro. El Ejecutivo sostiene que esas cifras se tornarán positivas a en una década cuando, según sostiene, el empleo crecerá un 9,12% gracias a las que bautiza como "medidas de consolidación fiscal". Es decir, que sanear las cuentas públicas y el sector financiero, bases imprescindibles para crecer, han supuesto en un primer momento un frenazo al crecimiento y, consecuentemente, un mayor desempleo.


Los que hoy hablan sin pudor alguno de “austericidio”, aplaudieron ayer el “despilfarricidio” cuyas consecuencias estamos pagando ¡y a qué precio! Hay que saber que no podemos volver a esas políticas socialistas fracasadas. Todavía tenemos que gastar menos e ingresar más para equilibrar las cuentas públicas. Se ha hecho evidente que aumentar los ingresos subiendo los impuestos ha sido contraproducente porque ha implicado reducir la actividad económica y generar más paro. A lo mejor es hora de volver al programa popular y bajar la presión fiscal para dinamizar la actividad, generar consumo, empleo e incrementar así la recaudación. Y gastar menos se puede seguir haciendo pero no a través del recorte de las prestaciones sociales sino acometiendo de verdad la reforma y recorte de un estado insostenible y plagado de duplicidades. Es decir, acometiendo de una vez una profunda reforma política.

Estos días dos voces se han alzado frente a la comprensión y a la paciencia y merece la pena analizar lo que dicen. Desde posiciones ideológicas distintas tanto Mikel Buesa como Esperanza Aguirre vienen a coincidir en que la situación económica exige la adopción de medidas con más contenido político que económico, pero cuyas consecuencias serán de calado económico. Parece que el fuerte impulso reformista que caracterizó los primeros meses del Gobierno de Rajoy ha perdido fuelle. 40 de las 70 reformas anunciadas en el último año no se han llevado a cabo y un análisis de las mismas permite subrayar que son precisamente las reformas de más contenido político las que se han quedado aparcadas.

El Gobierno debería volver la vista y centrar su actividad en la puesta en marcha de todas las reformas de contenido político que permitirán reducir el gasto público y aumentar la eficiencia de nuestras administraciones públicas. Y hacerlo venciendo las notables resistencias que esas reformas levantan entre la clase política y especialmente entre los propios barones del Partido Popular. Lo que no resulta admisible ni comprensible es que el peso de las reformas siga recayendo sobre el sufrido ciudadano mientras no se acometen reformas estructurales profundas. Sabemos el destino al que nos llevan pero no puede haber paciencia cuando se elige un camino que no era el previsto, que resulta ser el más largo y cuando las mochilas más pesadas las tienen que llevar los de siempre, los ciudadanos.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es/

sábado, 21 de abril de 2012

A vueltas con los recortes y la organización del estado.

Las nuevas medidas que está adoptando el Gobierno con el fin de reducir el gasto público están desatando muy variadas reacciones en distintos sectores sociales y propiciando críticas en los diferentes agentes sociales y políticos. Parece que, tal y como están las cosas, no hay dinero suficiente para poder seguir manteniendo intocables las prestaciones públicas. Si no hay dinero no queda más remedio que gastar menos y tratar de ingresar más. Es evidente que durante los últimos años, nuestras administraciones públicas han gastado más de lo que ingresaban, es decir, han ido acumulando, año tras año, déficits. Esos desfases entre los ingresos y los gastos se fueron cubriendo con préstamos, es decir, nuestras distintas administraciones se fueron endeudando y ahora, en medio de una crisis internacional, no sólo seguimos gastando más de lo que ingresamos, sino que además tenemos que pagar los intereses de las deudas acumuladas en los últimos años. Estos intereses anuales que hay que pagar se elevan a más 29.000 millones de euros anuales. Para hacerse una idea de lo que esta cifra significa basta considerar que los salarios de un año de los funcionarios suponen menos de esa cantidad.

Por tanto, parece razonable pensar que hay que acabar con el déficit para impedir que siga creciendo la cantidad anual que los intereses suponen. De no hacerlo pronto, los 29.000 millones de euros seguirán creciendo y llegará un momento en que sea de todo punto imposible pagarlos, colapsando el sistema. Es un poco absurdo pensar que no es tan importante reducir el déficit público, pero un debate muy distinto es cómo hacerlo, dónde priorizar la reducción de los gastos y cómo articular el imprescindible incremento de ingresos públicos.

En el amplio debate generado estos días, distintos dirigentes políticos han puesto en cuestión el modelo de funcionamiento de las Comunidades Autónomas, responsables en gran parte del déficit de las cuentas públicas. De una parte, Esperanza Aguirre ha manifestado que si es conveniente para el interés nacional, la Comunidad de Madrid está dispuesta a devolver las competencias de Sanidad y Educación al Estado y transferir otras competencias a los Municipios.

De otra, José Bono ha criticado duramente el gasto que supone el mantenimiento de 17 parlamentos autonómicos, 17 defensores del pueblo, 17 tribunales de cuentas, decenas de canales de televisión autonómicos. Ante estas declaraciones, responsables de los dos grandes partidos se han apresurado a manifestar su satisfacción por la evolución del estado de las autonomías y su pleno respaldo al diseño constitucional del mismo. Por su parte, algunos politólogos también han manifestado en distintos medios de comunicación la irreversibilidad del estado autonómico.

De todo ello, se desprende una sensación de miedo a formular públicamente críticas que puedan cuestionar la actual organización territorial del estado. Se cierran los ojos ante las evidencias:

-          El estado de las autonomías es un modelo caro que, hoy por hoy, es difícil de sostener. Si no hay dinero para mantener las actuales prestaciones sanitarias o educativas ¿por qué hay que mantener un modelo de estado caro y plagado de duplicidades e ineficiencias? ¿Por qué la prioridad en la reducción del gasto público no aborda en primer lugar la corrección de una de las principales causas del déficit público?

-          El funcionamiento actual del estado de las autonomías incumple sistemáticamente el Art. 138.2 de la C.E. “Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales” y el Art. 139.1 “Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.” Basta con comparar los distintos Estatutos de Autonomía o palpar la realidad de la calle para comprobarlo.

-          Las autonomías han generado una inflación legislativa sin precedentes en los países occidentales que supone una verdadera losa para la libre circulación en el territorio nacional de los flujos económicos y sociales que sustentan el progreso de una sociedad.

-          La devolución de competencias al Estado no es imposible y, si con ella se gana eficiencia en algunas materias, es, además, necesaria. El proceso autonómico no es como algunos pretenden constitucionalmente irreversible porque la propia constitución de las CCAA no es obligatoria, sino opcional, a tenor de la redacción del Art. 143 de la propia C.E.

En todo caso, tan constitucional es propugnar la reforma de la propia Constitución para reclamar, por ejemplo, la República como para reivindicar la reforma de la estructura territorial del estado si se considera que ello puede favorecer el interés general y el bienestar de los ciudadanos. Por tanto, no son muy comprensibles esos recelos instalados en amplios sectores de la clase política y ese cierre de filas ante cualquier propuesta de racionalización de nuestras instituciones y del gasto público generado por las mismas.

Meter la tijera en el gasto público hay que meterla, pero es mucho más sensato, aunque sea más costoso políticamente, hacerlo por las raíces de los problemas. La saturación de plantas en una jardinera pequeña puede terminar por matar a la mayoría.

Santiago de Munck Loyola

miércoles, 29 de febrero de 2012

Lujos públicos o camas de hospitales.

Estaba cantado: ni brotes verdes ni cumplimiento del déficit. La Sra. Salgado se ha lucido. Ni como Ministra de Economía, ni como intérprete de la realidad, ni como adivina acertó. Con esos antecedentes uno se lo debería pensar mucho antes de contratar sus servicios profesionales en esa consultoría que acaba de montar saltándose, por cierto, la Ley de Incompatibilidades. Lo cierto es que España no cumplió en 2011 con sus compromisos sobre el déficit y éste ha terminado situándose en el 8,51 %.

Esto significa que para cumplir con el objetivo pactado con la Unión Europea de un déficit del 4,4 % en el año 2012 hay que hacer recortes en las cuentas públicas por valor de 41.000 millones de euros, que se dice pronto. Como ya el nuevo Gobierno realizó ajustes en diciembre del año pasado son 25.000 millones adicionales los que han de recortarse en el gasto público para el año 2012. ¿De dónde sacar estos 25.000 millones de euros? Difícil papeleta.

Si el Gobierno opta por volver a aumentar la presión fiscal incumpliendo sus promesas electorales, el consumo volverá a caer y, con ello, no se hará otra cosa que aumentar el paro y a más paro, más prestaciones sociales y, por tanto, más gasto público. Además, la inmensa mayoría de las familias españolas ya están hasta el cuello, ya no pueden apretarse más el cinturón por lo que no parece que una mayor presión fiscal sirva a medio plazo para mejorar las cuentas públicas. Por tanto, parece que la única opción razonable es la de seguir por la vía de los recortes, de la reducción del gasto público y ahí es donde empiezan los problemas. Hay al menos tres áreas vitales en las que las tijeras de los recortes no deberían entrar: la sanidad, la educación y los servicios sociales. Deberían ser tres pilares intocables para cualquier gobierno salvo que no se asuma que hacerlo es dinamitar la cohesión y la paz social.

Es evidente que para la clase política las prioridades y las necesidades no son las mismas que para la inmensa mayoría de los ciudadanos corrientes y que, por tanto, su percepción sobre lo que puede ser o no prescindible es muy diferente a la del común de los mortales. Sin embargo, o la clase política realiza un esfuerzo por situarse en el lugar de los ciudadanos o éstos terminaremos por poner a la clase política donde no puedan seguir dañando a quienes les sostenemos.

Priorizar los recortes es difícil, a nadie se le escapa, pero hay algunos ejemplos de por dónde se puede ir metiendo la tijera. Las televisiones públicas, las dependientes de comunidades autónomas y ayuntamientos, son un buen ejemplo de áreas perfectamente prescindibles. Su reducción o desaparición no mermarían la calidad de vida de los ciudadanos. En 2011, las televisiones públicas costaron más de 2.000 millones de euros a los contribuyentes y arrastran, además, una deuda superior a los 1.500 millones de euros. Hay Comunidades Autónomas que cuentan con más de 4 canales públicos y simultáneamente están recortando prestaciones sanitarias ¿es lógico? Sin ir muy lejos, Canal 9, cuenta con más empleados que Tele 5, Antena 3 y la Sexta juntas y su nivel de audiencia es mínimo. ¿Tiene sentido mantener a este mastodonte mientras no se paga a los farmacéuticos? ¿Se puede vivir sin canales autonómicos? Sí, sin duda.

Otro caso de áreas públicas prescindibles son las seudo embajadas de las Comunidades Autónomas, esas mini oficinas que, prescindiendo de las competencias exclusivas del estado en materia de representación diplomática, han ido abriendo las CCAA en diferentes ciudades del mundo y que nos cuestan cerca de 200 millones de euros anuales. Hay más de 200 de estos chiringuitos por el mundo e incluso la Generalitat Valenciana cuenta con 23 de ellos mientras tiene dificultades para pagar la calefacción de algún instituto. ¿Es lógico?

Un último ejemplo de un campo en el que poder meter la tijera es el de los asesores y cargos de confianza de los políticos. No, no es el chocolate del loro como piensan algunos. Estamos hablando de varios miles de puestos creados, en la mayoría de las ocasiones, para repescar a políticos rechazados por las urnas, para colocar a compañeros de partido o simplemente a familiares. Que un Ayuntamiento como el de Alicante, con 29 concejales, cuente con cerca de 80 asesores políticos es una vergüenza y una burla a los contribuyentes. ¿Qué ocurre? ¿Qué los concejales electos son unas verdaderas nulidades y necesitan estar asesorados para hacer su trabajo? Porque si es así más vale que se vayan a su casa y dejen a personas más competentes sus tareas. Pero no, no es esa la razón, sino el abuso de los medios públicos para la satisfacción de intereses partidistas o particulares.

Recortar parece que hay que hacerlo, áreas prescindibles para hacerlo sin perjudicar a los ciudadanos también existen. Ahora toca sentido común y decencia.

Santiago de Munck Loyola


domingo, 8 de enero de 2012

La política económica del Gobierno: ¿Más de lo mismo?

Las recientes medidas económicas de carácter urgente adoptadas por el Gobierno de Rajoy han producido desconcierto más entre los propios que entre los extraños. En efecto, entre el importante paquete de medidas iniciales el Gobierno ha aprobado un incremento “temporal” de determinados impuestos. Reducción del gasto con la aprobación de algunos recortes presupuestarios e incremento de la recaudación con el visto bueno a determinados incrementos impositivos constituyen las dos principales bazas para atajar el déficit existente que, según parecen haber descubierto, es mayor del que venía anunciando el Gobierno socialista saliente.

Llama la atención, en primer lugar, que en un exceso de cortesía política, evidentemente inmerecida, los portavoces del nuevo Gobierno hayan hablado de la existencia de un traspaso de poderes ejemplar. ¿Dónde está la ejemplaridad? ¿En que los ministros cesantes no se han atrincherado tras las mesas de los despachos ministeriales? Si ejemplar es mentir sobre el déficit del Estado a los ministros entrantes, que venga Dios y lo vea. Hablar de un traspaso ejemplar en estas condiciones es, desde luego, engañar a la opinión pública y lo cortés no quita lo valiente. El Gobierno saliente se ha ido mintiendo una vez más. Así de claro y así de poco ejemplar.

En segundo lugar, las medidas adoptadas, por mucho que se alegue la existencia de un déficit superior al previsto o al anunciado por el Gobierno saliente, desconciertan profundamente a quienes desde hace años venimos sosteniendo la existencia de una política económica diferente. Los recortes presupuestarios son absolutamente necesarios y los inicialmente adoptados por el Gobierno son, con seguridad, la punta del iceberg, pero son, en todo caso, claramente insuficientes y, en algunos casos, tienen un carácter más bien simbólico. Hay mucho más campo donde meter la tijera y, según parece, en el segundo paquete de medidas adoptadas por el Gobierno, se ha avanzado algo más en esa dirección.

Sin embargo, lo que chirría desde una perspectiva liberal conservadora es el incremento de la fiscalidad. Recortes y aumento de impuestos eran, al parecer, las dos únicas técnicas usadas hasta ahora por el anterior gobierno para reducir el déficit y de su carácter socialdemócrata nadie duda. Y las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno de Rajoy parecen señalar que el Gobierno ha apostado por profundizar en esa línea de carácter socialdemócrata rompiendo así con una trayectoria y unas perspectivas que configuraban una auténtica alternativa económica.

La reducción del déficit exige recortar gastos y aumentar los ingresos. En el recorte de gastos queda mucho campo por explorar. A título de ejemplo, recortar las subvenciones a partidos, sindicatos y patronal en un 20 % es claramente insuficiente. ¿Por qué no el cien por cien? ¿Tiene lógica alguna aumentar los impuestos para poder seguir pagando el 80 % restante? ¿Y el gigantesco parque móvil? ¿Y las televisiones públicas deficitarias? ¿Y los salarios de sus Señorías, los móviles, las dietas, los viajes,…? ¿Por qué no se minoran las transferencias a las Comunidades Autónomas en proporción al coste de los servicios públicos duplicados con los del Estado?

En cuanto al ámbito del incremento de ingresos, un incremento “temporal” de los impuestos conllevará irremediablemente a una nueva reducción del consumo. Con menos dinero en el bolsillo, los ciudadanos reduciremos nuestro consumo y a menos consumo, menos actividad productiva y, por tanto, más desempleo. Es de cajón. La denostada curva de Laffer demostró su efectividad en los Gobiernos de Aznar: la recaudación tributaria del Estado se incrementó con menores tipos impositivos. No tiene, por tanto, mucha lógica ni coherencia alguna con los antecedentes el anunciado incremento de impuestos. El aumento de ingresos puede lograrse ampliando las medidas anunciadas de lucha contra el fraude fiscal. Centrarse como se ha anunciado en el control de los pagos en efectivo constituye el “chocolate del loro” en la persecución del fraude fiscal. Según los técnicos de hacienda la puesta en marcha de otras medidas podría hacer incrementar la recaudación en más de 30.000 millones de euros. Puede también lograrse un aumento de ingresos con la venta de activos de las administraciones públicas, del Estado, tales como participaciones en sociedades, empresa pública y bienes inmuebles. Y, desde luego, se produciría un incremento de la recaudación de ingresos con una bajada de impuestos que reactivara el bajo consumo existente, incentivara la inversión y generase la creación de puestos de trabajo: a más empleados, más contribuyentes, más consumo y más recaudación.

Es de suponer, a falta de explicaciones públicas, que el incremento “temporal” de impuestos obedece a la imperiosa necesidad de obtener liquidez con la que reducir drásticamente el déficit y contentar, de paso, a los mercados y a la Señora Merkel y que, se ha acudido a esta incoherente medida porque no era posible apostar por su reducción como motor de la reactivación económica a medio plazo. En todo caso, conviene recordarlo, no se trata de medidas programáticas anunciadas previamente y suponen un cierto continuismo que podrá de momento aliviar algo las maltrechas arcas públicas, pero que a medio plazo no servirá para generar empleo, que es o debería ser la principal prioridad del Gobierno.

Santiago de Munck Loyola

miércoles, 28 de diciembre de 2011

El Gobierno de Rajoy debe auxiliar urgentemente a los Ayuntamientos.

A la imperiosa necesidad de reducir las deudas de las administraciones públicas, cada una de ellas está respondiendo de diferente manera y usando distintos mecanismos. Entre ellas, las Comunidades Autónomas están acudiendo al mercado inmobiliario para hacer caja con la venta de su patrimonio inmobiliario y poder obtener así ingresos que palien su falta de liquidez. En unos casos se trata de la venta de terrenos, solares o edificios y en otros de la venta de participaciones de sus empresas públicas. http://www.elpais.com/articulo/economia/comunidades/venden/patrimonio/3000/millones/reducir/deficit/elpepueco/20111228elpepieco_4/Tes

Muy diferente es el caso de las Administraciones Locales, de los Ayuntamientos. Bien es cierto que en el conjunto de la deuda de las Administraciones públicas de deuda de los municipios, con ser grande, no constituye el eje del problema de las administraciones públicas. Sin embargo, el impacto social de las deudas municipales es enorme. La inmensa mayoría de los Ayuntamientos españoles se encuentra en situación de emergencia. La caída brusca de los ingresos corrientes ha hecho que muchos Ayuntamientos no puedan ya ni pagar con regularidad las nóminas de los empleados públicos. La adopción de planes de saneamiento y de recortes se ha impuesto, pero tarde. Hoy no se puede hacer frente a la mayoría de los gastos contraídos en los tiempos de bonanza. Y lo bancos no prestan la financiación necesaria ni siquiera en los municipios con capacidad de endeudamiento.

Miles de pequeñas y medianas empresas y de autónomos de todos y cada uno de los pueblos de España son acreedores de los Ayuntamientos. Éstos carecen en su inmensa mayoría de liquidez para poder pagar a sus proveedores, con lo que el pago de las deudas se va demorando mes tras mes causándoles enormes perjuicios y conduciéndoles, en un gran número de casos, al cierre directo de sus pequeños negocios. El impago de los Ayuntamientos a sus proveedores ha provocado, además, un efecto dominó: cuando cierra forzosamente un proveedor municipal suele arrastrar en su caída a muchos de sus propios proveedores.

Las medidas adoptadas hasta hora por el anterior gobierno socialista se han demostrado insuficientes, cuando no contraproducentes. No hay que olvidar que el llamado Plan Zapatero supuso la construcción en tiempos de crisis de miles de nuevos centros y dotaciones municipales que ahora deben funcionar y, por tanto, que han incrementado, en muchos casos, los gastos corrientes de Ayuntamientos que a penas podían hacer frente a sus anteriores gastos de funcionamiento. De otra parte los créditos ICO aprobados hace unos meses para que los Ayuntamientos pudieran hacer frente al pago de parte de su deuda con proveedores se han otorgado en condiciones de muy difícil cumplimiento para la mayoría de los pequeños y medianos Ayuntamientos que, en casos de demora de las amortizaciones mensuales, verían en peligro la periódica aportación del Estado con la que actualmente sostienen la mayor parte de sus gastos corrientes. Por último, las severas limitaciones establecidas por el Gobierno Zapatero a la concertación de operaciones de Tesorería no han hecho más que agravar la situación de caja de las entidades locales.

Resulta imperioso que el Gobierno de Rajoy arbitre medidas que alivien la difícil situación de los Ayuntamientos. Conjugar control del gasto, disminución del déficit, reducción de la deuda municipal y alivio de tesorería es posible, difícil pero posible. Junto a todas las limitaciones y restricciones necesarias en cuanto al gasto de los entes locales hay que facilitar financiación para que los Ayuntamientos puedan saldar sus deudas a proveedores y, con ello, salvar miles de puestos de trabajo. Y a tiempos excepcionales corresponden medidas excepcionales. No tiene sentido, ni lógica alguna que, mientras las Comunidades Autónomas pueden vender patrimonio para sanearse, no puedan hacerlo los Ayuntamientos salvo para reinvertir el producto obtenido en vivienda protegida o, en su caso, en nuevo patrimonio. Muchos Ayuntamientos podrían pagar a sus proveedores vendiendo parte de su patrimonio y aunque se trate de una medida excepcional debería autorizarse. De igual modo debería el Gobierno flexibilizar las condiciones de concertación de operaciones de tesorería y, sobre todo, los plazos de amortización de las mismas porque el actual sistema está imposibilitando en un gran número de casos la viabilidad de tales operaciones. Y, por último, el Gobierno debería habilitar fondos a través del ICO para la concertación de estas operaciones de tesorería que, al día de hoy, la banca privada no concede.

Con éstas y con otras medidas de urgencia y de carácter excepcional, el Gobierno de Rajoy puede aliviar en buen aparte la asfixiante situación de la mayoría de los municipios que, mientras tanto y como administración más cercana a los ciudadanos, deben seguir prestando servicios, incluso en muchos casos, supliendo las deficiencias de las manirrotas Comunidades Autónomas.

Santiago de Munck Loyola




miércoles, 24 de agosto de 2011

Una reforma constitucional innecesaria e inútil.

Es más que curioso que los dos grandes partidos parlamentarios, el PSOE y el PP, sólo sean capaces de alcanzar un acuerdo para realizar una reforma de la Constitución absolutamente inútil: la limitación del gasto de las administraciones públicas.
PP y PSOE han demostrado hasta la saciedad su incapacidad negociadora para encontrar puntos de encuentro en temas absolutamente trascendentales como pueden ser las reformas de estatutos de autonomía, la renovación del Tribunal Constitucional, la reforma laboral o, en muchas ocasiones, la política antiterrorista. Y, sin embargo, logran un acuerdo, quizás obedeciendo instrucciones del eje franco-alemán, para realizar una reforma constitucional innecesaria e inútil. ¿Para qué entonces se planea esta reforma? Todo parece indicar que se trata de una operación estética, un gesto encaminado a tranquilizar a los nuevos jefes de las políticas económicas, los mercados.
Esta reforma constitucional es innecesaria porque ya existen mecanismos legales suficientes para limitar el techo del gasto de las administraciones públicas. Ahí tenemos el Tratado de Maastricht suscrito por España que fijó el déficit permitido a los Estados de la Unión Europea en el 3 % del PIB y que merced al artículo 96 de la Constitución Española forma parte del ordenamiento jurídico español, para bien y para mal. Es decir, que la limitación del déficit ya está regulada en nuestro ordenamiento jurídico. Y si de lo que se trata es de establecer nuevas o diferentes obligaciones financieras, basta con volver a usar el Art. 94, 1, d) de la propia Constitución que establece que  la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de Tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos: d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública.
El enorme y creciente déficit de las Comunidades Autónomas constituye uno de los principales problemas de nuestras cuentas públicas y la necesidad imperiosa de su control es invocada por los promotores de esta reforma constitucional como justificación de la misma. Sin embargo, se trata, una vez más, de un argumento absolutamente erróneo. Es posible, además de necesario, controlar el déficit de las Comunidades Autónomas sin necesidad de reformar la Constitución. Basta con aplicar las previsiones constitucionales existentes. El Art. 149.1. 13)  de la C.E. establece como competencia exclusiva del Estado las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. El Art. 150.3 de la Carta Magna señala que el Estado podrá dictar Leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad. Y, finalmente, el Art. 155.1 dispone que Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
Como puede apreciarse nuestro Ordenamiento Jurídico no sólo tiene ya establecido un límite del gasto que, posiblemente, deba ser articulado en función de las actuales circunstancias, sino que, además, cuenta con los mecanismos legales necesarios para imponer, si fuere preciso, más límites y controles a favor del interés general sin necesidad alguna de reformar la Constitución.
Esta anunciada reforma es, además de innecesaria, inútil. Da igual lo que disponga el tratado de Maastricht o la propia Constitución si no existe una voluntad política decidida y clara para frenar el gasto de las administraciones públicas. Es inútil cualquier pretensión legal en este sentido si no está respaldada por decisiones coherentes y valientes. Y, hasta el día de hoy, es evidente que los discursos de unos no han venido seguidos por sus obras y que las pretensiones de otros se han escondido tras propuestas de reforma hasta ahora no aceptadas.
¿Por qué no reforman la Constitución para establecer la exigencia de  responsabilidades a los gobernantes incompetentes e irresponsables?
Santiago de Munck loyola