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martes, 7 de febrero de 2017

Alicante: de mal en peor.


No hay peor ciego que el que no quiere ver y eso es precisamente lo que le ocurre a muchos de nuestros conciudadanos de la Provincia de Alicante. Hay quien se empeña en no querer ver la realidad bien porque le da miedo, porque no le gusta o porque está más cómodo con sus propias fantasías.

Cada vez aparecen más voces de la sociedad civil que se suman a la denuncia del maltrato presupuestario que nuestra provincia viene sufriendo desde hace décadas por parte del Estado y, sobre todo, de la Generalidad Valenciana quien, en vez de cohesionar la población de su territorio, ha ido ensanchando la brecha de desigualdad entre sus habitantes en función de la provincia de que se trate. Los alicantinos siempre vienen recibiendo menos de lo que les corresponde y eso hace que, año tras año, la diferencia entre alicantinos y valencianos sea mayor, en perjuicio de los primeros. Pero con los políticos alicantinos no pasa lo mismo que con otros sectores de la vida alicantina. Han venido usando y usan esta anómala situación como arma arrojadiza pero han sido y son incapaces de ofrecer una respuesta política que suponga el fin de la misma. El Partido Popular tras gobernar 20 años la Generalidad Valenciana carece de legitimidad moral para denunciar una discriminación que él mismo ha practicado. Alzan ahora alguna tímida voz denunciando una discriminación que persiste con el tripartito de izquierdas, pero lo hacen sin mucha convicción y escasa credibilidad. Y lo mismo pasa con los políticos alicantinos de izquierdas. Son sus correligionarios los que ahora en la Generalidad Valenciana practican esa tradicional discriminación hacia nuestra Provincia y sus antiguas reivindicaciones provinciales han sido olvidadas.

Por si esto no fuera suficiente, desde hace año y medio hay que sumar al agravio comparativo un sistemático ataque a la propia identidad de nuestra Provincia y a las libertades básicas de los ciudadanos desarrollado desde el gobierno de izquierdas de la Generalidad Valenciana. El tripartito de Valencia no ejerce un gobierno de y para los alicantinos, ni siquiera para los valencianos o castellonenses. La Generalidad Valenciana se ha convertido en un apéndice de los proyectos pancatalanistas dispuesto a facilitar el desarrollo de una ficción política como lo es la fantasía de “los países catalanes”. Nada es casual. 

El tripartito está desarrollando todo un plan sistemático destinado a catalanizar a la Comunidad Valenciana. Los ataques continuos a la libertad en la educación, la política en medios de comunicación, los continuos ataques a la Diputación provincial, la importación de un proyecto de comarcalización ajeno a la tradición política alicantina, la progresiva imposición del catalán en las administraciones públicas, la persecución del uso del español, la imposición del catalán en la educación, los recortes a la libertad de elección de la lengua vehicular, las desaforadas subvenciones a entidades procatalanistas, separatistas e impulsoras de la ruptura de la unidad de España son solo un pequeño ejemplo, quizás el más visible, de este proceso de inmersión social al que someten a todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Y no queda más remedio que preguntarse ¿qué pinta la Provincia de Alicante en medio de todo esto? ¿Qué hace Alicante en una Comunidad Autónoma que además de perjudicarle económicamente pretende ahora borrar su propia identidad histórica?

Alicante no es Valencia y mucho menos Cataluña. Alicante tiene identidad propia, personalidad única y diferente. La Provincia de Alicante tiene entidad política propia, anterior a la artificial Generalidad Valenciana y capacidad económica, social y cultural suficientes para ejercer su propia autonomía. ¿Qué ventaja obtienen los alicantinos del hecho de que las decisiones sobre la educación, la sanidad, el turismo o la política territorial se decidan en Valencia y no en Alicante? Ninguna.


Alicante, la quinta provincia española en población, con casi dos millones de habitantes censados, suma tanta población como las autonomías de Cantabria, La Rioja, Murcia y Navarra juntas. Y, sin embargo, está condenada a ser una provincia de segunda dentro de una autonomía sin tradición histórica que ni es leal con los alicantinos ni con el proyecto común que es España.

Es hora de abrir los ojos, de reconocer la realidad y de ofrecer soluciones antes de que sea demasiado tarde. Y una solución posible es que la Provincia de Alicante se separe de la Generalidad Valenciana y se constituya en Comunidad Autónoma uniprovincial. No se trata de una propuesta sencilla, pero jurídicamente es posible, económicamente es razonable, políticamente es deseable y socialmente necesaria. No hay otra fórmula para defender la identidad y personalidad propia de nuestra Provincia. No hay otra vía para reducir el enorme peso de la burocracia administrativa que costeamos los ciudadanos. No hay otro medio para que las decisiones que afectan a nuestra Provincia se tomen en Alicante y no en Valencia. No hay, en definitiva, otra posibilidad para evitar que Alicante sea incorporada a un proyecto político independentista y para impedir la importación de una fractura social que desde hace décadas crece en las provincias catalanas. Si se quiere, se puede.

Santiago de Munck Loyola