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martes, 21 de marzo de 2017

Gobierno y oposición tiran con pólvora del rey.


Tras asistir la semana pasada a uno de los espectáculos parlamentarios más bochornosos de los últimos tiempos, la no convalidación en el pleno del Congreso del real decreto ley que regula la liberalización de los estibadores  que había aprobado el consejo de ministros del 24 de febrero, hoy se han reanudado las conversaciones en la mesa de negociación entre sindicatos, patronal y Gobierno.

Y sí, lo de la semana pasada fue un espectáculo bochornoso por parte de todos los partidos. De una parte un Gobierno débil que lleva a convalidar al Congreso un decreto con dos años de retraso. Un decreto que debía y podía haber aprobado cuando gozaba de mayoría absoluta para dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014 y que obligaba a España a liberalizar el sector portuario para acabar con una legislación que impide que las empresas estibadoras puedan contratar libremente a sus trabajadores, permitiendo, además, la entrada de estibadores de la Unión Europea en el mercado español.

De otra parte, una oposición que rechaza la convalidación de un decreto sin más objetivo que dar una patada al gobierno, pero en el trasero de todos los españoles. Lo que hicieron las llamadas fuerzas de progreso o del cambio fue, ni más ni menos, que apoyar a un monopolio laboral, a una casta privilegiada y bastante machista, por cierto, que se empeña en mantener unos privilegios económicos y sociales impensables para el resto de los trabajadores españoles. El rechazo al decreto supuso apostar por la continuidad de un sistema de contratación cerrado a la libertad de contratación y de circulación de trabajadores de la UE, así como apoyar la consiguiente falta de competitividad de nuestros puertos cuyos costes de carga y descarga son los más elevados de Europa. Y todo ello a costa del bolsillo del contribuyente. Y para guinda del pastel, la abstención de Ciudadanos que a pesar de haber comprometido con anterioridad su apoyo a la convalidación del decreto finalmente optó por no mojarse para evitar salpicarse en una derrota parlamentaria y, todo ello, a pesar de que seguramente este partido no comulga con actual sistema portuario.

Pero si bochornoso fue el espectáculo parlamentario con esa demostración plenaria de falta de patriotismo y de absoluto desprecio por el interés general, menos edificante es comprobar la ligereza con la que nuestros políticos manejan el dinero de todos los contribuyentes. A unos les importa muy poco que España deba pagar 134.000 euros diarios de multa por no liberalizar el sector de los estibadores portuarios y a otros parece que les importa también muy poco el agravio comparativo y el desprecio al contribuyente que conlleva realizar ofertas increíbles a la casta de los estibadores con tal de que no hagan huelga y paralicen los puertos españoles. Todos disparan con pólvora del rey. Y los demás a pagar.

Es moralmente inaceptable que el Gobierno, y con él la oposición, negocie y ofrezca a este colectivo auténticos privilegios absolutamente inalcanzables para el resto de los ciudadanos españoles:  Un plan de prejubilaciones voluntarias al para los trabajadores que tengan al menos 50 años de edad, que se retirarán con el 70% del sueldo medio que hayan percibido por todos los conceptos de retribución en los seis meses anteriores a su baja (hay que recordar que el sueldo medio en este colectivo supera los 65.000 euros anuales) o la garantía de mantenimiento del empleo del colectivo de 6.150 estibadores.

Que los estibadores luchen por el mantenimiento de su privilegiada situación es comprensible y lógico. Pero no lo es que nuestra clase política ofrezca mantener, en contra de la legislación europea, una situación de privilegio que no está al alcance del resto de los ciudadanos y que cargue su coste precisamente sobre ellos. Gobierno y oposición merecen un rotundo suspenso por su actuación irresponsable en la gestión de este conflicto.

Santiago de Munck Loyola


miércoles, 15 de marzo de 2017

Los simplones peligrosos.





Vivimos en una época llena de contradicciones. Hoy, los ciudadanos tenemos a nuestro alcance más fuentes de información que nunca, más posibilidades de formar nuestra opinión contrastando las diferentes fuentes de información. Y, sin embargo, cuantos más medios de comunicación hay a nuestro alcance más se empeñan algunos en simplificar sus mensajes hasta el absurdo. Vivimos una época en la que la hipérbole, la exageración o las simplezas se han adueñado de los mensajes, especialmente entre los políticos. Tergiversan y manipulan la realidad hasta límites que ponen en duda su respeto hacia la inteligencia del ciudadano. Nos toman por tontos en muchos casos y lo peor es que sus iniciativas políticas terminan, en muchos casos, por parecerse a su forma de comunicarse, es decir, sus propuestas terminan por ser basura demagógica. La crítica, la discrepancia o la simple exigencia del respeto a la ley pueden servir de excusa para que pases a engrosar la burda bolsa de fachas, retrógrados, franquistas o catalanófobos. Vivimos una época sin matices, o blanco o negro, o conmigo o contra mí. Y lo peor es que ese discurso reduccionista y simplón termina calando en mucha gente.


Fruto de ello es que a fuerza de exagerar muchas palabras son devaluadas y terminan por perder su verdadero significado. En su técnica goebbeliana resulta que “genocida” lo es igual Adolfo Hitler que José Mª Aznar. Ah, pero no Stalin. ¿A que nadie ha oído hablar a un podemita del genocida Stalin? Ahora parece que torturadores lo son tanto tipos como el Doctor Mengele, o Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, el mayor símbolo de la tortura franquista, como los organizadores de un Belén viviente con animales. Se aplica la palabra asesino, el que mata a una persona con circunstancias agravantes, a los toreros cuando es evidente que conceptualmente solo es posible asesinar a personas, a seres humanos. Sin embargo, nunca se referirán a una mujer que aborta como asesina de fetos humanos. Se trata, en definitiva, de manipular el alcance y significado de las palabras para ponerlas al servicio de su causa y con ello tratar de insertar mensajes a modo de eslóganes.

Estos días estamos asistiendo a un verdadero despliegue de simplezas y esperpénticos eslóganes en torno a la condena a Arturo Más por su participación en el seudo referéndum del 9-N. De un lado se han posicionado los partidos constitucionalistas. De otro, los independentistas de todo pelaje, Podemos y los filoetarras de Bildu. Tanto Pablo Iglesias como Echenique se han manifestado en contra de la sentencia condenatoria, una sentencia por cierto más que benévola. Pablo Iglesias ha dicho: "Mas es el heredero del pujolismo; una de las peores expresiones de la Trama, pero que le condenen por poner urnas es una vergüenza". Y Echenique ha señalado por su parte que Podemos rechaza que se "judicialice" la democracia: "No nos parece que poner urnas tenga que ser delito”. Vamos a ver. Un poco de seriedad por favor. Al Sr. Más el TSJ no le ha condenado por poner urnas, entre otras cosas, porque poner urnas no es un delito. El TSJ le ha condenado por haber cometido un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional, al igual que le ocurriría a cualquier ciudadano de a pié que se le ocurriese desobedecer a un tribunal. Lo paradójico es que los señoritos de Podemos defiendan que a un miembro de lo que ellos llaman “casta” no reciba el mismo tratamiento que cualquier vecino de la calle y que para hacerlo tengan que falsear la realidad inventándose un delito y una condena inexistentes.

Sin ir muy lejos, en Alicante estamos viviendo estos días, salvando las distancias, una situación parecida en la que la realidad y la verdad son falseadas y elevadas a la categoría de dogma progre. Me refiero al cambio de nombres de calles “franquistas”. Un juzgado, a instancias del PP, ha ordenado la reposición de las antiguas calles. ¿Por qué? Pues sencillamente por el tripartito que desgobierna la ciudad de Alicante se ha saltado el procedimiento legal para poder llevar a cabo el cambio del nombre de las calles. Que se sepa, en ningún momento el PP ha defendido que las calles se llamen de una u otra forma, ni ha reivindicado la permanencia de nombres “franquistas”. Lo que el PP ha hecho, tal y como es la obligación de cualquier partido democrático, es defender que se cumpla la Ley, que se sigan los procedimientos legalmente establecidos. Y no es posible olvidar ni en este caso, ni en el catalán que sin respeto a la Ley no hay democracia posible. 

Es más, desconozco si el PP lo habrá esgrimido, pero lo cierto es que algunos de los cambios introducidos por el tripartito ni siquiera respetan lo establecido en la propia Ley de Memoria Histórica al llevarse por delante nombres como el de Calvo Sotelo, asesinado por lo gobierno republicano antes del inicio de la guerra civil. Y, sin embargo, ha faltado tiempo para que la patulea podemita, con lagrimitas incluidas, haya puesto el grito en el cielo acusando al PP de franquista, de facha, de querer perpetuar los nombres de los franquistas,… A cada eslogan le ha sucedido otro aún más exagerado y falso. No señores, no. No se trata de eso. A ver si lo entienden de una vez y se dejan de pamplinas: se trata de respetar la Ley y de seguir los procedimientos legales. Así de sencillo y de democrático. Menos eslóganes y más respeto a la inteligencia de los ciudadanos.

Vivimos en una época convulsa y políticamente ruidosa. Es muy posible que tanta exageración y tanto eslogan pueda producir réditos electorales fáciles y baratos. Pero no hay que olvidar que la demagogia es un boomerang peligroso, sobre todo para quienes están cegados por su soberbia y auto complacencia.

Santiago de Munck Loyola




miércoles, 1 de marzo de 2017

Imaginemos.

Imaginemos por un instante una residencia de ancianos pública. Durante años, las cuidadoras se han limitado a trabajar lo imprescindible con los residentes, sin estimularlos, sin ofrecerles otra cosa que no sean los cuidados básicos y punto. Incluso sólo se han ocupado del aseo personal de los ancianos  cuando llegaba la hora de que los vieran sus familiares. De pronto se incorporan a la plantilla dos nuevas cuidadoras, llegan con ganas de trabajar, aman su profesión y empiezan a introducir cambios mejorando el cuidado y aseo personal de los residentes, sacándolos a pasear por los jardines de la residencia, organizándoles actividades novedosas para estimularlos, cuidando con esmero la calidad de su alimentación, etc. Pronto surgen las discrepancias entre las antiguas que defienden el “aquí siempre se ha hecho así y no hay por qué cambiar nada” y las nuevas. Poco a poco la envidia y el rencor se extiende entre las antiguas cuidadoras que se ven obligadas a seguir las técnicas de las nuevas para no quedar en evidencia. Aparecen algunos conflictos entre antiguas y nuevas y en alguna ocasión los responsables municipales de los que depende la residencia se ven obligados a poner orden. Poco más.

Imaginemos que se celebran unas elecciones municipales y cambian los responsables municipales. A los pocos meses, la nueva concejala de servicios sociales y el nuevo concejal de personal que en la primera reunión con las empleadas de la residencia les pide que le apeen el tratamiento de Don (como si alguien hubiera tenido intención de otorgárselo) deciden introducir cambios en los horarios de las empleadas, sin consensuarlos, que perjudican claramente a las cuidadoras innovadoras. Como no son del pueblo que se jo… Sin embargo, una de ellas protesta porque no puede conciliar su vida laboral y familiar con ese cambio de horario. ¡Sacrilegio! ¡Ha protestado! Se va a enterar.

Imaginemos entonces que al mes le abren un expediente sancionador por haber faltado presuntamente a trabajar un día. Ella alega que sí fue a trabajar pero que se dejó la tarjeta de fichar en el coche. Las compañeras dicen que sí fue a trabajar, aunque después dirán que se les obligó a decirlo. No obstante parece que nadie avisó de que los ancianos a cargo de esta cuidadora estaban desatendidos ese día lo que induce a pensar que efectivamente sí acudió a su trabajo. A pesar de todo, el Ayuntamiento le impone una sanción basándose en que en la hoja de control de fichajes de la citada cuidadora no aparece ese día. Y para colmo del disparate resulta que en personal tienen dos hojas de control con dos números distintos asignados a la misma cuidadora. ¿Por qué? Mientras ésto ocurre la concejala de servicios sociales llama a una amiga y le dice vete despidiéndote de tu actual trabajo que te voy a meter a trabajar en la Residencia.

Imaginemos ahora que a las pocas semanas, la cuidadora recibe una notificación de sus jefes: ahora la van a expedientar por presuntos malos tratos continuados a los ancianos a su cargo y a sus compañeras y preventivamente la suspenden de empleo y sueldo. Cuando consigue ver la documentación que figura en ese expediente resulta que se encuentra con una serie de testimonios de “sus compañeras” y de algún familiar de los ancianos diciendo que durante años ha maltratado a los ancianos obligándoles a comer, hablándoles mal o zarandeándolos. Pero hay cosas raras en el expediente: los testimonios están redactados por la misma persona, en un mismo ordenador, repitiendo las mismas frases y ningún testimonio ha sido recogido ante un fedatario público. Hay incluso un testimonio que acusa a profesionales del centro de salud del pueblo de no activar los protocolos ante unos posibles malos tratos a un anciano desvalido. Increíble. La psicóloga de la residencia, que ha sido la encargada de recabar esos testimonios y que resulta que antes de que se le encargase esa misión ya había hablado con gente sobre el asunto, emite un informe en el que especula sobre las consecuencias que podrían derivarse de ser ciertas las acusaciones y concluyendo que tras examinar esos testimonios no puede probar que sean ciertos. Con ese chapucero informe se abre el expediente sancionador, se nombra a la psicóloga que previamente había emitido su informe pericial como instructora, se tramita el expediente sin practicar ni una sola prueba y se propone sancionar a la cuidadora con el despido, declarando probados unos hechos que nadie ha ratificado. Y, para colmo, se traslada ese bodrio de expediente a la fiscalía que termina por citar a la cuidadora denunciada y a otra cuidadora, su amiga, en el juzgado. Todo ello ocultando que el Concejal responsable de la Residencia en las legislaturas pasadas declara por escrito que nunca nadie ha denunciado ningún hecho similar ante el Ayuntamiento y que el testimonio de la Directora del Centro es falso. Pero su testimonio no se incorpora al expediente. A alguien no le interesa.

Cualquier persona normal se preguntaría en un hipotético caso como éste ¿cómo es posible que, de ser ciertas las acusaciones, las denunciantes, “las compañeras envidiosas”, no hayan denunciado antes estos presuntos maltratos? ¿Cómo es posible que, de ser ciertos esos presuntos malos tratos, los hayan ocultado durante años? Si llegara a probarse que ha existido algún maltrato resultaría que las “compañeras” ahora denunciantes habrían sido durante años cómplices y encubridoras del mismo ¿No? Y, en consecuencia, el Ayuntamiento debería denunciarlas a su vez ¿No? Y si no se probasen los  presuntos malos tratos resultaría que las “compañeras” ahora denunciantes habrían cometido un delito de calumnias ¿No? Y, en este caso, también deberán ser denunciadas en el juzgado ¿No? La conclusión es meridianamente clara, tanto si han existido los presuntos malos tratos como si no, las “compañeras” ahora denunciantes han cometido un delito (o bien de encubrimiento o bien de calumnia) por el que deberán responder, sí o sí, ante la justicia y, evidentemente, no están en condiciones éticas y morales para continuar en sus puestos de trabajo. Claro que curiosamente, semanas después de haber presentado esas denuncias las “compañeras” ahora denunciantes pidieron por escrito al Ayuntamiento que las hiciera funcionarias. ¡Toma ya! ¿En pago de los servicios prestados?

Y como todo este relato imaginario lo estamos situando en un pequeño pueblo  imaginario podemos también imaginarnos fácilmente las consecuencias. Sería la comidilla del pueblo y se escucharían toda clase de versiones y sandeces. Hay quien por ejemplo diría que el Gobierno anterior eliminó las pruebas de los presuntos malos tratos, sin darse cuenta de que semejante majadería significaría para empezar que sin pruebas no se puede sancionar nada, aparte de significar una grave acusación que debería ser probada en los tribunales. Otros familiares no dirían nada, para qué meterse en líos. Y sólo unos pocos, valientes y sin tener que someterse a ningún poder, se informarían previamente y hablarían libremente negando, como no puede ser de otra forma, cualquier credibilidad a semejante montaje.

Imaginemos que en esta sociedad avanzada del Siglo XXI hay gente que actúa de forma tan miserable e irresponsable. Daría asco ¿verdad? Menos mal que cualquier parecido con la realidad sería sólo pura coincidencia ¿no?

Santiago de Munck Loyola.
https://santiagodemunck.blogspot.com.es