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lunes, 11 de junio de 2012

Facturas informativas políticas.

Poco a poco se ha ido extendiendo la costumbre en determinados servicios públicos básicos entregar al usuario una factura informativa en la que se detallan los costes en los que la administración ha incurrido por el servicio prestado. Dicho de otro modo, se le entrega al usuario una factura con lo que se supone que debería haber pagado si no estuviese protegido por el sistema. En la Comunidad Valenciana, uno va al Centro de Salud a recoger las recetas que le ha prescrito el médico, en el caso por ejemplo de los enfermos crónicos, y junto a las mismas se le entrega amablemente la factura informativa con el importe total de las medicinas. En el caso de la Comunidad Andaluza te entregan, por ejemplo, la factura informativa del tratamiento o de la estancia hospitalaria en su caso. Parece que en la Comunidad de Madrid también se están emitiendo este tipo de documentos.

Nos dicen los responsables políticos que esto se hace con el fin de sensibilizar y concienciar a los ciudadanos del valor que tienen los servicios que se nos prestan desde las administraciones públicas. Se desconoce de dónde ha surgido la idea de que los ciudadanos no estamos sensibilizados, ni valoramos los servicios públicos que nosotros mismos pagamos, pero, en fin, doctores tiene la Iglesia, y si los expertos en estas cuestiones creen que es una buena iniciativa y que es necesaria pues adelante. Sin embargo, hay quien sostiene que esta iniciativa persigue en el fondo hacer que el ciudadano se sienta algo culpable por generar tanto gasto poniéndose enfermo y que así se desincentive de forma subconsciente el uso de los servicios públicos.

Hace pocos meses, a propósito de estas iniciativas, las redes sociales se “incendiaron” con una contrapropuesta original: entregar a cada político una factura informativa del gasto que origina cada vez que usa el coche oficial, o la tarjeta Visa o realiza un viaje con cargo a los presupuestos públicos. Sin embargo parece que esta propuesta peca de cierta ingenuidad. Por una parte, los políticos saben perfectamente lo que cuesta cada una de sus actuaciones porque son ellos mismos los que las presupuestan y las aprueban, por lo que la efectividad de esta propuesta resultaría muy limitada. Además, a ello hay que añadir que los gastos en los que incurren los políticos los abonamos nosotros, los contribuyentes, y consiguientemente deberían ser los pagadores los que tuvieran conocimiento detallado de esas facturas informativas.

Factura Informativa imaginaria del Congreso.
Es casi seguro que si se publicaran facturas informativas, en cada uno de los niveles de las diferentes administraciones, detallando los gastos de los políticos sí que se produciría un efecto desincentivador. Nada teme más un político que la transparencia y la publicidad en los gastos que él mismo origina. Si se publicasen mensualmente en los municipios las facturas informativas de los gastos que los alcaldes y concejales realizan en comidas, en desplazamientos, atenciones protocolarias o en móviles, por ejemplo, seguro que se produciría de forma inmediata un brusco descenso en sus cuantías. Imagínese el lector que el Congreso de los Diputados, en su página Web, publicase mensualmente los nombres de los diputados y las cantidades abonadas por sus viajes privados. Seguro que al mes siguiente pocos diputados volverían a aparecer en la siguiente factura informativa. No existe complicación alguna para hacerlo. Tan sólo se necesita voluntad de transparencia.

Nadie debería poner objeción alguna a que los pagadores, los contribuyentes, recibieran o pudieran tener acceso a esas facturas informativas. Ya que tenemos que pagar de todos modos, sepamos al menos por qué, cuánto y a quién. No es mucho pedir ¿no? Bueno, tratándose de nuestra clase política es sencillamente pedir peras al olmo.

Santiago de Munck Loyola