Translate

Mostrando entradas con la etiqueta pluriempleo político. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta pluriempleo político. Mostrar todas las entradas

domingo, 10 de junio de 2012

¿Un ERE para la clase política?

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha vuelto a abrir una polémica al lanzar la idea de reducir a la mitad el número de diputados autonómicos de la Comunidad de Madrid. Lo cierto es que la propuesta de Aguirre ha pillado a casi todo el mundo de la clase política con el paso cambiado. Mientras que se debate sobre si hay que recortar o no empleados públicos o prestaciones sociales, la Presidenta madrileña pone encima de la mesa una medida de ahorro, un recorte, que toca directamente a la casta política. Las reacciones han sido muy variadas. La dirección socialista ha mirado hacia otro lado sin atreverse a pronunciarse. Es decir, los mismos que sugerían la posibilidad de eliminar las Diputaciones Provinciales para ahorrar, ahora que prácticamente han perdido el control de la mayoría de las mismas, no se pronuncian con claridad sobre un recorte que supondría, con toda seguridad, un importante ahorro para las cuentas públicas. Ha habido quien, con tan pocas luces como mucha demagogia, se ha apresurado a descalificar la propuesta alegando que Esperanza Aguirre lo que pretende es recortar la democracia. Hay que ser majadero. La calidad de la democracia no se mide por el número de diputados en un hemiciclo. Eso lo sabe cualquiera, pero puestos a decir estupideces algunos parecen dispuestos a competir por el primer premio. Y en el campo del Partido Popular, la propuesta ha sido recibida de diferentes maneras: Rajoy no la ve mal en principio; el Presidente Balear está dispuesto a desarrollarla, Soraya Sáez de Santamaría la ve aceptable pero no para su aplicación en el ámbito de las Cortes Generales y muchos otros dirigentes guardan un sospechoso silencio.

En nuestra Comunidad ya ha habido pronunciamientos al respecto desde el Partido Popular y no muy favorables en principio. Hay quien ase ha opuesto argumentando que una disminución del número de Diputados en las Cortes Valencianas supondría un perjuicio para las minorías que verían muy reducida su representación parlamentaria, Sin embargo, esta argumento es fácilmente rebatible: si lo que preocupa es de verdad la proporcionalidad, basta con reformar el criterio de reparto de escaños e implantar un sistema proporcional puro como desde hace tiempo vienen reclamando los grupos minoritarios. Sin embargo, esta posibilidad no es aceptada ni compartida por los dos grandes grupos mayoritarios, el popular y el socialista, por lo que es fácilmente deducible que se trata de una simple excusa y no de un sincero deseo de favorecer la proporcionalidad en las Cortes Valencianas.

Por otra parte, José Císcar, próximo Presidente Provincial del Partido Popular de Alicante, sí o sí, ha rechazado la propuesta de Aguirre asegurando que la reducción de diputados "no es una circunstancia equiparable a la Comunitat", ya que Madrid "es una comunidad autónoma uniprovincial y tiene 129 diputados", mientras en las Corts "hay que dar representación a tres provincias". Sinceramente sorprende que se utilicen argumentos como éstos tan poco solventes, desde una perspectiva política e intelectual, para rechazar de plano esta propuesta. Nada tiene que ver que Madrid sea una Comunidad Uniprovincial con la pluriprovincialidad de la Comunidad Valenciana a la hora de establecer el número de diputadas. Se equivoca de plano el Sr. Císcar al afirmar que en las Cortes valencianas haya que dar representación a tres Provincias. Las Cortes no están para representar a las Provincias, no estamos ante una cámara territorial. Las Cortes están para representar a los ciudadanos del conjunto de territorios que componen la Comunidad Valenciana. Son los ciudadanos los que están representados en las Cortes, o deberían estarlo, de acuerdo con las leyes, el estatuto de Autonomía y los principios elementales de la representación democrática. Y puestos a compararse con Madrid, los electores madrileños cuentan con un diputado por cada 36.075 electores. Los electores de la Comunidad Valenciana con un diputado por cada 36.000 electores. Y si se toma como referencia el número de habitantes, los madrileños cuentan con un Diputado por cada 50.300 habitantes, mientras que en la Comunidad Valenciana contamos con un diputado por cada 52.300 habitantes. Como puede observarse las diferencias en la representatividad de cada diputado es muy similar en ambas comunidades. Que al Sr. Císcar y a los demás miembros de la cúpula popular no les guste la propuesta de recortar el número de diputados y por tanto el gasto que representan puede ser perfectamente comprensible, pero deberían explicarse las verdaderas razones de ese rechazo sin usar argumentos falaces tratando de confundir a los ciudadanos. Con la verdad por delante se va más lejos.

Es un hecho cierto que sobran diputados en muchas partes. Aquí tenemos diputados que no tienen tiempo material para dedicarse a su escaño y a las tareas que de verdad ello conlleva, porque están simultaneando su labor parlamentaria con otras tareas. Van a las Cortes, votan, cobran y punto. ¿Se puede reducir el número de Diputados aquí como en Madrid? Pues claro. Nadie ignora que el procedimiento es complejo, pero puede hacerse si hay voluntad política de hacerlo. El problema de fondo no está en las dificultades legales, ni en las discusiones de si con ello se gana o se pierde representatividad o calidad democrática. Si la Constitución se pudo cambiar hace tan sólo unos meses es evidente que lo mismo se puede hacer con los Estatutos de Autonomía. ¿Que se quiere más representatividad? Óptese entonces por un sistema electoral proporcional puro. ¿Que se quiere más calidad democrática? Establézcanse rigurosas incompatibilidades y que los diputados no puedan simultanear su escaño con otros cargos o con tareas privadas. ¿Que se quiere que los diputados sean más representativos? Elíjanse listas abiertas y dejen que los afiliados de los partidos puedan opinar en la confección de las listas electorales. Y si no se hace así, que no nos cuenten películas, ni usen excusas de mal pagador.

Parece más bien que el problema de fondo se encuentra, una vez más, en la negativa de los partidos políticos de aplicarse los recortes que diariamente nos imponen a los ciudadanos y que en este caso supondría la pérdida de la mitad de los escaños que, se reconozca o no, sirven de moneda de cambio interna en los habituales repartos internos de poder. Un servidor, desde luego, se apunta a este primer ERE para la clase política.

Santiago de Munck Loyola

domingo, 20 de mayo de 2012

Apuntes sobre el XIII Congreso del PPCV.

Si alguien esperaba del Congreso del PPCV que acaba de finalizar en Alicante un profundo cambio de hábitos, estilo, modelo de Partido o de políticas sectoriales seguramente habrá quedado defraudado. Este Congreso, imprescindible para la legitimación de un liderazgo regional, ha estado marcado por los desencuentros con Rus y Barberá, motivados más por cuestiones de reparto de poder que por discrepancias ideológicas, las ausencias de los predecesores de Alberto Fabra al frente del PPCV, el camuflaje de la inmensa mayoría de los, hasta hace muy poco tiempo, súper campistas, el vacío de la dirección nacional del Partido Popular presente en el Congreso a través de videos protocolarios, la inexistencia de una profunda autocrítica y la pérdida de una inmejorable oportunidad para poner los medios necesarios para hacer realidad la apuesta del nuevo Presidente por la regeneración del Partido.

Como era de esperar se han producido muchas intervenciones y, como es habitual en estos casos, se han deslizado afirmaciones que son, cuando menos, cuestionables. Baste citar, de una parte, a Esteban González Pons, vicesecretario nacional de Estudios y Programas del PP, que intentando, quizás, limpiar la imagen del PP valenciano, ha llegado a afirmar lo siguiente: "Que se identifique la Comunidad Valenciana con el fraude y el despilfarro no se puede consentir". Esta frase participa plenamente de la técnica empleada por los nacionalistas consistente en transformar las críticas a su gestión partidista con críticas a su región. Y no, no parece que sea ése el sentir de la calle. Parece más bien que cuando se alude al “fraude o al despilfarro” no se alude a la Comunidad Valenciana, sino a algunos gestores de las instituciones de la Comunidad Valenciana. Mal se pueden corregir las enfermedades cuando no se es capaz de acertar en el diagnóstico y, en este caso, el error parte de no haber querido o sabido realizar una autocrítica seria y profunda.

De otra parte, la Alcaldesa de Alicante y Diputada Autonómica por la Provincia, Sonia Castedo, afirmó que "la ciudadanía no está para bromas, ni para debates estériles, los ciudadanos no quieren saber nada de cuotas, ni de pulsos de poder interno, ni siquiera quieren saber nada de nombres y apellidos”. Y tiene toda la razón, pero debería aplicarse el cuento y no haber impuesto su correspondiente cuota en el reparto de los 51 compromisarios al Congreso que le correspondían a la ciudad de Alicante. Una cosa es predicar y otra muy distinta dar trigo.

En contraste con la pretensión de regeneración del Presidente Fabra no ha prosperado la enmienda a la ponencia de estatutos del PPCV presentada por D. José María Rodríguez Galán, exdirector general de Ciudad de la Luz, con el fin de que los alcaldes y portavoces populares en municipios de más de 5.000 habitantes no pudiesen compatibilizar ese cargo con otros. Lo más sorprendente es que ni siquiera ha llegado a ser debatida argumentando que se trata de un tema propio de los Estatutos Nacionales del Partido Popular. Dejando al margen la validez o no de ese argumento, lo cierto es que la insuficiente regulación establecida en el Art. 7.2 Estatutos Partido Popular no cierra la puerta al establecimiento de criterios más restrictivos en los Estatutos Regionales si se adecuan al objetivo y pretensión de la norma nacional. Pero aún admitiendo la validez del argumento de que se trata de una materia propia de la regulación nacional, nada habría impedido al Congreso aprobar una Carta de Compromisos de los cargos públicos del PP en la que, entre otras cosas, se recogiese la dedicación exclusiva de los cargos públicos electos impidiendo simultanear dos puestos e, incluso, la incompatibilidad con el desarrollo de actividades privadas. Los electores, los vecinos de una ciudad como Alicante, por ejemplo, merecen que sus cargos electos se dediquen al cien por cien a la actividad para la que han sido elegidos y no que la simultaneen con otros puestos que para ser bien desempeñados, también exigen una dedicación completa. De lo contrario se está trasladando un mensaje perverso a los ciudadanos: el de que ser diputado o Alcalde de una ciudad no requiere una dedicación completa a pesar de que se cobra como si tal dedicación se produjese.

Y tampoco habría estado de más que en ese deseo de regeneración se hubiesen adoptado medidas para impulsar y facilitar la participación de los 142.000 afiliados del PPCV, para garantizar la pluralidad y la concurrencia en los próximos procesos electorales internos así como la neutralidad en los mismos de los “aparatos locales y provinciales” que, hasta ahora, ha brillado por su ausencia.

En todo caso, los mejores deseos para el nuevo Presidente y para su equipo que tienen una difícil y complicada tarea por delante.
Santiago de Munck Loyola

domingo, 13 de mayo de 2012

XIII Congreso del PPCV: una enmienda para acabar con el fraude a los electores.

El próximo fin de semana se celebrará el XIII Congreso del PPCV en Alicante. En dicho Congreso, amén de la renovación de cargos, se debatirán tres ponencias que teóricamente tendrán una importante repercusión en la vida política del partido y en sus políticas públicas. Los afiliados del Partido Popular, a diferencia de lo que ocurre en otros partidos, no tienen estatutariamente el derecho a presentar enmiendas a las ponencias congresuales, algo que desde una perspectiva de la participación y la democracia interna chirría bastante. Pueden ser apoderados o interventores cuando hay elecciones, pueden pagar sus cuotas de afiliación o acudir a rellenar los actos del partido cuando son convocados, pero no pueden enviar enmiendas a las ponencias que se discuten en los diferentes congresos territoriales, algo que en la era de las comunicaciones, de las redes sociales y de la información carece de sentido.

Sólo los afiliados que resultan “elegidos” compromisarios tienen el derecho a presentar enmiendas a las ponencias a discutir en un Congreso del Partido Popular. Y ya se sabe que para poder ser compromisario en la ciudad de Alicante hay que ser miembro de alguna “familia” o participar de alguna “sensibilidad” dentro del partido. Dicho de otro modo: o tienes etiqueta o no tienes nada que hacer. Lo de las “familias” suena bastante mal, la verdad, más que nada por las connotaciones peyorativas de la expresión cuando se aplica ciertos colectivos. Lo de las “sensibilidades” recuerda bastante a aquel “contraste ordenado de pareceres” del tardofranquismo. En todo caso, por más que uno repase los estatutos del partido Popular ni las familias ni las sensibilidades aparecen por ningún sitio, sólo se menciona al afiliado como sujeto de derecho y obligaciones. Por tanto, cuando se cierran listas a compromisarios por “consenso” entre las distintas “familias y sensibilidades” existentes en el partido parece evidente que se está hurtando el protagonismo a los únicos que pueden establecer consensos, los sujetos de los derechos y obligaciones, es decir, a los afiliados.

Adela Pedrosa, Alcaldesa de Elda.
Ejemplo de político pluriempleado.
Según recoge el Diario Información en su edición de hoy (http://www.diarioinformacion.com/alicante/2012/05/13/enmienda-plantea-castedo-barbera-rus-tengan-renunciar-escano-cortes/1253137.html) se ha presentado una enmienda a la ponencia de estatutos del próximo Congreso del PPCV por parte de D. José María Rodríguez Galán, exdirector general de Ciudad de la Luz, con el fin de que los alcaldes y portavoces populares en municipios de más de 5.000 habitantes no puedan compatibilizar ese cargo con otros. Concretamente, con un escaño en las instituciones provinciales y las cámaras autonómicas. Se trata de una excelente iniciativa, ya propuesta desde estas páginas haces meses (http://santiagodemunck.blogspot.com.es/2011/09/el-pluriempleo-de-los-politicos-un.html), para evitar el pluriempleo de los políticos, aunque sólo sea parcialmente. Lamentablemente y tal como se señala el periódico en esa misma información y tras consultar con fuentes del Partido Popular es muy posible que no prospere o que, de hacerlo, sea muy adulterada. Es más que sintomático que con casi 900 compromisarios el número de aportaciones, de enmiendas, no llegue ni a las 500. Tan elevado grado de conformidad es algo decepcionante.

Esta enmienda, que podría ser mejorada y ampliada, participa de lleno del sentido común y de una exigencia ética que debería ser insoslayable para quienes habrán de votarla. Los puestos de alcaldes o de diputados están pensados y retribuidos para que los desempeñe una persona con absoluta dedicación. Ser alcalde de Alicante o diputado por la provincia es lo suficientemente relevante e importante como para que no se deba ni se pueda simultanear con otra dedicación. Hacer lo contrario, simultanear una alcaldía con un escaño, es sencillamente no hacer bien ninguna de las dos cosas. Y si se pretende afirmar lo contrario se deja en evidencia a los que sólo se dedican a su escaño o a su Alcaldía.

Las incompatibilidades deben ser hoy más rigurosas y claras que nunca. Los vecinos, los contribuyentes, los electores se merecen que los cargos electos se dediquen al cien por cien al puesto para el que han sido elegidos. Es preciso acabar con las prácticas de acaparamiento de puestos públicos por algunos insaciables coleccionistas de cargos y no sólo por la exigible dedicación y eficacia en el desempeño de los mismos, sino como medida ejemplarizante de la regeneración y la ética políticas. La norma debería ser igual para todos: una persona, un cargo, una sola retribución proveniente de las arcas públicas. Y ya está bien de acudir a subterfugios: cobrar un solo suelo público pero ampliarlo con dietas, asignaciones u otros pagos provenientes también del erario público. Y al que no le convenga que se vaya a su casa que esto de la política no es obligatorio y que a nadie se le pide que se sacrifique abnegadamente por la colectividad. Lo más probable es que muchos, si se tuviesen que buscar la vida en el sector privado, nunca alcanzarían ni de lejos los sueldos que cobran del erario público. Lo dicho, el pluriempleo de los cargos públicos es un fraude a los votantes y hay que acabar con él.

Santiago de Munck Loyola