La Presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha vuelto a abrir una polémica al
lanzar la idea de reducir a la mitad el número de diputados autonómicos de la
Comunidad de Madrid. Lo cierto es que la propuesta de Aguirre ha pillado a
casi todo el mundo de la clase política con el paso cambiado. Mientras que se
debate sobre si hay que recortar o no empleados públicos o prestaciones
sociales, la Presidenta madrileña pone encima de la mesa una medida de ahorro,
un recorte, que toca directamente a la casta política. Las reacciones han sido
muy variadas. La dirección socialista ha mirado hacia otro lado sin atreverse a
pronunciarse. Es decir, los mismos que sugerían la posibilidad de eliminar las
Diputaciones Provinciales para ahorrar, ahora que prácticamente han perdido el
control de la mayoría de las mismas, no se pronuncian con claridad sobre un
recorte que supondría, con toda seguridad, un importante ahorro para las
cuentas públicas. Ha habido quien, con tan pocas luces como mucha demagogia, se
ha apresurado a descalificar la propuesta alegando que Esperanza Aguirre lo que
pretende es recortar la democracia. Hay que ser majadero. La calidad de la
democracia no se mide por el número de diputados en un hemiciclo. Eso lo sabe
cualquiera, pero puestos a decir estupideces algunos parecen dispuestos a
competir por el primer premio. Y en el campo del Partido Popular, la propuesta
ha sido recibida de diferentes maneras: Rajoy no la ve mal en principio; el
Presidente Balear está dispuesto a desarrollarla, Soraya Sáez de Santamaría la
ve aceptable pero no para su aplicación en el ámbito de las Cortes Generales y
muchos otros dirigentes guardan un sospechoso silencio.
En nuestra Comunidad ya
ha habido pronunciamientos al respecto desde el Partido Popular y no muy
favorables en principio. Hay quien ase ha opuesto argumentando que una
disminución del número de Diputados en las Cortes Valencianas supondría un
perjuicio para las minorías que verían muy reducida su representación parlamentaria,
Sin embargo, esta argumento es fácilmente rebatible: si lo que preocupa es de
verdad la proporcionalidad, basta con reformar el criterio de reparto de
escaños e implantar un sistema proporcional puro como desde hace tiempo vienen
reclamando los grupos minoritarios. Sin embargo, esta posibilidad no es
aceptada ni compartida por los dos grandes grupos mayoritarios, el popular y el
socialista, por lo que es fácilmente deducible que se trata de una simple
excusa y no de un sincero deseo de favorecer la proporcionalidad en las Cortes
Valencianas.
Por otra parte, José
Císcar, próximo Presidente Provincial del Partido Popular de Alicante, sí o sí,
ha rechazado la propuesta de Aguirre asegurando que la reducción de diputados "no es una circunstancia equiparable a
la Comunitat", ya que Madrid "es
una comunidad autónoma uniprovincial y tiene 129 diputados", mientras
en las Corts "hay que dar
representación a tres provincias". Sinceramente sorprende que se
utilicen argumentos como éstos tan poco solventes, desde una perspectiva
política e intelectual, para rechazar de plano esta propuesta. Nada tiene que
ver que Madrid sea una Comunidad Uniprovincial con la pluriprovincialidad de la
Comunidad Valenciana a la hora de establecer el número de diputadas. Se equivoca
de plano el Sr. Císcar al afirmar que en las Cortes valencianas haya que dar
representación a tres Provincias. Las Cortes no están para representar a las
Provincias, no estamos ante una cámara territorial. Las Cortes están para
representar a los ciudadanos del conjunto de territorios que componen la
Comunidad Valenciana. Son los ciudadanos los que están representados en las
Cortes, o deberían estarlo, de acuerdo con las leyes, el estatuto de Autonomía
y los principios elementales de la representación democrática. Y puestos a
compararse con Madrid, los electores madrileños cuentan con un diputado por
cada 36.075 electores. Los electores de la Comunidad Valenciana con un diputado
por cada 36.000 electores. Y si se toma como referencia el número de habitantes,
los madrileños cuentan con un Diputado por cada 50.300 habitantes, mientras que
en la Comunidad Valenciana contamos con un diputado por cada 52.300 habitantes.
Como puede observarse las diferencias en la representatividad de cada diputado
es muy similar en ambas comunidades. Que al Sr. Císcar y a los demás miembros
de la cúpula popular no les guste la propuesta de recortar el número de
diputados y por tanto el gasto que representan puede ser perfectamente
comprensible, pero deberían explicarse las verdaderas razones de ese rechazo
sin usar argumentos falaces tratando de confundir a los ciudadanos. Con la
verdad por delante se va más lejos.
Es un hecho cierto que
sobran diputados en muchas partes. Aquí tenemos diputados que no tienen tiempo
material para dedicarse a su escaño y a las tareas que de verdad ello conlleva,
porque están simultaneando su labor parlamentaria con otras tareas. Van a las
Cortes, votan, cobran y punto. ¿Se puede reducir el número de Diputados aquí
como en Madrid? Pues claro. Nadie ignora que el procedimiento es complejo, pero
puede hacerse si hay voluntad política de hacerlo. El problema de fondo no está
en las dificultades legales, ni en las discusiones de si con ello se gana o se
pierde representatividad o calidad democrática. Si la Constitución se pudo
cambiar hace tan sólo unos meses es evidente que lo mismo se puede hacer con
los Estatutos de Autonomía. ¿Que se quiere más representatividad? Óptese
entonces por un sistema electoral proporcional puro. ¿Que se quiere más calidad
democrática? Establézcanse rigurosas incompatibilidades y que los diputados no
puedan simultanear su escaño con otros cargos o con tareas privadas. ¿Que se
quiere que los diputados sean más representativos? Elíjanse listas abiertas y
dejen que los afiliados de los partidos puedan opinar en la confección de las
listas electorales. Y si no se hace así, que no nos cuenten películas, ni usen
excusas de mal pagador.
Parece más bien que el problema de fondo se
encuentra, una vez más, en la negativa de los partidos políticos de aplicarse
los recortes que diariamente nos imponen a los ciudadanos y que en este caso
supondría la pérdida de la mitad de los escaños que, se reconozca o no, sirven
de moneda de cambio interna en los habituales repartos internos de poder. Un
servidor, desde luego, se apunta a este primer ERE para la clase política.
Santiago de Munck Loyola