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domingo, 10 de junio de 2012

¿Un ERE para la clase política?

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha vuelto a abrir una polémica al lanzar la idea de reducir a la mitad el número de diputados autonómicos de la Comunidad de Madrid. Lo cierto es que la propuesta de Aguirre ha pillado a casi todo el mundo de la clase política con el paso cambiado. Mientras que se debate sobre si hay que recortar o no empleados públicos o prestaciones sociales, la Presidenta madrileña pone encima de la mesa una medida de ahorro, un recorte, que toca directamente a la casta política. Las reacciones han sido muy variadas. La dirección socialista ha mirado hacia otro lado sin atreverse a pronunciarse. Es decir, los mismos que sugerían la posibilidad de eliminar las Diputaciones Provinciales para ahorrar, ahora que prácticamente han perdido el control de la mayoría de las mismas, no se pronuncian con claridad sobre un recorte que supondría, con toda seguridad, un importante ahorro para las cuentas públicas. Ha habido quien, con tan pocas luces como mucha demagogia, se ha apresurado a descalificar la propuesta alegando que Esperanza Aguirre lo que pretende es recortar la democracia. Hay que ser majadero. La calidad de la democracia no se mide por el número de diputados en un hemiciclo. Eso lo sabe cualquiera, pero puestos a decir estupideces algunos parecen dispuestos a competir por el primer premio. Y en el campo del Partido Popular, la propuesta ha sido recibida de diferentes maneras: Rajoy no la ve mal en principio; el Presidente Balear está dispuesto a desarrollarla, Soraya Sáez de Santamaría la ve aceptable pero no para su aplicación en el ámbito de las Cortes Generales y muchos otros dirigentes guardan un sospechoso silencio.

En nuestra Comunidad ya ha habido pronunciamientos al respecto desde el Partido Popular y no muy favorables en principio. Hay quien ase ha opuesto argumentando que una disminución del número de Diputados en las Cortes Valencianas supondría un perjuicio para las minorías que verían muy reducida su representación parlamentaria, Sin embargo, esta argumento es fácilmente rebatible: si lo que preocupa es de verdad la proporcionalidad, basta con reformar el criterio de reparto de escaños e implantar un sistema proporcional puro como desde hace tiempo vienen reclamando los grupos minoritarios. Sin embargo, esta posibilidad no es aceptada ni compartida por los dos grandes grupos mayoritarios, el popular y el socialista, por lo que es fácilmente deducible que se trata de una simple excusa y no de un sincero deseo de favorecer la proporcionalidad en las Cortes Valencianas.

Por otra parte, José Císcar, próximo Presidente Provincial del Partido Popular de Alicante, sí o sí, ha rechazado la propuesta de Aguirre asegurando que la reducción de diputados "no es una circunstancia equiparable a la Comunitat", ya que Madrid "es una comunidad autónoma uniprovincial y tiene 129 diputados", mientras en las Corts "hay que dar representación a tres provincias". Sinceramente sorprende que se utilicen argumentos como éstos tan poco solventes, desde una perspectiva política e intelectual, para rechazar de plano esta propuesta. Nada tiene que ver que Madrid sea una Comunidad Uniprovincial con la pluriprovincialidad de la Comunidad Valenciana a la hora de establecer el número de diputadas. Se equivoca de plano el Sr. Císcar al afirmar que en las Cortes valencianas haya que dar representación a tres Provincias. Las Cortes no están para representar a las Provincias, no estamos ante una cámara territorial. Las Cortes están para representar a los ciudadanos del conjunto de territorios que componen la Comunidad Valenciana. Son los ciudadanos los que están representados en las Cortes, o deberían estarlo, de acuerdo con las leyes, el estatuto de Autonomía y los principios elementales de la representación democrática. Y puestos a compararse con Madrid, los electores madrileños cuentan con un diputado por cada 36.075 electores. Los electores de la Comunidad Valenciana con un diputado por cada 36.000 electores. Y si se toma como referencia el número de habitantes, los madrileños cuentan con un Diputado por cada 50.300 habitantes, mientras que en la Comunidad Valenciana contamos con un diputado por cada 52.300 habitantes. Como puede observarse las diferencias en la representatividad de cada diputado es muy similar en ambas comunidades. Que al Sr. Císcar y a los demás miembros de la cúpula popular no les guste la propuesta de recortar el número de diputados y por tanto el gasto que representan puede ser perfectamente comprensible, pero deberían explicarse las verdaderas razones de ese rechazo sin usar argumentos falaces tratando de confundir a los ciudadanos. Con la verdad por delante se va más lejos.

Es un hecho cierto que sobran diputados en muchas partes. Aquí tenemos diputados que no tienen tiempo material para dedicarse a su escaño y a las tareas que de verdad ello conlleva, porque están simultaneando su labor parlamentaria con otras tareas. Van a las Cortes, votan, cobran y punto. ¿Se puede reducir el número de Diputados aquí como en Madrid? Pues claro. Nadie ignora que el procedimiento es complejo, pero puede hacerse si hay voluntad política de hacerlo. El problema de fondo no está en las dificultades legales, ni en las discusiones de si con ello se gana o se pierde representatividad o calidad democrática. Si la Constitución se pudo cambiar hace tan sólo unos meses es evidente que lo mismo se puede hacer con los Estatutos de Autonomía. ¿Que se quiere más representatividad? Óptese entonces por un sistema electoral proporcional puro. ¿Que se quiere más calidad democrática? Establézcanse rigurosas incompatibilidades y que los diputados no puedan simultanear su escaño con otros cargos o con tareas privadas. ¿Que se quiere que los diputados sean más representativos? Elíjanse listas abiertas y dejen que los afiliados de los partidos puedan opinar en la confección de las listas electorales. Y si no se hace así, que no nos cuenten películas, ni usen excusas de mal pagador.

Parece más bien que el problema de fondo se encuentra, una vez más, en la negativa de los partidos políticos de aplicarse los recortes que diariamente nos imponen a los ciudadanos y que en este caso supondría la pérdida de la mitad de los escaños que, se reconozca o no, sirven de moneda de cambio interna en los habituales repartos internos de poder. Un servidor, desde luego, se apunta a este primer ERE para la clase política.

Santiago de Munck Loyola

martes, 27 de diciembre de 2011

Los anuncios – bazofia de Movistar.

Navegando por Internet me he llevado una sorpresa agradable: parece que no soy el único al que no le gustan los anuncios de Movistar. Bueno, no es que no me gusten, es que me repugnan y me parecen vomitivos. Son esos anuncios en los que un colectivo asambleario discute y propone las nuevas tarifas telefónicas de esta compañía.

O bien se trata de anuncios-guiño al movimiento 15 M o bien se trata de parodias del mismo, depende del punto de vista del espectador. No soy precisamente un simpatizante de este movimiento, pero me parece que, en todo caso, en dicho movimiento han participado y participan miles de ciudadanos, en su inmensa mayoría bienintencionados, que se merecen un respeto.  Sean cuales sean sus ideas y sus propuestas, sea cual sea su color político y al margen de la posible instrumentalización que de este movimiento alguna fuerza política ha tratado de aprovechar, lo cierto es que los anuncios de esta compañía, exponente donde los haya del capitalismo más antisocial, son una burla en toda regla, burla que no se merecen la mayoría de los ciudadanos que forman parte del mismo.

Y, si no se trata de una burla, peor aún si cabe. Porque parodiar el sistema asambleario o emular su supuesto funcionamiento para hacernos creer que las tarifas de esta compañía son permeables a la sensibilidad social es tomarnos a los ciudadanos por tontos. Se trate de anuncios-guiño o de anuncios-parodia del 15 M, Movistar puede contar con un posible cliente menos, un servidor.

Tiene su miga que esta compañía que ha dado evidentes muestras de carecer de lo que se conoce como responsabilidad social corporativa nos empache con estos vomitivos anuncios burlándose del conjunto de los ciudadanos. Es esta misma compañía, la que ahora se disfraza de entidad asamblearia y social, la que hace tan sólo unos meses puso en marcha un ERE para poner de patitas en la calle a miles de sus empleados. Y lo hizo no porque tuviera pérdidas, no. Lo hizo para aumentar sus beneficios en un momento de grave crisis económica y cargando con ello una buena parte del coste de esa operación a las ya maltrechas arcas del Estado. Todo un ejemplo de actitud insolidaria, de descarnada optimización del beneficio económico y de inmoralidad social.

Podrían los señores directivos de Movistar, ya que tanto creen en los movimientos asamblearios, en la democracia y en participación ciudadana, someter de verdad su ERE a consulta popular. Bueno, y sin ir tan lejos, si tienen un poco de decencia podrían someter sus tarifas, tal y como parecen hacer en los anuncios, a una verdadera consulta popular. ¡A que no hay lo que hay que tener! Nos íbamos a reír un rato con el resultado.

Bazofias publicitarias hay muchas, pero esta se lleva la palma. ¡Chapeau, señores de Movistar! Cuenten con uno menos.

Santiago de Munck Loyola.

jueves, 26 de mayo de 2011

El ERE de Telefónica.

Pobre Telefónica, lo está pasando mal la compañía de las “matildes”. Como resulta que durante el primer trimestre del año sólo ha obtenido unos beneficios netos de 1.624 millones de euros, la compañía presidida por César Alierta quiere despedir a gente. En concreto, Telefónica quiere poner en la calle con un ERE a 8.500 empleados. 1.624 millones de euros de beneficios en un trimestre es muy poco beneficio. Es un 2% menos que el año pasado y eso no puede ser, así que a la calle con 8.500 curritos y a aumentar los dividendos.
Además, para eso está papá – estado. El desempleo y la seguridad social de los afectados por el ERE sólo costarán al Estado 450 millones de euros. Una minucia si se compara con lo que Telefónica va a aumentar sus beneficios después de esta operación. Y al mismo tiempo los directivos de Telefónica podrán repartirse sin problemas los 450 millones de euros que la compañía ha dispuesto en su plan de incentivos. Todos tan contentos.
Semejante desfachatez, sinvergonzonería e inmoralidad es lo que hoy por hoy representa Telefónica. Ni más, ni menos. Parece increíble pero es así. Y lo peor de todo es que semejante proceso se va a realizar con toda la cobertura legal existente en nuestro país. Nuestras leyes permiten estos enjuagues que a cualquier persona con sentido común deberían escandalizar. Y hablo de las personas con sentido común y no de los políticos que son, en última instancia, los únicos responsables de que algo así sea posible.
Que una empresa con unos beneficios extraordinarios pueda despedir a 8.500 personas, que esa decisión nos cueste a los ciudadanos 450 millones de euros y que, al mismo tiempo, esa empresa reparta entre sus directivos otros 450 millones de euros es sencillamente inadmisible. Si esta empresa carece de sensibilidad social, si ignora lo que es la responsabilidad social en momentos tan difíciles como los actuales es un deber de los gobernantes recordárselo y es un imperativo moral de los medios de comunicación hacérselo saber al conjunto de los ciudadanos para que así cada uno y en uso de su libertad pueda decidir si quiere seguir trabajando con semejante compañía o, por el contrario, prefiere presionarla con un boicot para que rectifique.
Yo, desde luego, tengo muy claro donde quiero que vaya mi dinero y donde no.
Santiago de Munck Loyola