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viernes, 5 de abril de 2019

LA SENTENCIA SOBRE WALAIG Y LA INDECENCIA POLÍTICA DE LA ALCALDESA COMUNISTA DE MONFORTE DEL CID.


Comunicado del Partido Alicantino Regionalista de Monforte del Cid.

No nos corresponde a nosotros defender al PP, pero sí que nos toca denunciar las groseras mentiras de la multipropietaria, presunta economista y alcaldesa comunista de nuestro pueblo en torno a la sentencia última sobre el Walaig y la reclamación fallida de Intersa.

Las mentiras tienen las patas muy cortas y las de la Alcaldesa comunista aún más. Primero, en 2017 se ocupó de airear una absurda sentencia provisional que condenaba al Ayuntamiento a pagar 10,3 millones a Intersa, empresa urbanizadora del Polígono Walaig. Nadie que ame a su pueblo se ocupa y preocupa en airear una noticia desfavorable para su Ayuntamiento y para el municipio espantando así a posibles inversores, nadie salvo la alcaldesa comunista con tal de ensuciar la imagen de sus adversarios políticos.

Segundo, apelada esa sentencia, el TSJ acaba de anularla dando la razón a quienes en su momento dijimos que era absurda. Y le ha faltado tiempo a la alcaldesa para ponerse una medalla que no le corresponde a base de mentiras y manipulaciones. Dicen esta mentirosa patológica y sus conmilitones a propósito de la sentencia “Todo esto no tendría mayor trascendencia sino fuera porque el letrado (Se refiere a D. Lucio Rivas, asesor urbanístico y letrado del Ayuntamiento en época del PP) que asistió al ayuntamiento de Monforte del Cid hizo dejación de sus funciones, según afirma la propia sentencia, al ignorar el escrito de noviembre de 2016 en el que Intersa renunciaba a 6 de los 7 millones de euros que reclamaba.”

Primera gran mentira la sentencia no dice nada de eso y para probarlo invitamos a leer la sentencia cuya copia adjuntamos.

Pero lo más patético es la segunda mentira en el mismo párrafo que el letrado hizo dejación de funciones al ignorar un escrito de Intersa de noviembre de 2016. Vamos a ver ¿Cómo es posible que el letrado no ignorase un escrito en noviembre de 2016 si había sido despedido por el propio Ayuntamiento, en medio de un pleito tan importante, en 2015? Y no es que lo digamos nosotros sino que lo dice la propia embustera y sus secuaces un poco más adelante: “Lucio Rivas, funcionario en los noventa del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, ha cobrado desde 2005 hasta 2015, año en el que se prescinde de sus servicios…”  O sea, que despides a un abogado en medio de un importante pleito y le culpas de que año y medio después haya ignorado un escrito del que no tenía conocimiento alguno.

Resumiendo: que ni la sentencia dice lo que la alcaldesa pretende que dice, que ni el abogado al que se culpa representaba ya al Ayuntamiento y que, en definitiva, hay que deducir es que si alguien ignoró este escrito de Intersa fue el Secretario Accidental y el nuevo letrado traídos por la propia Alcaldesa. Una pirómana metida a bombera. No mienta más, Sra. Alcaldesa, usted es una perfecta ignorante en temas jurídicos (a no ser que también tenga un título de licenciada en derecho tan oculto como el de economista o como las propiedades que ha adquirido a lo largo de esta legislatura), no se arrogue méritos que no le corresponden y sobre todo deje de tomarnos por idiotas a los monfortinos.











viernes, 30 de diciembre de 2016

Monforte del Cid y los 7 millones de marras.


En estas páginas he escrito en más de una ocasión sobre el alucinante litigio, con un claro trasfondo político partidista, que durante los últimos años han venido manteniendo dos administraciones públicas, el Ayuntamiento de Monforte del Cid y SEPES, en torno al frustrado desarrollo del polígono industrial “Walaig”. Parece curioso y contradictorio, dos administraciones que dicen querer el desarrollo del Polígono, aunque hasta ahora la única que lo ha demostrado con hechos ha sido el Ayuntamiento, y un resultado que no es otro que, tras más de 26 años de gestión, un páramo a medio urbanizar, un enrevesado lío judicial y una empresa, Intersa Levante, que pretende enriquecerse a costa de todo el mundo.

Hace una semanas se conoció el último capítulo del lío judicial: El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Alicante condenaba, en primera instancia, al Ayuntamiento de Monforte del Cid a pagar siete millones de euros a Intersa Levante en concepto de obras realizadas en el polígono industrial de “Walaig”, de  gastos de gestión y de lucro cesante. Y, como era de esperar, ha habido quien no ha sabido reaccionar con inteligencia, frialdad y honestidad intelectual ante la noticia y ha tratado de aprovecharla para arremeter como un elefante en una cacharrería contra los funcionarios, los letrados y los anteriores gobernantes. Mentir, gritar y rasgarse las vestiduras ante una sentencia como ésta puede servir para desahogarse, para encubrir ineficiencias propias o para practicar el habitual sectarismo, pero no es la respuesta seria, templada e inteligente que se espera de un gobernante sólido, con capacidad de análisis y lo que es más importante con liderazgo. Pleitos tengas y los ganes, dice el refrán y de todos es conocido que por más que uno esté seguro de tener la Ley de su parte, cuando se entra en un tribunal puede ocurrir de todo. Dice también otro dicho popular que “Doctores tiene la Iglesia”, pero cuando se trata de analizar una sentencia aquí todo el mundo es doctor en derecho y se permite el lujo de desacreditar a su propio letrado, sin haber leído sus escritos, o de extraer consecuencias de lo más peregrinas como que “a ver cómo se van a pagar las nóminas” (sic), olvidando por supuesto de que se trata de una sentencia recurrible.

Esta sentencia, recurrible por supuesto, condena al Ayuntamiento de Monforte del Cid a pagar siete millones de euros a Intersa Levante por las obras realizadas en el polígono industrial de Walaig, por  gastos de gestión y por lucro cesante. Y lo primero que ignora el juzgador es que Intersa Levante cobró ya por anticipado la totalidad del presupuesto de las obras y lo hizo en terrenos. Intersa Levante se quedó con suelos valorados en decenas de millones de euros que además hipotecó, al conocer el estado del litigio con Sepes, y transfirió esos millones a otra empresa de su grupo por unas supuestas deudas entre ellas. Algo que, por cierto, huele bastante mal y que alguien debería investigar y, en su caso, denunciar. Pero es más, la sentencia parece ignorar que no hay vuelta atrás en el Registro de la Propiedad con la reparcelación anulada en su día y que los suelos adjudicados a Intersa, adjudicados por el valor total de las obras, siguen siendo de ella o de terceros, seguramente los bancos. Por tanto, es evidente que existe un enriquecimiento injusto de Intersa Levante incrementado ahora por esta sentencia.

Y al calor de la polémica no está de más recordar algunas cosas. La primera que la decisión de romper con SEPES, tras 16 años de parálisis del polígono, fue aprobada por todos los partidos políticos de Monforte del Cid un 23 de febrero de 2006. En segundo lugar, la decisión de adjudicar las obras a Intersa Levante fue adoptada por una Mesa de Contratación presidida por Izquierda Unida.  Y, en tercer lugar, que es inadmisible alegar la ignorancia de la existencia de este procedimiento judicial un año y medio después de haber tomado posesión del gobierno y más aún cuando el Juzgado dictó un auto el 26 octubre de 2015 acordando la prórroga de la suspensión y el archivo provisional de este procedimiento que forzosamente hubo de ser notificado al Ayuntamiento.
Es evidente que el desbloqueo de la actual situación judicial del polígono Walaig sólo puede pasar por la negociación política que, por cierto, a punto estuvo de cerrar la anterior Alcaldesa, Antonia Cervera tras sus innumerables viajes a Madrid, con SEPES. Y, es también evidente, que va a resultar muy difícil que esa negociación pueda ni tan siquiera abrirse si una de las partes no es capaz de aunar la discreción y la prudencia y las sacrifica por fugaces réditos periodísticos. Guste o no, sin el PP de Monforte del Cid será muy difícil abrir la negociación con Madrid y para lograr su colaboración y ayuda la mejor manera no es ir agrediéndole verbalmente.

Santiago de Munck Loyola


viernes, 13 de mayo de 2011

SEPES CONTRA MONFORTE DEL CID.

Imaginemos un matrimonio. Llevan 16 años casados. Él se ha quedado con los bienes que ella aportó al matrimonio. No tienen hijos porque él no quiere. La trata mal, la ignora y la desprecia. No la quiere, pero tampoco quiere que ella sea libre. No hay problema. En España, con la Ley en la mano, ella podría obtener el divorcio en pocas semanas y recuperaría sus bienes. Todo ello sin tan siquiera tener que justificar las razones para divorciarse.
Pues bien, en nuestro país es mucho más fácil disolver un matrimonio que un acuerdo o un convenio entre un Ayuntamiento y una sociedad estatal. Esto es lo que le ha venido sucediendo al Ayuntamiento de Monforte del Cid en relación al Convenio que en 1990 suscribió con SEPES. La voluntad del pueblo de Monforte expresada democráticamente por el Pleno del Ayuntamiento ha sido pisada una y otra vez por SEPES a través de argucias legales en los Tribunales de Justicia. Aunque los vecinos de Monforte, por unanimidad plenaria, quieran romper el vínculo que ata a su Ayuntamiento con SEPES, ni esta entidad, ni los Juzgados dejan que, de momento, se rompa.

Dos sentencias han quitado la razón al Ayuntamiento. La primera señala que la ruptura del Convenio con SEPES no se justificó suficientemente y, por tanto, el Convenio sigue vigente. La segunda sentencia adquiere ya carácter de esperpento y vulnera directamente la legislación valenciana del suelo al anular el PAI del Polígono Walaig. En esencia esta sentencia dice que la publicación de la licitación del PAI en los medios designados por la Ley Urbanística Valenciana (el DOGV y el Diario de las Comunidades Europeas) es ilegal porque, además, debería haberse publicado en el BOE, al asimilar el Tribunal la figura del Urbanizador a la de un contrato de obras. Y, para fundamentar esta ridícula sentencia, se basa en la jurisprudencia de una Ley derogada, la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística. Siendo evidente el error de apreciación del Tribunal Superior de Justicia al no apreciar que con la LUV el urbanizador ya no realiza obras sino que las ejecuta el empresario constructor (nueva figura creada por esta ley) y que, por tanto, no es aplicable la publicidad de los contratos de obras, lo más sangrante es la imposibilidad legal de recurrir esta aberración ante el Tribunal Supremo sentando, con ello, un desastroso precedente en todos los procedimientos desarrollados al amparo de la LUV.

Causan sonrojo las declaraciones de los responsables de SEPES al señalar que esta sentencia lo que hace es sancionar (por la omisión del anuncio en el BOE) la falta de publicidad de la licitación hecha por el Ayuntamiento. Hay que tener cara dura para sostener que un anuncio de licitación realizado en el Diario de las Comunidades Europeas y en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana no ha sido público y que, por tanto, ha podido lesionar los derechos de SEPES a licitar. Y más si se tiene en cuenta que SEPES fue notificado individualmente de la licitación. Como puede comprobarse, se ha tratado de una argucia jurídica para paralizar la urbanización del Polígono Industrial, ni más, ni menos.

Dejando al margen el complejo contenido de estas sentencias, lo fundamental son los hechos, sus causas y sus consecuencias. ¿Por qué esta polémica? ¿Qué se ventila aquí para que dos administraciones no se puedan poner de acuerdo para construir un Polígono Industrial?

El Ayuntamiento de Monforte del Cid ha estado atado a SEPES desde 1990 con un convenio suscrito para hacer un gran Polígono Industrial, el Walaig. Después de 16 años, en 2006, el Ayuntamiento decide romper ese convenio por varias razones: no se ha movido un solo metro de tierra; SEPES a través de su Técnico Javier González comunica que la entidad no tiene prisa pues la Ministra Trujillo ha priorizado la construcción de vivienda protegida sobre el desarrollo de suelos industriales; SEPES presenta además un documento por el que pretende vender las parcelas a precio de mercado sin respetar lo establecido en el Convenio que preveía que la entidad se quedaría con el suelo correspondiente al Ayuntamiento para abaratar los precios de venta. Es decir que quedaba claro que SEPES quería dar un pelotazo, que no tenía prisas después de 16 años y, además, que no iba a respetar los acuerdos de regularización de parcelas que años antes había firmado con los industriales ya instalados en aquellos suelos.

El Ayuntamiento rompió el Convenio, aprobó un PAI, lo adjudicó y en dos años ya estaban ejecutadas casi el 40 % de las obras de urbanización, paralizadas ahora por las anteriores sentencias.

La actitud de SEPES responde a varias razones: no quiere perder la ilegal cesión del aprovechamiento municipal recogida en el Convenio de 1990 y que asciende a más de 12 millones de euros; no quiere que se vendan las parcelas a precio tasado porque limita sus beneficios y no quiere que un pequeño Ayuntamiento actúe por su cuenta evidenciando la ineficacia de SEPES para generar con agilidad suelo industrial y sentando un peligroso procedente para otros Ayuntamientos. Pero, es que, además, SEPES no deseaba hacer este Polígono porque necesitaba antes dar salida a suelos industriales peor comunicados, como en el caso de Aspe.

Desde que fue nombrado el último Director General de SEPES no ha respondido a ninguna de las llamadas del Ayuntamiento para negociar y desbloquear la situación.

El 4 de mayo de 2011, un Juzgado de Alicante ha dictado un Auto a instancia de SEPES, en ejecución de las dos sentencias anteriores, desestimando 8 de 11 pretensiones planteadas por SEPES. A pesar del intento de sacar pecho del Secretario General de SEPES, Sr. Couso, el Juzgado se ha limitado a declarar tres peticiones de SEPES ya recogidas en las dos sentencias anteriores: que el convenio de 1990 está vigente, que el PAI está anulado y que Intersa no es urbanizador. De cajón, declara lo que ya ha sido declardo. Sin embargo, el Sr. Couso omite que el Juzgado rechaza todas las demás pretensiones de la entidad estatal: declara vigentes todos los contratos de obra de la urbanización, todas las adjudicaciones de terrenos, todas las ventas de parcelas realizadas, todas las cargas (incluidas hipotecas) sobre las fincas, etc. Es decir, que sigue la misma empresa constructora, que la realidad registral actual sigue vigente, que el Ayuntamiento de Monforte se queda con su aprovechamiento (más de 2.000 millones de Ptas.) y que, además, SEPES debe cumplir el convenio depositando ante el Ayuntamientos los instrumentos necesarios para realizar las expropiaciones que faltan para completar la urbanización, cosa que lleva SEPES 21 años sin cumplir. Si SEPES no recurre este Auto, las obras de podrán reanudar pronto.

Ha sido y es una grave irresponsabilidad poner constantes trabas a la creación de un suelo industrial de primer orden cuando tanto desempleo se extiende por la comarca. SEPES ha venido actuando contra el interés general, representado por el Ayuntamiento de Monforte del Cid, y ha venido supeditándolo a mezquinos intereses especulativos y partidistas. Y, sinceramente, los vecinos de Monforte del Cid y de la comarca no se lo merecen.

Santiago de Munck Loyola