Anda
revuelto el personal con algunas noticias surgidas en los últimos días en torno
a las llamadas externalizaciones de servicios sanitarios, antes llamadas
privatizaciones, en la Comunidad de Madrid. Hay quienes hacen de las privatizaciones
una cuestión de fe, un dogma, como si se tratase de una receta mágica capaz de
deshacer cualquier entuerto. Los radicales de las privatizaciones, al igual que
los radicales de lo público, creen a pie juntillas que su método es el mejor en
cualquier caso, que es una panacea universal aplicable en cualquier
administración y en cualquier circunstancia. El mantenimiento a ultranza de
estos dogmas no pasaría de la categoría de anécdota sobre cerrazones mentales,
sino fuera porque cuando unos y otros ponen la mano sobre la gestión lo hacen,
por regla general, con poca reflexión, con poco análisis de la realidad y con
menos datos aún. No hay recetas universales, cada caso es diferente y la
solución, pública, privada o mixta, dependerá siempre de una correcta
cuantificación de la relación eficacia precio. Sin embargo, cuando las aguas se
revuelven más y cuando de verdad se encienden los ánimos es cuando en torno a
estos procesos aparecen situaciones que, cuando menos, son poco estéticas.
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Y
eso es lo que está ocurriendo en torno al proceso abierto en la sanidad
madrileña. El blanco de las miradas es, ni más ni menos, que el exconsejero de
sanidad de la Comunidad Madrileña, Juan José Güemes. Según se apunta en
diversos medios de comunicación, en el año 2009 el Sr. Güemes puso en marcha la
privatización de la gestión de los análisis clínicos de 6 hospitales y de más
de 250 centros de atención primaria de la Comunidad de Madrid que fue
adjudicada a una UTE, BR Salud. En Marzo de 2010, el Consejero de Sanidad
Güemes dimitió repentinamente. Resultó sorprendente que alguien tan joven, con
una meteórica carrera política fraguada en los pasillos y las relaciones
personales y con un brillante futuro político, abandonase de pronto y se
marchase al sector privado. Ya se sabe que eso es algo muy raro en los lares de
la política española. Pero, de pronto salta otra noticia: en enero de este mismo
año, hace unos días, el 55 % de la UTE a la que fue adjudicada la gestión de
los análisis clínicos por el Sr. Güemes es comprada por otra empresa, Unilabs,
que pertenece al Grupo Carpio. Y, sorpresa, ¿quién pertenece a su Consejo de
Administración? Pues el Sr. Güemes. No cabe la más mínima duda de que todo se
habrá hecho con el más absoluto respeto a la legalidad, en especial, en lo
referente a los plazos sobre incompatibilidades que afectan al Sr. Güemes, pero
tampoco cabe la más mínima duda de que estéticamente es inaceptable porque,
mira por donde, de las miles de actividades profesionales que con tan brillante
preparación podría haber elegido el Sr. Güemes ha ido a recalar en el sector
sanitario y casualmente, dentro del sector, en las empresas que gestionan las
contratas que él mismo promovió. Francamente sospechoso.
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Y
estas cosas pasan, a parte de por culpa de las propias debilidades de la
naturaleza humana, por esa tendencia endogámica de los partidos que les lleva a
situar en puestos de responsabilidad a amiguetes, a conocidos y a familiares
prescindiendo de la cantera de las poderosas organizaciones que dicen poseer. Ya
es casualidad que un poderosos partido con cientos de miles de militantes
siempre termine situando a los mismos o al entorno de los mismos. Cuando se
habla de defender a la familia uno pensaba que se trataba de la institución
familiar y respecto a circunstancias muy diferentes. Y es que esto de la
familia es muy nuestro. Ya Alfonso Guerra nos demostró como un hermano podía
ayudar a la gobernación del Estado con despachito en Sevilla para, tomando unos
cafelitos, agilizar el funcionamiento de la pesada maquinaria administrativa
pública. Era una forma de privatizar, más bien de familiarizar, la burocracia
pública. De su ejemplo tomó buena nota el Sr. Chaves quien desde su largo
período de califato autonómico hizo una ostensible demostración de lo bien que una
gran familia puede servir al interés general. ¿Y en la Comunidad Valenciana?
Pues también tenemos grandes ejemplos de lo que se entiende por gestión privada
y familiar de las instituciones públicas. Desde el Ayuntamiento de Alicante
hasta las Cortes Valencianas puede seguirse el rastro de este principio de la
defensa de la familia. Mira que hay gente capacitada en el Partido Popular para
desempeñar con eficacia cargos públicos, pues, nada, hay personas que a sus
impresionantes cualidades personales deben unir un carisma especial que les
hace acreedores del escaño, por ejemplo, y no por que casualmente sean hijos
del ex.alcalde de la ciudad, no, no piense mal el lector. Seguramente se trata
de una cuestión de genética política. Debe haber algún gen oculto que potencie
la proliferación de cargos políticos en el seno de una misma familia.
Ahí
tenemos el caso, por ejemplo, de la Sra. Esposa del Sr. Güemes, la inefable
diputada popular Dª Andrea Fabra, bisnieta, nieta, e hija de Presidentes de la
Diputación de Castellón, que se dice pronto. Con ese acervo genético, además de
hacerse famosa por su entrañable “que se jodan”, la esposa del Sr. Güemes ya lo
era por ser asesora, a los 24 años, del Secretario de Hacienda. Y me pregunto
¿Qué clase de Secretario de Hacienda nombraron que necesitaba una asesora de 24
años con la carrera recién terminada? ¿O es que era un amiguete de papá?
Después, con 31 años, ya era senadora. ¡Qué potencia genética! El asunto merece
un estudio científico, de verdad. Y lo tenemos a tiro. Seguro que en los
estupendos laborarotorios para los que trabaja su señor marido podrían realizar
ese estudio genético político. Quizás así, los que pensamos que el acceso a los
cargos públicos en nombre de los partidos debería hacerse de acuerdo con criterios
democráticos y bajo los principios de mérito y capacidad podríamos salir de
nuestro craso error y asumamos de una vez que con buenos genes se llega a
cualquier escaño. ¡Qué pena!
Santiago
de Munck Loyola
