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miércoles, 7 de noviembre de 2018

Hipotecas: negocio bancario y festín recaudatorio.



La insólita actuación del Tribunal Supremo sobre quién ha de pagar el impuesto de actos jurídicos documentados tras constituir una hipoteca a parte de provocar perplejidad y en muchos casos indignación debería servir para que nuestros dirigentes políticos actuasen con responsabilidad y abordasen de una vez los problemas de fondo. Sin embargo, tras conocer las primeras reacciones de los partidos políticos todo parece indicar que, una vez más, no va a ser así. Conviene analizar lo ocurrido en su contexto exacto para no sacar conclusiones precipitadas ni ceder ante propuestas engañosas y populistas. Porque el problema de fondo no es quién paga este impuesto, sino si dicho tributo tiene razón de existir.

El Tribunal Supremo, de forma muy chapucera evidentemente, no ha hecho otra cosa que mantener y ratificar la jurisprudencia de más de 20 años interrumpida recientemente por tres sentencias. No hay que olvidar que la Ley objeto de tanta controversia cuya interpretación lleva años desembocando en el Tribunal Supremo fue aprobada por un Gobierno del PSOE en los años 90 y ningún gobierno posterior, socialista o popular, la ha modificado a pesar de que se imponía al comprador de la vivienda correr con el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados. Este impuesto es recaudado por las Comunidades Autónomas y su gestión quiebra, una vez más, el principio de igualdad entre los españoles al fijar cada Autonomía la cuantía del impuesto. Una hipoteca en Madrid paga menos impuestos que en Andalucía, por ejemplo. Si este impuesto existe y si los obligados a su pago somos los ciudadanos no es responsabilidad del Tribunal Supremo cuya función es en este caso interpretar la Ley, sino los políticos, los legisladores que no han querido resolver la situación durante más de 20 años.

El contexto social y económico en el que vivimos obliga a plantearse otra cuestión muy importante cual es la consideración del derecho al acceso a la vivienda. De forma cíclica nos encontramos en la agenda de la actualidad las enormes dificultades existentes para acceder a la compra de la vivienda. En un contexto como el actual, salarios bajos y temporales, con dificultades para el acceso de los jóvenes a trabajos estables y justamente remunerados, con burbujas inmobiliarias, encarecimiento del suelo y escaso mercado de vivienda protegida es inadmisible que el Estado y las Autonomías aprovechen el acceso a la primera vivienda para hacer caja a costa del hipotecado. Lejos de favorecer el acceso a la primera vivienda, ningún dirigente político plantea la distinción entre la primera vivienda y las demás. Todas las viviendas, sea cual sea su finalidad, sólo es considerada como objeto de recaudación fiscal múltiple: el IVA, el ITP, el IAJD, el IBI, el IRPF, la plusvalía, etc. Todas las administraciones quieren sacar tajada dando igual la idea de progresividad fiscal, de doble imposición o la de cualquier concepto de justicia fiscal. De modo que al comprar la primera vivienda hay que añadir a su precio de compra entre un 10 y un 15 % en tributos.

Por eso llama mucho la atención la reacción de los distintos partidos con representación parlamentaria ante la situación creada por la decisión del Supremo de confirmar su jurisprudencia al respecto. Prácticamente todos se han apuntado a las soluciones fáciles y presumiblemente más agradables al oído de los ciudadanos, pero algunos especialmente se han apuntado a la demagogia populista de la peor especie y quieren incendiar las calles con una falta total de escrúpulos. El Doctor Sánchez ha anunciado hoy mismo un decreto ley para hacer que sean los bancos los que paguen este impuesto y apela a la “bondad” de los bancos para que no lo repercutan a los clientes. ¿Es tonto o qué? No existe mecanismo legal para impedir que las entidades financieras repercutan finalmente, de una forma u otra, esos costes en sus clientes. El hipotecado seguirá pagando el impuesto aunque sea indirectamente. Pero es que, además, es especialmente llamativo que los socialistas con el apoyo de los podemitas hayan subido este impuesto al tipo máximo en Aragón. Si te parece injusto que el ciudadano tenga que pagar el impuesto ¿Por qué aplicas el tipo máximo en vez del mínimo?

Si de verdad queremos en España facilitar el acceso a la primera vivienda hay que empezar por reducir la presión fiscal sobre la misma. Todo el mundo coincide en que la vivienda es un bien de primera necesidad y, por tanto, no puede seguir siendo una vaca lechera para cada administración pública. La primera vivienda adquirida con una hipoteca debe tener hoy un tratamiento fiscal absolutamente diferenciado: debe tener una fiscalidad igual en cualquier región de España, con un IVA reducido, con gastos constitutivos de la hipoteca tasados y sin impuesto de transmisiones patrimoniales o de actos jurídicos documentados en su caso.

Hoy en día no está sólo en juego el prestigio del Tribunal Supremo por su torpe actuación. Está en juego la credibilidad política de unos dirigentes políticos cuyos magnánimos propósitos para con los ciudadanos pocas veces coinciden con sus actos. Y así nos va.

Santiago de Munck Loyola


miércoles, 14 de enero de 2015

Con Sonia y Paco, por la dación en pago y la condonación de la deuda.

Desde el pasado 5 de enero, un matrimonio alicantino, Sonia y Paco con dos niños pequeños, permanecen acampados ante la oficina del BBVA de la Avenida Alfonso el Sabio, junto con los miembros de la Plataforma Stop Desahucios de Alicante, para exigir a esta entidad financiera la condonación de la deuda que les reclama a pesar de haberlos desahuciado y de haberse quedado con su casa y cuya cuantía exacta ha permanecido durante mucho tiempo en el limbo de inexactitudes y ocultaciones del banco a la pareja y a sus representantes.

La vivienda de esta pareja costó 119.000 euros, durante 7 años pagaron sus cuotas hipotecarias por importe total de 40.000 euros. Se quedaron en el paro, como tantos millones de españoles y renegociaron la hipoteca con el banco. Cuando ya no pudieron seguir haciendo frente a los pagos, ofrecieron la dación en pago y el BBVA rechazó esta opción. El banco ejecutó la hipoteca, se quedó con la vivienda por 34.000 euros y los puso en la calle. Después les reclamó una deuda de 105.000 euros y procedió a embargar la pensión de los padres de Sonia que habían sido avalistas en la hipoteca y que constituía prácticamente el único ingreso familiar para la subsistencia de 6 personas.



Se trata de una situación familiar dramática que pone de manifiesto, una vez más, que este Gobierno, al igual que el anterior, ha sido incapaz de prevenir y abordar estas situaciones con una profunda reforma de la legislación hipotecaria desde la perspectiva del interés del ciudadano y no de las entidades financieras. No se debería olvidar que la concesión de hipotecas es un simple negocio de los bancos que, en esencia, implica que ellos valoran y tasan la vivienda y sobre ese valor prestan el dinero. Y en caso de impago, es la vivienda la que garantiza el pago, la que debe responder por ese incumplimiento. Es evidente que siempre la vivienda vale o debería valer más que el dinero prestado y, por tanto, que adquiriendo la propiedad de la misma el banco está 0 debería estar más que saldada la deuda. Sin embargo, durante los últimos años es público y notorio que de una parte los bancos dieron en ocasiones más dinero del necesario realizando para ello tasaciones inmobiliarias por encima del valor del bien a hipotecar. Y de otra, la crisis y la recesión, en gran parte originada por las malas prácticas de las propias entidades financieras, han implicado una bajada importante del valor de los bienes inmobiliarios, de las viviendas. En todo caso, es evidente que la responsabilidad ante una posible pérdida de dinero por la diferencia entre el dinero prestado y el valor actual del bien es del banco, no del cliente, del ciudadano y por tanto tiene que ser la entidad financiera la que soporte la pérdida. Son así los negocios, unas veces se gana y otras se pierde. Lo que no es de recibo es pretender ganar siempre haciendo trampas. Porque por muy legal que sea usar un valor del bien hipotecado, el del momento de la concesión o el del momento presente, según convenga es una trampa moral y ética.

Estamos ante unas prácticas bancarias inadmisibles. Ni este gobierno, ni el anterior, han sido capaces de priorizar el interés del ciudadano. El drama de Sonia y de Paco es el drama familiar de miles de españoles que a la pérdida de la vivienda habitual tienen que sumar la losa de una deuda añadida que hará muy difícil que puedan volver a empezar una nueva vida.

Los ciudadanos tenemos la solución en nuestra mano. Los bancos no son nada sin nosostros, los clientes, al igual que los partidos no son nada sin nosotros, los votantes. Tenemos la obligación ética y política de traducir la indignación que nos provocan hechos como este en actuaciones individuales solidarias y concretas. "Usted, banco, sigue abusando y aplastando a sus clientes, pues no cuente conmigo, me cambio de entidad bancaria". "Usted, gobernante, sigue legislando a favor de los bancos, pues no cuente con mi voto". 

Hay que denunciar el abuso de situación dominante que las entidades bancarias ejercen de modo implacable sin ningún tipo de sensibilidad social y humanitaria. Y hay que denunciar a quienes consienten que las leyes, a pesar de las últimas reformas, sigan estando al servicio de los poderosos y no de los ciudadanos.

Hace falta una profunda reforma de la legislación hipotecaria y de los demás instrumentos legales pertinentes con el fin de establecer como opción al servicio del ciudadano la dación en pago con la consiguiente liquidación de la deuda hipotecaria y la asunción en  exclusiva por parte de las entidades financieras de los riesgos derivados de su mala praxis en las operaciones de tasaciones hipotecarias y de los riesgos de las posibles depreciaciones de los precios del mercado inmobiliario. Y hace falta igualmente, como en otros países de nuestro entorno, el establecimiento de una renta familiar mínima por debajo de la cual no se pueda producir un desahucio aunque el banco adquiera la propiedad de la vivienda tras la ejecución de la hipoteca.

Santiago de Munck Loyola
http://santiagodemunck.blogspot.com.es

miércoles, 16 de noviembre de 2011

Pobre España pobre.

No hace muchas horas, en los informativos de una cadena de televisión se podían ver unas imágenes en las que aparecían unos ancianos que esperaban a que se sacaran a la calle los contendores de la basura de un restaurante para registrarla y sacar comida para llevarse a casa. Después de coger lo que podían aprovechar, volvían a meter en los cubos la basura que no les servía. No eran éstas las únicas escenas de este estilo que últimamente se han podido ver en las televisiones. Cada vez son más los casos de gente que tiene que buscar en la basura para poder comer. Desempleados y jubilados, gente que hasta no hace mucho podía, con más o menos dificultades llegar a fin de mes, hoy ya no puede hacerlo. Los comedores sociales de Caritas, de esa Iglesia tan denostada por algunos, no dan ya  abasto, se han quedado pequeños. En nuestro país ya hay 1.425.200 familias en las que todos sus miembros están en paro y sin ingresos. El 4,3 por ciento de los españoles con 65 o más años se encuentra en estado de desnutrición y el 25,4 por ciento se halla en riesgo de padecerla. En 2011 más de 100.000 familias perderán su vivienda. Todos los datos estadísticos señalan que hoy muchos más pobres en España que en 2004 y que la brecha entre los ricos, que son más ricos que en 2004, y los pobres se ha agrandado de forma notable. Esta es la realidad que estamos viviendo, la realidad que existe en nuestras calles a pesar de la casi paradisíaca imagen que, salvo excepciones, nuestros medios de comunicación transmiten. Pan y circo para los que aún no les ha tocado la crisis. Entretenimiento, fútbol, chismorreos del corazón y banalidades para huir de una realidad estremecedora.

Que un país como el nuestro permita que muchos de sus ancianos, tras toda una vida de trabajo y esfuerzo, tengan que rebuscar en la basura para comer no tiene vergüenza. Que una sociedad como la nuestra atiborrada de estandartes y lemas sociales, tan grandilocuentes como huecos, abandone a su suerte a tanta gente no es digna de respeto.

No estamos hablando de cualquier país, no. Estamos hablando de España, de nuestro país, de nuestras ciudades, de nuestras calles, de nuestros vecinos o de nosotros mismos. Hemos construido dos mundos, dos realidades diferentes que compartiendo tiempo y espacio se rehúyen. La España oficial, la que se refleja en la inmensa mayoría de los medios de comunicación, la de la clase política y la de una gran parte de la sociedad española, instalada con mayor o menor comodidad, que prefiere mirar a otro lado. Y la España de los comedores sociales, del hambre y el frío, de los desalojos y el abandono que no es escuchada normalmente.

A la primera España pertenece la segunda mayor flota de coches oficiales del mundo porque nuestra clase política no usa su vehículo privado o los medios de transporte público para ir a trabajar, a cumplir sus obligaciones. A la primera España pertenecen los miles de asesores que necesitan nuestros políticos para intentar hacer aquello por los que les pagamos. De esa España forman parte las indemnizaciones millonarias de los banqueros que se embolsan tras vaciar las entidades financieras que tenían a su cargo y que los demás saneamos con nuestros impuestos. A la misma pertenecen las SICAV, las pensiones de oro de los políticos, los dobles y triples sueldos disfrazados y con origen en la caja pública, los privilegios en las pensiones, los más de 100.000 teléfonos móviles pagados con dinero público y sin control de uso alguno, los cientos de millones de euros en subvenciones repartidos entre partidos políticos y sindicatos, los ERES fraudulentos, las obras públicas inútiles que no hay quien mantenga tras su inauguración, los privilegios recaudatorios de la SGAE, los pelotazos urbanísticos, las burbujas inmobiliarias y financieras, las primas de riesgo y su “santa” madre…

Entre una y otra España hay un gran muro, un muro de la vergüenza que es negado e ignorado, pero que ahí está. Y la clase política, en la medida que se afianza, olvida cada vez más una realidad que no le gusta o, lo que es peor, que no conoce. En el fondo, la clase política sólo es un producto, un reflejo de la sociedad que la genera, la encumbra y la tolera. Una sociedad anestesiada e insensible sólo puede generar una clase política igual de anestesiada e insensible.

Hoy mandan los mercados, los especuladores y la clase política hace lo que sea menester para tranquilizarlos. Si hace falta hasta se cambian gobiernos sin que el pueblo vote siquiera. Y si hay que reducir gastos porque no se puede seguir gastando más de lo que se tiene, se empieza siempre aplicando unos retoques cosméticos a cuanto afecta a la propia clase política (ejemplaridad dicen) y se continúa con cirugía de campaña, sin anestesia, para los demás. Y así no se puede seguir por mucho tiempo. Torres más altas han caído.

Santiago de Munck Loyola

viernes, 7 de octubre de 2011

Por la dación en pago, ahora o nunca.

El Consejo General del poder Judicial acaba de hacer públicos los datos relativos a los desahucios del primer semestre del presente año. Los datos son estremecedores: más de 30.000 nuevos procedimientos, es decir, un 28,5 % más que en el mismo período del año 2010. 30.000 familias españolas más que pierden sus casas y lo que es peor, en la mayoría de los casos, pierden sus casas y siguen manteniendo deudas millonarias con las entidades financieras que se quedan con sus viviendas (http://www.eleconomista.es/economia/noticias/3433226/10/11/vivienda-los-desahucios-crecen-un-285-en-el-primer-semestre-hasta-los-32010-procesos.html ).

Hace ya varios meses que el Congreso de los Diputados rechazó la iniciativa para que la deuda hipotecaria de las familias que no pueden hacer frente a sus obligaciones económicas con el banco pudiera ser saldada con la entrega de la vivienda ( http://santiagodemunck.blogspot.com/2011/02/me-parece-asombroso-y-me-produce.html ). Nuestros representantes parlamentarios decidieron que la dación en pago no era buena idea porque con ello se ponía en peligro la solidez de nuestro sistema financiero y que, por tanto, era preferible que los españoles afectados no sólo perdieran su casa sino que, además, una vez en la calle, siguieran siendo deudores de los bancos de modo que tuvieran muy difícil, por no decir imposible, poder reiniciar su vida y conseguir una nueva vivienda. Así de claro, los representantes de los ciudadanos se pusieron del lado de los bancos, de los poderosos, y no de sus representados en un ejercicio de inmoralidad política sin precedentes.

No me cabe la más mínima duda de que la decisión del Congreso de rechazar la dación en pago supone perpetuar un sistema profundamente injusto e inmoral diseñado a la medida del capital, del beneficio sin escrúpulos de los bancos. Las entidades financieras, los bancos son empresas que buscan el máximo beneficio para sus accionistas y, por tanto, en un sistema de libre mercado deben estar sujetos a los mismos riesgos a los que se somete cualquier empresario. Si uno monta un negocio y no tiene suerte o lo gestiona mal o no hace bien los deberes pierde y no hay red para la caída. Es el libre mercado, se puede perder o ganar. Pero no ocurre lo mismo con los bancos, con las entidades financieras que tienen una excelente red para las caídas sujetada con mimo y fuerza por la clase política. Si en plena crisis se pone de manifiesto que los bancos han hecho mal sus deberes con las hipotecas concedidas, les toca perder, al igual que le ocurre a todo el mundo. Si los bancos han sobrevalorado los bienes para prestar más dinero y, por tanto, ganar más y ahora resulta que dichos bienes valen menos de la tasación que en su día hicieron, les debe tocar perder al igual que le toca perder a todo empresario que ha metido la pata.

Pero no, nuestra clase política ha decidido que no sea así, ha decidido, amparándose en grandilocuentes argumentos, que los bancos no sólo no pueden perder sino que, además, deben seguir obteniendo beneficios a costa de las familias sin recursos de modo que las entidades financieras se quedan con la vivienda y, además, con un desorbitado crédito a las espaldas del desahuciado. Más inmoral no se puede.

Claro que, bien pensado, la culpa la tenemos los ciudadanos porque, por una parte, somos incapaces de ponernos de acuerdo para boicotear a aquellas entidades financieras que se están aprovechando de la crisis para hacer caja, a aquellos bancos que, además, retribuyen escandalosamente a sus directivos y, por otra parte, somos incapaces de exigir a la clase política, a los partidos políticos que acaben de una vez con esta insostenible situación.

Las elecciones del 20 de noviembre son una excelente ocasión para exigir a los partidos políticos, a todos, que incluyan en sus programas el compromiso de hacer realidad la dación en pago de la vivienda para poder permitir que miles de familias españolas puedan rehacer sus vidas. Tenemos los instrumentos y la oportunidad para exigirlo. Yo, desde luego, me apunto.

Santiago de Munck Loyola


viernes, 26 de agosto de 2011

La confusión ideológica y la pérdida de identidades.


Cuando se examina la trayectoria del PSOE durante estos últimos años y la naturaleza de muchas de las iniciativas y medidas políticas que ha ido poniendo en marcha su gobierno es difícil encontrar cierta coherencia ideológica y una identidad clara respecto a lo que implica su teórico posicionamiento político y social. De un partido socialdemócrata o simplemente de izquierdas se esperan acciones de gobierno que respondan a esas etiquetas. Sin embargo, no ha sido siempre así durante el mandato del Sr. Rodríguez Zapatero. Habrá quien lo intente justificar aludiendo a los estrechos márgenes de actuación que una economía globalizada y dependiente imponen pero lo cierto es que, aún dentro de esos márgenes, cabía esperar la adopción de signos y medidas que respondiesen a una identidad ideológica concreta. Bien es cierto que, en determinados aspectos políticos, sí se ha producido esa esperada coherencia, pero en lo relativo al desarrollo de la cohesión social o a la consecución de una mayor justicia social no ha sido así.
Olvidado ya el internacionalismo proletario y sustituido por el imperialismo bancario, se ha renunciado a la propia cohesión jurídica y social nacional para afianzarse en el particularismo aldeano. Hoy, los ciudadanos españoles no gozan de iguales derechos, pese al mandato constitucional, en los diferentes territorios que componen la nación. Esto es perfectamente constatable en los derechos a determinadas prestaciones sanitarias que varían en función de cada autonomía.
El Art. 31.1 de la Constitución, constantemente ignorado en las diferentes decisiones tributarias que se han venido adoptando, señala que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Es evidente que el principio de igualdad ha desaparecido desde el momento en que los ciudadanos tributamos en diferente cuantía según nuestra Comunidad Autónoma. Pero lo que más llama la atención es que el principio de progresividad, es decir, una mayor tributación según la mayor  capacidad de pago, ha sido constantemente ignorado por un Gobierno y un partido de izquierdas. El concepto de progresividad fiscal, tan denostado por los ultraliberales, no es un capricho, es un mandato constitucional cuya inclusión en los debates constitucionales se promovió desde la izquierda.
Un ejemplo de la ignorancia de este principio lo acaba de proporcionar el Gobierno con la reducción del IVA en la adquisición de viviendas nuevas. La medida adoptada consiste en rebajar de un 8 a un 4 % el IVA que hay que pagar el comprar una nueva vivienda independientemente de la capacidad del contribuyente. Hay quien afirma que esta medida ha sido un nuevo favor a los bancos cuyo excedente de viviendas ha aumentado en exceso como consecuencia de la crisis. El Gobierno socialista ha pensado, una vez más, en los bancos y no en las necesidades de los ciudadanos. Es un problema, al parecer, que los bancos en el año 2010 hayan obtenido un beneficio neto de solo  14.940 millones de euros. No lo es tanto que muchos millones de españoles no tengan vivienda en propiedad, especialmente los que tienen edades comprendidas entre los 26 y los 45 años. La bajada del IVA beneficia a los bancos y a todos los españoles que quieran comprar una nueva vivienda, pero sin distinciones. Es decir que el beneficio es igual para todos, ya se trate de comprar la primera vivienda o una segunda, tercera o décima vivienda. Pensar en resolver el problema del stock de viviendas de los bancos, reactivar el sector de la construcción y ayudar simultáneamente a quienes necesitan comprar su primera vivienda debería haber llevado, desde la óptica de la progresividad, a una medida diferente. Por ejemplo, rebajar el IVA al tipo marginal para quien quiera comprar su primera vivienda y aumentar el IVA a los que quieran ir aumentando su patrimonio con las compra de más viviendas.
No es este el único caso de la ausencia de progresividad o de justicia social. Dar un cheque-bebé a todo el mundo por igual, independientemente de que el perceptor esté en el paro o posea una fortuna, fue tremendamente injusto. Ahora no hay dinero ni para unos ni para otros. Como injusto y anti social fue la decisión parlamentaria de situarse a favor de los bancos y no de los ciudadanos en el tema de la dación en pago de las viviendas en los litigios hipotecarios. Y al igual que estos casos, se podría ir desgranando todo un rosario de decisiones políticas y sociales que no responden, ni tan siquiera, a los principios rectores de nuestra Constitución. O bien no la conocen, o bien han desaparecido los principios ideológicos o bien los mercados y las encuestas han acabado con la identidad ideológica de nuestros gobernantes.
Santiago de Munck Loyola

martes, 22 de febrero de 2011

EJECUCIONES HIPOTECARIAS: LA CLASE POLÍTICA CON LA BANCA.

Me parece asombroso y me produce vergüenza que hoy el Pleno del Congreso haya rechazado por amplia mayoría la propuesta de IU e ICV para que las hipotecas puedan ser saldadas mediante la entrega de la vivienda al banco.

http://www.diarioinformacion.com/economia/2011/02/22/congreso-rechaza-saldar-hipoteca-entregando-piso/1098025.html

Tanto PSOE como PP y las minorías nacionalistas han unido su votos para rechazar esta loable y necesaria propuesta sin ofrecer una alternativa que venga a paliar o a solucionar el grave problema al que solo el año pasado se han tenido que enfrentar más de 100.000 familias. Para este año se esperan más de 300.000 embargos. Y lo han hecho argumentando cada formación política las más diversas y peregrinas razones. Para el Portavoz Popular esta iniciativa es rechazable porque vulnera las competencias autonómicas provocando "más gasto, más déficit y más intervencionismo". Y se ha quedado tan fresco este nuevo adalid del estado autonómico. Habría que replicarle que si la actual configuración del estado autonómico impide solucionar el problema de la vivienda de cientos de miles de familias españolas ahogadas por la crisis, a hacer gárgaras el estado autonómico. Con similares argumentos han rechazado la iniciativas los nacionalistas vascos y catalanes. Era de esperar. Y en cuanto a la Portavoz socialista resulta difícil entender sus motivos, pero baste señalar que también se ha opuesto. En definitiva, que los representantes de la banca, perdón, de los ciudadanos se han alineado claramente, con un pretexto u otro, con las instituciones financieras y una vez más han sido incapaces de ofrecer una solución a miles de familias.



El sentido común dice que la banca es un negocio y que, como tal, no está exento de riesgos. Unas veces se gana y otras se pierde. Ésa es la esencia de los negocios y en la existencia de riesgo se justifica la generación de ganancias. Cuando un banco presta dinero y pide como garantía de la devolución del dinero la vivienda, debería bastar con ésta para saldar la deuda. Pero no, no es así en nuestro sistema. Los bancos siempre ganan y lo hacen con la inestimable ayuda de los políticos. El más elemental sentido de la justicia señala a cualquier persona decente que debería ser suficiente con entregar la garantía del préstamo, la vivienda previamente tasada y valorada por el banco, para saldar la deuda en caso de una imposibilidad sobrevenida de pago. Si el banco ha sobrevalorado la vivienda es su problema. Si la vivienda se ha depreciado, es su problema. Unas veces se gana y otras se pierde. Es el riesgo que deberían asumir las instituciones financieras. Y como parece que no sólo no es así, sino que además de perder la vivienda muchos se ven con que siguen debiendo dinero al banco es evidente que nos encontramos con una legislación profundamente inmoral e injusta. Y ante ese tipo de leyes y ante unos parlamentarios alineados con la banca sólo hay una salida posible, la desobediencia civil. Y no hace falta remontarse a los clásicos del derecho para justificarlo. El sentido de la decencia es suficiente.



Santiago de Munck Loyola