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lunes, 2 de julio de 2018

Al Sr. Sánchez, adalid del expolio fiscal.



Sr. Sánchez:

Acaba de hacer pública su intención de subir los impuestos en España para “mejorar el Estado del Bienestar” y se pregunta "¿Queremos tener un sistema fiscal de tercera para tener un Estado de bienestar de primera?, no es posible". Y uno no tiene más remedio que preguntarle a usted, para empezar, si cuando se presentó a las elecciones generales como candidato a la Presidencia del Gobierno y las perdió ¿Había prometido en su programa electoral subir los impuestos o lo contrario? Desde luego, lo que es patente, por reciente es que en sus intervenciones en el Congreso de los Diputados en la moción de censura no hizo la más mínima referencia a subir los impuestos de forma indiscriminada al conjunto de los ciudadanos.

Mire Sr. Sánchez es de manual: un incremento de la presión fiscal en un momento como el actual de recuperación económica y de precaria creación de empleo va a suponer un frenazo para la economía: a menos dinero disponible en la iniciativa privada, menos inversión, menos creación de empleo, menos recaudación fiscal y más gasto social. La calidad de un sistema fiscal, si es de primera, de segunda o de tercera, no se mide por la cantidad bruta de recaudación, sino por otros parámetros como son la eficiencia de la administración para recaudar, esto es lo que se gasta hacienda para recaudar el dinero de los ciudadanos (y es evidente que en el caso del IRPF la relación gasto ingreso denota una gran ineficiencia) o la simplicidad y equidad en las figuras impositivas. Un sistema fiscal en el que la clase media soporta el 70% de la recaudación del IRPF no es de primera. Y fíjese en EEUU, por ejemplo, el 1% de los contribuyentes más ricos aporta el 39% de la recaudación del IRPF mientras que en España ese 1% sólo aporta el 19%.

Sr. Sánchez, al día de hoy, cada trabajador español paga cerca del 65% de su salario en impuestos.  Es decir, que de cada 100 euros ganados el Estado se lleva 65 euros de los que 27 euros se dedican a pensiones, educación y sanidad mientras que los 38 euros restantes se destinan a mantener el chiringuito.

Todos los españoles queremos un Estado de Bienestar de primera, resulta obvio. Pero para mejorar nuestro estado de Bienestar no es preciso esquilmar más a los contribuyentes y en especial a la clase media con más impuestos. ¿No se ha planteado usted que, a lo mejor, lo que tiene que hacer el Estado es gastar menos y gastar mejor? Porque resulta evidente que existen muchos gastos públicos que no sólo no contribuyen a mejorar la calidad del estado de Bienestar, sino que además lo ponen en peligro de subsistencia.

A título de ejemplo lo que no contribuye a mejorar el Estado de Bienestar y lo pone en peligro es:

  • Mantener 17 administraciones autonómicas duplicando muchas competencias estatales, que rompen la igualdad de derechos y obligaciones de los españoles, que padecen diarrea legislativa dificultando el crecimiento económico y la unidad de mercado.
  • Sostener un sistema de privilegios de la clase política en materia tributaria y de seguridad social: pensiones privilegiadas, autoasignación de sueldos escandalosos, beneficios sociales.
  • Extender las prestaciones sanitarias a extranjeros irregulares mientras se mantienen las listas de espera o mientras prestaciones básicas como la atención buco dental siga siendo claramente insuficiente.
  • Oponerse como usted ha hecho a la existencia de una tarjeta sanitaria única y no 17.
  • Pagar pensiones no contributivas a 100.000 extranjeros.
  • El fraude de 3.000 millones de euros en los cursos de formación y los 1.200 millones de euros en el caso de los EREs, ambos responsabilidad de su Partido a los que hay que sumar varios cientos de millones de euros más de los casos de corrupción en los que el PP, Convergencia y Unió y otros partidos han estado implicados.
  • Mantener a cerca 15.000 delincuentes extranjeros en prisión en vez de expulsar a la mayoría de ellos a sus países de origen.
  • Facilitar ayudas económicas a inmigrantes ilegales que en ocasiones superan en cuantía a las ayudas que perciben los ciudadanos españoles.
  • Destinar anualmente cientos de millones de euros a subvencionar a los partidos políticos, sindicatos y patronales.


Y la lista de hechos y problemas que ponen en riesgo la permanencia del estado de bienestar puede ser muy larga. Así que no nos venga con cuentos, Sr. Sánchez. Para mejorar el estado de bienestar y para garantizar su existencia no hace falta que nos cobre más impuestos a los sufridos contribuyentes. Lo que hace falta es que la clase política tenga el valor y la decencia de trabajar seriamente para corregir todos los gastos y desequilibrios económicos, territoriales y sociales que generan tal cantidad de gastos que hacen inviable el sostenimiento del propio Estado. Simplezas las justas, Sr. Sánchez. No nos siga tomando por tontos.

Santiago de Munck Loyola


lunes, 7 de mayo de 2018

Ni un paso más atrás.


Si hay un bien de incalculable valor que poseemos los ciudadanos españoles, ése es precisamente el idioma español. Es la segunda lengua del mundo por el número de personas que la hablan como lengua materna tras el chino mandarín, la hablan 572 millones de personas y puede ser considerada la tercera lengua del mundo por el total de hablantes tras el chino y el inglés. El español es la tercera lengua más usada en la comunicación internacional después del inglés y del francés, siendo la tercera lengua más utilizada para la producción de información en los medios de comunicación​ y también la tercera lengua con más usuarios de Internet, tras el chino y el inglés. 

Sin embargo, en España no sólo no cuidamos debidamente este tesoro especialmente maltratado en muchos medios de comunicación, sino que además en muchas Comunidades Autónomas determinados políticos han convertido al español en una pieza de caza a abatir.

A lo largo de las últimas décadas, los independentistas, los enemigos de la nación española, han ido construyendo un relato falso de la historia y presentan día a día una visión igualmente distorsionada del presente para inculcar en el imaginario colectivo la singularidad comunitaria, el victimismo y, consecuentemente, la necesidad de la independencia. Han sido décadas en las que, de una parte, el control de la educación, cedido por el Estado, ha sido determinante para moldear a las nuevas generaciones y, de otra, el control de los medios de comunicación regados con ingentes recursos públicos ha servido para difundir un mensaje permanente al servicio de su causa.

Y en este contexto el uso del idioma ha sido clave para construir un relato sectario y una nueva realidad acomodada a los objetivos políticos separatistas. La progresión en la existencia de unos más que discutibles conflictos lingüísticos ha sido perfectamente diseñada siguiendo una lógica y progresiva estrategia de reivindicación, confrontación y, finalmente, de exclusión del español como lengua común de todos los ciudadanos.  Mientras que el uso de los idiomas como instrumento de confrontación ha sido perfectamente instrumentalizado por los separatistas, las demás fuerzas políticas y la mayoría de la población han ido cediendo posiciones en aras de una malentendida corrección política e incluso de supuesto progresismo. Lo que ocurre en España en torno al español es inconcebible en ninguno de los países de nuestro entorno. Nadie en su sano juicio admitiría que en Francia, en Italia, en Portugal o en Alemania no se pueda estudiar en la lengua materna, que el estado, a través de las autonomías, imponga en los estudios el uso vehicular un idioma regional. Si le cuentas a un británico que hay territorios españoles en los que un médico no puede pertenecer a la sanidad pública si no habla catalán no saldrá de su asombro. Paso a paso, territorio a territorio, los separatistas avanzan. Primero Cataluña, Galicia, País Vasco, Navarra, luego las Baleares y ahora le toca a la Comunidad Valenciana.

Por todo ello, hoy más que nunca es necesario proteger el español y es necesario hacerlo no sólo frente a los separatistas que pretenden arrinconarlo, sino también frente a quienes por dejadez o por sumisión se pliegan a los dictados de los primeros. Y esa defensa pasa no sólo por exigir el derecho a elegirlo como lengua vehicular en cualquier parte de España o por impugnar las imposiciones legales que priman las lenguas regionales en el acceso a la función pública, sino también por combatir hasta los más pequeños detalles como puede ser la rotulación de las vías públicas e, incluso, el correcto uso del español por parte de los medios de comunicación. Nos hemos llegado a acostumbrar a que en el uso del español se incluyan palabras en catalán o valenciano no sólo en lo referente a los topónimos, sino también en la denominación de las instituciones. Los políticos podrán legislar que el nombre oficial de Guipúzcoa es ahora Gipuzkoa o el de Lérida Lleida, pero cuando uno se expresa en español seguirán siendo Guipúzcoa y Lérida. Del mismo modo, el Síndic de Greuges es el Síndico de Agravios, el Conseller es el Consejero y la Generalitat, la Generalidad. Y no puede servir de excusa el que las denominaciones oficiales sean en valenciano. Igual de ridículo debería ser que un periódico titule que la “Queen Isabel sale de London” a que titule que “La Consellera de Sanidad de la Generalitat desoye al Síndic de Greuges”. Es hora de levantar la cabeza, de abandonar complejos y de reivindicar el valor de nuestra lengua común.

Santiago de Munck Loyola


miércoles, 31 de enero de 2018

La Constitución, el independentismo y Alicante (segunda parte).

Todos somos conscientes de que el problema territorial exige un pacto de Estado y una reforma de la Constitución. Sin embargo no existe el más mínimo consenso entre las principales fuerzas políticas sobre la dirección que ha de tomar dicha reforma constitucional y es evidente que no existe más que una alternativa con dos opciones contrapuestas: o se profundiza en la descentralización, que es tanto como persistir en la causa de los problemas territoriales actuales, o se opta por reforzar las competencias del Estado, lo que temporalmente puede soliviantar a los nacionalistas/independentistas. Buena parte de la izquierda se inclina por la primera opción resumida en más autonomía o federalismo, suponiendo erróneamente que con ella se contentarán los nacionalistas/independentistas. Nada más alejado de la realidad, su hipotética aceptación sólo tendría un carácter temporal e instrumental para disponer de más medios públicos para acabar precisamente con la unidad de España. En el espectro político de la derecha la opción del refuerzo de las competencias del Estado cuenta con dos variantes: la de quienes directamente pretenden acabar con el Estado de las autonomías y la de quienes prefieren reformarlo de modo que el Estado vuelva a asumir determinadas competencias para garantizar una igualdad básica entre todos los españoles.

Sea como fuere, lo cierto es que mientras no se establezca un consenso básico sobre la orientación que ha de tomar la reforma del modelo territorial es imposible que a corto o medio plazo pueda producirse una reforma de la Constitución y del propio estado de las autonomías. Sin embargo, es posible reconducirlo, racionalizarlo y hacerlo más solidario y eficiente sin tener que esperar a que la actual clase política acuerde su reforma constitucional. Hoy, una gran parte de los ciudadanos está insatisfecha con el funcionamiento de las autonomías porque son caras, ineficientes en muchos aspectos, complican la vida económica y social de los ciudadanos y duplican innecesariamente servicios públicos. Son la clase política y la partitocracia los más interesados en su mantenimiento en sus actuales términos, no los ciudadanos. Lo que en un principio se vendió como una descentralización administrativa se ha convertido en una descentralización política y en una fragmentación de la soberanía nacional que lejos de cohesionar a la sociedad española la ha dividido.

Necesitamos un estado moderno, eficiente, capaz de garantizar los mismos servicios públicos para todos los españoles con independencia del territorio en el que residan porque los derechos no son de los territorios, son de las personas. Necesitamos un estado que no levante barreras internas al mercado ni a las personas y que, al mismo tiempo, avance hacia la armonización de derechos y obligaciones con nuestros socios europeos. Y, desgraciadamente, las autonomías, en manos de políticos mediocres, han avanzado en la dirección contraria levantando toda clase de muros que obstaculizan el funcionamiento del mercado interior y la cohesión y movilidad social. El centro del debate no puede seguir siendo más o menos competencias o descentralización para las autonomías, sino que en la sociedad de las comunicaciones y de la informática debería centrarse en la búsqueda y el establecimiento de mayores cuotas de decisión de los ciudadanos sin el filtro de una clase política cuyos intereses parecen alejarse cada día más de los intereses del pueblo al que pretenden representar, aunque el desarrollo de esta idea no es ahora el objeto de estos artículos.

En este contexto y mientras siga vigente el actual modelo territorial, una provincia como Alicante no puede seguir sometida por inercia o por sentimentalismo a un estatus autonómico que claramente le perjudica. El balance de la pertenencia de Alicante a la Comunidad Valenciana, tras 36 años de autonomía, es francamente negativo. Las cifras y los datos están ahí para comprobarlo. Hoy la provincia de Alicante es más pobre respecto a la Provincia de Valencia que hace 36 años. Y este dato solo tiene una interpretación: la Comunidad Valenciana, como ente político y administrativo territorial, ha fracasado porque no ha logrado la convergencia económica y social de sus territorios, de las tres provincias que la integran, sino que ha ensanchado la brecha entre Alicante, que ahora es más pobre, y las otras dos provincias. Se trata de un problema que es imprescindible reconocer como tal y, en consecuencia, proponer soluciones al mismo. Es muy curioso, pero cuando la izquierda está en la oposición alza la voz denunciando que nuestra provincia está discriminada por la Generalidad Valenciana y cuando es la derecha la que se encuentra en la oposición denuncia exactamente lo mismo. 36 años de fracaso autonómico en nuestra provincia han sido más que suficientes como para que nuestra clase política provincial hubiera puesto ya sobre la mesa algo más que lamentos y denuncias, para que hubiera aportado soluciones. Pero no ha sido así. Los disfrazados de alicantinistas en la oposición en cuanto tocan poder en Valencia se olvidan de su tierra y de su gente. Y cuando llegan a Madrid no digamos.

Santiago de Munck Loyola


miércoles, 10 de enero de 2018

La Constitución, el independentismo y Alicante (Primera parte).

Este año se cumplirá el 40 aniversario de la aprobación de la Constitución española. Se puede y se harán toda clase de valoraciones sobre su desarrollo, su eficacia o su aplicación. Pero quizás, ante el problema catalán, hay un hecho incontestable: tras cuarenta años de desarrollo del estado autonómico, diseñado en principio para satisfacer las aspiraciones territoriales, hoy hay más independentistas en Cataluña que hace 40 años, hoy existe más riesgo de ruptura de la unidad de España que hace 40 años. La Constitución de 1978 no ha servido para solucionar la tensión centro-periferia sino que la ha agravado. Y lo ha hecho en calidad y en cantidad, los nacionalistas se han convertido en independentistas y su número se ha multiplicado exponencialmente. Cada transferencia competencial sólo ha servido para alimentar el independentismo. Se equivocan quienes tratan de explicar el crecimiento del independentismo por una supuesta falta de diálogo del Gobierno de la Nación o por las supuestas afrentas sufridas por la sentencia del Tribunal Constitucional anulando algunos artículos del Estatuto de Autonomía cuyo alcance ignora la inmensa mayoría de los votantes independentistas. Durante 40 años, los nacionalistas han elaborado y difundido un discurso basado en el victimismo, han logrado solaparse con Cataluña de modo que, al final, cualquier crítica a un político nacionalista, por muy torpe o corrupto que fuera, la vendían como un insulto a Cataluña.

La Constitución de 1978 ha sido y es el abono para el crecimiento del independentismo. Cada competencia transferida a la autonomía catalana se ha convertido en un hachazo más para derribar el tronco de la soberanía del pueblo español. Los nacionalistas del 78 siempre fueron independentistas. No querían la autonomía para buscar y asentar éso que algunos denominan un nuevo “encaje” de Cataluña con el resto de España, sino para alcanzar a largo plazo la independencia y, para ello, necesitaban los instrumentos económicos, legales y, sobre todo, educativos que el Estado de las autonomías les podía transferir. Durante 40 años los independentistas han construido un relato histórico falseado que han inoculado al conjunto de la sociedad catalana sin que se produjera una réplica o reacción por parte del conjunto de la sociedad española ni, por supuesto, de la clase política más interesada en la utilización partidista y coyuntural de los instrumentos del Estado. El denominado “oasis” catalán ha sido una realidad consentida por el conjunto de la sociedad española, por su clase política y económica y especialmente por los medios de comunicación. Y las consecuencias están ahí.

Hoy tenemos un gran problema como Nación. Un problema que ha crecido y se ha agravado gracias a la Constitución de 1978 y al diseño y desarrollo dela estructura del Estado establecida en la misma. Hoy, los españoles no poseen los mismos derechos y obligaciones con independencia del territorio en el que vivan. Hoy, podemos constatar que mientras los Estados de la Unión Europea han caminado hacia la armonización de sus legislaciones nuestra Constitución ha seguido exactamente el camino contrario. No es posible resolver el gran problema que tenemos como Nación sin reconocer y señalar claramente su origen. Ni el federalismo, ni alcanzar cotas más altas de autonomía van a solucionar el problema sino todo lo contrario. El federalismo porque es lo último que desean los independentistas ya que supondría la igualdad competencial para todas las regiones. Más autonomía tampoco porque el margen de cesiones es prácticamente inexistente y está demostrado que solo sirve para alimentar al monstruo.

Mientras tanto, mientras se mantiene el actual estado autonómico, el monstruo independentista no sólo se mantiene en Cataluña, sino que se está expandiendo a los territorios limítrofes que forman parte de esa ensoñación que constituyen los llamados Países Catalanes. Parte de Aragón, la Comunidad Balear y la Comunidad Valenciana están ahora mismo cultivando y abonando con los recursos proporcionados por el estado autonómico al engendro independentista y expansionista catalán.

Es un hecho, una realidad incontestable que requiere una acción política firme y decidida. Los que vivimos en la Provincia de Alicante estamos ya sufriendo esta situación, pero podemos intentar revertirla si, en vez de mirar hacia otro lado, somos capaces de usar los instrumentos que el estado autonómico tiene a nuestra disposición pero justamente en la dirección contraria a la que los independentistas han venido siguiendo. No es imposible. Se puede hacer y se debe hacer.

Fdo. Santiago de Munck Loyola

miércoles, 4 de octubre de 2017

¡Sí a un Referéndum!


Los últimos acontecimientos ocurridos en Cataluña parece que vienen a certificar que ni nuestra Constitución de 1978 ni nuestra clase política son capaces de responder a las necesidades del conjunto de los ciudadanos españoles. La crisis del sistema político es ya endémica y lo ocurrido en Cataluña el 1 de octubre es sólo una prueba más de esa circunstancia, pero no es la única, ni la primera. Lo ocurrido el 1 de octubre tiene su origen inmediato en no haber aplicado el Artículo 155 de la Constitución y había sobrados motivos para ello. En días se producirá la declaración unilateral de independencia y ya dará lo mismo el Artículo 155 y sólo quedará el Artículo 8.1 “Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional” al que aferrarse. El Gobierno de España tenía y tiene la obligación legal de actuar antes de que se vuelva a perpetrar otro delito. No hay otro camino: aplicación del Artículo 155 y convocatoria de elecciones autonómicas y generales simultáneas porque la campaña ya está hecha y aquí ya se ha retratado todo el mundo.

Padecemos una crisis territorial y una profunda crisis institucional que ya afloró con ocasión del 15 M. La Constitución de 1978 fue el resultado de la voluntad mayoritaria de encontrar un punto de encuentro en el que la convivencia entre todos, izquierda y derecha, centralistas y autonomistas, fuera posible.

Es evidente que la Constitución dejó importantes flecos sin resolver e importantes carencias que con el paso de los años se han agravado. Al amparo de la misma y de las leyes emanadas de la misma (Estatutos de Autonomía, Ley electoral, ley de partidos políticos, etc.) se ha desarrollado toda una clase política que depende económicamente de los partidos y de sus intereses y de las cuotas de poder territoriales que ha impedido que el sistema político construido a partir de la Constitución contara con los elementos necesarios para establecer contrapesos a los distintos poderes y con los mecanismos legales imprescindibles para le propia regeneración del sistema.

El resultado es una clase política que, incapaz de ganarse la vida en el ámbito de la sociedad civil, ocupa el poder a todos los niveles no por méritos técnicos o intelectuales, sino por su sumisión a los intereses partidistas, a las estructuras políticas. Nunca la mediocridad había alcanzado tan altas cotas de poder. Otros, han hecho del conflicto territorial y del victimismo su modus vivendi. Los reyezuelos de las Taifas. Ni a unos ni a otros les interesa llegar a la raíz del problema porque supondría acabar con su propio medio de vida y viven mejor instalados en el conflicto.

El Estado de las Autonomías ha demostrado su incapacidad para asegurar la igualdad entre todos los españoles y su imposible sostenibilidad económica y financiera. Hay que recordar que desde el frustrado intento de armonizar el proceso autonómico a principio de los 80 con la LOAPA no se ha hecho ningún esfuerzo por racionalizar las autonomías y por ponerlas al servicio del ciudadano en lugar de al servicio de la clase política. Nuestros impuestos se destinan a sostener un sistema político caro e ineficiente y nuestros políticos anteponen su sostenimiento al aseguramiento, por ejemplo, de nuestras futuras pensiones. Es una realidad fácilmente constatable. En España se fabrican más leyes y reglamentos anualmente que en cualquier otro lugar del mundo porque, al final, la soberanía nacional, la soberanía del pueblo está fragmentada en 17 trozos.

El no acometer a tiempo las carencias y defectos de la Constitución nos ha traído hasta aquí. Muchos apuestan ahora como solución para el conflicto secesionista por el diálogo. Y se equivocan. A los secesionistas no les interesa dialogar porque su objetivo no es encontrar un modelo de encaje constitucional, su objetivo es la independencia y punto. No es posible además dialogar con los golpistas, con los delincuentes porque hacer supone no sólo quebrar los fundamentos del estado de derecho sino abrir la puerta a la insumisión ciudadana en cualquier otro ámbito. Sería tanto como consagrar el derecho exclusivo de la clase política a violentar la legalidad sin consecuencias penales.
Ya no vale que a partir de negociaciones y acuerdos entre los partidos alcancen un consenso temporal para confeccionar un parche constitucional y después preguntarnos a todos los ciudadanos si damos un sí, un no o nos abstenemos. No, no vale. Otro apaño de esta clase política para mantener sus privilegios, para prolongar la agonía de un sistema político y constitucional en estado terminal por culpa de sus intereses de casta no es de recibo.

Yo quiero un referéndum, un referéndum nacional antes de que los partidos, la casta, toquen la Constitución y que nos pregunten previamente si queremos un Estado, unitario, autonómico o federal, si queremos una monarquía o una república, si queremos la igualdad real de derechos y obligaciones para todos los españoles o preferimos el mantenimiento de privilegios según el territorio de que se trate, si queremos una Justicia verdaderamente independiente o si preferimos con el sistema actual y si queremos mecanismos de regeneración democrática o que todo siga igual. No hay otro camino que preguntar a todos los españoles sobre estos asuntos básicos si queremos evitar un nuevo pasteleo cocinado a espaldas del pueblo para que después nos lo presenten como un trágala. Yo quiero un referéndum nacional porque no hay otro camino para que esta gran Nación que es España siga siéndolo. Ya va siendo hora de que esta clase política incapaz, mediocre, cobarde o traidora quite sus sucias manos del presente y del futuro de España.

Fdo. Santiago de Munck Loyola


domingo, 4 de diciembre de 2016

La segunda gran estafa electoral del Partido Popular.


Cuando compras un artículo en “El Corte Inglés” si no quedas satisfecho te devuelven tu dinero y lo hacen hasta pasados 60 días de la adquisición. Sin llegar a tanto, la norma general es que si compras un producto y éste no se corresponde con las características o propiedades anunciadas tienes derecho a la devolución del dinero. Una compraventa comercial, en definitiva, no es más que un contrato en el que cada parte debe cumplir sus obligaciones: una pagar el precio y la otra entregar el producto adquirido. Sin embargo, esta simple regla no funciona en la política. Te ofertan un programa electoral y lo compras con el voto. Pero una vez pagado el precio, si te he visto no me acuerdo. No te devuelven el voto en caso de engaño. No han pasado ni 60 días desde que el Partido Popular formó gobierno y, a la primera ocasión, ya ha incumplido de forma flagrante una de las principales ofertas de su programa electoral de junio de 2016: "Dar prioridad a la reducción de la carga tributaria que enfrentan los ciudadanos y atender desde el ámbito fiscal sus necesidades e inquietudes". Primer compromiso: "Rebajaremos la carga fiscal de los ciudadanos, asegurando que los beneficios de la recuperación económica llegan a todos los hogares". El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes 2 de diciembre todo un paquete de medidas fiscales para aumentar la recaudación fiscal en más de 5.000 millones de euros en 2017.

Incumplir el programa electoral en materia tributaria es exactamente lo primero que hizo el Partido Popular tras formar gobierno en 2011 y lo vuelve a hacer en 2016. Entonces la excusa fue que la herencia recibida del Gobierno de Zapatero era peor de lo que los datos oficiales decían. Ahora parece que ni la necesidad de ajustar el déficit público a los compromisos con Europa se utiliza como excusa, sino que incluso el Sr. Montoro con toda la desfachatez del mundo afirmó tras el Consejo de Ministros que no había ningún incumplimiento electoral, que no era cierto que se hubiesen comprometido a disminuir la presión fiscal a los contribuyentes españoles. Hay que tener mucha cara dura, además, para justificar la creación del nuevo impuesto sobre las bebidas azucaradas con la preocupación por la salud de los ciudadanos. ¿Para cuándo entonces un impuesto especial sobre la panceta, la chistorra o la mayonesa? ¡Venga ya, Cristóbal, a otro perro con ese hueso!

El Gobierno del Partido Popular solo usa una vía para ajustar las cuentas y es aumentar la carga tributaria sobre los contribuyentes aún a costa de tirar a la basura su propio programa electoral, sus principios políticos y su credibilidad. En lugar de gastar menos de lo que se ingresa, la política fiscal del Partido Popular, con el aplauso de la izquierda y el asombroso silencio de casi todos los medios de comunicación, consiste en intentar recaudar más a costa de los contribuyentes e, incluso, de aumentar el gasto público elevando el techo del déficit de las comunidades autónomas, verdaderos sumideros por los que se escapa el dinero público.

Lo cierto es que ningún partido parlamentario está dispuesto a meter la tijera para acabar con el despilfarro y gastar menos. No se trata de recortar en servicios públicos esenciales ni en prestaciones sociales. Se trata de una parte en alanzar una mayor eficiencia en el gasto público que indiscutiblemente mermada por la propia idiosincrasia del sistema autonómico. Y se trata fundamentalmente de recortar toda una estructura pública que a todas luces no podemos mantener con los ingresos actuales. Nadie está dispuesto en este parlamento, ni por supuesto en el gobierno, a meter mano de una vez al despilfarro de las Comunidades Autónomas con cientos de empresas públicas, con miles de asesores políticos, con decenas de televisiones públicas sin casi audiencia, con embajadas propias por medio mundo, con instituciones duplicadas con las del Estado, con competencias duplicadas, con una diarrea legislativa que dificulta extraordinariamente la fluidez de un mercado único, etc.
Y nadie está dispuesto en este parlamento, ni por supuesto en el gobierno, a meter mano al despilfarro y a la mala gestión del propio Estado e incluso de las propias Cortes cuyos privilegios parlamentarios siguen constituyendo un escandaloso ejemplo de falta de ejemplaridad y de solidaridad social.

El Gobierno del Partido Popular ha vuelto a mentir y a engañar a sus votantes, a los incondicionales y a los de la nariz tapada. No pueden ahora esconderse tras la excusa de la necesidad del consenso y de llegar a pactos porque del mismo modo que se aprestan a acordar cómo y cuánto más van a exprimir al contribuyente podrían hacerlo para decidir cómo y cuánto gastar menos de nuestro dinero. Para este viaje no hacían falta estas alforjas. Y para hacer una política socialdemócrata mejor que la hagan sus inventores.

Santiago de Munck Loyola

martes, 5 de enero de 2016

La autonomía uniprovincial: una solución para Alicante.


Padecer una situación de injusticia permanente, conocer las causas que la originan, reconocer el problema de fondo y no afrontarlo adoptando las medidas que están en nuestra mano para solucionarlo es bastante anormal. Esa situación puede darse en muchas circunstancias y ocasiones de cada persona pero cuando la elevamos a la categoría de lo público resulta, cuando menos, una anomalía social. Veamos.

Los ciudadanos que vivimos en la Provincia de Alicante padecemos desde hace décadas una situación de discriminación permanente por parte del estado y de la Generalidad Valenciana. No somos tratados ni económica, ni políticamente de acuerdo con la importancia económica y demográfica de nuestra provincia. Somos tratados de forma injusta y no como debería corresponder a la quinta provincia por volumen de su Producto Interior Bruto o por el volumen de su población. Todos los indicadores de los datos económicos y sociales así lo señalan y no son discutibles: rentas y pensiones por debajo de la media española, asistencia sanitaria, educativa o social por debajo de la media, inversiones públicas en el furgón de cola, etc. Son tantos años de discriminación negativa en las inversiones en nuestra Provincia que bien podemos hablar de la existencia de una enorme deuda histórica con Alicante, deuda del estado y deuda de la Generalidad Valenciana. Y esta injusta situación la sufrimos directamente, en nuestros bolsillos y en nuestro nivel de bienestar.

Cada vez son más las voces autorizadas las que desde distintos ámbitos de la Provincia se suman al reconocimiento y a la denuncia de una situación a todas luces injusta, la permanente discriminación de nuestra Provincia. Sin embargo, no ocurre lo mismo en el ámbito de la vida política, pocos son los representantes políticos que denuncian esta situación, sobre todo porque se deben más a los aparatos de sus partidos, a sus jefes, que a los ciudadanos. Y cuando mencionan la discriminación de Alicante lo hacen sólo para usarla como arma arrojadiza contra el gobierno de turno, sea en Madrid o Valencia. Pero ¿alguno plantea una solución política? Porque lo cierto es que salvo esos lamentos ocasionales ninguno de nuestros representantes políticos ni ninguno de los partidos políticos con representación pone una solución encima de la mesa. Y haberlas las hay.

No hay ninguna razón económica, histórica, política o social que justifique el hecho de que los alicantinos tengamos que soportar sobre nuestras espaldas una administración pública más que los madrileños o nuestros vecinos murcianos, por poner un ejemplo. Sobre nuestras espaldas recae el peso de sostener con nuestros impuestos a los Ayuntamientos, a la Diputación, a la Generalidad Valenciana y al Estado. Costeamos cuatro administraciones españolas mientras que otros sólo tienen que sostener a tres administraciones. Si ello nos reportase ventajas mercería la pena, pero cuando se comprueba que la Generalidad Valenciana no cohesiona su territorio ni económica, ni socialmente, cuando se constata que lleva veinte años invirtiendo por habitante menos en Alicante que en las dos otras provincias y que las decisiones trascendentes para nuestra Provincia se toman en Valencia y no en Alicante, parece evidente que no merece la pena. La solución política a estos problemas pasa por tener voz propia en Madrid y por constituir una Comunidad Autónoma uniprovincial. Esperanza Ciudadana es el único partido que pone sobre la mesa una posible solución. No basta con lamentarse, no es suficiente con quejarse. Hay que ofrecer soluciones y ésta es una propuesta absolutamente constitucional que puede dar salida a un grave problema por todos reconocido.

Alicante tiene capacidad de sobra para administrar por si misma las competencias autonómicas que quiera asumir y eso también es una evidencia. Tenemos los argumentos y la capacidad para hacernos oír directamente en Madrid sin tener que pasar el filtro de Valencia. Tenemos la capacidad para tomar las decisiones competenciales aquí sin tener que someternos a las decisiones de Valencia. No se trata de romper los vínculos culturales que unen a parte de nuestra con Valencia, ni tienen por qué romperse con la Constitución en la mano. No se trata de enfrentar a nuestra Provincia con otras, ni de renunciar a la pluralidad y a la riqueza y variedad cultural de nuestra Provincia. Se trata de acercar a los alicantinos a la toma de decisiones políticas, de llevar directamente la voz de Alicante ante el Estado, de eliminar una carga administrativa de nuestras espaldas, de lograr una mayor eficiencia en la gestión pública, de eliminar innecesarias duplicidades, de hacer realidad la igualdad de derechos y de obligaciones entre todos los españoles y de hacer una realidad la tan manida como ignorada solidaridad territorial. Se trata, en definitiva, de aprovechar y usar en beneficio de Alicante los legítimos instrumentos que la Constitución pone a nuestra disposición. Podemos seguir quejándonos, lamentándonos y denunciando lo evidente, pero si no actuamos de nada servirá.

Santiago de Munck Loyola


miércoles, 18 de diciembre de 2013

La agenda política y la agenda ciudadana.


No hay día que pase sin que conozcamos alguna noticia sobre la carrera independentista organizada por parte de la clase política catalana. Se van sucediendo las diferentes reacciones de los partidos y sus líderes en torno al anuncio del referéndum independentista organizado por CiU, ERC y sus socios de la versión catalana de Izquierda Unida y la CUP. Es cuando menos curioso observar como buena parte de la izquierda ha renunciado a su carácter internacionalista de tiempos pasado para anclarse en posiciones localistas de rancio abolengo. Izquierda Unida, sin ir más lejos, apoya la celebración de esa consulta independentista lo que significa que para esa formación la soberanía popular, la del conjunto de los españoles, es fraccionable a demanda. Es decir, que la soberanía popular, tal y como se recoge en nuestra Constitución, puede ser obviada, ignorada y transferida a sólo una parte del cuerpo electoral para que decida sobre el conjunto. Lo que nadie nos aclara, ni Izquierda Unida ni sus compañeros catalanes de aventura independentista es cual es límite hacia abajo en el que se puede ir fraccionando la soberanía popular. Si la soberanía popular puede, según ellos, ser amputada y ejercida sólo por una parte del cuerpo electoral, el catalán en este caso, ¿por qué no puede ser fraccionada aún más? ¿Por qué, por ejemplo, los ciudadanos de Badalona o del Valle de Arán no podrían a su vez ejercer el mismo derecho a decidir si quieren o no estar integrados en una hipotética Cataluña independiente? ¿Cuál es el criterio que se utiliza para justificar el fraccionamiento de la soberanía popular? Una verdadera incógnita.

El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, da por sentado que esa consulta independentista no se va a celebrar y se ampara en el respeto a la legalidad constitucional como garantía para ello. Por su parte, los socialistas del PSOE están tratando de reconstruir sus relaciones con los socialistas catalanes tras las evidentes discrepancias en este asunto reflejadas en la ruptura de su unidad parlamentaria. Hoy mismo, en la sesión celebrada en el Congreso de los Diputados el jefe de la oposición, Pérez Rubalcaba ha puesto de manifiesto su coincidencia con Rajoy a la hora de rechazar la celebración de un referéndum y de oponerse a una hipotética independencia de Cataluña. Y punto, porque a partir de esa coincidencia Pérez Rubalcaba ha aprovechado su turno para reiterar una vez más el discurso que en los últimos meses ha venido desplegando su partido, es decir, pedir el cambio de la Constitución y asegura, según él, al menos otros 35 años de convivencia entre todos los españoles en el marco de una España federal. Los socialistas, frente al desafío de los independentistas, son partidarios de reformar la Constitución de 1978 y dotar con ello a nuestro Estado de una estructura federal.

Es evidente que, tras 35 años de funcionamiento, nuestra Constitución necesita una revisión, pero es probable que dicha revisión no deba ir precisamente en la dirección que los socialistas señalan. La reforma constitucional no puede plantearse, porque es sencillamente falso, como una respuesta destinada a contentar a nacionalistas e independentistas, que tanto monta… Nacionalistas e independentistas sólo pueden justificar la razón de su existencia sobre la base de la confrontación permanente, de la reivindicación y del agravio comparativo. El desarrollo constitucional operado en las últimas décadas y plasmado en el modelo autonómico ha demostrado que a mayores cotas de descentralización estatal y autogobierno autonómico más independentismo. Cada cesión a los nacionalistas e independentistas lejos de atenuar sus reclamaciones ha servido para que suban un peldaño más en su escalada hacia la ruptura de España. Las llamadas al diálogo y al consenso de los nacionalistas e independentistas sólo sirven si con ellas “sacan tajada”, para ellos dialogar significa que el estado debe ceder a sus pretensiones, nunca a la inversa. Parece, por tanto, más que evidente que la solución de los socialistas, la reforma constitucional, al desafío de los separatistas peca de candidez y de aceptarse sería sumamente peligrosa para la unidad de España y para el modelo de Estado. Nadie puede creer sinceramente que la configuración de un modelo federal contentaría a los separatistas porque, por definición supondría la desaparición de los llamados “hechos diferenciales”. Y si lo que proponen es un desarrollo de eso que algunos denominaban el “federalismo asimétrico” no es necesario, porque eso es, en el fondo, la esencia de un estado autonómico, con competencias regionales diferentes en cada territorio.

Una gran parte de los ciudadanos vemos como un problema la actual articulación del Estado autonómico. Tiene graves defectos de funcionamiento que impiden fundamentalmente una auténtica igualdad de derechos y obligaciones entre todos los españoles y, además, comporta un grave lastre económico especialmente llamativo en tiempos de crisis como la presente. Una reforma constitucional debería quizás abordar la racionalización del estado, la redistribución y la delimitación precisa de las competencias cerrando, de una vez, el permanente proceso de incertidumbre.

Y siendo todo lo anterior tremendamente importante, da a veces la sensación de que la clase política está en juego bastante alejado de lo que hoy por hoy preocupa a la inmensa mayoría de los españoles. En medio de una recesión como la presente, con un paro atroz, con un crecimiento desorbitado de la pobreza y de las desigualdades sociales, con una caída del nivel de vida de los españoles y con un recorte permanente de nuestro Estado de Bienestar da la impresión de que la agenda de nuestra clase política está en otra cosa. La incapacidad de muchos políticos para resolver los problemas básicos de los ciudadanos queda difuminada tras iniciativas extemporáneas y sentimentalistas que terminan arrastrando al resto mientras los ciudadanos seguimos pagando las consecuencias de su fiesta. ¿No será mejor ocuparse ahora de resolver los graves problemas que asfixian a los ciudadanos? Yo creo que sí.

Santiago de Munck Loyola

miércoles, 18 de septiembre de 2013

Por un nacionalismo español sin complejos.


Ha pasado una semana desde su celebración y aún no se han desvanecido los ecos de la Diada de Cataluña. Lo primero que destaca es el alcance de la manipulación histórica de los independentistas que se plasma en la incongruencia que supone que un patriota español como Casanova se haya convertido en símbolo central de las celebraciones de la Diada. Tras las valoraciones iniciales de unos y otros, no hay día que pase sin que se abra una nueva polémica en torno a esta celebración. Ayer, era Luis del Val el que levantaba su voz y su indignación, compartida por cualquier persona con sentido común, contra la manipulación de los niños en la Diada y su uso partidista en los medios informativos dependientes de la Generalidad catalana. Comparaba esta manipulación infantil con la que todos los partidos y regímenes totalitarios hacen desde siempre con los niños y jóvenes. La primera respuesta venía desde CiU alegando en su defensa que se trata de “pedagogía”, nada menos. La segunda respuesta y, por supuesto amenaza, vino del portavoz del gobierno catalán diciendo que no van a tolerar, como si en su boca tuviera algún significado la palabra tolerancia, que se realizasen semejantes comparaciones sobre la manipulación infantil, algo perfectamente legítimo para los independentistas.

Al margen de lo anterior, lo cierto es que estamos viviendo una situación política tremendamente complicada y el panorama no es nada alentador. Buena parte de los políticos de una importante región española quieren la independencia de la misma, quieren romper España y llevan décadas poniendo todos los medios humanos y económicos necesarios y todo su empeño para conseguirlo. Lo que hoy vivimos no es un nuevo e improvisado problema, es el resultado de un largo proceso en el que políticos nacionales y regionales, los agentes sociales, los medios de comunicación y el conjunto de la sociedad tiene su cuota de responsabilidad. Los partidos nacionales no han tenido inconveniente alguno en realizar cesiones con el fin de asegurarse mayorías parlamentarias y han sido incapaces de pactar un modelo de estado estable o de reformar una Ley electoral que sobre representa a los independentistas mientras penaliza a otras fuerzas minoritarias de proyección nacional. Buena parte de la antaño izquierda solidaria y con vocación internacionalista se ha reconvertido en independentista renunciando a sus propias señas de identidad sociales. La sociedad española en su conjunto ha permanecido pasiva mientras durante años los independentistas han ido tejiendo una red clientelar y difundiendo una versión falseada y victimista de la historia española. Hace tiempo que los sindicatos debieron decidir que ésa no era su “guerra” obviando la progresiva desigualdad de derechos entre los ciudadanos españoles en función del territorio y los evidentes peligros para el sostenimiento del estado de bienestar, incluida la caja común de las pensiones o de las prestaciones sociales.

Cataluña es hoy la comunidad autónoma más endeudada en términos absolutos y como tal carece de viabilidad económica sin las ayuda del Estado. Sus dirigentes no son capaces ni tan siquiera de aprobar el presupuesto anual y todo ello pese a haber sido los pioneros en los recortes sociales. No tienen dinero para luchar contra la desnutrición infantil, pero sí para seguir alimentando numerosos canales de televisión, pseudo embajadas o cualquier organización independentista. El actual gobierno catalán heredó una administración arruinada por el tripartito uno de cuyos socios lo es hoy del nuevo gobierno a nivel parlamentario. La presión independentista de los políticos catalanes ha aumentado paralelamente a la evidencia de su incapacidad de poner orden en las cuentas y de gestionar racionalmente las instituciones. Y del mismo modo, el ruido independentista catalán ha aumentado, coincidencia o no, en perfecta sincronía con la disminución del ruido de los asesinos de la ETA. En su agenda política la independencia está muy por delante de la satisfacción de las necesidades y de la solución de los enormes problemas de sus ciudadanos, lo que ofrece una clara idea de la ética que mueve a muchos políticos.

Los mal llamados nacionalistas, pues siempre han sido independentistas y así habría que denominarlos, han ido apretando las tuercas a los partidos nacionales, dando pasos, poco a poco, siempre encaminados hacia un mismo fin. Cada pequeña cesión del estado ha supuesto contribuir con un ladrillo más al levantamiento del muro independentista. La cesión de determinadas competencias a las comunidades autónomas supuso un tremendo error sobre todo cuando con ello se quebraba el sagrado principio de igualdad entre todos los españoles o cuando se dejaba en manos de los independentistas el cultivo de nuevas generaciones educadas en falsos mitos históricos y en el odio a España. Los nacionalistas – independentistas nunca han sido leales con el estado democrático. La reivindicación de las peculiaridades propias, el victimismo permanente o el simple chantaje parlamentario han servido para separar y construir el camino de la independencia. Desde la admisión de aquel engendro gramatical de “regiones y nacionalidades” hasta la aprobación del último Estatuto catalán que no fue respaldado ni por la mitad de los electores de la Comunidad, ninguna cesión ha servido para aplacar la sed de los independentistas. Por cierto que hay que recordar que cuando entró en vigor este último Estatuto, los socialistas se apresuraron a acusar a los populares de fallidos adivinos proclamando que ya había Estatuto y que no se había roto España. Ya, pues si no está rota está a punto. También la aprobación de ese Estatuto evidenció que las prioridades de la clase política catalana no son exactamente las mismas que las prioridades de los ciudadanos que no lo respaldaron mayoritariamente.

El derecho a decidir y, por tanto, a celebrar un referéndum ilegal para proclamar la independencia de Cataluña es el eje del debate diario. Los independentistas no tienen ningún reparo en asumir la involución ideológica que supone sustituir el concepto de soberanía popular por el de soberanía nacional. Ya la Constitución Española supuso una sustitución de las reivindicaciones de descentralización administrativa por la descentralización política y las competencias legislativas de los parlamentos autonómicos han supuesto en la práctica una fragmentación escalonada de la soberanía del pueblo español. Las instituciones catalanas cuya legitimidad se asienta en la Constitución Española y que son parte inherente del Estado español están siendo utilizadas para quebrar la soberanía que les otorgó y otorga su legitimidad. El problema que se plantea en el fondo es decidir quién tiene derecho a decidir y dónde se establece ese límite. ¿Son los españoles en su conjunto como determina la Constitución? ¿Son los catalanes? ¿Podrían los habitantes de cualquier Provincia o Municipio ejercer ese derecho a decidir? ¿Por qué los independentistas catalanes niegan a los habitantes del Valle de Arán el ejercicio del derecho a decidir?

Lo peor es que frente al desafío de los secesionistas el gobierno ofrece diálogo y negociación, pero no señala ni avisa sobre lo que no se puede negociar. Incluso algún Ministro ha manifestado que habría que buscar un nuevo estatus par Cataluña, algo que desde hace tiempo vienen repitiendo los socialistas quienes no saben en qué consistiría. Todos parecen ignorar que modificar una vez más las normas en la dirección deseada por los independentistas no va a aplacar sus ansias. Proponer machaconamente que la solución se encuentra en una estructura federal del estado es una falacia más. Los independentistas tampoco quieren una España federal que supondría la misma estructura organizativa para todas las regiones. Una España federal acabaría con la cursilada del hecho diferencial como justificación de sus pretensiones. Y para qué hablar del federalismo asimétrico que viene a ser como el círculo cuadrado.

Todo parece indicar que se avecinan tiempos mucho más revueltos y que nuestra clase política no está a la altura por su mediocridad y por la ausencia de un verdadero sentido de estado. Lo que los políticos no quieren o no saben hacer puede ser suplido, aunque sea mínimamente, por la actitud y los gestos diarios de los que nos sentimos españoles. Tan legítimo es ser nacionalista catalán como nacionalista español y tan legítimo es reivindicar dentro de la ley sus postulados como defender sin complejos y con gestos concretos la necesidad de una España unida e íntegra.


Santiago de Munck Loyola

domingo, 23 de septiembre de 2012

¿Quién le pondrá el cascabel al estado de las Autonomías?



Buena la ha liado el Presidente de la Generalidad catalana, el Sr. Mas, con su apuesta independentista, que no “soberanista” (no existe en el Diccionario de la RAE) por mucho que con esa denominación la intenten dulcificar periodistas y políticos ignorantes. No es la primera ni la segunda vez que un dirigente catalán apuesta por un Estado catalán. Ya lo hizo el 14 de abril de 1931 Francesc Macià quien se dirigió a la multitud proclamando en nombre del pueblo de Cataluña, "L'Estat Català, que amb tota la cordialitat procurarem intergrar a la Federació de Repúbliques Ibèriques”. Ya lo hizo de nuevo el 6 de octubre de 1934 Lluís Companys quien proclamó el "l'Estat Català de la República Federal Espanyola", proclamación que se saldó con 46 muertos y 3.000 encarcelados.

Es la vieja estrategia de siempre: ante la incapacidad propia para solucionar los problemas se inventa un enemigo exterior al que culpar de todos los males. El Sr. Mas y sus conmilitones, incapaces de adoptar las medidas necesarias para resolver el grave problema económico y social derivado del inmenso agujero heredado del tripartito, han encontrado al culpable: el resto de los españoles que les expoliamos fiscalmente y los hundimos en la miseria. No es nuevo. Llevan años hablando de una supuesta balanza fiscal siempre desfavorable para Cataluña, llevan años calentando el ambiente, fomentando un sentimiento antiespañol que les servía para exigir cada vez más financiación. Poco importa que reputados economistas demuestren la falacia de esa supuesta balanza fiscal desfavorable para los catalanes: una mentira mil veces repetida termina por convertirse en una verdad para quien no quiere analizar otras perspectivas. Argumentan que como contribuyen a la caja común con más dinero que el resto de los españoles tienen, no sólo derecho a recibir más, sino a separarse para gestionarlo ellos solos. Declaraba hoy en un diario nacional el ex Presidente de las Cortes, Sr. Bono, que cuando pagar más impuestos implica exigir más nos encontramos ante una metástasis en el estado. De aceptarse esta tesis independentista y trasladándola del ámbito de los territorios al de las clases sociales, habría que deducir que quienes más impuestos pagan, más deben recibir del estado. Y éso es algo que choca frontalmente con la solidaridad y la redistribución de la riqueza, características esenciales de todo estado social y democrático de derecho.

Y en este contexto ¿dónde está el límite? ¿Quién decide cual es el ámbito de decisión? ¿Quién es el pueblo soberano? ¿El pueblo español? ¿El pueblo catalán? ¿El pueblo barcelonés? Nos dicen que tras una manifestación de un millón de personas pidiendo la independencia es el pueblo catalán el que ha hablado. ¿Y los seis millones de catalanes que no se han manifestado? ¿No cuentan?

Hoy, no son pocos los ciudadanos y los analistas políticos y económicos que coinciden en que nuestro estado autonómico es en su formulación actual absolutamente inviable. La crisis económica lo ha puesto de manifiesto de una forma desgarradora. Hasta no hace mucho hemos venido cerrando los ojos ante una realidad evidente: el estado autonómico estaba rompiendo la igualdad de derechos y de oportunidades de los ciudadanos. El estado autonómico ha ido levantando poco a poco muchas barreras entre los españoles: en educación, en sanidad, en el mercado, en el derecho de propiedad, etc. Barreras que imperceptiblemente iban dificultando hasta la movilidad de los ciudadanos. Lo que en la transición se nos vendió como un acercamiento de la toma de decisiones hacia los administrados se ha ido convirtiendo en un complejo laberinto legislativo, en un complicado entramado de instituciones más al servicio de la clase política que de los intereses de los ciudadanos. Empezamos a verlo gracias a la crisis y otros, desde fuera, también lo ven. En un reciente artículo, Stefanie Claudia Müller, corresponsal alemana en Madrid y economista, escribía: España … “no puede permitirse por más tiempo este nivel de corrupción, y menos aún a 17 regiones funcionando como estados independientes, con todos los organismos multiplicados por 17, desde 17 servicios meteorológicos a 17 defensores del pueblo, con 200 embajadas, 50 canales de TV regionales en pérdida, 30.000 coches oficiales o 4.000 empresas públicas que emplean a 520.000 personas, creadas específicamente para ocultar deuda y colocar a familiares y amigos sin control ni fiscalización alguna. En conjunto, unos 120.000 millones, equivalentes al 11,4% del PIB, se despilfarran anualmente en un sistema de nepotismo, corrupción y falta de transparencia.”

No parece pues que los problemas sociales y económicos que pesan sobre el conjunto de los ciudadanos puedan resolverse con más autonomía o con la independencia en el caso de Cataluña. No podemos sostener el actual estado autonómico y eso lo ve y lo sabe cualquiera. Es inviable económicamente y terminará por serlo social y políticamente si no se aborda su reforma inmediata. Es evidente que los últimos interesados en reformar la configuración del estado son los miembros de la clase política, los partidos políticos que han encontrado en el actual estado autonómico un inmenso coto en el que instalar y extender sus inmensas maquinarias burocráticas y en el que realizar su insaciable afán ocupador. Nos proponen ahora fórmulas federales cuando es evidente que a los nacionalistas no les interesan porque supondrían una igualdad entre territorios inasumible para ellos. Nos hablan de los derechos de los territorios y olvidan los derechos de las personas. Nos levantan barreras territoriales cada vez más costosas mientras que Europa transita por el camino contrario. Y mientras, los ciudadanos seguimos pagando los delirios de grandeza de tanto iluminado y de tanto cobarde.

Santiago de Munck Loyola