Translate

Mostrando entradas con la etiqueta consulta 9N. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta consulta 9N. Mostrar todas las entradas

jueves, 13 de noviembre de 2014

La resaca del 9-N.


La resaca del sucedáneo de referéndum del 9-N está dejando a la vista toda clase de reacciones y de actitudes políticas y económicas que no hacen sino abrir aún más la incertidumbre sobre nuestro futuro. Es tal el cúmulo de tensiones que ni siquiera existe unanimidad dentro de los principales partidos políticos y los diferentes bloques ideológicos. En el campo de los independentistas la única coincidencia existente en torno al 9-N radica en valorar lo ocurrido en pasado domingo como un auténtico éxito de participación y en traducirla como el deseo unánime de los catalanes en votar en un auténtico referéndum para lograr la independencia. Su discurso no podía ser otro aunque la realidad sea tozuda y sea un ejercicio de ciencia ficción convertir el hecho de que ni siquiera uno de cada tres catalanes haya acudido a las urnas para reclamar su supuesto derecho a la independencia en una fiesta de participación ciudadana. Si hay algo claro en la sociedad catalana es que el mundo de la política está cada día más lejos del ciudadano porque ni la última reforma del Estatuto que no fue apoyada por más de la mitad de los votantes ni esta llamada a las urnas han logrado movilizar a la mayoría de los ciudadanos de Cataluña que siguen manteniéndose al margen de una clase política empeñada en levantar conflictos, en generar victimismos que justifiquen su propia existencia y, con ello, su modus vivendi. Y, en este mismo campo, al margen de la interesada valoración de esta jornada, la división se manifiesta en la hoja de ruta que hay que abrir a partir del 9-N. Unos apuestan por unas elecciones plebiscitarias y constituyentes para imponer la ruptura mientras que otros se decantan por unas supuestas negociaciones, en realidad imposiciones, con el Gobierno de España para convocar un referéndum legal.

Pero donde más diferencias de opiniones y de estrategias se plantean es en el campo de los no independentistas. Desde posiciones como la de VOX cuya estrategia política parece que pasa exclusivamente por ir presentando querellas a diestro y siniestro, así consiguen algo de notoriedad en los medios de comunicación,  y por pedir el empleo de la fuerza si fuere necesario para impedir la seudovotación, estrategia judicial compartida en parte por UPyD aunque acompañada de un discurso diferente, hasta la actitud del Partido Popular que oscila entre la pasividad y la cobardía disfrazada de prudencia. Hay quien trata de justificar la aparente inacción popular como una forma de respuesta medida y calculada ante unos hechos carentes de soporte legal y, por tanto, de legitimidad. No ha habido un referéndum ilegal, ni una consulta y, por tanto, no hay que responder a lo que no existe, dicen. Pero lo cierto y verdadero es que, pactado o no con Arriolas de por medio, las urnas han salido a la calle, burlando la Ley y las resoluciones del Tribunal Constitucional, que se han utilizado medios públicos para ello y que cuantos han querido han podido participar en este simulacro. Y que ese hecho está suponiendo una fractura interna entre los populares que exigían más firmeza y quienes respaldan la actitud del Presidente del Gobierno. Sea cual fuere el grado de respuesta más adecuado, lo indudable es que una vez más los tres días de silencio del Presidente del Gobierno desde el día 9-N han desorientado a muchos ciudadanos y suponen una actitud inaceptable frente a unos hechos gravísimos. Es evidente que Mariano Rajoy nunca ha sido un líder ni pretende ejercer liderazgo político alguno, algo que resulta imperdonable en una situación tan convulsa como la presente.

Y si hay fractura interna ante esta cuestión en el partido del gobierno también la hay en el partido socialista. Hay destacados líderes socialistas que incluso han manifestado su apoyo a la suave actitud del Presidente del Gobierno. A pesar de ello, el mensaje oficial socialista no puede ser más desconcertante. Las manidas frases del “es hora de la política y no de los tribunales” no por tópicas dejan de ser peligrosas. Si con ello los socialistas quieren decir que ante la vulneración de la ley por los políticos independentistas los tribunales de justicia deben mirar hacia otro lado lo que están subrayando una vez más es que en España hay dos clases de ciudadanos, de una parte, los de la clase política con patente de corso para vulnerar la ley y, de otra, el resto al que nada ni nadie nos libra de responder ante la justicia si infringimos las leyes. Y si con ese mensaje están dando por supuesto que es el propio Gobierno el que maneja la justicia también están dando una sonora patada al Estado de Derecho. La justicia es y debe ser independiente y todos somos o debemos ser iguales ante la Ley, con cargo público o sin él. La aparente equidistancia socialista entre el Gobierno de España y los independentistas catalanes solo sirve para alentar a estos últimos en su desafío no sólo ya al Estado, sino a la propia soberanía del pueblo español que, les guste o no a algunos, existe y es el único depositario de la misma. Si los socialistas insisten en presentar como solución una reforma de la constitución hacia el federalismo se engañan a si mismos e intentan engañar a los ciudadanos. Saben o deberían saber que el federalismo no va a ser aceptado por los independentistas porque entre otras muchas cosas el federalismo supone la igualdad jurídica y competencial entre todas las regiones españolas, los hipotéticos estados federados. Empeñarse en que el Gobierno dialogue con quienes solo pretenden imponer sus propias tesis resulta inútil y absurdo. No se puede dialogar sobre cómo fraccionar o romper la soberanía del pueblo español.

Es cierto que es hora del diálogo, pero también de la Justicia. Pero no parece que los interlocutores existentes estén por la labor. Quizás haya que ir planteándose que el diálogo deba establecerse entre la propia sociedad, con otros agentes capaces de anteponer el interés general a los intereses partidistas pero para ello hace falta que los ciudadanos despertemos, reaccionemos y seamos capaces de enviar a sus casa a toda una clase política tan mezquina como inoperante. Estamos ante un grave problema generado por la clase política que no interesa, al parecer, a la mayoría de los ciudadanos catalanes si medimos ese interés por su afluencia a las urnas, pero que sí preocupa al conjunto de la sociedad española y de cuya solución o agravamiento depende, no nos engañemos, el nivel de bienestar social y económico del conjunto de los españoles. Buena parte de la clase política viene situando de forma prioritaria en su agenda el reparto y la ampliación de sus propias cuotas de poder y no la solución de los graves problemas que afectan a la mayoría de los ciudadanos y no hay ninguna duda de que terminarán pagando por ello.

Santiago de Munck Loyola