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sábado, 31 de agosto de 2013

Las cuentas del PP de Alicante intervenidas.


Ante el caos en las cuentas de muchas Juntas Locales del PP de Alicante, ha ocurrido lo que tenía que haber ocurrido desde hace mucho tiempo, que Génova ha intervenido las cuentas al PP de la Provincia de Alicante. Han llegado los “hombres de negro” de Génova. Todo parece indicar que lo que se ha intentado vender como un acuerdo entre la cúpula provincial y la dirección nacional no es tal, es simple y llanamente una intervención directa de Madrid para poner orden ante la manifiesta incapacidad de algunos para cumplir y hacer cumplir los Estatutos del Partido y las normas internas de gestión. Lo que venía ocurriendo en la Provincia de Alicante desde hace años era inaudito. Tal y como pusieron e manifiesto los medios de comunicación haciéndose eco de las denuncias de algunos militantes y ex militantes del Partido Popular, muchas Juntas Locales del PP manejaban sus fondos al margen de la organización evitando así por completo la fiscalización del Tribunal de Cuentas. Se camuflaba el manejo del dinero de las agrupaciones hasta el punto de que en algunas localidades los fondos del PP se depositaban en cartillas bancarias en las que aparecían como titulares particulares o, a veces, asociaciones sin ánimo de lucro. Es lo que ocurría, por ejemplo, en Benidorm, El Campello, Denia, Elda o Elche. Gran parte de los gastos de funcionamiento de estas Juntas Locales del PP o de los ingresos de cuotas se canalizaban, precisamente, a través de estas cuentas bancarias sin control ni tampoco fiscalización posterior. Es muy significativo y subraya el talante de algunos dirigentes alicantinos que impulsar una Asociación como el Foro Esperanza Popular - Movimiento de Bases para promover la regeneración democrática sea una grave infracción estatutaria por la que hay que echar del PP a sus impulsores y que, por el contrario, impulsar y organizar Asociaciones Populares para eludir el control del Tribunal de Cuentas no sea objeto de ningún expediente disciplinario. Muy sintomático.

Esta grave y anómala situación se ha destapado gracias a las denuncias de ex afiliados como Miguel Picher del Foro de Elche que ha llegado incluso a los tribunales para exigir las responsabilidades a que hubiere lugar. No se trata de un asunto interno menor, ni mucho menos. En primer lugar porque el PP, como los demás partidos políticos, funciona gracias, en gran parte, al dinero público, al dinero de los contribuyentes que percibe a través de diferentes mecanismos, incluso a nivel local, donde los grupos municipales de los partidos reciben asignaciones que en su mayor parte sirven a sostener la infraestructura local. En segundo lugar, porque otra parte de los ingresos proviene de las cuotas de los afiliados y de las donaciones de los mismos o de simpatizantes. En tercer lugar, porque el dinero de los partidos políticos está sometido a control y fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas y organizar, sostener y consentir una estructura paralela para eludir ese control constituye un ardid de la peor especie. Un mínimo de respeto a la Ley, a los afiliados y a los simpatizantes habría impedido que semejante golfería prosperara y se mantuviera en el tiempo. Lo que Génova ha impuesto a la Provincial de Alicante es, básicamente, el mismo sistema que desde hace muchos años se viene utilizando en la inmensa mayoría de las Juntas Locales del PP. No es ninguna novedad. Además de aplaudir la decisión de Génova solo queda lamentar que no se haya producido mucho antes y que no alcance a otros aspectos, también importantes, relativos a las finanzas del Partido y a los Estatutos del mismo.

Es el caso de las cuentas de la Junta Local de la ciudad de Alicante. Los afiliados no saben si existen o no, si las controla la Provincial usando todo el dinero de los afiliados de la ciudad para sostener los gastos de la Provincial o no, si se han respetado los Estatutos o no. Lo que sí saben los afiliados de la ciudad de Alicante es que desde hace años nadie les informa ni les rinde cuentas del uso de su dinero. Y los que hemos pedido información al respecto no sólo no la hemos recibido, sino que se nos ha expedientado para expulsarnos. Lo que sí saben los afiliados de la ciudad de Alicante es que el Artículo 60 de los Estatutos del PP relativo a los presupuestos de las organizaciones territoriales no se cumple. Como tampoco se cumple el Artículo 61, relativo a los sistemas de contratación. He aquí un ejemplo: el Artículo 61.4 de los Estatutos del PP dice que “el Partido Popular creará en su página web un acceso que tendrá la denominación de “Perfil del contratante”, en el que se publicarán las instrucciones de contratación de aquellos procedimientos de contratación que por razón de su cuantía u otra de naturaleza, se decida que deban ser objeto de público conocimiento”. ¿Alguien ha visto el “perfil del contratante” en la página web del PP de Alicante?

Constituye una exigencia política y moral de primer orden la más absoluta transparencia en las cuentas de los partidos políticos por respeto a los propios afiliados, a los ciudadanos en general y a la Ley. La voluntad de transparencia forma parte del deber de regeneración democrática y es un medio imprescindible para recuperar la confianza de los ciudadanos en los partidos políticos. El mejor servicio que podrán prestar al Partido Popular los que obstaculizan la transparencia y la participación es irse a su casa.

Santiago de Munck Loyola


viernes, 30 de agosto de 2013

La cerril oposición.


Da igual lo que haga este Gobierno que para el PSOE y la mayoría de los grupos de la oposición siempre estará muy mal. Ya se trate de reformas sanitarias, económicas, laborales o, como en los últimos días, educativas los actuales dirigentes socialistas se opondrán, dirán no y pondrán el grito en el cielo rasgándose las vestiduras. Parece que han diseñado una actitud opositora exacerbada llevando sus negativas hasta hipérboles repetitivas que están terminando por acabar con cualquier atisbo de credibilidad de sus mensajes, si es que alguna vez han tenido alguna tras su paso arrasador por el Gobierno de España. Hemos pasado de las conjunciones planetarias pajinescas a un permanente, machacón, aburrido e increíble “quieren acabar con todo”. Anteayer era acabar con los derechos de los trabajadores, ayer acabar con la sanidad pública, después acabar con la educación pública y ahora con la igualdad de oportunidades en la educación. Tenemos una oposición casi nihilista. Nada de lo que proponga o haga el Gobierno del Partido Popular es mínimamente aceptable para esta oposición y la más mínima iniciativa legislativa del Gobierno es judicializada por los socialistas que así esperan poder conseguir lo que las urnas les han negado, la legitimidad para gobernar. Es evidente que una oposición que se niega a dialogar, a intentar llegar a acuerdos y consensos mínimos con quienes han obtenido el respaldo mayoritario para gobernar sólo tiene dos caminos para lograr su principal propósito (que no mejore nada) intentar bloquear al gobierno en los tribunales y usar las calles y la coacción si es preciso.

El PSOE, tras dos años de parálisis renovadora en su interior como si no fuera necesario depurar responsabilidades internas por su sonado fracaso en noviembre de 2011 y a la vista de la herencia dejada, se ha instalado en una oposición chillona y poco eficaz que día a día pierde credibilidad ciudadana a la vista de la encuestas, haciendo realidad el dicho de Andreotti “el poder desgasta sobre todo al que no lo tiene”.

Es evidente y de sentido común que la situación que heredó el Gobierno del Partido Popular en noviembre de 2011 era el resultado de unas políticas concretas seguidas por el PSOE durante sus siete años de Gobierno. Y los ciudadanos votaron mayoritariamente para que se cambiase el rumbo, para que no continuaran unas políticas cuyos resultados y consecuencias aún padecemos. Y eso significa necesariamente reformar, cambiar todo aquello que no funcionaba o lo hacía deficientemente. Y lo que estamos comprobando día a día es que el PSOE se opone a cualquier cambio. Lo que no nos dicen es si quieren seguir con sus políticas fracasadas y rechazadas por los electores en 2011 o si han sido capaces en estos dos últimos años de elaborar una nueva orientación, una alternativa a si mismos y al Gobierno porque de su discurso diario es imposible deducir qué es lo que proponen, qué pretenden. Sólo escuchamos exabruptos, noes y más noes, descalificaciones y ni una sola propuesta sólida.

Todo esto lo estamos comprobando, una vez más, a propósito de la reforma educativa y del nuevo sistema para la concesión de becas. Somos el país europeo que gasta más en educación y uno de los que peores resultados cosecha. Pues algo habrá que hacer, pero lo que no se puede hacer es seguir como estamos, con una legislación educativa cuyos pobres resultados son evidentes y con un sistema que se muestra incapaz de alcanzar parámetros de eficacia y excelencia, pese a los ingentes recursos públicos destinados al mismo. En el contexto de esta vorágine opositora destructiva nada más fácil que hacer demagogia con las becas. Da igual y es inútil que el Ministro de Educación anuncie que en 2014 se incrementarán las partidas destinadas a las becas en un 20%. Para los socialistas y sus satélites se trata simplemente de una mentira, aunque no exista aún un borrador de las cuentas presupuestarias para el próximo ejercicio. Da igual también que la reforma pretenda vincular el sistema de concesión del dinero de los contribuyentes a los estudiantes a dos parámetros de sentido común: el nivel de renta del solicitante y su rendimiento académicos. Para los socialistas es simplemente inaceptable, quiebra, según ellos, el principio de igualdad de oportunidades.

En este contexto parece que toda pretensión de intentar dialogar y de llegar a acuerdos con la oposición es inútil. Una oposición que niega de facto legitimidad al gobierno para introducir reformas más que necesarias y urgentes no estará nunca por la labor. Y los ciudadanos tenemos que seguir tomando buena nota de ello. Hay quien quiere que se siga tirando nuestro dinero manteniendo un sistema de becas injusto e ineficaz en lugar de intentar reformarlo. Deben seguir pensando que el dinero público no es de nadie.

Santiago de Munck Loyola


miércoles, 28 de agosto de 2013

La antigua RAU en ebullición.


Egipto y Siria fueron un mismo estado entre 1958 y 1961, constituyeron entonces la República Árabe Unida al abrigo del prestigio del Presidente egipcio Gamel Abdel Nasser y de su panarabismo. Tras la disolución de aquella efímera república ambas naciones emprendieron caminos distintos. Hoy, las dos se encuentran en el centro de atención de la comunidad internacional. Las consecuencias inmediatas de la llamada primavera árabe de 2011 han sido diferentes para las dos naciones, pero ambas sumidas en la inestabilidad guardan una gran incertidumbre sobre su futuro.

En el caso de Siria las revueltas de 2011 abrieron un proceso electoral, una reforma constitucional bajo el omnipresente partido Baas y sus aliados y la insurrección de parte del ejército y de la mayoría de la oposición que ha terminado por sumir al país en una cruel guerra civil que ya se ha cobrado más de 100.000 víctimas. En Egipto, tras la caída del dictador Mubarak, los integristas ganaron las elecciones presidenciales, iniciaron un proceso de islamización de la sociedad y de limitación de derechos civiles y tras las revueltas y concentraciones en El cairo se produjo un golpe de estado militar que acabó con el poder de los Hermanos Musulmanes. Las movilizaciones de éstos y la dura represión de las nuevas autoridades suponen un alto riesgo de una confrontación civil de incalculables consecuencias.

El golpe de estado en Egipto recibió unas débiles condenas por parte de las naciones occidentales que, en el fondo, se sentían aliviadas de que los integristas musulmanes fueran alejados del poder. Sin embargo, la represión ejercida por los militares ante las movilizaciones promovidas por los seguidores del ex presidente Mursi ha hecho que la comunidad internacional y, en especial, la Unión Europea se esté planteando la adopción de sanciones contra el nuevo régimen egipcio. En el caso de Siria, tras dos años de guerra civil, el posible uso de armas químicas por parte del régimen contra la población civil ha disparado, por fin, las alarmas y en estos día lo que se está planteando es una intervención militar limitada norteamericana con el apoyo de sus aliados contra las fuerzas del régimen sirio.

Siria y Egipto son dos avisperos y su situación plantea toda clase de dilemas y de consideraciones contrapuestas que se reflejan no sólo en las actitudes divergentes y contrapuestas en la comunidad internacional, sino también en nuestras propias sociedades. Egipto ha sido un poderoso aliado de los Estados Unidos y de Occidente, su situación geográfica, controlando el canal de Suez y con ello el tráfico del petróleo de Oriente Medio hacia nuestros países, le sitúa en un plano privilegiado de la atención de nuestros gobiernos. El dictador Mubarak no suponía ninguna amenaza para los intereses occidentales y nuestros gobiernos no se preocupaban de los “asuntos internos” de Egipto. Proporcionaba estabilidad en la zona y los intereses occidentales no peligraban. La llegada al poder de los Hermanos Musulmanes sí hizo saltar las alarmas. No es posible olvidar que la tan saludada por algunos Primavera Árabe abría la puerta a gobiernos abiertamente contrarios a los intereses occidentales y, por supuesto, al desarrollo de los derechos humanos en estos países. Túnez, Libia y Egipto son buena prueba de ello. En todos estos países, con los gobiernos surgidos de la citada primavera, los derechos de la mujer han retrocedido escandalosamente, la libertad de culto está siendo restringida y la oposición perseguida. Las diferentes fuerzas políticas musulmanas de corte integrista han usado las oportunidades democráticas surgidas tras la caída de sus regímenes totalitarios para imponer legislaciones abiertamente contrarias a los cánones occidentales democráticos.

La polémica está servida. ¿Deben los países occidentales permanecer al margen para que se consoliden unos gobiernos islámicos claramente contrarios a los principios democráticos? ¿Deben adoptarse sanciones contra el régimen egipcio reforzando con ello a la oposición integrista de los Hermanos Musulmanes? ¿Deben los países occidentales apoyar en Siria a una alternativa posiblemente más contraria a las posiciones occidentales que la del actual régimen? ¿Se debería haber apoyado en Egipto a un gobierno democráticamente elegido cuya finalidad es acabar con la democracia y con los derechos humanos, tal y como los concebimos los occidentales? No es sencillo ofrecer una respuesta clara y coherente, sobre todo porque depende de la perspectiva de los intereses puestos sobre el debate. Sin embargo, parece que hay una conclusión bastante evidente: la supuesta primavera árabe fue, ante todo, una primavera frustrada cuyas principales consecuencias han sido una profunda inestabilidad política en la zona y la aparición de gobiernos de corte integrista que han ido recortando derechos políticos y sociales de sus ciudadanos, al menos desde nuestra perspectiva occidental. Claro que siempre habrá quien pregunte quiénes somos nosotros para decidir lo que es bueno o no para esos ciudadanos árabes.


Santiago de Munck Loyola

lunes, 26 de agosto de 2013

El fiestorro de parte de la clase dirigente.


Si hay una práctica verdaderamente extendida en nuestro país se trata de las llamadas comidas de trabajo o de negocios. Muchas veces da la sensación de que no se termina de traspasar el umbral de la relevancia empresarial o política, en su caso, si no se celebran estos encuentros gastronómicos. Todo empresario o político que se precie ha de tener en su agenda un importante número de citas semanales para desarrollar esta peculiar forma de abordar asuntos que se suponen serios e importantes. A más ágapes, más relevancia social del comensal. Al margen de las dudas que cada cual pueda albergar sobre la eficacia y la conveniencia de estos eventos gastronómicos para la conclusión de operaciones mercantiles, lo cierto es que no son pocas las que terminan por frustrarse o por concluirse al calor de los manteles de los restaurantes. No son pocos los empresarios que utilizan estas comidas para agasajar e intentar impresionar a sus invitados o, simplemente, para conocerles un poco mejor en un ambiente diferente al estrictamente profesional. Cada empresario es muy libre de emplear su dinero como mejor le parezca y si considera conveniente hacerlo en nutrir a su invitado y posible socio comercial está en su derecho. Se trata de una inversión más que podrá o no terminar por reflejándose de forma positiva en su cuenta de resultados.

Esta costumbre de las comidas de trabajo o de negocios se ha introducido sin ninguna dificultad en el ámbito de la vida pública, en el de las administraciones, de los partidos políticos o los sindicatos. Lo cierto es que su celebración tiene más difícil justificación en muchos casos. Cuando se realizan con ocasión de la concertación de contratos entre particulares y las administraciones, procedimientos perfectamente reglados, no tiene ningún sentido que políticos o técnicos participen en las mismas con los empresarios “contratandos” o contratados. Pero no son éstas las únicas que se celebran. Hay muchas otras en las que entre los comensales no hay ni va a haber ningún vínculo económico, sino que se trata de encuentros entre políticos o entre éstos y otros sectores sociales encaminados a la negociación y a la consecución de acuerdos con repercusiones públicas.

Y nada habría que objetar a esta práctica en la vida pública si no fuera por un detalle sustancial que se produce cuando las facturas de estos encuentros gastronómicos las terminan pagando los contribuyentes. El dinero del contribuyente no está para pagar comidas en restaurantes, la mayor parte de ellas innecesarias, a gente que, además, recibe un sueldo público más que suficiente para atender a sus necesidades básicas, incluidas las comidas. La clase política y sindical está sostenida económicamente por los presupuestos públicos. Les pagamos para trabajar por la sociedad y no por comer por ella en restaurantes de lujo.

A lo largo de los últimos años se ha producido un tremendo relajamiento de los principios éticos y del concepto del servicio público que ha llevado a que no pocos de los miembros de la clase dirigente lo confundan con servirse de lo público. Hace pocos meses era noticia la cafetería-restaurante del mismo Congreso de Diputados en la que, al igual que en otras cámaras legislativas autonómicas, los contribuyentes subvencionamos a sus señorías hasta los cubatas que se atizan en nombre de la Patria. 

El pasado mes de julio se hacía pública parte de la contabilidad del PP y en la misma figuraban gastos escandalosos que no han sido desmentidos. El PP que como los demás partidos se sostiene gracias al dinero público gastó en la Provincia de Castellón parte de ese dinero en “lencería y tabaco para reuniones” y en la Provincia de Alicante sus dirigentes gastaron en 2011 más de 35.000 € en comidas de trabajo, síntoma evidente de la existencia o de mucho trabajo o de mucha hambre o de mucha cara dura. Ahora se comprende por qué no dejan votar en las elecciones internas a los afiliados que no pagan su cuota.

Y en estos días veraniegos estamos conociendo el no va más del “fiestorro” permanente de la clase dirigente de nuestro país, en su vertiente político-sindical. Al escandalazo de los cerca de 1.000 millones de euros que la Junta de Andalucía ha dilapidado en el caso de los EREs falsos, se suman ahora algunas revelaciones sobre el uso de fondos europeos de formación a los parados que ponen de manifiesto la catadura moral del socialismo español en su vertiente sindical. Más de 12.000 euros gastados en marisco, tapitas y alcohol en la Feria de Sevilla en la caseta de UGT a cuenta de los contribuyentes y todo ello, como no, disfrazado con la manipulación de facturas bajo el concepto de comidas de trabajo de la negociación colectiva. ¡Hombre! Hay que reconocer que bajo los efectos etílicos de una buena cogorza de fino se debe negociar con más soltura. Y cuando no se trata de comilonas, se encubren otros gastos como los correspondientes a movilizaciones para la huelga bajo otros conceptos pero siempre malversando fondos públicos destinados a la formación de los desempleados andaluces.

Es evidente que aquí no funcionan con eficacia los controles sobre el uso del dinero público. Las supuestas comidas de trabajo se han convertido en un auténtico coladero en unas ocasiones para encubrir las facturas de encuentros gastronómicos particulares y en otras para colar juergas de unos desaprensivos que usan el dinero público como si fuera suyo o como si no fuera de nadie. Y todo ello en un país donde la desnutrición infantil y las enfermedades asociadas a la misma han hecho aparición en no pocas localidades.

Dado que confiar en el buen juicio de la clase dirigente, honrada en su mayor parte, no evitará que se sigan produciendo semejantes abusos mucho más sencillo y práctico sería confiar en el sentido común y que cada uno se pague de su bolsillo lo que coma. Con dinero público, ni una comilona de trabajo más.

Santiago de Munck Loyola


domingo, 18 de agosto de 2013

¿Expedientará el PPCV a Mariano Rajoy?


El pasado mes de julio nos fue notificada a Antonio Sobrino Ribes y a mi la decisión del Comité de Derechos y Garantías del PPCV por la que, tras analizar el supuesto expediente “informativo” que se nos había incoado meses antes, se acordaba suspendernos cautelarmente de militancia en el PP, abrirnos un nuevo expediente disciplinario por presuntas infracciones de varios Artículos de los Estatutos del PP sancionables con la expulsión del mismo y concedernos 15 días para presentar alegaciones. Esta decisión, no por esperada, deja de causar asombro por muchos motivos. En primer lugar, porque la suspensión cautelar de militancia tiene su miga. Es una decisión estatutariamente prevista para los casos en los que están implicados cargos públicos o cargos orgánicos que mientras se sustancia un expediente disciplinario podrían usar sus cargos para obstaculizarlo, pero no para simples militantes. Es llamativo que ni siquiera Bárcenas fuera suspendido de militancia en su día, pero los miembros del comité han debido entender que somos sumamente peligrosos y que si conservamos nuestros derechos de afiliados mientras nos “empapelan” podríamos, quizás, cometer algún estropicio irreparable.

En segundo lugar, sorprende por el desparpajo y por la presunta incapacidad de intentar cubrir las apariencias, es decir, de intentar que parezca que se guardan y respetan las garantías jurídicas procesales propias de una organización democrática en un país democrático. No creo incurrir en una descalificación o en una falsedad si afirmo que todo es una farsa. A nadie se le escapa que a los miembros del ilustre comité les importa muchísimo lo que hayamos o dejado de hacer los acusados y lo que podamos o no alegar en nuestra defensa. Les importa tanto que antes de iniciarse el procedimiento ya anunciaron el veredicto: la expulsión. Así, el 22 de enero el Diario ABC, en su edición de la Comunidad Valenciana, el corresponsal David Martínez publicó bajo el titular El PP expulsará a dos afiliados críticos con Castedo y Císcar lo siguiente “El comité de derechos y garantías del PPCV, que preside el alcalde de Sagunto, Alfredo Castelló, ha iniciado el procedimiento para expulsar del partido a dos militantes de la agrupación alicantina: Santiago de Munck y Antonio Sobrino”. Es decir, antes de abrir el supuesto expediente informativo los responsables del Comité de Derechos y Garantías del PPCV filtraron a la prensa que ya habían dictado sentencia, que nos iban a expulsar del PP por ser críticos. Que nadie piense que se trata del más puro estilo bananero, no. Un fallo lo tiene cualquiera y el hecho de que se filtrara a la prensa la circunstancia de que sin haber empezado juicio alguno ya hubiera sentencia, no quiere decir nada. Aquí se guardan las formas y aunque ya haya sentencia sin conocer ni los hechos ni las acusaciones, se tramita ahora un segundo expediente y hasta se nos ha concedido un período de alegaciones y de prueba. ¿Es todo esto una farsa? ¿Alguien duda de la ética o moral que anima a los miembros de tan selecto Comité?

En tercer lugar, sorprende aún más el contenido del pliego de cargos redactado por el Diputado autonómico Felipe del Baño. ¡Vaya papelón el suyo! Pero, en fin, cuando alguien se presta a ello sus buenas razones tendrá. No se trata sólo de que en el pliego de cargos se haya omitido cualquier referencia a las reiteradas infracciones de los Estatutos Nacionales cometidas por dirigentes alicantinos y que en su día y en el propio expediente informativo han vuelto a ser denunciadas por los acusados, sino que se construye una fabulosa teoría para intentar justificar el prejuicio establecido con unas frases y unos razonamientos que van a dar para toda una serie de artículos. Parece que en el Partido Popular todos somos iguales, pero unos más que otros y, por ello, algunos pueden infringir continuamente los Estatutos del Partido con total impunidad ya que en el ilustre Comité nunca se dan por enterados. Es más, parece que el Comité no tiene tiempo para resolver los recursos o las denuncias de los afiliados pero sí tiene tiempo para expulsarlos sin haber resuelto las anteriores. Que denuncias una infracción de los Estatutos cometida por los dirigentes alicantinos, pues a la calle. ¡Faltaría más! Eso sí, a la calle el denunciante no el denunciado. Entre todas las perlas del pliego de cargos hoy sólo voy a mencionar una. Señala D. Felipe del Baño y suscribe todo el Comité la siguiente frase: “el mero hecho de impulsar una campaña bajo la regeneración, y apoyar el lema, en comentarios que inducen a pensar que la corrupción campa a sus anchas en la organización del Partido, lejos de ser una opinión admisible en el debate democrático, es una falsedad inadmisible en cualquier foro. Está tachándose de forma injustificable y generalizada, de comportamientos antidemocráticos y corruptos a la totalidad de la organización del Partido”. Y se quedan tan anchos. Al parecer promover la regeneración es tachar de forma injustificable y generalizada a la totalidad del Partido de comportamientos antidemocráticos y corruptos. 

Sinceramente, un servidor lo ignoraba pero creo que hay más gente que lo ignora y no se imaginan la que les puede caer encima. Según el ilustre Comité, poner el acento en determinados valores es “dar a entender que no es esta la forma de actuar del Partido Popular”. Esperanza Aguirre debe desconocer estas innegables aportaciones a la teoría política de D. Felipe del Baño y demás miembros del Comité y, por ello, el pasado 6 de febrero de 2013 se atrevió a postular la regeneración democrática del Partido Popular. Según los medios de comunicación la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha insistido este miércoles en que es necesaria una "regeneración democrática" y, aunque ha explicado que se puede contar con ella para llevarla a cabo, ha remarcado que no contempla volver a la primera línea de la política pese a que ésta es su "vida". (http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/06/madrid/1360149271.html) El 27 de julio de 2013, en una entrevista en la revista Yo Dona la Presidenta del PP del País Vasco, Arantza Quiroga, abogaba por una “regeneración política”. El Presidente Alberto Fabra, una vez más, el pasado 9 de junio apelaba a la regeneración y a la honorabilidad del partido (http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/06/08/fabra-apela-regeneracion-honorabilidad-partido/1005217.html)
Y aún más, en la pasada Convención Regional del PPCV el Presidente Rajoy animó al Presidente Fabra  para que persistiera en sus políticas de ajuste del déficit público y, al mismo tiempo, “para que siga con la tarea de la regeneración interna del partido” (http://www.elconfidencial.com/espana/2013/06/08/rajoy-apoya-al-pp-de-fabra-y-le-anima-a-que-siga-con-la-regeneracion-del-partido-en-valencia-122644). ¿Qué quería decir con ello el Presidente Rajoy? ¿Estaba insinuando acaso que hay comportamientos antidemocráticos y corruptos generalizados en la totalidad del Partido? ¿A que no? ¿Cómo es posible que tan altos responsables del Partido promuevan y animen a la regeneración democrática del PP? ¿Acaso desconocen la doctrina “del Baño”? ¿No saben que sus palabras son inadmisibles en cualquier foro? Alguien debería avisarles que la ignorancia de tan sesuda doctrina no es eximente de su cumplimiento y que cualquier día de estos los van a empapelar. ¡Seguro!

Santiago de Munck Loyola