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miércoles, 26 de julio de 2023

¿Ser nombrado funcionario de carrera sin hacer un solo examen? SÍ SE PUEDE. En Monforte del Cid.

Pues sí, no se lo van a creer, pero sí que se puede llegar a ser funcionario de carrera sin haber realizado ni un solo examen, ni un solo ejercicio. No es fácil, no, pero en España es posible nombrar a alguien, por muy zoquete que sea, funcionario de carrera sin haber preparado una oposición, sin haber tenido que competir con otros aspirantes y sin que sus escasas cualidades intelectuales o su inexistente laboriosidad sean un obstáculo.

¿Que no se lo cree? ¿Que la Ley lo prohíbe? ¿Que es ilegal? Ya, pero es posible. ¿Ilegal? Sí, pero posible. ¿Increíble? Sí, pero real. ¿Indecente? Sí, pero a pocos les importa. Y para muestras aquí va un botón.

 

He aquí la demostración de que, hasta lo imposible, lo ilegal y lo inmoral pueden hacerse realidad en esta nuestra España. Es de suponer que podrá ocurrir en algunos sitios, pero nos centraremos en uno muy concreto donde concurren circunstancias poco comunes.

 

Monforte del Cid, municipio de Alicante, es uno de los municipios donde puede hacerse realidad que hasta un zoquete pueda convertirse en funcionario de carrera sin pasar ni un solo examen. Para ello, es preciso cumplir algunos requisitos, algunas coincidencias no siempre fáciles de encontrar. 

 

El primero de ellos es que se produzca una conjunción planetaria, que diría Leyre Pajín, entre dos corruptas, dos concejalas electas y perdedoras: la primera dispuesta a comprar votos y la segunda ávida por vender el suyo. Esto ocurrió en 2015, la conjunción entre Mª Dolores Berenguer Bello de IU y Mª Teresa de las Nieves de Ciudadanos. La primera se convirtió en alcaldesa gracias al voto de la segunda, arrebatando la alcaldía al partido ganador, el PP del que provenía la segunda. ¿El precio? Pues, entre otras cosas, hacer funcionario de carrera al marido de la segunda, José Ramón Vicente Boyer, hasta entonces pepero en proceso de transformación larvaria y funcionario interino desde 2004 que había sido nombrado sin haber pasado ningún examen, ni haber cumplido ningún requisito legal.

 

El segundo requisito es que, dado que la ahora exalcaldesa corrupta no pudo completar el pago, lo haga su sucesor, Juan José Hernández Rico de IU también, quien ha asumido la deuda como propia y prevarica tragando sin asco alguno y firmando el nombramiento del corrupto funcionario, ahora de carrera, hasta hace unos días solo in pectore. Habría que preguntarse por qué un alcalde recién designado, joven y supuestamente bien preparado, asume esta porquería con el riesgo más que evidente de terminar en los tribunales.

 

El tercer requisito es que haya una oposición municipal pusilánime, apática o cómplice. Todos los concejales saben, porque hay un reciente informe del Secretario que así lo reconoce, que el agraciado, José Ramón Vicente Boyer, es funcionario interino sin reunir los requisitos legales para ello, es decir que fue nombrado ilegalmente y que, por tanto, ellos mismos deberían haber instado la revisión de su nombramiento y su cese, tal y como se hizo en otro caso con defectos formales irrelevantes. Sin bases de selección, sin convocatoria pública, sin tribunal válido y sin pasar ninguna prueba objetiva José Ramón Vicente Boyer debía haber sido cesado y, por consiguiente, no podía haber sido admitido a participar en los procesos de consolidación de empleo para funcionarios interinos que, para serlo, sí concurrieron a pruebas selectivas.  Es llamativo además que se haya colado en la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros como responsable del Área Profesional y Función Pública desprestigiando con su presencia a esta institución.


 

El cuarto requisito o coincidencia es que los funcionarios municipales que tengan que ejercer los controles de legalidad, como la Secretaría Accidental Soledad Megías, no cumplan con sus obligaciones bien por incompetencia o bien por complicidad.

 

El penúltimo requisito es contar con unos sindicatos domesticados más interesados en mirar por sus intereses particulares que por defender los derechos de todos los trabajadores o de la ciudadanía en general. Y, por último, hay que contar con una sociedad vecinal incapaz de luchar por los intereses colectivos, por la dignidad de su Ayuntamiento y temerosa además de meterse en problemas.

 

Como se puede apreciar es una realidad que se puede llegar a ser funcionario de carrera sin superar una sola prueba objetiva gracias a la confluencia de una serie de factores ciertamente poco frecuentes, pero no imposibles. Monforte del Cid, Alicante, y el caso de José Ramón Vicente Boyer son buena prueba de ello. No está dicha la última palabra porque la Justicia deberá aún pronunciarse sobre lo que constituye y verdadero escándalo administrativo y penal, sí, penal, porque la prevaricación del nombrador, del nombrado y de los cooperantes es más que evidente.

 

Fdo. Santiago de Munck Loyola

martes, 19 de abril de 2022

EL PAR HA SOLICITADO AL DEFENSOR DEL PUEBLO LA APERTURA DE UNA INVESTIGACIÓN A LOS SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DEL CID.


                                    NOTA DE PRENSA.

19-4-2022


EL PARTIDO ALICANTINO REGIONALISTA HA SOLICITADO AL DEFENSOR DEL PUEBLO LA APERTURA DE UNA INVESTIGACIÓN A LOS SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DEL CID.

 

El PAR ha presentado hoy una solicitud al Defensor del Pueblo para que inicie una investigación sobre el funcionamiento de los servicios sociales del Ayuntamiento de Monforte del Cid tras comprobar su papel en la vulneración de los derechos fundamentales de una anciana de la localidad, usuaria del servicio municipal de asistencia domiciliaria, cuyos bienes a su fallecimiento fueron a parar en su totalidad a manos de la Alcaldesa que dirigía el funcionamiento de estos servicios y de su hermano.

 

Según los numerosos testimonios recabados de vecinos y familiares de dicha usuaria, Dª Teresa Limiñana Boyer, no fue bien atendida y, además, fue coartada en el ejercicio de sus libertades al tener que soportar hasta su muerte la ocupación de su domicilio por parte de la madre, el padre y el hermano de la alcaldesa, perro incluido, y el mantenimiento económico de los mismos y limitadas y restringidas las visitas de familiares y allegados por imposición de la madre de la alcaldesa, sin que los servicios sociales del Ayuntamiento movieran un dedo para comprobar la situación de la anciana.

 

A juicio del Partido Alicantino Regionalista constituye un escandaloso funcionamiento de los servicios municipales de Asistencia Domiciliaria del Ayuntamiento de Monforte del Cid que derivó en una negligente actuación vulnerando derechos fundamentales de una persona anciana y desvalida tales como su libertad, su dignidad personal, su intimidad o su derecho al libre disfrute de sus bienes y que terminó, a la muerte de dicha anciana en 2017, con el enriquecimiento de la Alcaldesa de la localidad y de su hermano

quienes heredaron dos viviendas con un valor catastral superior a los 85.000 €, así como el saldo de la cuenta bancaria de la causante (más de 23.000 €), hecho que la alcaldesa ocultó a la Corporación Municipal al incumplir la obligación legal de declarar las variaciones en su patrimonio y que no cumplió hasta el 28 de mayo de 2019 tras haber sido denunciada públicamente por el Partido Alicantino Regionalista. Previamente, el 6 de octubre de 2015 la propia alcaldesa, Dª Mª Dolores Berenguer Belló, había conducido en su propio vehículo a Dª Teresa Limiñana Boyer ante la Notaría de D. Rafael Moreno Olivares de la localidad de Aspe, Alicante, para que anulase el testamento que había otorgado en 1999 en favor de sus sobrinos y otorgase otro nuevo en favor de ella misma y de su hermano.

 

Con el fin de corregir esta situación para evitar su repetición en el futuro y ante la pasividad de los concejales electos de la corporación es por lo que el PAR ha solicitado al Defensor del Pueblo que proceda a investigar las vulneraciones de derechos fundamentales por el irregular funcionamiento de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Monforte del Cid y que promueva una reforma legislativa del Código Civil para extender a los cargos públicos y a sus familiares la incapacidad para suceder a usuarios de Servicios Públicos bajo cuya autoridad se encuentren.

domingo, 30 de enero de 2022

AYUNTAMIENTO Y URBANIZADORA DE UN POLÍGONO SE CONCERTARON PARA ENDOSAR A LA GENERALITAT OBRAS POR UN MILLÓN DE EUROS QUE CORRESPONDÍAN A LOS SEGUNDOS.

MONFORTE DEL CID (ALICANTE).

AYUNTAMIENTO Y URBANIZADORA DE UN POLÍGONO SE CONCERTARON PARA ENDOSAR A LA GENERALITAT OBRAS POR UN MILLÓN DE EUROS QUE CORRESPONDÍAN A LOS SEGUNDOS.

 


La revisión de la documentación sobre el convenio del Ayuntamiento de Monforte del Cid con la empresa Uvasdoce S.L., la empresa que contrató previamente al marido de la alcaldesa y que se ha visto beneficiada con un gran pelotazo, ha destapado otro escabroso asunto en el que Ayuntamiento y urbanizadores del polígono Industrial Las Norias se concertaron para endosar a la Generalitat la ejecución de obras por un importe de 1.000.000 € cuyo desembolso correspondía a los empresarios. 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Monforte del Cid aprobó por unanimidad el 17 de julio de 2018 un acuerdo por el que exoneró a la Agrupación de Interés Urbanístico Las Norias, urbanizadora del Polígono Industrial, de la obligación que había contraído mediante Convenio Urbanístico de financiar la ejecución de dos rotondas sobre la carretera comarcal CV-825. Previamente la Alcaldesa y los promotores urbanísticos acordaron endosar esa obligación a la Generalitat Valenciana usando la intervención de cargos de la Generalitat que no podían legalmente intervenir en el procedimiento.

 

Dicho acuerdo plenario se aprobó ilegalmente porque careció del informe preceptivo de los servicios jurídicos y prescindió absolutamente del procedimiento establecido en la legislación urbanística valenciana. Tanto el Artículo 136.2.b de la Ley vigente en 2018, al tiempo de aprobar el acuerdo de exoneración, como el Artículo 142.2.b del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, exigían lo siguiente:

2. Antes de proceder a la modificación del programa de actuación integrada, el ayuntamiento deberá:

b) Obtener previo informe del Servicio Jurídico y del Servicio Técnico correspondiente de la administración actuante.

 

Obligación que se repite en el artículo 3.3.d).7º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, estableciendo bien claro que dicho informe era preceptivo. Sorprende sobremanera que también los concejales de la oposición votaran a favor de un acuerdo ilegal que carecía de cualquier soporte jurídico que lo avalase y que ni tan siquiera formularan objeción alguna por la ausencia de dicho documento esencial para dar validez al acuerdo plenario.

 

En definitiva, este acuerdo plenario de 2018 del Ayuntamiento de Monforte del Cid impulsado por la Agrupación de Interés Urbanístico Las Norias y la Alcaldesa de Monforte del Cid se ha traducido en un quebranto en las arcas de la Generalitat Valenciana, según la documentación obrante, que alcanzaría el millón de euros. 

 

De esta forma, la AIU Las Norias se ahorró este millón de euros que sumados a los 400.000 euros ahorrados también en el acceso al polígono mediante el ilegal convenio de 2021 con el Ayuntamiento y UVASDOCE, supone una mejora de 1.400.00 euros para dicha agrupación empresarial en su cuenta de resultados. 

 

De otra parte, el Ayuntamiento de Monforte del Cid ha sufrido un quebranto en sus arcas de 1.232.000 (1.260.000 € de costes reales de conexión - 28.267,39 € de gastos abonados por UVASDOCE SL por el nuevo acceso) que es el coste real que UVASDOCE SL habría tenido que pagarle al Ayuntamiento para conectarse a las infraestructuras del Polígono Industrial y finalmente UVASDOCE SL se ahorra de una parte 1.232.000 € de costes reales de conexión y logra una fabulosa revalorización de sus 45.000 m2 de parcela, que aunque sigue siendo formalmente rústica pasa a estar completamente urbanizada, y que puede valorarse a los actuales precios de mercado en 4.095.000 € (45.000 m2 rústicos X 4€ m2 = 180.000 €, 45.000 m2 urbanizados X 95 € m2 = 4.275.000 €) lo que supone una ganancia de 5.327.00 euros.

 

El Partido Alicantino Regionalista va a proceder en breve a poner en manos del juzgado de Novelda, que ya está investigando (D.P. 167/21) el Convenio con UVASDOCE SL, toda la documentación del acuerdo plenario de 17 de julio de 2018 para que se depuren las responsabilidades a que hubiere lugar.

miércoles, 24 de marzo de 2021

Denunciada una alcaldesa de IU por aprobar un convenio con la empresa donde trabaja su marido.

 PUBLICADO EN EL DIARIO EL ESPAÑOL EL 23-3-20121.

La primera edil de Monforte del Cid niega trato de favor: "En esa empresa trabajan 500 personas, raro sería que no tuviese un familiar allí".

23 marzo, 2021.


Héctor Fernández.

En 2005, Monforte del Cid (Alicante) aprobó en un pleno municipal construir un polígono industrial que a día de hoy sigue sin accesos a la autovía a través de la CV 825. Durante el pasado verano, el Ayuntamiento, presidido por la alcaldesa María Dolores Berenguer (IU), llegó un acuerdo para contruir ese acceso por mucho menos dinero del presupuestado inicialmente.

El problema está en que ese acceso se encargó a una empresa privada ajena a los promotores del polígono: una empresa en la que trabaja el marido de la alcaldesa. Esa decisión es la que ha sido llevada a los tribunales.

La denuncia contra la alcaldesa y su concejal de Urbanismo, Ángel Gutiérrez Guillén, la ha interpuesto un partido político de nuevo cuño y sin representación (Partido Alicantino Regionalista). Sin embargo, quien la promueve, Santiago De Munck, conoce toda la historia, ya que fue secretario municipal de ese municipio durante 15 años, hasta 2018.

Según la denuncia, fue en plena pandemia cuando el marido de la alcaldesa, Javier Martínez Serra, fue contratado como analista de producción por la empresa Uvasdoce SL. Esta firma está ubicada en los terrenos rústicos contiguos al polígono Las Norias, pero no quiso entrar en su momento ahorrándose los costes de urbanización. Es la supuesta beneficiaria del convenio. 

La alcaldesa niega que debía haberse abstenido porque su marido es trabajador de la empresa, no propietario. "En esa empresa trabajan 500 personas, raro sería que no tuviese un familiar trabajando allí. Eso no es motivo de abstención", asegura. Recuerda además que llegó a esa empresa por unas prácticas del Servicio Valenciano de Empleo (SERVEF) y que apenas cobra 900 euros al mes.

El denunciante pide al juzgado que investigue a Berenguer, a su concejal de Urbanismo y a quien hubiese facilitado la operación urbanística, por los supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y contra el Medio Ambiente.

La operación urbanística.

El denunciante sostiene que cuando se inició ese polígono quedó firmado que la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) que lo promovía debía realizar dos rotondas de conexión con la autovía valoradas en alrededor de 400.000 euros, que más tarde pagaría la Entidad Estatal de Suelo (SEPES).

De todo aquello, nada. La actuación urbanística aprobada por pleno ahora es modificada por la Junta Local de Gobierno, sin pasar por pleno. La alcaldesa argumenta que es una "necesidad" construir el acceso y que como ni la Administración autonómica ni la estatal la ejecutan, se ha llegado a este acuerdo.

El pasado 22 de mayo, después de que el marido de la alcaldesa entrase en Uvasdoce SL, el concejal de Urbanismo presentó un escrito ante la Consejería de Política Territorial para que se autorizase la ejecución de un acceso al polígono. Y desde Obras Públicas se emitió un informe de idoneidad favorable para su ejecución.

Berenguer argumenta que el primer borrador para esta conexión es de un año antes de que su marido entrase a trabajar en Uvasdoce, en abril de 2019. En él, los promotores del polígono ya cifraban cuánto podía costar. La alcaldesa dice que ya ahí aparecía la empresa donde entró a trabajar su marido más tarde.

Se contrató a técnicos para realizar los informes y en menos de un mes, el 11 de junio, desde Consejería se autorizó la ejecución del acceso. Un mes después, la AIU (que según el denunciante se ahorraba tener que adelantar esos 400.000 euros de las rotondas) aprobó un convenio con el ayuntamiento en el que se incluía a la empresa en la que trabaja el marido de la alcaldesa sin que ésta formase parte del polígono.

En ese convenio se establecía que si Uvasdoce pagaba los 28.267,39 € presupuestados para ejecutar la conexión a la carretera, podría conectarse a las infraestructuras municipales del polígono. Es ahí donde el denunciante cifra en 1,2 millones de euros las pérdidas para el ayuntamiento.

Los propietarios del suelo en el polígono habían pagado 28 euros por metro cuadrado de costes de urbanización para tener pluviales, alcantarillas, viales y aceras. A Uvasdoce le iba a salir, pagando esos poco más de 28.000 euros, a 20 céntimos de euros el metro cuadrado (posee cerca de 45.000 metros cuadrados) para tener los mismos servicios municipales que sus vecinos.


Berenguer asegura que no existe delito urbanístico porque "no se recalifica ningún terreno. Uvasdoce sigue estando sobre terreno rústico porque Conselleria permite actividades agrícolas en ese suelo. No hay pelotazo".

Sin informes.

"El 26 de octubre de 2020, la Junta de Gobierno Local, sin un informe de Secretaría ni de la Intervención que avalase la decisión, acordó aprobar inicialmente el convenio", reza la denuncia. En noviembre se publicó en el BOP. Se abrió plazo de exposición pública y no se admitieron las alegaciones del Partido Alicantino Regionalista por "presunta falta de legitimación activa". 

"Es especialmente significativo el hecho de que los funcionarios habilitados estatales hayan hecho una clara dejación de funciones y no hayan informado, como es preceptivo, sobre la existencia de un Plan Parcial y un convenio vigente que regula los accesos al Polígono Industrial, así como sobre los costes y repercusiones económicas del Convenio para las arcas municipales", añade la denuncia.

La alcaldesa quiso dejar claro a EL ESPAÑOL que se siente acosada por el denunciante y que se ha tenido que coger un mes de baja. 



viernes, 19 de marzo de 2021

EL PAR DENUNCIA ANTE LA JUSTICIA EL PELOTAZO DEL CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DEL CID Y EL POLÍGONO INDUSTRIAL “LAS NORIAS”.

 NOTA DE PRENSA.                                         

 18-3-2021

 

EL PAR DENUNCIA ANTE LA JUSTICIA EL PELOTAZO DEL CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DEL CID Y EL POLÍGONO INDUSTRIAL “LAS NORIAS”.

 

Tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y delito contra el medio ambiente son los presuntos delitos imputados a la Alcaldesa y miembros de la Junta de Gobierno.

 

En el día de hoy, los representantes legales del Partido Alicantino Regionalista han presentado en el Juzgado de Guardia de Novelda una denuncia contra Mª Dolores Berenguer Belló, Alcaldesa del Ayuntamiento de Monforte del Cid, Ángel Gutiérrez Guillén, Concejal de Urbanismo, así como contra los demás concejales, funcionarios y personas indeterminadas que en el curso de la instrucción se acredite que han participado en los hechos que han culminado en la aprobación de un Convenio Urbanístico ilegal y gravemente lesivo para el municipio entre el Ayuntamiento de Monforte del Cid, la Agrupación de Interés Urbanístico Las Norias y la empresa UVASDOCE SL que implica una pérdida patrimonial para el Ayuntamiento Monfortino superior a 1.200.000 €, la no ejecución de una rotonda valorada en 400.000 € a la que está obligada la AIU, agente urbanizador del Polígono, y una revalorización de más de 3.000.000 de € de los suelos rústicos de la empresa UVASDOCE SL, en la que hace un año fue contratado el marido de la Alcaldesa.

 

El pasado 4 de enero, a propuesta de la Concejalía de Urbanismo, la Junta de Gobierno Local acordó aprobar definitivamente, tras no admitir a trámite las alegaciones del PAR, el citado Convenio. Según lo aprobado, se sustituirá la rotonda de acceso al Polígono aprobada en el Plan Parcial y en el Convenio de Adjudicación del Sector UBZ-8, valorada en 400.000 € y que debía ser ejecutada por la Agrupación por un nuevo acceso valorado en 28.000 €. Este acceso será pagado por la empresa UVASDOCE SL que posee cerca de 45.000 m2 de suelo rústico colindante al Polígono y a cambio quedarán “regularizadas” las obras ilegales que haya ejecutado y podrá conectarse a todas las infraestructuras municipales sin tener que abonar los 28 € por metro cuadrado que sí pagaron los propietarios de parcelas incluidas en el Polígono Industrial. Es decir 28 € por 45.000 m2 = 1.260.000 € que el Ayuntamiento no percibirá.

 

A juicio del PAR se trata de un auténtico escándalo con graves perjuicios para el Ayuntamiento, de una cacicada en la que la Junta de Gobierno, sin competencias para ello, modifica el contenido de un Plan Parcial y vulnera un Convenio de 2006 aún vigente usurpando las funciones del Pleno, de un agravio comparativo para los propietarios de parcelas del Polígono que pagaron 28 € de gastos de urbanización por cada m2 de terreno y para los demás propietarios de suelos colindantes al Polígono que no pueden tener la misma oportunidad que la empresa que ha contratado al marido de la alcaldesa.

sábado, 6 de febrero de 2021

La niñera que todos pagamos.

 

Para cualquier persona con un mínimo de sentido común y de la decencia, cualquiera que sea su ideología, conocer que la Ministra de Igualdad, Irene Montero, ha nombrado a la niñera de la familia como alto cargo de su Ministerio, costando a los contribuyentes la cifra de casi 52.000 euros anuales para que presuntamente siga cuidando de su niña Aitana, no puede sino mover a la indignación y a la rabia. Pero no queda ahí la cosa porque, pese al silencio de la mayoría de los medios de comunicación, la Sra. Ministra ha adaptado, con cargo a los contribuyentes, dependencias del Ministerio para hacer de guardería particular y también carga a la tesorería de dicho Ministerio los gastos de transporte de la presunta niñera y de su niña cuando realiza viajes oficiales.



Parece ser que, a los Señores del casoplón de Galapagar, ésos que criticaban a los Ministros del PP que vivían en chalés desconectados de la realidad social, los mismos que nunca abandonarían sus barrios para poder seguir saludando al quiosquero o al panadero, no pueden costearse una niñera con los 9.000 euros mensuales que ingresan en la caja familiar o, mejor dicho, en la caja del proyecto vital que les obligó a adquirir el palacete de Galapagar. No, parece que no les llega y por eso no tienen más remedio que hacer que todos los españoles les paguemos un alto cargo ministerial para que presuntamente haga de niñera por 51.946 euros anuales, los billetes de tren, los hoteles, los juguetes y la decoración infantil del Ministerio y, si me apuran, hasta los dodotis. 

 

Si todo ésto se confirma, no se puede tener más jeta ni ser más sinvergüenzas. Nadie discute que con su sueldo puedan comprarse un casoplón o un chaletazo, pueden hacer con su sueldo lo que les venga en gana, eso sí, con la misma libertad que tienen para decidir en qué se gastan su dinero los demás podemos subrayar su incoherencia con lo que antes de lograr los votos necesarios para llegar a donde han llegado proclamaban urbi et orbe, con la misma libertad podemos denunciar su hipocresía y su ausencia de principios éticos y hasta estéticos.

 


Pero dejando al margen que una cosa es predicar y otra muy distinta dar trigo, hay algo que a cualquier observador imparcial llama la atención. Es que se trata del uso del dinero del contribuyente en un Ministerio que se llama de Igualdad. ¿Igualdad en qué? ¿Igualdad para quién? No se puede desprestigiar ni manchar alegremente como se hace el concepto de igualdad. Igualdad real sería que todos los empleados públicos, empezando por los del Ministerio de Igualdad pudieran disponer de los mismos medios públicos que dispone la Sra. Montero para usos particulares. Igualdad sería que pudieran decorar y acondicionar, con cargo al presupuesto público, sus lugares de trabajo y poder llevar a sus bebés a esos lugares para tenerlos cerca y que fueran cuidados por personal nombrado a dedo y pagado por los contribuyentes para que se los cuidaran. Igualdad sería que cuando tuvieran que realizar un viaje de trabajo el estado abonase, como hace con la Sra. Montero, los gastos de viaje y estancia de sus bebés y sus niñeras públicas.

 

Se mire por donde se mire es todo un despropósito y un insulto a tantos y tantos trabajadores mileuristas que no pueden conciliar su vida laboral con la familiar. ¿Cuántas cajeras (y de ello algo sabrá la Sra. Ministra) pueden llevar a sus bebés a sus centros de trabajo con cargo a los contribuyentes? 

 

La ejemplaridad tiene que ser una línea roja en el ejercicio del servicio público. Parece que una casta ha sido sustituida por otra casta diferente, una casta hipócrita, miserable, mezquina, acomplejada y casposa que, por autoproclamarse de izquierdas, se cree ungida del derecho de barra libre en el uso de los bienes públicos en su propio provecho. Es realmente de juzgado de guardia.

 

Santiago de Munck Loyola.

 

lunes, 23 de noviembre de 2020

El Partido Alicantino Regionalista (PAR) presenta alegaciones contra el convenio urbanístico que favorece a la empresa en la que trabaja el marido de la Alcaldesa.

NOTA DE PRENSA

23-11-2020

El Partido Alicantino Regionalista (PAR) presenta alegaciones contra el convenio urbanístico que favorece a la empresa en la que trabaja el marido de la Alcaldesa.


El Partido Alicantino Regionalista ha presentado hoy ante el registro municipal de Monforte del Cid tres alegaciones contra el borrador de convenio urbanístico a suscribir entre el Ayuntamiento de Monforte del Cid y varias empresas entre la que se encuentra innecesariamente la empresa para la que trabaja el marido de la Alcaldesa para dotar al Polígono Industrial Las Norias de un acceso a la carretera CV-85.


La primera alegación reitera la recusación a la Alcaldesa por incumplir su deber legal de abstención en este procedimiento. En efecto, pese a que la inexistencia de acceso del Polígono a la citada carretera es un problema antiguo para el que la alcaldesa no ha movido un dedo durante años, lo cierto es que tan solo semanas después de que su marido, Javier Martínez Serra, exconcejal de IU en San Vicente de Raspeig, fuera contratado por la empresa UVASDOCE SL como analista de producción, se iniciaron los trámites para aprobar este convenio. La participación de la Alcaldesa de Monforte del Cid, Mª Dolores Berenguer Bello, en el impulso y tramitación de este expediente vulnera lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que la obliga a abstenerse.  La intervención de la Alcaldesa claramente en favor de la empresa para la que trabaja su marido vicia de nulidad al convenio.


La segunda alegación se sustenta en que el convenio atenta al interés general y supone una pérdida de ingresos para el Ayuntamiento de más de 950.000 euros que sería lo que la empresa UVASDOCE SL debería abonar para tener pleno acceso a las infraestructuras del Polígono industrial.  La inclusión de la empresa para la que trabaja el marido o pareja de la Alcaldesa, UVASDOCE SL, es absolutamente innecesaria para lograr la finalidad perseguida por el Convenio que no es otra que dotar de un acceso al Polígono de las Norias a la Carretera CV-825 ya que es evidente que el Ayuntamiento cuenta por si solo con recursos suficientes para afrontar el coste de 28.267 € de la obra. Pero es que, además, el abono de los 28.627 € por parte de UVASDOCE SL previsto en el Convenio se hace a cambio de que dicha empresa pueda conectarse y beneficiarse de todas las infraestructuras del Polígono Industrial, según se reconoce en la Memoria suscrita por el Ingeniero Municipal Sr. Carratalá, infraestructuras cuyo coste mínimo para los propietarios del polígono ha sido de 28 € por cada metro de solar. Es decir, que gracias al Convenio promovido por la Alcaldesa la empresa para la que trabaja su marido o pareja, considerando que la parcela de UVASDOCE SL pueda rondar los 35.000 m2, se ahorrará cerca de 950.000 euros, cantidad que perderá el Ayuntamiento monfortino, amén de la revalorización que ello suponga. Todo un pelotazo.


La tercera alegación considera que el Convenio es un fraude de ley pues mediante el mismo se persigue, además del beneficio económico particular, que una empresa ubicada en suelo no urbanizable, suelo agrícola común según el PGOU, que cuenta con una DIC, pase a conectarse a las infraestructuras de un suelo urbano, industrial, eludiendo la legislación del suelo para la consecución de este fin. Es decir, estamos en presencia de un auténtico fraude de ley.


En definitiva, el PAR entiende que el convenio impulsado por la Alcaldesa comunista de Monforte del Cid es nulo, atenta contra el interés general y constituye un auténtico fraude de ley. Es un pelotazo urbanístico en toda regla absolutamente inadmisible y un agravio comparativo para todos los propietarios de suelo del Polígono Industrial que durante años han realizado enormes esfuerzos para construir esta infraestructura. Se trata de un escándalo por el que la Alcaldesa debe asumir responsabilidades y presentar su dimisión.


lunes, 26 de agosto de 2019

UNA “ESTAFA” POLÍTICA CON EL AGUA POTABLE.



En ocasiones y sobre todo cuando examinamos decisiones políticas parece que el sentido común brilla por su ausencia. En otras, da la sensación de que resulta indiferente que gobierne la derecha o la izquierda porque a la hora de tomar decisiones ni la ideología, ni los principios, ni tan siquiera el sentido común se vislumbran por sitio alguno y, menos aún, cuando don dinero anda por medio.

Vayamos por partes. Cuando tenemos que tomar decisiones cotidianas como qué televisor comprar, qué colegio elegir para nuestros hijos o qué ropa adquirir nos basamos en el sentido común y el sentido común nos señala que hay que escoger la mejor relación posible entre la calidad del producto o servicio y el precio. ¿Ocurre lo mismo cuando las decisiones las toman los políticos? Pues lamentablemente en muchos casos no es así. Recuérdese, por ejemplo, el famoso Plan E del Sr. Zapatero en el que se dilapidaron miles de millones de euros en obras, muchas de las cuales fueron inútiles. Baste citar, por ejemplo el aeropuerto de Huesca, que costó 40 millones de euros y recibió 1 pasajero cada cuatro días durante el año 2016. Y así con otras 30 infraestructuras que costaron un total de 6.000 millones de euros. ¿Sentido común? Evidentemente no. Pero no hace falta remontarse tanto en el tiempo ni ceñirse al Estado. 
 ¿Tiene sentido común que un pequeño ayuntamiento como Monforte del Cid, con apenas 8.000 habitantes, en vez de reponer los contenedores de residuos deteriorados se gaste decenas de miles de euros en sustituir todos los existentes por otros más pequeños y que en el plazo de dos años no servirán por no ajustarse a la normativa?
Pues no, no hay sentido común en esa decisión, aunque quizás si exista tras la misma algún interés concreto.

Tampoco parece que la ideología del gobernante sirva para explicar determinadas decisiones que adoptan a la hora de gestionar el dinero público, nuestro dinero. Nos hemos acostumbrado a identificar a la izquierda con la gestión pública de los servicios públicos y a la derecha por preferir la gestión privada de determinados servicios públicos. Sin embargo la realidad es distinta. ¿Qué explica, por ejemplo, la decisión de un gobierno municipal de izquierdas, como el de Monforte del Cid, de privatizar servicios esenciales como los servicios jurídicos municipales? ¿Qué razón se esconde para que este Ayuntamiento bata records con la contratación de falsos autónomos para el desempeño de trabajos que deberían ser cubiertos por funcionarios públicos? Y en este caso hablamos también de decenas de miles de euros anualmente. No parece que sea por motivos ideológicos, ni por sentido común.

Y si intentamos acudir a los principios políticos que entonan muchos gobernantes para tratar de marcar su sesgo político distintivo, entonces, apaga y vámonos. Hablan de transparencia, de participación, de honestidad, de defensa de los más débiles o de adalides del medio ambiente y, en la mayoría de las ocasiones, ni rastro de esos supuestos principios a la hora de gestionar el dinero público.

Ni acudiendo al sentido común, ni a la ideología, ni a los principios se encuentra una justificación razonable para explicar el caso del rimo del agua potable en el Ayuntamiento de Monforte del Cid. Veamos. El suministro de agua potable y la prestación del servicio de alcantarillado son dos competencias básicas de cualquier Ayuntamiento. En la mayoría de los casos, las administraciones locales deciden prestar dichos servicios de forma indirecta, es decir, mediante concesión administrativa. El agua potable es un bien de primera necesidad que es objeto de protección y ordenación jurídica incluso a nivel internacional. No es un bien sobre el que una administración pública pueda o deba especular para obtener beneficios económicos. Sin embargo la realidad es muy distinta gobierne la derecha o la izquierda. Tras dos intentos fallidos por prosperar recursos judiciales de adjudicar el contrato con el ciclo integral del agua, es decir, comprendiendo el suministro del agua potable y la red de alcantarillado, en 2015 el gobierno de Izquierda Unida y sus socios en Monforte del Cid decidió volver a licitar dicho concurso.

Volviendo al inicio de este artículo cualquier persona normal y decente pensaría que la forma de adjudicar dicho contrato para un período de 25 años sería hacerlo a la empresa que hiciese la oferta con una mejor relación entre calidad y precio. ¿Precio? Sí, pero no como cualquier persona normal y decente podría pensar. El precio es el canon que la empresa ganadora debería pagar a Ayuntamiento para prestar el servicio en su nombre. Contra toda lógica, tanto el PP con anterioridad como la izquierda ahora, la preferencia a la hora de adjudicar es la empresa que preste el servicio más caro, la que pague un canon más alto al Ayuntamiento. En resumen, obtiene el contrato la que cobre más caro por suministrar el agua potable. Y ello es así, porque la empresa adjudicataria cobrará el canon que paga al Ayuntamiento a los consumidores, en sus recibos del agua. Un negocio redondo para el Ayuntamiento: a cambio de adjudicar el servicio recibe el canon, una forma de préstamo que no tiene que devolver el Ayuntamiento, sino los consumidores que se ven sometidos así a una doble “fiscalidad” sobre un bien de primera necesidad como es el agua potable. Como se ve, da igual la derecha o la izquierda en este caso. Ambas han especulado con el agua. Pero en la adjudicación del año 2017 realizada por IU, PSOE y tránsfugas se ha ido más lejos, se ha vulnerado el Código Penal porque se ha amañado el concurso para que resultase adjudicataria la empresa Aguas Municipalizadas de Alicante. La Alcaldesa y el asesor de la misma negociaron con los directivos de AMAEM para incrementar el canon prestablecido de 3.500.000 euros en un 1,5 millones de euros de más de modo que el concurso se adjudicó por 5.000.000 de euros. Casi nada. 5 millones que los consumidores pagarán religiosamente en sus recibos hasta que AMAEM los recupere. Así de sencillo y así de claro. La izquierda se ha convertido en una máquina especuladora sobre un bien de primera necesidad, como el agua, superando con ello al PP y pasándose el sentido común, la ideología y los principios por el arco del triunfo. Éste es su modelo: adjudicar un servicio público básico y esencial a la empresa más cara. Ver para creer.

Santiago de Munck Loyola

viernes, 1 de junio de 2018

De Guatemala a Guatepeor.



Termina una semana de vértigo político. En tan sólo siete días hemos pasado del aplauso de los populares festejando la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado con la ayuda de Ciudadanos y el PNV, al aplauso de despedida de los mismos diputados a su jefe, al Presidente Rajoy que deja de serlo al triunfar la moción de censura presentada por el exdiputado socialista Pedro Sánchez. Mañana, sábado 2 de junio, a las 11 horas Pedro Sánchez tomará posesión en la Zarzuela ante el Jefe del Estado.

Se cierra una semana de vértigo político que se inició al hacerse pública la Sentencia de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional. Esta sentencia considera acreditado que entre 1999 y 2005 entre las empresas de Correa y el Partido Popular de Majadahonda y de Pozuelo de Alarcón se tejió “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido”. El tribunal ve probado que el PP se benefició, sin ser consciente de su procedencia delictiva, de 111.186 euros para la campaña de las municipales de 2003 en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y de 133.628 euros en la campaña de Majadahonda. Y esta sentencia que prueba hechos delictivos por un importe total de 244.814 euros cometidos antes de ser Mariano Rajoy Presidente del PP es la que ha conseguido unir a la mayoría de la oposición para echar a Rajoy y desalojar al PP del gobierno de España. Es evidente que se trata de fantasmas del pasado que han aparecido ahora y han terminado por tumbar a Mariano Rajoy. Es muy posible que Rajoy esté pagando los platos rotos por otros, pero suya es la culpa por no haber actuado con contundencia contra la corrupción, por haber mirado a veces hacia otro lado y, sobre todo, por no haber puesto en marcha los mecanismos necesarios para regenerar al Partido Popular y para democratizarlo de abajo a arriba. Y lo peor para el PP está por venir. De aquí a las próximas elecciones municipales y autonómicas van a seguir apareciendo más fantasmas del pasado a través de diferentes sentencias.

Al votante de centro derecha no puede servirle de consuelo o justificación que los socialistas estén peor en materia de corrupción con treinta procedimientos judiciales abiertos, con 4.000 millones de euros bajo sospecha y con casi 600 imputados. La política informativa desarrollada por el PP durante años ha conseguido una mayoría de medios de comunicación para los que un estornudo de un “pepero” se convierte en una pandemia de ébola, mientras que una epidemia de ébola entre los “sociatas” son simples casos de alergias individuales y, por tanto, no son noticia.

Ahora se abre una nueva etapa que además está lastrada por los apoyos que ha recibido Sánchez para ganar la moción de censura: los populistas y comunistas de Unidos Podemos, los separatistas y golpistas de ERC, los golpistas y racistas del PDeCat, los nacionalistas del PNV, los pancatalanistas de Compromís y el brazo político de los terroristas de ETA. Sánchez ha aceptado gustoso el apoyo de todos, no ha hecho ascos a ningún apoyo por muy repugnante que fuera con tal de llegar a la Presidencia del Gobierno. Como es normal no se sabe exactamente a cambio de qué, excepto en el caso del PNV, aunque en otros casos podemos intuirlo. Pero ahora viene lo más difícil: gobernar con 84 diputados socialistas, cumplir los acuerdos a los que haya podido llegar y “torear” en un senado con mayoría absoluta del PP. Y ahí es por donde va a tener que empezar. Sánchez ha prometido al PNV gobernar con los presupuestos del PP, vetados por él mismo y el PSOE hace siete días, aprobados la semana pasada en el Congreso y que aún han de ser aprobados en el Senado donde cinco de los partidos que le han apoyado en la moción de censura, Podemos, PDeCAT, EH Bildu, ERC y Compromís, han registrado este mismo viernes sus vetos al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018.

Sánchez ha logrado la Presidencia del Gobierno de España sin haber ganado unas elecciones generales, habiendo cosechado los peores resultados del PSOE desde la restauración de la democracia en España, sin presentar a las Cortes un programa de gobierno alternativo y sin haber construido una nueva mayoría parlamentaria de gobierno. En estas circunstancias y en una lógica democrática sólo tiene una salida política decente: dar la palabra al pueblo español para que decida. Unas elecciones generales anticipadas son imperativas para cualquier demócrata.

Santiago de Munck Loyola